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Las falsas premisas del Estado catalán (I). Una Cataluña independiente no encaja en la UE


En tres artículos extracto las principales ideas de mi aportación al Informe presentado en Madrid el 22 de noviembre de 2012, que ha sido elaborado por un grupo de economistas por encargo del INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS y que lleva por título: "LA CUESTIÓN CATALANA, HOY". En mi trabajo, "Las falsas premisas del Estado catalán", trato de rebatir que son falsas las dos premisas de las que parte el nacionalismo para reivindicar una Cataluña independiente: su continuidad en la Unión Europea (UE) y que será un Estado próspero.
Transitar por Eurolandia 26 de noviembre de 2012 Enviar a un amigo
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El nacionalismo no se cuestiona la permanencia de una Cataluña independiente en la Unión: la da por supuesta. ¿Una Cataluña independiente podría continuar en la UE?. La respuesta es rotundamente no. Y no podría hacerlo porque Cataluña no ha firmado los tratados de la Unión y por lo que no es parte contratante de la misma. Sí lo es Españaque que, en función de su soberanía y al igual que el resto de los Estados, le atribuye competencias a dicha Organización internacional. Como Cataluña no es un Estado, ni nunca lo ha sido, de conseguirlo en un futuro, tendría que pedir su ingreso en la Unión como un país tercero. Y otro tanto ocurriría con el resto de las organizaciones internacionales.

Los tratados comunitarios no contemplan el supuesto de que uno de sus Estados miembros se fraccione en nuevos Estados, ni tampoco del encaje de esos nuevos Estados segregados en la estructura de la Unión. Por el contrario, lo que sí se encargan de regular es que tal supuesto no se de: “La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro” (Art. 4.2 del TUE).

La garantía de la integridad territorial de los Estados es un elemento central en la filosofía de los tratados de la UE. Y lo es por razones históricas: los nacionalismos, que proliferan por doquier en Europa, han sido el germen de los conflictos bélicos del pasado. Tratar de construir una Unión sobre las autodenominas naciones sin Estado significaría la ruina del proceso de integración debido a la defensa que hacen de todo tipo de intereses mezquinos: la ideología nacionalista es un galimatías conceptual que se fundamenta en actos colectivos de fe, en afirmaciones y creencias, pero no en ideas; y en el victimismo, la irracionalidad y la negación del otro. En fin, el modelo de integración comunitario no contempla a las regiones como entidades políticas –si administrativas- sobre las cuales se vertebre el futuro político de la UE, incluso en una situación federalista de la misma, su base continuarían siendo los Estados, que no desaparecerían.

Hasta el vigente Tratado de Lisboa (TL), ninguno de los precedentes contemplaba el abandono de un Estado miembro de dicha Organización internacional. Lo hace por primera vez el TL (que entró en vigor en el 1 de diciembre de 2009), en el apartado 1 del Art.50 del TUE que estipula: “Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión”. El procedimiento de retirada se desarrolla en los apartados siguientes del mencionado artículo.

Hasta el momento, ningún Estado miembro ha solicitado su retirada de la Unión; por lo tanto, no contamos con memoria histórica a este respecto. Sí existen dos casos, ambos de carácter regional, que pueden servir de ejemplo: uno de retirada de la Unión y otro de entrada en la misma. El primero corresponde a Groenlandia que solicitó salir de la Unión (entonces Comunidades Europeas) en 1985, pero no de Dinamarca de la cual dependía y depende políticamente (Groenlandia no es un Estado independiente). La solución que adoptó la Unión fue la de concederle a esta región el estatus de “Asociación de los Países y Territorios de Ultramar” (que se regula en la Cuarta Parte del TFUE), territorios que si bien tienen vínculos especiales con la UE, no son parte de la misma.

El segundo supuesto es de ampliación, fue el que se dio con la reunificación de Alemania en 1990. En este caso, se produjo la absorción por parte de la República Federal -que ya era miembro de la UE-, de la República Democrática, pero no como tal Estado –que dejó de existir- sino de sus cinco Länder que se integraron en la Federal para formar la Alemania reunificada. Fue una ampliación encubierta de la Unión.

Cataluña constituiría un ejemplo diametralmente opuesto a los dos anteriores. En este caso, se trata de una región de un Estado miembro (España) que aspira a constituirse en Estado soberano. De conseguirlo, la futura pertenencia de Cataluña a la Unión, dependerá mucho de cómo se produjese su separación de España. A mí modo de ver se presentan tres grandes alternativas, que paso a considerar.

