Un debate complejo pero inevitable.
Durante más de cuatro décadas he colaborado en múltiples proyectos de la Fundación Universidad-Empresa sobre acciones conjuntas que permitieran un acercamiento de la "torre de marfil" del conocimiento académico a la sociedad en general y a la empresa, pública o privada en cualquiera de sus formas, en particular. Algunas iniciativas que he recogido en varios de mis libros en la década de los 70 (El reto de la investigación para la empresa, 1979) o de los años 80 (Investigación innovadora,1981; Hacia una clasificación de las universidades según criterios de calidad, 1984) ya eran un adelanto en el tiempo de las actuales exigencias de rendición de cuentas a la sociedad.
En las múltiples reuniones entre universitarios, responsables de las Administraciones Públicas y empresarios, siempre surgían recelos sobre la compatibilidad para colaborar entre instituciones con objetivos tan dispares. Los universitarios defendían su autonomía, rechazaban toda injerencia y denunciaban los objetivos cortoplacistas y de búsqueda exclusiva del beneficio económico de las empresas. Los empresarios desconfiaban del sentido práctico de la investigación universitaria, de la capacidad organizativa, cumplimiento de plazos y estabilidad de los equipos universitarios.
Algunos de estos recelos continúan, aunque ya más matizados. Pero las corrupciones en todo tipo de instituciones a escala mundial, con especial reflejo en nuestro país, y un reparto desigual de los costes de la crisis económica iniciada en 2008, han desatado rechazos radicales hacia "instituciones-bandera" del mundo empresarial, aparte de en relación con el entorno político.
Cuando escribí, hace ocho años, mi libro "El futuro de la Universidad. Un tema para debate dentro y fuera de las universidades", Ed. Delta,2009, en sus páginas finales planteaba la necesidad de aclarar hasta dónde pueden (y deben) llegar las universidades públicas en la búsqueda de fondos privados de financiación. Decía entonces:
En particular, muchas universidades viven en una indefinición sobre si quieren o no realizar servicios para las empresas (y las Administraciones Públicas) más cercanos al asesoramiento y la consultoría que a la investigación, definida en forma estricta. Por una parte, están las tendencias hacia una investigación al servicio de la sociedad en su conjunto y no al servicio de una institución (especialmente una empresa con objetivos de beneficio) en particular. Por otra parte, la deseada conexión con el mundo empresarial puede pasar, en ocasiones, por suministrar un servicio más rutinario o más cercano a la acción.
Creo que caben posiciones más o menos estrictas en este punto y que deben ser claramente establecidas en el contexto de los planes estratégicos y presupuestos de cada universidad. Será uno de los campos en que podrá verse la autonomía y la diferenciación entre instituciones.
Pero la relación entre universidades y empresas u otras instituciones sociales no se limita a apoyar la financiación pública y delimitar el contenido de la participación universitaria en la I+D+i. Por eso añadía otras consideraciones que creo puede aún ser útil el transcribir:
Como economista creo, en general, en la importancia de todo tipo de mercados como guía para conciliar oferta y demanda. También acepto que la empresa es una institución clave para el bienestar material de todo país. Más aún, como mercado y libre empresa son dos fuerzas que se dan simultáneamente, las organizaciones productivas deben gestionarse eficientemente para sobrevivir en un entorno competitivo.
Pero también creo en que el funcionamiento correcto de los mercados no está asegurado, sino que existen fallos, necesitan de cierta regulación y responden a la situación del momento y no a una visión de largo plazo.
Igualmente, resulta evidente que la empresa no es la única institución generadora de empleo y demandante de nuevos conocimientos; también están las Administraciones Públicas en sus diferentes niveles, todo tipo de organismos públicos y semipúblicos, así como las instituciones sin fines de lucro más diversas.
Dicho lo anterior, pienso que hay que tener el máximo cuidado cuando, para diseñar el futuro deseado para la universidad, se utilizan los términos “mercado” y “empresa”.
La Universidad no puede moverse exclusivamente a estímulos de unas señales cortoplacistas de las demandas de formación o de conocimientos. Ni la educación ni la ciencia son mercados clásicos de oferta/demanda. Por tanto, y para evitar equívocos o interpretaciones interesadas, propongo no utilizar, en general, el término “mercado” referido a la Universidad.
Otra cosa es admitir que la sociedad tiene derecho a pedir a la Universidad, especialmente a la pública, que financia con sus impuestos, unos resultados en consonancia con sus necesidades. Ypara el bien de todos, esas necesidades deben quedar claras y responder a una visión amplia y de largo plazo. Por ello, creo que las universidades deben rendir cuentas a la Sociedad en su conjunto, pero con ciertas garantías.
Respecto a las empresas, tampoco me parece aceptable el referirse, preferentemente, a las universidades como empresas de servicios educativos y de I+D; ni admitir que deben, como norma, responder a las necesidades que planteen las empresas.
Producen unos servicios de interés público, con externalidades que benefician a toda la sociedad, a precios públicos en la mayoría de los casos, y que, para las universidades públicas, debe garantizarse que no supongan favoritismos para determinados destinatarios. Por tanto, está claro para mí y creo que para la mayoría de los universitarios, que la Universidad “no se vende a la empresa”. Mi recomendación es que tampoco identifiquemos empresa con el destino único de nuestros estudiantes, ni de nuestra investigación, ni tampoco con una gestión eficaz.
Entiendo que a muchos universitarios les suene mal el oir hablar de adecuar nuestros planes de estudio o nuestros planes de I+D a las “necesidades de las empresas”. Otra cosa es adaptarnos, con cautela, a las peticiones que surjan de la sociedad en términos de “empleabilidad” de nuestros futuros graduados o de “repercusión social” de nuestros esfuerzos en I+D.
Y digo con cautela, porque creo que es evidente que la formación universitaria no tiene que responder sólo a los posibles empleos disponibles ni a la utilidad directa de los avances científicos. Habrá que atender también demandas sociales no inmediatas ni vinculadas directamente a la búsqueda de un puesto de trabajo bien retribuido o a un descubrimiento de alto valor económico.
Modestamente, me permito recomendar a políticos, empresarios y líderes de opinión utilizar con mesura estas y otras cuestiones que pueden producir rechazo en muchos universitarios si no se ma- tizan suficientemente. Los que deseamos reformar nuestra actual Universidad y hacerla más cercana a las necesidades de la Sociedad, debiéramos recordar que tenemos que contar con el mayor número de adeptos para que los universitarios apoyen activamente ese cambio.
En esta línea, es preciso no confundir, en nuestras conversaciones o escritos, necesidad con mercado, sociedad con empresa, mejoras de gobernanza con gestión “empresarial”, empleo con formación o avances de conocimiento con patentes o modelos de utilidad.
A partir de aquí, reconozcamos que la demanda de ciertos servicios universitarios o titulaciones es una guía que se debe tener en cuenta; que una gran parte de nuestros graduados universitarios terminan trabajando en empresas; que una gestión eficaz es necesaria para todo tipo de instituciones; que el saber por el saber tiene sus límites para devolver a la sociedad lo que ésta nos da.
En resumen: innovación y capital humano de calidad, exigen transferencia de conocimientos en una acción conjunta universidad, empresa, sector público. Es lo que algunos expertos han denominado la "triple hélice" : un motor que mueve a la sociedad entera con una colaboración responsable y con visión de futuro de una hélice con esas tres palas: universidades, empresas e instituciones sin fines de lucro y AAPP.
Antonio Pulido http://www.twitter.com/PsrA
