Según publica EL País, si el Tribunal Supremo los anula, alrededor de 250 profesores titulares y catedráticos de Universidad perderían sus puestos.
Mientras que el Ministerio de Educación considera que es competencia de Hacienda, ésta explica al diario que "el ministerio solo controla si las ofertas de empleo público se ajustan a la ley, pero no entran a valorar si, de ejecutarse las sentencias, los docentes perderían su puesto. Consideran que esto está en manos de las universidades".
Por su parte, Luis Malvárez, catedrático de Derecho Fiscal y Tributario en la Universidad de Huelva, declara que “No hay precedentes y no sabemos qué va a pasar, porque ni siquiera se contempla que cobremos el paro si dejamos de ser funcionarios”. Su plaza fue impugnada en junio de 2012 y la anterior, de profesor titular, se amortizó, dice El País. “Nuestra situación es de absoluta incertidumbre pues no sabemos qué ocurrirá con las plazas que obtuvimos ni con las que ocupábamos anteriormente”.
Los docentes se sienten víctimas de un vacío legal ya que aseguran que "Los profesores universitarios somos el único cuerpo de funcionarios para el que no se ha regulado un mecanismo de promoción interna. Sin embargo, a la vez que hemos sufrido todo este proceso, el Gobierno ha ofertado desde 2012 más de 2.000 plazas de promoción interna para otros cuerpos de funcionarios”.
Por otra parte, aseguran en El País que “Queremos terminar con dos falacias: primero, que la tasa de reposición es algo nuevo; segundo, que hay un tema político detrás”.
Dicha tasa existe desde 1997 pero han cambiado los porcentajes: de 1997 a 2002 fue del 25%; de 2003 a 2008, del 100%; en 2009, del 30%; en 2010, del 15% y desde diciembre de 2011 es del 10%.
Los docentes se han reunido con el secretario general de Universidades, Federico Morán, pero no les ha dado ninguna solución. Al igual que la Conferencia de Rectores (CRUE). Y es que las universidades no tienen una postura común ya que no todas convocaron concursos. La impugnación llegó pocas semanas después del plantón de los rectores al ministro José Ignacio Wert por negarse a debatir recortes en la Universidad, dice el diario
