La denuncia pública de estos hechos aparece hoy como la información más destacada del día en la primera página y otras dos páginas interiores de EL MUNDO, tras empezar a ser revelada hace dos semanas por el medio de Jiménez Losantos, LIBERTAD DIGITAL, que resaltaban como beneficiarios de dichos gastos a EL PAIS y la cadena SER
El diario de Pedro J. Ramírez afirma ahora haber tenido acceso a "abundante documentación contable" de la Administración, indicando que UGT-A cargó a las ayudas públicas desde la publicidad en medios de sus convocatorias de huelga general hasta las pancartas para estos eventos. El fraude de fondos de formación, el otro ´caso ERE´ de UTGT en Andalucía comenta en un suelto:"Al margen de las explicaciones que ha de dar el sindicato y de la obligada depuración de responsabilidades, la Justicia tiene que investigar esta nueva estafa".
EL MUNDO cita como ejemplos de los anterior que UGT-A camufló gastos de la huelga general realizada el 21 de septiembre de 2010 como "acciones formativas dirigidas a personas desempleadas". El diario señala que la factura de las pancartas la emitió la sociedad limitada Gráficas Olimpia, una empresa que tiene como administrador único al concejal de Urbanismo y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Morón de la Frontera, Ignacio Cala. Asimismo, EL MUNDO resalta que se "endosó como un curso de celadores sanitarios el coste de unas lonetas para una asamblea con CCOO".
Las informaciones, hasta ahora no replicadas por UGT Andalucia, indican sobre todo que desvió dinero de subvenciones para formación de empleados del Gobierno autonómico y lo utilizó en pagar pancartas para huelgas y manifestaciones y para poner publicidad en medios de comunicación.
La dirección de UGT Andalucía envió correos electrónicos a los responsables comerciales de la Cadena Ser en los que les pedía que cambiaran el concepto de las facturas y que únicamente se pusiera el concepto que ellos dijeran y nada más. En otro mail enviado a la empresa que fabricaba las pancartas se dejaba bien claro que solamente tenían que indicar el detalle que adjuntaban, nada de portes, ni de pancartas, ni de nada.
Contrapesos del caso Bárcenas
Estas informaciones y su eco en diversos medios han desplazado como foco destacado de atención al caso Bárcenas contra el PP, aunque no al de los ERES de Andalucia, porque la Audiencia de Sevilla ha dictaminado que la juez instructora de los ERE, Mercedes Alaya, debe "apurar y depurar" la investigación antes de enviar el caso al Tribunal Supremo por la existencia de posibles aforados.
En un auto en el que acuerda rebajar de 600.000 a 450.000 euros la fianza al dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, la Audiencia afirma que "el hecho de que en el transcurso de la instrucción pueda haber indicios de la posible participación en los hechos investigados de una persona aforada no implica la automática asunción de la competencia" por parte del Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La juez debe "apurar y depurar la instrucción, practicando cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación", tarea en la que "puede recibir declaración al aforado si voluntariamente se presta a ello", afirma la Audiencia. Además, el auto defiende que la juez Alaya "no trata de demonizar a sindicatos, empresas o políticos", sino aclarar "una trama corrupta en la tramitación de los ERE".
