En las llamadas a la indisciplina de voto coincidieron críticos de Podemos y del PSOE, por este orden, y sobre todo de Vox, los primeros fuera del Congreso y los segundos dentro. Pero en todos los grupos imperó con esas 11 excepciones la disciplina de voto, atribuida por una creciente opinión pública a que las listas electorales son cerradas y las controlas los aparatos de los partidos.
Inmediatamente después de esa votación del Congreso se reunió el Pleno del Tribunal Constitucional para verificar que sus cuatro juristas cumplen los requisitos exigidos, entre ellos los de dignidad, imparcialidad y compatibilidad, lo que sigue cuestionando la mayoría de la prensa española en informaciones y opiniones, donde se indica que ese órgano constitucional puede perder mayor confianza de la ciudadanía que en los últimos años al ser tildado de parcialidad en asuntos que le lleguen de los Juzgados ordinarios. Los 4 nuevos miembros (dos considerados afines al PP, otro al PSOE y otro a Unidas Podemos) fueron admitidos por mayoría de 9 votos y con solo uno en contra. Este acuerdo se comunicará ahora al Congreso, Casa del Rey, Senado, Gobierno y Consejo General del Poder Judicial, para que la semana siguiente juren sus cargos ante el Rey y tomen posesión.
tras el fracaso de las incompatibilidades, La mayor pérdida de confianza en la independencia del Tribunal Constitucional a raíz de probables recusaciones y la demanda de listas electorales abiertas se apuntan como posibles efectos de los pactos para renovarlo entre el PP y PSOE-Unidas Podemos
Pese a los grandes debates registrados al respecto en los primeros años de transición política (setenta y ochenta), en España sólo para actividades docentes se ha regulado el sistema de incompatibilidades de forma ortodoxa, si bien se ha incumplido sistemáticamente. En la práctica, han sido muy escasos los expedientes de incompatibilidad abiertos a profesores universitarios por los rectores de los campus españoles.
Aún mayor laxitud se ha registrado durante la democracia con las incompatibilidades de los políticos por parte de Congreso: ninguna. De esta manera, los funcionarios docentes con la condición de cargo político (ministros, subsecretarios, directores generales y asimilados) han podido también en la práctica durante la democracia seguir desempeñando sus tareas docentes como lo hicieron durante la dictadura franquista. Privilegio que fue consagrado por el Decreto-ley de 13 de mayo de 1955.
Enrique Arnaldo, letrado de las Cortes y catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), ha pasado así a engrosar los más de 3.000 casos de presunta incompatibilidad docente registrados los últimos años en las universidades españolas, sin que ninguno de ellos fuera denunciado por las administraciones de esos campus ni por los gobiernos central o autonómicos. Al contrario, fue un inspector de la Comunidad de Madrid quien impulsó calladamente la regularización de dobles contratos realizados principalmente por las universidades privadas que surgieron a raíz de las normas del exministro Rubalcaba y se nutrían de profesores de las universidades públicas. Cuando observaba duplicidades, se limitaba a comunicarlas a los interesados.
Arnaldo ha sido uno de los más beneficiados por ese reiterado conflicto de interés, término que ahora cala con las normas de cumplimiento legal y de RSC en la empresa española, si bien ha sido muy recientemente cuando la CNMC empezó a afrontar con Deloitte, KPMG y PWC la impunidad y conflictos de interés entre auditoría y consultoría de esas empresas. Y ello después de que conflictos de interés y puertas giratorias crecieran en Competencia y Bolsas, desde donde los niegan.
El nuevo magistrado del TC Arnaldo cobraba al mismo tiempo de la URJC y del Cisneros mientras este centro procedente de Falange y de la UCM, y del que es titular la Comunidad de Madrid, facilitara el Grado de Derecho a Pablo Casado
Enrique Arnaldo ha resultado uno de los intocables pese a haber incurrido en incompatibilidades denunciadas por la prensa estos días por tener sueldos al mismo tiempo de la URJC y de la Cisneros, además de como Diputado y de empresas privadas. Algunos medios han publicado, sin que ello haya causado de momento actuación alguna de las autoridades administrativas o judiciales, que Arnaldo habría simultaneado el cobro de dos salarios públicos, una nómina en el sector privado y la gestión de su propio bufete de abogados donde habría facturado los últimos años más de un millón de euros, hechos que deberían haber sido constitutivos de una infracción administrativa de carácter muy grave, sancionada con una suspensión de empleo y sueldo públicos de entre tres y seis años a tenor de la ley universitaria, que desde 2007 trata de impedir a todo funcionario docente de un centro público que imparta clases al mismo tiempo en uno privado o tenga otros ingresos no intermediados por las universidades o sus fundaciones. El objetivo principal de aquella ley fue evitar que los profesores de instituciones de la Administración dedicaran una parte de su jornada a otra universidad. Para dar margen a los afectados, se les concedió un plazo legal de carencia de cuatro años. A partir del curso 2011, todos los docentes de centros públicos que también trabajaban en el sector privado tuvieron que decantarse por una u otra opción, lo que tampoco hizo Arnaldo.
