La primera de dichas recomendaciones se justifica por la necesidad de impulsar nuevas medidas para reducir la segmentación del mercado de trabajo en aras de la calidad y sostenibilidad del empleo, en particular reduciendo el número de tipos de contrato y garantizando un acceso equilibrado a los derechos en caso de cese de la relación laboral. Proseguir la supervisión periódica de las reformas del mercado de trabajo. Velar por que la evolución de los salarios reales sea coherente con el objetivo de creación de empleo. Reforzar los requisitos de búsqueda de empleo para ES 10 ES la percepción de las prestaciones de desempleo. Mejorar la eficacia y la orientación de las políticas activas del mercado de trabajo, incluidas las bonificaciones ofrecidas por la contratación, sobre todo para quienes tienen más dificultades para acceder al empleo. Reforzar la coordinación entre las políticas del mercado de trabajo y las de educación y formación. Acelerar la modernización de los servicios públicos de empleo para que presten un asesoramiento personalizado eficaz, proporcionen formación adecuada y garanticen la correspondencia entre la demanda y la oferta de empleo, prestando especial atención a los parados de larga duración. Garantizar la aplicación eficaz, antes de finales de 2014, de las iniciativas de cooperación entre los sectores público y privado en los servicios de colocación y supervisar la calidad de los servicios proporcionados. Garantizar el funcionamiento efectivo del Portal Único de Empleo y combinarlo con medidas adicionales de fomento de la movilidad laboral.
Aplicar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, y evaluar su eficacia. Proporcionar ofertas de empleo de buena calidad, contratos de aprendizaje y periodos de prácticas para jóvenes y mejorar el acercamiento a los jóvenes desempleados no registrados, de conformidad con los objetivos de una garantía juvenil. Aplicar eficazmente los nuevos programas educativos para mejorar la calidad de la educación primaria y secundaria. Mejorar el apoyo y asesoramiento proporcionados a los grupos que presentan riesgo de abandono prematuro de los estudios. Aumentar la pertinencia, para el mercado de trabajo, de los distintos tipos de formación profesional y de la enseñanza superior, en particular mejorando la cooperación con los empleadores y fomentando la formación de tutores y profesores.
La inadecuación de la educación y la formación a las necesidades del mercado de trabajo y el elevado porcentaje de desempleados sin cualificación formal (35,2 %) contribuyen a la elevada tasa de desempleo juvenil y el desempleo de larga duración. El porcentaje de los jóvenes sin estudios, trabajo ni formación sigue siendo mayor que la media de la UE y ha venido aumentando considerablemente. El porcentaje de estudiantes que abandonan prematuramente los estudios o la formación sigue siendo muy alto (23,5 %), aunque está disminuyendo. La tasa de personas que han completado estudios superiores se mantiene, pero los distintos sistemas de aprendizaje y enseñanza y formación profesional siguen estando infrautilizados, y las competencias de los estudiantes de formación profesional de ciclo superior son inferiores a la media de la UE. España también está preparando medidas de fomento del empleo juvenil. Ya se está aplicando la Estrategia Nacional de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, presentada en marzo de 2013, aunque todavía no se han establecido todas las medidas. Basándose en esa Estrategia, España ha dado también algunos pasos para luchar contra el desempleo juvenil en consonancia con los objetivos de una garantía juvenil. Se han registrado algunos avances en las iniciativas de lucha contra el abandono escolar prematuro y fomento de la formación profesional dual, pero sigue siendo crucial garantizar su plena aplicación y la utilización eficiente de la financiación. En el ámbito de la formación profesional dual, es indispensable la coordinación constante entre todas las partes interesadas, incluidos los empleadores, los proveedores de formación y las instancias decisorias a todos los niveles de la Administración, para racionalizar el sistema, propiciar una mayor adecuación entre la formación proporcionada y las necesidades del mercado de trabajo y garantizar la compatibilidad de los modelos de enseñanza y formación profesional dual en las distintas regiones.
Aplicar el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 y valorar si resulta eficaz para la consecución de su amplia gama de objetivos. Reforzar la capacidad administrativa y la coordinación de los servicios sociales y de empleo con el fin de brindar itinerarios con integración en apoyo de quienes se encuentren en situación de riesgo, y racionalizar los procedimientos para facilitar la incorporación al mercado de trabajo desde los regímenes de renta mínima. Mejorar la orientación de los programas de apoyo a las familias y los servicios de calidad dando prioridad a los hogares de rentas bajas con hijos, para garantizar la eficacia y la progresividad de las transferencias sociales.
Añaden al respecto de la pobreza estas recomnendaciones que, principalmente a causa de la situación del mercado de trabajo, pero también debido a la limitada eficacia de la protección social para reducir la pobreza, España se sitúa debajo de la media de la UE por lo que respecta a los principales indicadores que miden la pobreza y la exclusión social, a las que están especialmente expuestos los niños y los adultos jóvenes. A raíz de la crisis, España ha registrado también una de las mayores caídas de la renta familiar disponible y uno de los mayores niveles de ES 7 ES desigualdad de la renta de la UE. Es indispensable simplificar los procedimientos para los solicitantes de asistencia social y mejorar la gobernanza y la coordinación interinstitucional a nivel nacional, regional y local. El Plan Nacional de Acción para
la Inclusión Social 2013-2016 constituye un marco adecuado para adaptar las políticas activas del mercado de trabajo a quienes se encuentran más alejados del mismo, mitigar la pobreza infantil y mejorar la eficiencia de los servicios de apoyo a las familias. Por otro lado, la asistencia y las prestaciones sociales tienen efectos redistributivos limitados en los diferentes grupos interesados, lo que trasluce deficiencias en la selección de los destinatarios. Además, la coordinación limitada entre los servicios sociales y de empleo (incluidos los locales y regionales) y los trámites administrativos para acceder a los regímenes que garantizan una renta mínima entorpecen el abandono de la asistencia social y la reincorporación al mercado laboral.
