Las universidades y los estudiantes se muestran inquietos por el nuevo modelo de ingreso a los estudios superiores que implanta la reforma educativa, pues advierten del riesgo de que los procedimientos de admisión propios que cada centro de enseñanza pudiera establecer sean discriminatorios.
"Entendemos que se deben respetar los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad", según ha subrayado la secretaria ejecutiva de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (Runae), María Victoria Vivancos.
La selectividad actual, que se suprime en el proyecto legislativo remitido por el Gobierno al Parlamento, es una prueba universal, lo que implica, ha explicado, que la nota que obtenga un alumno le sirve para intentar acceder a cualquier universidad pública de toda España.
Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (Ceune), Gabriel Martín, ha alertado del "caos" que puede suponer que cada universidad decida implantar adicionalmente pruebas propias de admisión de alumnos de nuevo ingreso.
"Si vamos a un sistema de libertad absoluta de elección por las comunidades en cuanto a los criterios de admisión, nos encontramos que un estudiante puede tener 75 procesos de admisión, tantas como universidades", ha comentado.
Martín también ha advertido de que el calendario de pruebas no esté armonizado, de tal forma que puedan coincidir en las mismas fechas las que convoquen distintas universidades para unos mismos estudios.
Las universidades tampoco entienden el sentido de la evaluación final de Bachillerato, que habrá que aprobar para graduarse en estos estudios.
La nota final del Bachillerato, ponderada entre la media de cualificaciones de las asignaturas cursadas y el resultado de esa evaluación final, servirá para ingresar en las universidades, según el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce)
Adicionalmente, las universidades podrán fijar procedimientos de admisión en los estudios de grado, que pueden incluir de forma excepcional "evaluaciones específicas de conocimientos y/o competencias".
Vivancos advierte de que esas pruebas pueden basarse en elementos subjetivos y podrían suponer también que un alumno se viera obligado a "ir de romería" por varias comunidades, de facultad en facultad, para presentarse a las que convocasen cada una de ellas para determinados estudios, por ejemplo Medicina.
Conomiento de lenguas cooficiales
También ha llamado la atención sobre si algunas universidades decidieran requerir conocimientos de lenguas cooficiales.
"Esto es insostenible", ha enfatizado antes de preguntarse para qué desactivar un procedimiento -la selectividad- para introducir otro del que "no se tiene garantía" de que respete los principios de igualdad para todos los estudiantes.
Así, ha defendido continuar con el sistema actual de pruebas de acceso, con algún retoque, pues sirve a todos los alumnos para "competir en igualdad de condiciones" cuando quieran entrar en cualquier universidad.
Vivancos, que es vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia, ha recordado que la Conferencia de Rectores (CRUE), de la que depende la Runae, ya advirtió de que es un "peligro" otorgar a las universidades capacidad de implementar procedimientos propios de admisión.
"Cuestionamos que esto se haga sin que esté debidamente ordenado, y para que las facultades y escuelas puedan hacer una prueba específica se tendría que ordenar a imagen y semejanza de las actuales pruebas de acceso a las universidades pública", ha concluido.
El representante de estudiante ha propuesto que un grupo de trabajo formado por Ministerio de Educación, universidades y estudiantes para buscar conjuntamente una solución, al menos para los primeros años, y evitar lo que pudiera ser una "catástrofe".
Consta así en el informe de la Comisión permanente del Ceune entregado al Ministerio de Educación sobre el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
