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ENTREVISTAS
Carlos Sánchez, profesor de la UCM y economista de ATTAC

"La banca española lleva 1,42 billones de ayudas públicas"


Cajas y bancos españolas están en quiebra y si los nacionalizados se privatizan sin control volverían a las andadas tras los 1,42 billones de euros recibidos enn esta crisis por todos los conceptos, según el profesor de la UCM y economista de ATTAC Carlos Sánchez Mato. Sánchez Mato defenderá este martes la nacionalización definitiva de cajas y sus bancos participados, la conversión de ayudas pública etc. Dice en esta entrevista para Ibercampus que todo ello no tendrá coste.
Redacción 21 de octubre de 2013 Enviar a un amigo
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Carlos Sánchez Mato, profesor de la UCM.
 ¿A cuánto asciende hasta ahora el coste pagado y el que deberán de pagar en el futuro consumidores y contribuyentes por las decisiones adoptadas para el saneamiento del sistema bancario español?

Con los datos oficiales publicados a finales de diciembre de 2012, las ayudas públicas totales a favor de las entidades financieras españolas ascendían a más de 1,42 billones de euros . Solamente una pequeña parte de esas ayudas lo han sido en forma de capital (87.357 millones de euros) mientras que el resto (1,33 billones de euros) son medidas para paliar su falta de liquidez Las ayudas públicas suponen el 136% del PIB español, es decir, supera ampliamente el volumen anual de riqueza producida en el país en un año.

Por realizar una comparación que deje clara la absoluta desproporción, son seis veces superiores a la recaudación impositiva anual de todas las Administraciones Públicas o más de 40 veces el coste anual de las prestaciones por desempleo.

¿Cómo han pagado consumidores y contribuyentes esos costes y cómo deberán afrontarlos en el futuro?

Las ayudas públicas han sido realizadas con diferentes instrumentos. Desde inyecciones directas de capital a esquemas de protección de activos, es decir seguros frente a pérdidas concedidos a determinadas entidades. También hemos concedido avales estatales a emisiones de deuda, hemos adquirido activos financieros a través del FAAF, suelo e inmuebles a través del SAREB también con el aval de todos los ciudadanos y no podemos olvidar los préstamos del Banco Central Europeo.

Por último, pero no menos importante hay que reseñar el aval de las Administraciones Públicas a los ahorradores que tienen depósitos inferiores a 100.000 euros ya que el Fondo de Garantía de Depósitos está en quiebra técnica con patrimonio neto negativo. Todas estas ayudas han contribuido al sobre-endeudamiento público por quebrantos que correspondían a entidades privadas y que condicionan gravemente el presupuesto de las Administraciones Públicas para el futuro.

¿Por qué no ha habido ni hay transparencia sobre esas facturas y los ciudadanos ignoran lo que les cargan políticos y economistas, quienes tampoco parecen saber la cuantía y las formas de pago de esos costes?

Porque les resultaría muy difícil sostener que “no hay dinero para servicios sociales, educación o sanidad” y, al mismo tiempo, se ha rescatado al conjunto del sector bancario (como en el resto de Europa). Los responsables políticos intentan por lo tanto camuflar las ayudas públicas con la excusa de que “no tienen por qué suponer un quebranto para las arcas públicas”.

Eso es cierto ya que el coste del rescate solamente podrá evaluarse dentro de bastantes años. Sin embargo, negar a estas alturas que las ayudas públicas (aunque gran parte se recuperasen en el futuro) no tienen un elevado “coste de oportunidad” para los ciudadanos, es mentir a los ciudadanos.

¿En qué medida el acto de ATTAC y de la Plataforma por una Banca Pública aumentarán esas transparencia en el futuro?

Es imprescindible que los ciudadanos veamos la relación entre la actuación del gobierno anterior y el actual en relación al rescate bancario y los recortes presupuestarios y de derechos a los que estamos siendo sometidos. Únicamente con transparencia y control democrático podrán evitarse crisis futuras de este tipo. La banca privada asume riesgos inasumibles con los ahorros de la ciudadanía y no debemos consentir que un sector bancario, que es adicto al dinero y a las garantías estatales, siga funcionando sin control.

