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Las raíces de la corrupción política española


Transitar por Eurolandia 5 de noviembre de 2011 Enviar a un amigo
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España tiene un gravísimo problema de corrupción política, que es uno de los gérmenes de la actual crisis económica, que no se resuelve porque los partidos políticos –en particular el PP y el PSOE, que son sus principales responsables- no han mostrado interés alguno en solucionarlo. La práctica totalidad de los partidos políticos españoles con representación parlamentaria –nacionales y nacionalistas- están de acuerdo en algo: en mantener la corrupción. Así de sencillo.
La corrupción española no es un problema puntual ni esporádico. Es un veneno que se ha enraizado en la administración pública española, en particular en la territorial (autonómica y local), que ha alcanzado una magnitud incalculable en la mayor parte del país, principalmente en el eje mediterráneo (Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña y Baleares), con importantes ramificaciones en Madrid, Castilla-La Mancha y en alguna otra Comunidad Autónoma.
La corrupción que venimos padeciendo, hunde sus raíces en el pacto político que se hizo en la Transición, con el fin de conseguir un cambio pacífico del autoritarismo franquista a la democracia. Si se quiere poner una fecha concreta, puede tomarse como punto de partida la Constitución de 1978.
La mayor parte de los tratadistas han calificado a la Transición española de modélica y exportable. Y en muchos aspectos realmente lo fue. Se hizo en un momento crucial de la historia de España y la protagonizaron políticos de todas las tendencias ideológicas: desde las familias franquistas más conciliadoras hasta el Partido Comunista. El pacto constitucional resultante, contempló concesiones recíprocas, entre ellas, una importante descentralización del Estado para sumar a la causa a los nacionalistas. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, el desarrollo constitucional ha ido degenerando en una serie de vicios y corruptelas que son los que han llevado a la actual situación a la que urge ponerle coto. Bajo mi punto de vista, los tres problemas más graves que existen y que son el origen de la actual corrupción, son los siguientes: el pésimo diseño de la descentralización autonómica, la Ley electoral general y la politización de la Justicia. A ellos paso a referirme a continuación.
La España de las Autonomías
El desarrollo de la España de las Autonomías (Titulo VIII de la Constitución), tras más de tres décadas de andadura, puede calificarse, sin rodeos, de un fracaso colosal. Y lo es tanto desde la óptica política como desde la económica. En el primer caso, porque el Estado Autonómico no ha servido, como se pretendía, para cohesionar a España; y en el segundo, porque la ha desmembrado económicamente al haber roto la unidad de mercado y convertirse en el germen de la insolidaridad. Todo ello, entre otras, por las siguientes razones:
En primer lugar, por falta de deslinde preciso de las competencias autonómicas. La Constitución no acota con claridad las competencias administrativas que pueden ser transferidas a las Comunidades Autónomas (CC.AA). Además de las previstas por el art. 148, las CC.AA pueden adquirir, a la carta, competencias adicionales en virtud de lo establecido por el art. 149.3 (es decir, todas aquellas no reservadas en exclusiva al Estado por el art.149.1), que dice así:Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos...”.  
En su afán de acapararlo todo, las CC.AA han vaciado de competencias al Estado central (descentralización interna), a lo que hay que añadir las competencias atribuidas a la Unión Europea, que es lo que se conoce como descentralización externa. Por ello, es necesario revisar la Constitución en este aspecto: para precisar, con absoluta claridad, las competencias que pueden administrar las CC.AA y entre las que no deben estar -por el mal uso que están haciendo de las mismas- o estarlo de forma limitada, las de educación y sanidad.
En segundo lugar, hay que revisar en profundidad las competencias financieras. En este aspecto la Constitución prevé dos sistemas de financiación: uno general que rige en 15 CC.AA. además de las ciudades de Ceuta y Melilla y que viene regulado por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA); y otro especial, conocido como sistema de concierto, que es el que se aplica en Navarra y en El País Vasco. Teóricamente ambos debieran conducir a los mismos resultados: atender el coste de los servicios transferidos en las mismas condiciones de calidad que lo hubiera hecho el Estado central; y hacerlo también según los principios de coordinación con la hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.
La realidad dista mucho de ello. En el régimen general, las sucesivas modificaciones de la LOFCA siempre han obedecido a las iniciativas y exigencias de Cataluña que, en su afán de buscar un sistema propio y diferenciado de financiación (ahora CyU pretende uno similar al vasco-navarro), han forzado un modelo que rebasa con mucho las pretensiones constitucionales: conseguir que las CC.AA tengan capacidad normativa -entre otros tributos- en el tramo autonómico en un impuesto tan importante y simbólico de la justicia distributiva como el IRPF (lo concedió el PP en el pacto de gobierno con CiU de 1996) y el gobierno de Rodríguez Zapatero lo ha ampliado en su pacto con el tripartito catalán; todo ello, además de apoyar la revisión del Estatuto de Cataluña que el Tribunal Constitucional ha declarado parcialmente inconstitucional. En los casos de Navarra y El País Vasco, el modelo financiero conduce, mediante la determinación del cupo que han de aportar dichas Comunidades al Estado por los servicios que éste continúa prestando en las mismas, a un considerable agravio comparativo con el resto de las Comunidades: el cupo es el resultado de una negociación política entre el Estado y cada una de las dos Comunidades que sistemáticamente beneficia a éstas. La conclusión de lo expuesto es lógica: hay que establecer un sistema financiero autonómico único, sin privilegios entre las C.C.AA y sin que ponga en peligro la unidad fiscal y la estabilidad financiera del Estado.
