En una nota de prensa, ADICAE se ha referido así al hecho de que ayer el Consejo de Ministros aplazara la decisión de aprobar un código de buenas. Dice que, pese a los anuncios de que este viernes 30 de diciembre el Consejo de Ministros aprobaría alguna medida para facilitar la devolución a todos los hipotecados de las cantidades indebidamente pagadas por las cláusulas suelo, finalmente el Gobierno ha pospuesto cualquier iniciativa para más adelante.
Esta circunstancia se produce en un contexto de creciente confusión entre los afectados, una confusión que parte de una banca que, tras incumplir la legislación durante años y defraudar a los hipotecados, se mantiene en una posición 'cerril' que expresa su carácter 'criminal' y pone de manifiesto su nula voluntad de asumir lo que la Unión Europea, el Tribunal Supremo, y múltiples sentencias en toda España han dejado claro: todas las cláusulas suelo adolecen de falta de transparencia y son nulas.Y lo son, no porque se haya declarado abusiva la propia naturaleza de la cláusula, sino la forma abusiva y no transparente en que todas fueron comercializadas. La Justicia -empezando por cinco sentencias del Tribunal Supremo- así lo ha demostrado de forma contundente tras analizar los contratos tipo que se comercializaron, contratos de adhesión en los que la entidad no daba lugar a la negociación.
Muestra de ello es que el propio Juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid, en la sentencia dictada en la macrodemanda impulsada por ADICAE, haya analizado las cláusulas suelo de 101 entidades y concluido que en todas ellas concurren las condiciones para ser declaradas nulas, extendiendo esta consideración a cualquier cláusula que fuese "sustancialmente igual" a las analizadas.
Rajoy al hacer su balance del 2016 tras el último Consejo de Ministros del año
Para ADICAE es evidente que en este contexto de confusión las demoras en la adopción de iniciativas razonables benefician a la banca, que apuesta por la judicialización del problema a sabiendas que gen esas condiciones solo un pequeño porcentaje de los afectados reclamará los derechos que tiene reconocidos. En otras palabras, la banca ha hecho números y considera que lo que le interesa es discutir en los tribunales el asunto, aun a sabiendas de que cada discusión obtendrá un mismo resultado: la nulidad de la cláusula y la devolución íntegra de lo defraudado.
En el fondo la banca se parapeta en un falso debate sobre el carácter transparente de sus cláusulas, en cuestiones más que zanjadas por la Justicia, con el único objeto de confundir a la ciudadanía y la sociedad y así 'escurrir el bulto'.
ADICAE seguirá urgiendo a las fuerzas políticas a impulsar e implementar fórmulas extrajudiciales que eviten que se emplace a los afectados a los tribunales como única vía para garantizar el respeto a sus derechos y obtener un resarcimiento ya declarado por la justicia, reiterando la necesidad de que el enfoque de cualquier medida se guíe por el carácter universal, colectivo y rápido y que se dote de las suficientes garantías para evitar un nuevo engaño sobre el que viene cometiendo la banca desde hace años en este asunto, contando para ello con las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, que hasta el momento no han sido llamadas al diálogo y a la búsqueda de soluciones pese a representar al conjunto de los hipotecados.
El Gobierno anuncio que planteará a los bancos la creación de unidades especiales para gestionar la avalancha de reclamaciones y se creará una comisión de seguimiento con representantes del Banco de España y de los ministerios de Economía y Justicia. Fuentes del Ministerio de Economía precisaron que el Ejecutivo estudiará hoy el código y decidirá sobre su aprobación en el propio Consejo de Ministros o su aplazamiento hasta el del 13 de enero. "Tenemos acuerdo con Ciudadanos y otros grupos y esperamos que el PSOE se incorpore", indicaron desde el departamento de De Guindos.
El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, indicó que el planteamiento del Gobierno supone un "desequilibrio" a favor de los bancos. "Debe haber un procedimiento extrajudicial especial para que todos los bancos de manera obligatoria se tengan que adherir a él", reclamó. Además los socialistas rechazan que la supervisión de las devoluciones dependa del Banco de España y reclaman una entidad independiente que no tenga que ver con la banca. "Somos partidarios de una solución que permita a los afectados recuperar su dinero sin quitas, sin demoras y sin tener que acudir uno a uno a los tribunales", explicó el diputado socialista Rafael Simancas, "No nos parece razonable dejar la solución a este problema en manos de la voluntad de los bancos", añadió.
Ciudadanos aboga por "un mecanismo rápido y que no tenga coste para los ciudadanos", según explicó José Manuel Villegas. La formación de Rivera considera que en el órgano arbitral debe haber presencia de organizaciones de usuarios de la banca.
Por su parte, la Asociación Española de la Banca (AEB) reiteró la disposición de las entidades a "tratar de encontrar con cada cliente la mejor solución posible a su situación". Según apunta EL ECONOMISTA, la banca resarcirá a los hipotecados en metálico o con rebajas de la deuda.
Economía ultima un pacto con el PSOE para partir en dos la CNMC
El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, está intensificando la negociación con el PSOE para reformar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ya avanzada con Ciudadanos, según publica hoy el diario EL PAÍS.
El cambio consistiría en convertir las dos salas actuales, la de Competencia y la de Regulación, en dos organismos independientes, integrados por los consejeros respectivos de dichas salas. Así, la actual vicepresidenta de la CNMC y presidenta de la Sala de Regulación, María Fernández, pasaría a presidir la nueva Autoridad Independiente Administrativa de Regulación. Y el actual presidente de la CNMC, José María Marín, presidiría la de Competencia.
El PSOE plantea ampliar la negociación a otros organismos – Banco de España, FROB, CNMV, ICAC, Airef y la Dirección de Seguros – y reclama que el Parlamento tenga mayor presencia en la elección, petición que comparte Ciudadanos.
