viernes,15 octubre 2021
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Tras más de dos años de preparación

Aprobado por fin en Consejo de Ministros el Proyecto de la Ley de la Ciencia

ibercampus.info
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el proyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, una nueva normativa que sustituirá a la anterior ley de la ciencia de 1986 y adaptará el sistema de ciencia y tecnología a las circunstancias actuales de España, con un volumen mucho mayor de investigadores –seis veces más que en 1986-, de fondos dedicados a la I+D+i –catorce veces más que en 1986. Desde que el pasado 12 de marzo se aprobara el anteproyecto de esta ley en Consejo de Ministros, se han incorporado sugerencias de los distintos agentes implicados en la investigación, si bien no se trata de modificaciones sustanciales.

 

La ley incluye un contrato de acceso para investigadores postdoctorales que permitirá, cumpliendo criterios de excelencia, incorporarse al sistema público de I+D. Además, se recoge la sustitución de las becas por contratos desde que los investigadores comienzan el doctorado, algo que muy pocos países contemplan. El texto aprobado reconoce también específicamente la figura del personal técnico que trabaja en los organismos Públicos de investigación de la Administración General del Estado.

La nueva ley contibuirá, según el gobierno, a crear un sistema de I+D más eficiente y eficaz con la creación de una Agencia de financiación que dotará de mayor autonomía flexibilidad y agilidad a la actividad científica y al mismo tiempo garantizará el máximo control sobre la gestión de los fondos públicos.  

Además, la Ley establece mecanismos para mejorar la cooperación y la coordinación entre las distintas administraciones, definiendo un modelo de gobernanza que incluye instrumentos de coordinación a través de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y del Consejo de Política Científica y Tecnológica. Se trata así de maximizar la producción científica de todos los sistemas de I+D, evitando duplicidades.

Otras novedades

Además, entre las novedades del texto aprobado hoy, se incluyen las medidas que deberán adoptar los agentes de financiación para promocionar los centros y unidades de excelencia. Se trata de avanzar en un modelo que capaz de incentivar a los grupos de investigadores con mejores resultados científicos.

El proyecto contempla que las administraciones públicas tengan, por ley, el deber de fomentar actividades para mejorar el acceso de la sociedad a la ciencia. Por otra parte, el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica incluirá medidas para fomentar la divulgación científica y tecnológica y de la actividad de museos y planetarios además de contemplar la protección del patrimonio científico y tecnológico histórico.

Por otra parte, la futura ley creará el Comité Español de Ética de la Investigación, un órgano que se ocupará de la ética profesional en la investigación científica y técnica y los conflictos de intereses entre las actividades públicas y privadas. En éste último punto podrá establecer los principios generales para elaborar códigos de buenas prácticas en la investigación.

Otra de las intenciones de la ley es mejorar una de las carencias del sistema español de I+D+i: la cooperación entre agentes públicos y privados. La Ley prevé la posibilidad de llevar a cabo convenios de colaboración que permitirán la realización conjunta de proyectos y actuaciones de investigación científica, desarrollo e innovación, creación o financiación de centros, formación de personal, acciones de divulgación y uso compartido de inmuebles, instalaciones y medios materiales.

Por último se recogen una serie de aspectos trasversales como son el fomento de la participación de la mujer en la actividad científica, en particular garantizando que no se produzcan sesgos ni discriminaciones negativas por cuestión de género, la incorporación de la cooperación científica y tecnológica al desarrollo en proyectos de colaboración con países prioritarios para la cooperación española o la publicación en abierto de las investigaciones realizadas con fondos públicos permanecen como elementos básicos en la ley.

Difícil camino

En los próximos días el texto llegará al Congreso, donde se abrirá la negociación parlamentaria en torno a la ley, la cual podría entrar en vigor a principios de 2011. Pero hasta que la ley sea publicada en el BOE habrá un camino no excesivamente sencillo para la ministra Garmendia. Los sindicatos UGT y CC OO manifestaron su «no» al texto por considerar que no se había aceptado ni una sola de sus sugerencias. El PP lo calificó de «poco concreto», aunque matizó que sería «deseable» un acuerdo, la Asociación Española de Científicos augura que «no va a solucionar el problema de fondo» de la investigación nacional.

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