El martes, el juez titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid ordenó el cese y la prohibición "en todo el territorio nacional" de la empresa de origen estadounidense Uber por considerar que incurre en "competencia desleal" con el sector del taxi. En la misma resolución, el juez conmina a las empresas de telecomunicaciones y medios de pago electrónico a suspender las transacciones y alojamiento de datos a Uber.
La decisión judicial no entra a valorar si la actividad de Uber se enmarca o no en los parámetros de la economía colaborativa. Sencillamente, adopta una protección cautelar "basada en la legalidad vigente". Por su parte, Uber reitera que su solución uberPOP es "innovadora" y permite a los ciudadanos compartir los costes de su vehículo con otros particulares, ofreciendo "viajes cercanos, seguros y eficientes". La empresa asegura que "seguirá estando disponible para nuestra comunidad de usuarios en España", aunque también dice que "continuará cumpliendo con la legislación española".
Uber argumenta también que su actividad tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente. "Dar la opción de mover a más personas con menos coches es positivo para el medio ambiente y para nuestras ciudades", señala. Asimismo, subraya que el fallo judicial es "incompatible" con el amplio "reconocimiento político" tanto en España como en la Unión Europea a los beneficios de compartir recursos y la economía colaborativa. Y añade: "Especialmente en un momento de alto desempleo y de recuperación económica delicada."
La empresa domiciliada en EEUU rebate la decisión del juez con un último argumento: que la desregulación total del sector del taxi es una petición de numerosos organismos de competencia dentro de la Unión Europea. Uber mantiene que el sector del taxi actúa como una barrera para la incorporación de nuevas alternativas de movilidad en el mercado. En cualquier caso, la solución final a este conflicto de intereses está ya en manos de la justicia.
