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Ante las falacias nacionalistas, los catalanes callan


Cataluña no se separará de España porque los políticos nacionalistas no saben cómo ni dónde llevarla, salvo a una progresiva decadencia económica y una cada vez mayor confrontación política y social. Porque desde un bucle de falsedades prefabricadas, como hace cotidianamente el gobierno de la Generalitat y sus seguidores, lo único que se consigue es deteriorar la convivencia y menospreciar la democracia.
Transitar por Eurolandia 30 de octubre de 2013 Enviar a un amigo
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Los nacionalismos siempre han aprovechado las debilidades del Estado para obtener ventajas, y lo continuarán haciendo porque es su forma de actuar. Así ocurrió a finales del siglo XIX cuando, al verse privados de los mercados coloniales, surgieron de los rescoldos del carlismo, los nacionalismos catalán y vasco: exigieron la protección del Estado para la defensa de sus intereses industriales, y bien que la obtuvieron. Actualmente vuelve a suceder lo mismo como consecuencia de la crisis económica y el fracaso del Estado autonómico: el nacionalismo se refuerza y radicaliza y en lugar de reconocer sus errores, le echa la culpa al enemigo permanente (al Estado). Al menos la crisis ha puesto de manifiesto una diferencia esencial entre ambos nacionalismos: mientras que el vasco (y navarro), operando a través de sus diputaciones forales, ha sabido administrar cuidadosamente sus recursos construyendo un sistema productivo sólido, el catalán los ha despilfarrado sin límites en busca de su identidad. Es más, en sus tradicionales alianzas con el gobierno central (ya sea con el PP o con el PSOE), el nacionalismo catalán es corresponsable de la imagen más visible de la actual Marca España: la corrupción generalizada, magníficamente representada por el Palau de Gürtel y ERE.

El nacionalismo catalán nunca ha aceptado de buen grado un Estado autonómico que no le reconozca plenamente una singularidad bien adornada de privilegios (la nacionalidad no es suficiente). Pero tampoco ha sido independentista, salvo en pequeñas dosis. El soberanismo es un fenómeno nuevo, producto de muchos errores políticos y especialmente de la crisis económica. Hasta hace muy pocos años, el independentismo se había limitado a una mera discusión entre políticos nacionalistas y círculos sociales minoritarios; pero mediante una propaganda muy bien orquestada y un buen adoctrinamiento a través del sistema educativo, ha acabado calando en el pueblo; y éste se sentiría muy defraudado si sus políticos no consiguen el paraíso prometido. Ese es el verdadero drama al que el nacionalismo ha conducido al pueblo catalán; y ya veremos como escapan de esta telaraña. Porque si los catalanes realmente desean la independencia, la vía democráticas para conseguirla es a través de nuevas elecciones autonómicas (no plebiscitarias, que seria ilegal, aunque tendrían esa lectura) en las que los partidos puedan fijar con claridad su postura al respecto. Y si el independentismo gana dichas elecciones con una rotundidad que nadie cuestione su legitimidad, el nuevo parlamento puede proclamar la independencia de Cataluña. Naturalmente, la reacción del gobierno central ante este desafío no puede ser otra que la intervención de la Generalitat y la de suspender la autonomía catalana. Pero ello no evitaría que Cataluña se convirtiese en un Estado independiente.

Es obvio que el gobierno español no va a autorizar un referéndum para la  autodeterminación de Cataluña –que no es una colonia ni un pueblo perseguido- porque conculca la Constitución vigente: la soberanía reside en el pueblo español y no es divisible por territorios. Y tampoco va a convocar un referéndum a escala nacional con tal finalidad porque mañana no podría negárselo, por ejemplo, al antiguo Reino Nazarí de Granada, que ese sí que fue conquistado por las armas de castellanos y aragoneses en 1492; o a la Comunidad de Murcia, habida cuenta que el Cantón Murciano, constituido a mediados de 1873, sobrevivió seis meses con poderes autónomos (acuñando incluso moneda propia) en su aspiración de constituir una España republicana y federal.

Lo que los nacionalistas no han percibido con claridad es que la soberanía española actualmente es también limitada: una parte de la misma la compartimos con otros Estados en la Unión Europea y muy particularmente con los de la Eurozona. Y esta es la cuestión clave: es la Unión -y no solo España-, la que impedirá la independencia. Cabe aclarar de paso que la situación de Escocia –que los nacionalistas toman como ejemplo- respecto del Reino Unido, no es comparable a la de Cataluña con España; y esto por tres razones: la primera, porque  Escocia ha sido Estado independiente y Cataluña no; la segunda, porque la Constitución del Reino Unido no impide celebrar un referéndum con tal finalidad, por la sencilla razón de que no existe (lo decide el Parlamento), mientras que la española sí lo contempla; y la tercera, porque el propio Reino Unido cuestiona su futuro en la Unión y celebrará un referéndum al respecto, en tanto que España participa plenamente –y sin líneas rojas- en todos los ámbitos de la misma.