En tercer lugar, hay que citar el pésimo uso que las CC.AA están haciendo de su autonomía. Las CC.AA han montado una compleja e ineficiente administración, en su mayor parte innecesaria y económicamente muy costosa, que ha acabado poniendo en jaque la supervivencia del Estado. Esto se manifiesta en numerosas facetas de las que son buenos ejemplos, entre otros, el incremento de su personal y la prolífica legislación autonómica. En el caso del personal, además de los funcionarios transferidos por el Estado, las CC.AA han ampliado sus plantillas sin medida, hasta el punto que hoy tienen a su cargo bastante más de la mitad de los 3,2 millones de personas que trabajan en el conjunto de las administraciones públicas españolas; eso sin contar con los derivados de la actividad política: gobierno, parlamento y tribunales de justicia, que están considerablemente hinchados; a los que también hay que añadir los procedentes de la creación de una constelación de entes y empresas públicas ruinosas, la mayor parte con funciones puramente consuntivas que actúan como agencias de colocación de militantes y simpatizantes de los partidos políticos y de los sindicatos. Otro tanto sucede con el desaforado afán reglamentista de las CC.AA que, para justificar su papel, no cesan de aprobar normas inútiles que nadie demanda, que poco o nada añaden a la regulación estatal y comunitaria, salvo la de incrementar la burocracia y los costes de información y de gestión de las empresas y de los ciudadanos. En fin, las CC.AA han generado una auténtica torre de Babel administrativa que tiene una influencia muy negativa sobre la actividad productiva al obstaculizar las libertades económicas básicas, entre ellas, la circulación de bienes y servicios y sobre todo de trabajadores. También son las principales responsables del desaguisado económico de las Cajas de Ahorro -una muestra más de ese nacionalismo desmedido-, que está llevando a la ruina al sistema financiero español.
Ley electoral
El segundo aspecto en el que encuentra cobijo la corrupción es en la ley electoral, que actualmente viene regulada por la Ley Orgánica 5/1985. Por lo que respecta a las elecciones generales, con la excepción de las islas, la circunscripción electoral es la provincia, lo que supone un sistema sumamente injusto, en especial en el caso de la elección de Diputados al Congreso. La injusticia es doble: por una parte, las provincias menos pobladas tienen una prima importante ya que por ley han de tener al menos dos diputados (uno en los casos de Ceuta y Melilla), requiriéndose menos votos para resultar elegido que en las más pobladas; por otra parte, se castiga a los partidos de ámbito nacional que más dispersan sus votos. Esto explica, por ejemplo, que en las últimas elecciones generales (las de 2008), IU con 200.000 votos más que el CiU, hayan obtenido sólo 2 Diputados, frente a 10; o que triplicando en votos al PNV, tenga un tercio de los Diputados de éste.
En definitiva, la actual Ley electoral beneficia a los partidos nacionalistas que concentran sus votos en pocas provincias y perjudica a los partidos nacionales que los obtienen más dispersos. También impide, salvo que algún partido político obtenga mayoría absoluta, la posibilidad de formar mayorías sólidas, lo que frecuentemente obliga a establecer pactos con los nacionalistas y pagar el correspondiente peaje. Por ello es necesario cambiar la Ley electoral haciendo del territorio nacional un distrito único (como ocurre, por ejemplo, con las elecciones al Parlamento Europeo) y aplicando un sistema de representación estrictamente proporcional. Como es lógico, a esto se oponen los nacionalistas (CiU, PNV, entre otros) y tampoco se han atrevido a hacerlo el PP y el PSOE (el duopolio político), bien estableciendo un pacto entre ellos, que sería lo razonable, o aprovechando las ocasiones en que han obtenido mayoría absoluta.
En el caso de las elecciones locales, bastaría con establecer un sistema de listas abiertas, al  menos para los municipios de menos de 100.000 habitantes, resultando elegido alcalde el candidato que obtuviese más votos.
Justicia
Finalmente, por lo que respecta a la Justicia, la percepción social es que es muy lenta, que es injusta –castiga en especial al que no puede defenderse- y está muy politizada en sus órganos rectores (Tribunal Constitucional, Supremo, Consejo General del Poder Judicial y Fiscal General del Estado). Y estos tres calificativos y algún otro que podría añadirse, obedecen al desinterés general de los políticos en aportar los medios técnicos y humanos para el buen funcionamiento de la justicia, como a su interés específico en servirse de la misma.
Es obvio que la política se ha convertido en España en una profesión y, salvo excepciones, ha dejado de ser una noble vocación. Sirviéndose de una justicia que no funciona, el político y sus aledaños llega a creerse, y con buenas razones, su impunidad ante la ley, lo que acaba convirtiéndolo en un potencial corrupto. Aquí pocos devuelven lo robado e incluso se premia electoralmente a políticos imputados por la justicia, la mayor parte de ellos del PP y del PSOE, muy bien acompañados de algunos nacionalistas.
En fin, la corrupción española no se limita a que existan, como se encargan de pregonar los políticos, unos pocos garbanzos negros en una clase política mayoritariamente sana, sino que lo que está podrida es la olla: o sea, las estructuras  jurídico-políticas sobre las que se sustenta el Estado.

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