Porque resulta curioso que aunque algunos elementos del diagnóstico sobre la realidad laboral del país parecen estar claros, las medidas que se plantean no dejan de ser recursos manidos y obsoletos a la vieja subvención pública a las empresas para crear empleo. Lo curioso es que esta ‘enfermedad infantil del capitalismo subvencionado’ contagia incluso a los que se declaran conspicuos liberales, que proponen salarios sociales a los que no encuentren empleo o el que tengan no dé para vivir. Uno creía que tras la ideología de los liberales (o neo) era el mercado el encargado de dar soluciones a los desequilibrios, como el del empleo. Pero parece que ante la impotencia de los mercados y la ausencia de criterios efectivos de sus defensores se recurre a lo manido, la subvención a los empresarios.
Y a la izquierda, tienden a converger en las soluciones cuando al amparo de estrategias ambientalistas se sugiere la inmediata sustitución de industrias (supuestamente contaminantes) por servicios turísticos (supuestamente limpios), eso sí generadores de más empleos de baja calidad y, por ende, peor nivel salarial. Que, en la línea anunciada, también pueden ser subvencionados con rentas públicas adicionales.
Esto es grave, porque más allá de la coyuntura esta situación tiende a enrocarse. El avance de la economía del conocimiento va reduciendo el espacio del trabajo físico o manual y repetitivo, particularmente en el ámbito industrial, lo que tiende a agudizar los problemas de empleo en las sociedades avanzadas. Tan sólo los empleos de baja calidad y salarios, fundamentalmente en los servicios, permiten mantener un cierto equilibrio entre oferta y demanda de trabajo humano con un coste social en ascenso, en términos de desigualdades sociales (de exclusión social y de pobreza laboral). Esto llega a vislumbrarse incluso en las sociedades más ricas del mundo desarrollado, léase países del norte de Europa u otros del ámbito de la OCDE.
Mucha subvención empresarial a la contratación de por medio, a jóvenes, a grupos más discriminados por diferentes motivos en el mercado laboral, a emprendedores y un largo etcétera, en programas electorales. Parece una tómbola a ver quién ofrece más subvenciones a la contratación. Pero no nos interrogamos sobre la escasa eficiencia de dichas medidas, que no generan empleo neto, sino que, en el mejor de los casos, redistribuyen entre diferentes colectivos, avanzan decisiones ya tomadas o incluso ni eso. Y nuestra partida en subvenciones al empleo, dentro del capítulo, en descenso, de gasto en políticas activas continúa entre los más elevados –en términos porcentuales- en el contexto de los países europeos. Y todo ello para aumentar la nómina de empleos de corta duración, a tiempo parcial, en definitiva, de bajo nivel ocupacional, reducidos salarios y escasa contribución al necesario aumento de la productividad empresarial.
Se nos pasa por alto, probablemente por que nos guiamos por mantras reiterados, algunas cuestiones esenciales que afectan a uno de los elementos fundamentales del empleo que se pueda crear: la calidad del mismo.
Veamos algún ejemplo, en las recientes elecciones gallegas se ha hablado mucho de empleo, como en el resto de las que estamos teniendo en los últimos tiempos. En los últimos meses se levantó una polémica en Galicia –con extensión al resto del Estado-, que no he visto ahora reflejada en los debates electorales, al menos con cierto rigor y transcendencia. Me refiero a la algarada generada en torno a la prórroga concedida a la empresa ENCE para continuar con sus actividades productivas en su fábrica de producción de pasta de celulosa ubicada en la ría de Pontevedra. Al calor de una pretendida defensa a ultranza de valores ambientales se ha presionado por activa y por pasiva, desde posiciones de izquierda, por el desmantelamiento de la factoría y, en su caso, su traslado a otros lares (sic), aduciendo los efectos “altamente contaminantes” de la misma. Sin duda, en el mercado electoral las propuestas ambientalistas venden bien. Pero, proponentes y receptores no se paran a valorar, con rigor, los efectos globales de tales propuestas y, como cuestión importante, qué alternativas hay a la desaparición de dicha factoría y a los empleos directos e indirectos por ella mantenidos, que, a tenor de algunas estimaciones, podrían alcanzar los 10.000, buena parte de ellos de alto contenido ocupacional o profesional.
Yo me apunto a un discurso que apuesta por el crecimiento económico con sostenibilidad (ambiental incluida), pero en un país aquejado por el “mal del ladrillo”, desde hace décadas, el futuro no pasa por sustituir industrias, con un razonable grado de competitividad internacional, como es el caso, por proyectos “turísticos” en los terrenos dejados libres por una hipotética traslación de la factoría ENCE o por, lo que suele ser incluso más habitual, dar más oxígeno a la construcción residencial o sucedáneos.
Nuestra historia nos viene mostrando que este tipo de alternativas son de poca relevancia en materia de empleo de calidad y de generación de crecimiento económico sostenido. La economía del conocimiento hegemoniza no el futuro, sino ya el presente, entroncaría con empleos de alto contenido formativo y de elevada productividad y eso pasa, más bien, por impulsar el tejido industrial, más en una tierra como Galicia, con una escasísima presencia de tales actividades.
Pero no, erre que erre, lo que vende en la inmediatez electoral es sustituir este tipo de industrias –sin duda susceptibles de mejoras en materia ambiental- por “ladrillo y camareros”, de escaso recorrido en cuanto a la sostenibilidad a medio y largo plazo para nuestro crecimiento económico. Más tejido sostenible –de elevada productividad, lo que pasa por empleo de calidad- y menos paliativos a corto plazo con trabajo sin cualificación, es lo que demanda desde hace tiempo la situación de la economía española y, particularmente la gallega. Eso que venimos denominando como “nuevo modelo productivo”.