Primera opción: Cataluña se constituye como Estado asociado de España. En tal supuesto, Cataluña continuaría formando parte de la Unión sin solución de continuidad. España continuaría ostentando la representación en las instituciones de la misma e internamente podría negociarse su reparto. El problema aquí reside en que no es un procedimiento constitucional; y con toda seguridad la Constitución española, de reformarse, tampoco contemplaría este supuesto confederal. Una iniciativa similar ya fue intentada por el gobierno Ibarreche del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en su proyecto de Estatuto de 2005, bajo el subterfugio de una Comunidad libremente asociada al Estado Español pero con derecho a decidir libremente su organización y sus relaciones públicas. El proyecto Ibarreche fue rechazado por abrumadora mayoría: ni tan siquiera fue admitido a trámite por el Congreso. Es posible que el futuro gobierno catalán esté en la idea de presentar una propuesta de este tipo. De hacerlo, correrá la misma suerte. 

Segunda opción: Cataluña negocia su independencia con España. Como la actual Constitución no admite la posibilidad de celebrar un referéndum sobre la cuestión solo en Cataluña, previamente sería necesario reformar la misma y someterla a referéndum en toda España para su refrendo. Si esa nueva Constitución lo admite, habría que celebrar otro referéndum sobre la independencia, en este caso solo en Cataluña. De lograr ésta su pretensión, vendría obligada a abandonar la Unión (y por supuesto el euro y el espacio de Schengen) y a solicitar -siguiendo el procedimiento previsto por el Art.49 del TUE- su ingreso como país tercero. De ser admitida su solicitud de candidato a Estado miembro, que con bastante probabilidad seria vetada por más de un Estado miembro (y que España de alguna forma se vería obligada a celebrar un referéndum al respecto), las negociaciones, una vez cubierto este trámite, podrían prolongarse entre cinco y diez años, que es la media que se viene dando en los nuevos candidatos (España y Portugal, 8 años; la ampliación a los Estados del Este y del Mediterráneo, entre 10 y 14 años; Croacia, 10 años, etc.). Dicho ingreso en la UE no implicaría que lo hiciese simultáneamente en la Eurozona ya que son dos actos diferentes: el primero es una condición necesaria pero no suficiente para entrar en el euro. El ingreso en la unión económica y monetaria se produciría con posterioridad y dependería del cumplimiento de los criterios establecidos en el Tratado de Maastricht. En el interregno, a lo máximo que podría aspirar Cataluña sería a un acuerdo cambiario de su peseta con el euro (no seria posible un acuerdo monetario) con la Unión, acuerdo que sería administrado por España.

Tercera opción: Cataluña se separa de España por un acto unilateral de secesión. En este tercer supuesto (que suele darse en Estados federales o confederales, pero no en los unitarios –aunque regionalizado- como lo es España), entrarían en funcionamiento los mecanismos previstos por la Constitución en numerosos de sus artículos, entre otros, el Art.1.2 “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” y el Art. 2 “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

El ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña para constituirse en Estado soberano es legalmente muy cuestionable por varias razones, entre las que destacan las dos siguientes: la primera, porque a diferencia, por ejemplo, de Escocia que fue Estado independiente hasta 1707, Cataluña nunca lo ha sido; y la segunda, porque tampoco ha sido ni es una colonia de España, supuesto para el que ha sido previsto el derecho de autodeterminación. 

Por lo que respecta a la Unión Europea, Cataluña, lo mismo que en el caso precedente, tendría que abandonarla y pedir su ingreso en la misma como país tercero. Pero en este caso, el proceso se complicaría de manera considerable ya que Cataluña no tendría ni tan siquiera la opción de solicitar su ingreso en muchos años. Al ser producirse tal independencia por un acto de secesión, no sería reconocida durante un largo periodo por ninguno de los Estados de la Unión puesto que España invocaría la aplicación del ya mencionado párrafo segundo del Art. 4 del TUE. Y el Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión, entre otras instituciones, tendrían  que pronunciarse al respecto.

Cataluña pasaría por un amplio periodo de hibernación quedando como Estado aislado hasta que fuese reconocido por la comunidad internacional y en particular por los Estados de la Unión. Una vez logrado tal reconocimiento por todos los Estados que formen parte de la Unión en ese momento, Cataluña tendría la posibilidad de solicitar su ingreso en la misma. España y con alta probabilidad otros Estados vetarían su entrada durante muchos años; incluso el gobierno español, con más razón que en el supuesto precedente, se vería moralmente obligado a celebrar un referéndum para dar su aprobación. En fin, para restañar las heridas producidas, no es descabellado pensar que Cataluña tendría que esperar no menos de 30 años para ser parte de la UE y otros cuantos más para entrar en la Eurozona.


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