La noticia oficial publicada este jueves ha causado críticas entre las organizaciones de consumidores, en cuyos medios se asegura que las sanciones de este tipo, aun cuando se refieren a operaciones entre empresas, no resultan ni siquiera proporcionales a los daños causados directa o indirectamente a los consumidores. Se publica al día siguiente de saberse que la familia del presidente de Telefónica es propietaria del 26% del hotel del Rato en Berlín.
En la ORLA se regulan las condiciones de contratación de las líneas alquiladas de Telefónica, servicio mayorista que usan los operadores principalmente para conectar, con un ancho de banda garantizado y simétrico, sus redes troncales con el domicilio final de sus clientes empresariales o conectar las estaciones base de telefonía móvil.
Los circuitos alquilados son una infraestructura de red fundamental para que los operadores alternativos puedan ofrecer servicios de banda ancha de alta capacidad a las empresas (grandes corporaciones, pymes o autónomos).
En concreto, la instrucción del expediente se ha concluido resolviendo el incumplimiento por parte de Telefónica de las resoluciones que regulan las condiciones de provisión de los circuitos Ethernet (circuitos de gran capacidad).
Así, se han constatado, entre otras, prácticas de aplicación de sobrecostes en situaciones no reguladas, cláusulas de permanencia y plazos de comunicación y de entrega superiores a los establecidos en las ofertas reguladas.
En la tramitación de este expediente, la CNMC ha podido acreditar que estos incumplimientos fueron reiterados entre octubre de 2010 y febrero de 2015 y afectaron a varios operadores: BT, Vodafone y Jazztel.
Se ha demostrado, además, que la conducta infractora de Telefónica ha tenido evidentes efectos negativos para estos operadores y sus clientes empresariales, puesto que tuvieron que cancelar un porcentaje importante de solicitudes de provisión de este servicio mayorista o soportar la aplicación de condiciones distintas a las reguladas.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación.
Rato fue descartado por Aznar como sucesor "por culpa de unos informes que sobre la mesa de trabajo del presidente habían ido poniendo los fontaneros de Moncloa, al mando del jefe de gabinete Carlos Aragonés, y ello a propósito de la grave crisis que afectaba al Grupo de Empresas Rato que gestionaba su hermano Moncho Rato, y de las ayudas aportadas por el poderoso lobby de amigos del ministro –desde Villalonga a Pizarro, pasando por Alierta y González, sin olvidar el inevitable Botín- para sacar al grupo de la quiebra", dice VOZPOPULI esta semana.
