"En realidad, actualmente la Generalitat de Catalunya debería ya disponer del pleno ejercicio de las competencias de gestión de becas y ayudas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado", defiende.
UCD señala que en han sido varias las ocasiones en las que la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados ha dejado entrever que se realizará este traspaso de competencias, pero lamentan que "se trata de declaraciones de intenciones que no se materializan en acciones concretas".
"En Cataluña el porcentaje de estudiantes beneficiarios de becas y ayudas al estudio respecto a la población estudiantil es inferior al de la mayoría de Comunidades Autónomas y al de la media estatal, situación que no aporta equidad al sistema", critica.
Por ello, cree que el traspaso de estas competencias contribuiría a "solucionar estos desequilibrios" entre regiones que, a su juicio, llevan a la situación "injusta" de que "diferenciables entre Comunidades Autónomas en términos de coste de vida perjudiquen a ciudadanos con menos recursos afectados por unos criterios no equitativos que los penalizan por su comunidad de residencia".
Más dinero para becas… en la próxima legislatura
Por otra parte, el nuevo ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se ha comprometido a gastar más dinero en becas educativas en la próxima legislatura si el PP llega a la Presidencia del Gobierno. Así lo ha señalado el titular de Educación en durante su intervención en un debate titulado Hablamos de ti: empleo y políticas sociales que ha tenido lugar en la Conferencia Política que el PP celebra este viernes en Madrid.
El ministro ha afirmado que este año el Gobierno de Mariano Rajoy "se ha gastado más dinero en becas" y ha subrayado que para el próximo curso el Ejecutivo ha destinado 1.413 millones de euros a becas. "El año que viene nos gastaremos todavía mas dinero en becas", ha apuntado.
10 CCAA se rebelan contra la LOMCE
Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Canarias, Cantabria, Navarra, el País Vasco y Cataluña forman la antiLomce, al que también pertenecen el Gobierno en funciones de Asturias y la Comunidad Valenciana. Estas dos regiones se oponen a la reforma educativa, pero aún no han concretado qué harán, mientras que las otras han hecho explícito su propósito de destejer lo tejido en los últimos cuatro años por José Ignacio Wert.
Frente a este grupo se han quedado en minoría las populares Galicia, Castilla y León, Murcia, Madrid y La Rioja, que defienden la reforma educativa, aunque no todas con el mismo entusiasmo. En el Gobierno castellanoleonés, por ejemplo, dicen que la ley hay que cumplirla, pero añaden que «no hay una decisión tomada» sobre cómo lo harán.
Fuentes del Gobierno y del PP expresan su «preocupación» por esta situación. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se manifestó ayer en el mismo sentido, mientras que las editoriales de libros de texto han amenazado con acudir a la Alta Inspección e interponer acciones legales contra las comunidades rebeldes.
El problema es que no está claro que esta insumisión a la Ley Wert sea ilegal, porque la norma con el nombre del polémico ex ministro da bastante margen de actuación a las autonomías. Les permite, por ejemplo, poner las asignaturas que quieran o rebajar dentro de un límite la carga horaria de determinadas materias. En el País Vasco se ha estado todo este curso impartiendo Conocimiento del Medio, una asignatura que quitó la Lomce, sin que la Alta Inspección haya actuado contra esta comunidad. Y Andalucía también ha resucitado Educación para Ciudadanía dentro del bloque de materias de libre configuración autonómica mientras el Ministerio se encogía de hombros. A eso se aferran ahora algunas comunidades: advierten de que van a cambiar los currículos, pero en el marco de sus «competencias» y cumpliendo los «mínimos» de la Lomce.
