domingo,23 enero 2022
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Últimas ponencias en la jornada de ADICAE

Ante los abusos bancarios, mayor educación y mejor competencia

ibercampus.info
La jornada sobre La reestructuración del sector bancario y su repercusión en los derechos de los consumidores y usuarios terminó en Madrid con llamamientos a la mayor educación financiera, así como con la urgencia de acentuar la transparencia, vigilancia y control para extremar la política de competencia frente a la creciente concentración del sector.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (ADICAE)  había convocado la sesión en la que intervinieron una treintena de oradores para que sirviera de base para la acción social y jurídica colectiva en la defensa de los consumidores hacia el próximo futuro. De ahí que el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, resaltó al clausurar la jornada la necesidad de nuevas legislaciones que defiendan a los usuarios tanto en la comercialización de productos de ahorro como en créditos y, sobre todo, en la creación de un nuevo modelo de consumidor responsable y consciente. Para ello, dijo que es necesaria formación e información, acciones específicas para guiar al ciudadano en su relación con las entidades bancarias. “Nos ponemos a disposición de toda la sociedad y de las instituciones para organizar un calendario de cursos que ayuden a alcanzar este objetivo”. Hasta entonces, y mientras tanto, ADICAE seguirá en marcha con sus acciones colectivas y organizadas, tanto sociales como judiciales, para que los derechos de los consumidores puedan tener tutela jurídica total. Para mañana sábado tiene convocadas nuevas movilizaciones contra la quita de esas preferentes. 

Previamente, el profesor de economía del desarrollo en Facultad de Económicas de la UAM Gustavo Matías resumió su ponencia sobre el pasado, presente y futuro de la supervisión bancaria europea diciendo que "el pasado ha sido deficiente, el presente desesperante, y el futuro, desconocido”, ecuación de las tres "des" que pese a las reiteradas cumbres de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea resolverá el mercando nuevamente con dos "ces": una mayor concentración a golpe de crisis que tenderá a reducir la competencia, a menos que los consumidores y usuarios –convertidos cada día más en pacientes-– logren mejorar la política de competencia europea. Añadió el profesor Matías que ante ello la protección de los consumidores seguirá en manos nacionales y no está bien desarrollada en Europa, aunque los derechos sí fueron claramente defendidos por los últimos tratados de la UE, según los cuales el beneficio del consumidor es junto a la innovación uno de los pocos eximentes de las infracciones a la competencia. Sin embargo, las autoridades europeas muchas veces se olvidan de ese objetivo de beneficiar a los consumidores y persiguen políticas parciales o sesgadas, como revela la desesperante política de unión bancaria o el reciente libro verde de los pagos electrónicos, por Internet y móviles, donde la Comisión persigue a toda costa bajar un coste aunque suban los demás. 

En la misma sesión de clausura, la profesora de Derecho Civil de la Universidad Complutense, Ana Berrocal,  expuso las rémoras que tiene la actual ley de transparencia y buenas prácticas bancarias, un texto impulsado en 2011 por la ministra de Economía del Gobierno del PSOE, Elena Salgado, poco antes del cambio electoral. Estas leyes incluyen el “deber de información de las entidades bancarias, que muchas veces ni se observa ni se acomete”. La orden se marca como objetivo “profundizar en la formación económica y financiera de los clientes, reforzar las obligaciones de transparencia y difusión” pero predominan aspectos negativos. Sobre comisiones, por ejemplo, establece la “libertad de pacto entre entidades y clientes, sin exigir que las entidades emitan un folleto de tarifas registradas en el Banco de España, como sí marcaba la normativa anterior”. Otro aspecto al que da legitimidad es la práctica bancaria de encajar al usuario servicios anexos al contratar hipotecas hipotecas, “una práctica abusiva que sin embargo está avalada por esta ley”, dice Berrocal, para quien la ley “avala también que se cobre por un servicio de asesoría financiera, un derecho que debería ser para todos". Da también carta de naturaleza a las cláusulas suelo, que solo ha de recogerse en un anexo incluyendo las cuotas de información personalizada y firmada, sin cuestionarlas ni mucho menos prohibirlas. Frente a esto, señala la profesora, hay normativas autonómicas, como la catalana o la de Madrid, que protegen más al consumidor porque obligan a la entrega de información completa, establecen protección a la figura del avalista, y previenen el sobreendeudamiento.

El resumen de los contenidos de todas las ponencias está ya expuesto en la web de ADICAE, a la espera de un libro que incluirá el texto de cada una de ellas, según anuncio el presidente, Manuel Pardos. Por su parte, el portavoz de ADICAE, Fernando Herrero, recordó cómo se ha ido incrementando la complejidad de los productos bancarios dirigidos a los ahorradores. Lo resume así: “quince años de fraudes al ahorro, quince años rescatando a la banca”. Herrero reconoce el esfuerzo legislador de la UE desde hace una década, eso sí, “con el déficit de que no contempla los derechos de los consumidores, lo que ha permitido esa creciente complejidad”. “Meter a millones de usuarios en la bolsa o en productos estructurados, impulsar los fondos de inversión como vehículos de ahorro popular… Todo ello ha generado un mercado con más complejidad, con publicidad de carácter engañoso, un marco en el que llama la atención que la UE llame a la protección de los consumidores, incluso en su tratado fundamental, pero que en la práctica no aplique ese principio”. Herrero recuerda incluso la última decisión europea de permitir que los atrapados en las participaciones preferentes deban asumir pérdidas en sus inversiones.

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