No se sabe quién o quiénes son los dueños del Cisneros, centro que primero fue de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y luego pasó a estar adscrito a la URJC. No los tiene acreditados porque el titular es la Comunidad de Madrid, pero funciona como un centro privado y sus profesores son prácticamente los mismos que los de la URJC y otras Universidades públicas. Un negocio redondo para unos cuantos, mantenido desde que surgió con la Falange, su primer titular, para ser transferido a la Comunidad de Madrid a partir del Régimen democrático estrenado en 1978.
Así lo han dicho a Ibercampus fuentes de la Inspección de universidades de la Comunidad de Madrid, que añadieron: Es un centro donde tanto los profesores como algunos administrativos tenían – entonces – un segundo sueldo ilegalmente. Y es un nido del PP. Y fue allí donde Pablo Casado, actual líder del PP, concluyó su Grado de Derecho en pocos meses. Y ahora, en agradecimiento, Casado propone al Catedrático del PP para el Constitucional, añadieron. En 2005, quien acompañó a Pablo Casado al despacho del entonces Director del Centro adscrito «Cardenal Cisneros», Alberto Pérez Vargas, fue Enrique Arnaldo, tras cuya intermediación Pablo Casado logró cursar y aprobar en cuatro meses doce asignaturas de la Carrera de Derecho que había dejado inconclusa en ICADE.
No soy más digno que ninguno de ustedes pero tampoco menos. Me siento plenamente independiente, sin condicionamientos, peajes ni equipajes, dijo Arnaldo días atrás a los diputados que examinaban su idoneidad, a la vista de que nunca había frenado incompatibilidad alguna la Comisión de Nombramientos del Congreso. Solo hubo reservas del Senado (nunca de la Cámara Baja) al admitir a Juan Carlos Campo, luego ministro de Justicia del PSOE (quien regresó el pasado septiembre a su plaza de magistrado de la Audiencia Nacional) y a Enrique López, a quien estando en la Audiencia Nacional el reparto le atribuyó juzgar el caso Gürtel y rechazó inhibirse a pesar de su estrecha vinculación con el Partido Popular, situado entre los acusados, si bien después la propia Audiencia decidió apartarle junto a su compañera magistrada Concepción Espejel porque ambos habían conseguido cargos gracias gracias al Partido Popular
Ese pasado de Concepción Espejel le ha permitido tener 237 votos, solo 3 menos que los otros dos nuevos miembros del Tribunal Constitucional por el PSOE, también 240 como Gabilondo. Arnaldo obtuvo 232 votos (8 menos de esos 240) y 11 por debajo de los que suman los 3 partidos que proponen a los 4 nuevos magistrados.
Tras el pacto de Gobierno y PP para renovar Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Agencia de Protección de Datos, se espera que el Consejo General del Poder Judicial deje de tener mayoría conservadora
PSOE, PP y Unidas Podemos suman 242 escaños, a quien siguió el portavoz de Foro de Asturias, y de los 243 así comprometidos por esos grupos para el pacto de renovación de 4 instituciones: tras el Constitucional y el Defensor del Pueblo, se renovarán según lo pactado por el Gobierno de coalición con el PP Tribunal de Cuentas, Agencia de Protección de Datos y al final el Consejo General del Poder Judicial, tras lo cual PSOE y UP esperan tener mayoría favorable en el Constitucional.
En aras de ese objetivo, el catedrático Arnaldo recibió este jueves un total de 232 votos, por lo que solo 11 diputados rompieron la disciplina de voto impuesta por esos grupos, de ellos 3 del PSOE, del que 2 dijeron que fue por error al votar, pese a las numerosas denuncias de la prensa sobre irregularidades como apariciones en sumarios judiciales del PP (Lezo, Palma Arena, donde llegó a estar investigado pero finalmente el juez archivó su causa por prescripción del delito); participación activa en la fundación FAES, presidida por José María Aznar, a través de artículos de diversa temática o foros; actividades privadas de su bufete, Estudios Jurídicos y Procesales S.L., que ha llevado a cabo 562 servicios profesionales entre 2002 y 2009 a decenas de administraciones públicas de distinto signo, todo ello combinado con su compatibilidad con la actividad académica en centros públicos y privados.
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