Este estudio de opinión revelado por la agencia Efe y recogido por casi toda la prensa diez días después de que entró en vigor el decreto regulador de las reválidas ha sido realizado por investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Más aun, el 87,6 % niega que esa ley suponga una mejora para la educación de España, de acuerdo con las respuestas de una encuesta realizada a 6.054 docentes y directivos de centros públicos y privados de Infantil, Primaria y Secundaria de todo el país, publicada recientemente.
Los autores del estudio han sido elaborado por Héctor Monarca, secretario académico del Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación de la UAM; Noelia Fernández-González, docente e investigadora en formación del mismo departamento; y César Piedrahita, estudiante del último curso de Matemáticas. Quieren que sirva para el debate: “Los políticos con responsabilidad de gestión deberían tener en cuenta el punto de vista de los docentes. En otras profesiones no pasa, pero los profesores funcionan en ocasiones como meros técnicos de lo que se le ocurre al político de turno. No se dan cuenta de que hay cuestiones de la ley que van a quedar bloqueadas si no cuentan con ellos”, declara Monarca a EL PAÍS.
El PSOE registró este lunes una proposición no de ley para derogar el decreto que regula estas evaluaciones, rechazado por sindicatos de docentes y asociaciones de padres además de por la mayoría de las comunidades autónomas. “Es una apuesta clara por reducir el número de alumnos que van a la Universidad”, considera Paco García, responsable de enseñanza en CC OO.
Resultados de la encuesta
Preguntados por si se necesitaba esta nueva ley, prácticamente el 80 % opina que no. De hecho, el 87,1 % tiene una consideración baja o muy baja de ella; y el 86,3 % estima que no contribuye a mejorar la inclusión educativa.
Si es profesorado de la escuela pública, el 80,7 % cree que la educación española no necesitaba esta ley, proporción que disminuye al 72,1 % en el caso de los que enseñan en centros concertados y privados.
El 83,8 % de los docentes concluye que la Lomce no favorece la profesionalización del profesorado. El 70,4 % discrepa del sistema de elección de los directores de centros implantado por la ley; y el 77 % ve insuficiente la autonomía que otorga a colegios e institutos.
El 75,3 % cree que el tratamiento de las competencias educativas que hace la Lomce no supone una mejora respecto a la legislación anterior.
En esta línea, el 89,6 % piensa que el proceso de aplicación de la reforma no ha sido el adecuado. Siete de cada diez lo creen así "totalmente". Casi el 82 % asegura que tiene un conocimiento alto o muy alto de la Lomce.
También el 92,7 % asegura que la reforma educativa impulsada por el PP careció de la participación del profesorado. Y el 75,1 % indica que tampoco se contó con las autonomías.
El 71,3 % no comparte que la asignatura Educación para la Ciudadanía haya dejado de ser obligatoria para todos los alumnos.
Sobre la pregunta exacta de "si la incorporación de las evaluaciones externas que realiza la Lomce es adecuada", el 60,6 % está "totalmente en desacuerdo", y el 20,1 %, "en desacuerdo".
Cuando se trata de saber si los contenidos curriculares de la reforma son "adecuados", el 44,3 % se muestra "totalmente en desacuerdo"; y el 32,4 %, "en desacuerdo".
A la educación pública pertenecen el 86,9 % de los encuestados, y el 13,1 %, a la concertada y privada. Por etapas, el 56,9 % enseña en la Secundaria; el 38,4 %, en la Primaria; y el 4,7 % en la Infantil.
EL MUNDO recuerda que esta Ley la rechazaron en bloque los sindicatos, que anunciaron enseguida movilizaciones en contra de la aprobación del Real Decreto, el pasado 29 de julio, que regulaba, entre otras cosas, las evaluaciones finales de ESO (15 y 16 años) y Bachillerato (17 y 18 años) de la Lomce. Amenazaron con recurrirla varios consejeros autonómicos de Educación, que pidieron al ministro en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Educación para debatir el asunto. Y ahora es el profesorado no universitario el que alza la voz en contra de esta Ley.
El Estudio de opinión sobre la LOMCE, Base de datos incluye 20 preguntas, según EL PAÍS. El cuestionario fue enviado a los correos electrónicos oficiales de “todos los centros públicos” y a los mails institucionales “disponibles” de los centros concertados españoles, explica los autores. Respondieron 6.054. En España hay 673.564 docentes de las etapas citadas, según datos oficiales del Ministerio de Educación. La recogida de datos se hizo entre diciembre de 2015 y abril de 2016.
La LOMCE es una de las tres grandes reformas educativas en democracia -tras la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y la Ley Orgánica de Educación (LOE)- y la séptima aprobada. Salió adelante en 2013 solo con los votos favorables del PP. Con la legislatura ya terminada, el pasado abril, se aprobó en el Congreso la tramitación de una proposición impulsada por el PSOE para paralizar su aplicación, con el único vota en contra del PP, la abstención de Ciudadanos y el apoyo del resto de grupos.
Contra los 'ránkings'
En el caso de los docentes, el rechazo es mayor en los centros públicos que en los concertados (81,8 frente a 73,9%) y más entre los docentes que entre los equipos directivos (con 82,2% frente al 76%). El resultado contrasta con un estudio anterior de Héctor Monarca y Soledad Rappoport, de 2015, Opinión del profesorado sobre evaluaciones externas. Base de datos en el que la mayoría de los docentes encuestados consideraban que las evaluaciones externas son necesarias y que suponen una herramienta para la mejora educativa. “La diferencia en este caso es por cómo se están gestionando”, añade el autor. Monarca explica que el rechazo proviene principalmente de que, en España, los alumnos tienen que aprobar estas pruebas para poder seguir estudiando y que existe el riesgo de que se publique la clasificación de los centros en función de sus resultados.
La LOMCE eliminó un apartado de la LOE que señalaba que “en ningún caso, los resultados de estas evaluaciones podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones en los centros”. El exministro José Ignacio Wert, impulsor de la ley que ha acabado llevando su nombre, era favorable a estas clasificaciones. El ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, se ha mostrado contrario e introdujo una modificación en la normativa de los territorios que gestiona directamente el Estado (Ceuta y Melilla) para evitarlos en primaria. Pero el último decreto sobre reválidas de secundaria y bachillerato no incluye ninguna salvedad al respecto “porque la competencia es de las comunidades autónomas”, señala un portavoz oficial. “El Ministerio ya lo hizo para su ámbito en la evaluación de Primaria. Y haremos lo propio en las Evaluaciones Finales de la ESO y Bachillerato”. Es decir, queda en manos de las comunidades autónomas hacer o no clasificaciones.