Sin el apoyo público, el sector bancario no podría funcionar ni un solo día. El control público es condición necesaria pero no es suficiente. Tiene que existir una legislación que limite las disparatadas actuaciones que han provocado la quiebra de las entidades y normas coercitivas que castiguen los incumplimientos de las mismas.

¿Es verdad, como dicen el Gobierno y la troika, que el rescate al sector ya ha concluído? 

A pesar de las triunfalistas manifestaciones de los mismos que no fueron capaces de atisbar lo que ocurría en el sistema bancario, la realidad se encarga de desmentir el deseo del gobierno de apuntarse este pírrico éxito. El sistema bancario español sigue siendo insolvente y las medidas articuladas no han logrado restablecer la solvencia de las entidades ni generar confianza en ahorradores e inversores.

Las inyecciones de capital europeo no han podido cambiar el panorama de insuficiente patrimonio neto que muestran las entidades. A los ciudadanos nos parece mucho un rescate europeo en el que se han proporcionado más de 41.000 millones de euros, pero esa enorme de cantidad se queda pequeña a la hora de compararla con las descomunales pérdidas que han sufrido los bancos y las cajas de ahorro. Los fondos propios del sistema bancario que miden su capacidad para afrontar pérdidas en el futuro son inferiores a los que poseían en los meses previos al rescate.

¿En base a qué puede afirmar el ministro que no genera dudas ni incertidumbres, si el patrimonio neto de la banca es inferior en casi 16.000 millones de euros al existente en abril de 2012 cuando se consideró imprescindible el rescate del sector?. Con estos ingredientes, solo unos irresponsables pueden afirmar que el sector bancario ha superado la crisis y, sobre todo, que las sobre-endeudadas finanzas públicas podrían hacer frente a nuevas necesidades de capital. Esto no suena al final del vergonzoso capítulo de salvamento de las élites financieras a costa de los ciudadanos con que nos ha obsequiado el gobierno. Puede que el rescate actual vaya a finalizar pero preparémonos, porque habrá segunda parte…

¿Por qué es negativa para los ciudadanos la privatización de la banca nacionalizada? 

Es absolutamente vergonzoso que, después de haber sufrido el quebranto derivado del saneamiento de estas entidades, procedamos ahora a regalarlas como hemos hecho con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Cajasur, Caja Castilla la Mancha, Banco Gallego y Banco de Valencia. Los gobiernos no se plantean, como es su obligación, gestionar bien las entidades que han sido nacionalizadas.

Lo único que se les ocurre es entregárselas a otras entidades que tienen el mismo tipo de problemas (aunque los han disimulado mejor). Además, eso produce una concentración mayor de los activos y pasivos bancarios en menos manos lo que provocará gravísimos problemas en el futuro. Si actualmente no se ha dejado caer ni a entidades de pequeño tamaño, ¿qué ocurrirá en una futura crisis de una mastodóntica entidad bancaria? Podemos pensar que lo mismo que ahora. Se socializarán las pérdidas y se privatizarán los posibles futuros beneficios.

¿No habría aumentado la factura para consumidores y contribuyentes una banca pública nacionalizada, pues la mayoría de los costes de esta crisis reciente han sido por las cajas 


El diagnóstico que atribuye solamente a una parte del sector financiero la situación de crisis no responde a la realidad. En primer lugar hay que recordar que las cajas son entidades privadas, aunque con un vergonzoso control interesado en el que han participado partidos, sindicatos y patronal y que no merece otra cosa que profunda crítica. Pero los bancos no están mejor.

Del total de ayudas públicas excluido el aval a los depósitos, que ascenderían a 632.000 millones de euros (diciembre de 2012), un tercio han tenido como beneficiarios a los bancos. La mayor parte corresponde a préstamos del Banco Central Europeo, que les han permitido obtener jugosas rentabilidades comprando con estos fondos deuda pública. No ha habido una actuación sustancialmente diferente por parte de banco o cajas de ahorro. Han cometido el mismo tipo de errores pero las entidades bancarias han disimulado mucho mejor su situación de insolvencia.

Eran las cajas las que tenían más dificultades por su desastrosa gestión politizada y por lo tanto la reducción de capacidad de un sector sobredimensionado debía hacerse a su costa. Las entidades bancarias privadas han actuado hábilmente con la colaboración del anterior y del actual gobierno para hacerse con un botín considerable: la mitad de los ahorros de la sociedad depositados en las cajas de ahorro. Utilizar dos varas de medir no parece un criterio justo a la hora de comparar la solvencia de las entidades. Las entidades, fundamentalmente las que son calificadas como “sanas”, siguen ocultando su morosidad con mecanismos más o menos complejos que quedan en evidencia cuando se realizan análisis comparativos y detallados de sus carteras de créditos.

Si los bancos que presumen de fortaleza de sus balances hubieran reconocido pérdidas en línea con las reconocidas por las entidades después de ser nacionalizadas, hubieran quebrado de forma irremisible. La estrategia pasa por dar tiempo a los bancos a que generen beneficios que les permita ir reconociendo pérdidas de manera gradual. Además el proceso se complementa con la entrega de la banca nacionalizada a estas entidades, con elevadísimas ayudas públicas para mejorar su deteriorada situación. Se contribuye de esta forma a crear un oligopolio privado con el dinero de los contribuyentes.

¿Por qué ha pasado lo que ha pasado esto de que entidades más orientadas a la sociedad están siendo y serán las más caras?

Las cajas de ahorro entraron en la espiral del crecimiento y la bancarización. Es decir, tuvieron más problemas cuando intentaron replicar el modelo de los otros bancos privados. Como antes indicaba, las cajas de ahorro están en quiebra pero los bancos también. Si alguien lo duda, invito a retirar de manera inmediata todas las ayudas públicas de liquidez (préstamos y avales) a los bancos y esperar a ver qué pasa. No habría que aguardar mucho para ver la verdadera realidad. Si vemos lo ocurrido en anteriores crisis bancarias, podemos observar que afectaron fundamentalmente a los bancos y no a las cajas o a las cooperativas de crédito. El problema ha sido general y no se resolverá profundizando en el modelo, sino cambiándolo de manera radical.

¿Cómo evitarían ustedes que volviera a suceder a raíz de las críticas que hacen al funcionamiento de las cajas y a la participación en sus órganos de dirección de fuerzas políticas y sindicales?

Los seres humanos pueden corromperse y actuar de manera delictiva. Pueden obviar las responsabilidades y los objetivos para los que fueron elegidos (en una cámara parlamentaria o en un consejo de administración de una caja de ahorros). Si no existe control, podría volver a ocurrir lo mismo. Pero seamos conscientes que esas mismas prácticas ocurren en las entidades bancarias privadas y en ellas no tenemos derecho ni a opinar lo que se hace con el beneficio obtenido, aunque lo hayan conseguido gracias a las ayudas públicas otorgadas en detrimento de sanidad o educación.

¿Que coste para consumidores y contribuyentes tendrá esa propuesta política de la Plataforma por una Banca Pública: Nacionalización definitiva de cajas y sus bancos participados, conversión de ayudas públicas en acciones públicas, auditoría del rescate, modelo de gestión de la misma (sueldos de los directivos, actuaciones vedadas a la banca pública y participación), transparencia, gestión de la obra social de las cajas?

No solamente no tendrá coste sino que es lo único que garantiza la seguridad de los ahorros que la gente deposita en las entidades de crédito. No lo deben plantear como una medida revolucionaria. En el sistema capitalista en el que vivimos, cuando ponemos dinero en un negocio, algunos entendemos que eso debe conllevar que se ejerzan los correspondientes derechos políticos, es decir, que se haga a cambio de acciones. Es aberrante que en esta crisis se haya producido un olvido como éste. Se salva y apuntala al conjunto del sector bancario con el dinero público y no tenemos derecho a la propiedad del mismo.

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