La cuestión de fondo estriba en si los políticos nacionalistas –los desnortados de CiU y de Esquerra, los del confuso PSC y todos los que se autodefinen como tales-, honestamente pretenden la independencia o solo la buscan como una treta para otros fines (incluso personales). A estas alturas del debate es ocioso insistir –está suficientemente demostrado- que el independentismo catalán carece de los más elementales antecedentes históricos para apoyar sus reivindicaciones soberanistas. Todo su arsenal de argumentos se limitan a la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006, que un desprestigiado Tribunal tardó cuatro años en darse cuenta que era parcialmente inconstitucionalidad; y a las manifestaciones de las dos últimas Diadas. Con tan pobres antecedentes, no es de extrañar que el nacionalismo fundamente todo su discurso soberanista sobre dos premisas del presente, ambas falsas, pero que han calado en el pueblo catalán: España nos roba y Cataluña nuevo Estado europeo (de la Unión, porque lo de europeo nadie lo negaría).

El exitoso eslogan España nos roba es un argumento perverso, una invención del nacionalismo sin base real alguna, que se ha fabricado retorciendo las estadísticas. Para ello se ha recurrido a la elaboración, por parte de la Generalitat, de balanzas fiscales con el fin de demostrar que Cataluña aporta más al presupuesto de la administración pública central de lo que recibe de la misma vía gasto público: 16.410 millones de euros en 2009 (16.543, en 2010), lo que supone el 8,5% del PIB de Cataluña. Para llegar a esta a esta cifra, que es la que se ha divulgado hasta la saciedad, se ha seguido la metodología del flujo monetario.

Pasando por alto un principio no menor –que invalida de entrada la legitimidad de cualquier balanza fiscal- de que en un Estado unitario son los ciudadanos -y no los territorios-los que pagan los impuestos y reciben los beneficios públicos, la elaboración de una balanza fiscal mínimamente fiable es prácticamente imposible de realizar (por la dificultad de imputar, con cierta precisión, muchas de sus partidas de ingresos y gastos), cualquiera sea el método que se utilice. Pero resulta que la Generalitat se le ha ido la mano barriendo para casa; o sea, ha hecho trampas con las estadísticas. Otros trabajos muy poco aireados (entre ellos los de Convivencia Cívica de Cataluña, A. de la Fuente, P. Fernández, A. Zabalza, etc.) que han utilizando los mismas fuentes de información que la Generalitat, aunque con una metodología de imputación más depurada –la del flujo del beneficio-, llegan a la conclusión opuesta: que es Cataluña la que tiene un saldo favorable con el Estado (de 4.015 millones de euros en 2009, equivalente al 2,1% del PIB catalán).

Pero la Generalitat, que también es Estado, no se sonroja por nada. Para reforzar aun más sus argumentos del Estado depredador, acaba de publicar un Informe (“La deslleialtat de lEstat respecte de Catalunya. Balanç de situaió”, 15/10/2013) que cuantifica los agravios del Estado a Cataluña en 9.375 millones de euros. Pero su fiabilidad no debe ser muy alta ya que no se la creen ni los mismos socios del gobierno nacionalista: el Sr. Durán y Lleida la ha desmentido rebajándola a 750 millones de euros. El gobierno central ha prometido una respuesta que aun no se ha hecho pública.

Con estos artificios contables lo que pretenden los nacionalistas es conseguir un concierto fiscal de Cataluña con el Estado similar al que disfrutan El País Vasco y Navarra, una reliquia histórica que debe desaparecer cuanto antes por los agravios que origina frente a otras comunidades autónoma. En fin, el nacionalismo catalán, a través del pacto fiscal, está implorando la aplicación del anti-redistributivo principio del (in)justo retorno, que también vulnera la Constitución en varios de sus artículos (2, 14, 30, 138, etc.).

España no roba a Cataluña, por el contrario la mantiene. Cataluña actualmente está económicamente intervenida por el Estado, porque nadie le presta para mantener un presupuesto deficitario al que le sobran unos cuantos miles de millones de euros. Todo ello a pesar de tener la presión fiscal más elevada de todas las comunidades autónomas y de figurar también entre las que más han recortado los gastos sociales. Lo que realmente deben preguntarse –y exigir- los catalanes es hacia dónde ha ido y va tanto dispendio. Y no es difícil encontrar la respuesta.

La segunda premisa nacionalista, que una Cataluña independiente permanecería en la Unión Europea, también es falsa. Sobre este particular ya me he pronunciado en más de una ocasión: si Cataluña se independizara de España tendría que salir de la Unión y pedir su ingreso como cualquier otro país tercero. Es obvio que los políticos nacionalistas también en esto han engañado al pueblo catalán, aunque ya están rectificando. Cataluña no solo saldría de la Unión sino de todas las instituciones internacionales en las que participa España. Y para ingresar en ellas primero tendría que ser reconocido como Estado, cuestión nada fácil de resolver: tendría dificultades para ingresar en las Naciones Unidas y en todas sus agencias (FMI, Banco Mundial y un largo etcétera). Se opondrían algunos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia) con lo cual ni siquiera lo propondrían a su Asamblea General. De manera que Cataluña, al menos durante un tiempo, se convertiría, como ha dicho el Prof. Granell, en una nueva Somalilandia.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha declarado recientemente que, aun saliendo de la Unión, Cataluña permanecerá en el euro. Eso solo lo puede afirmar un ignorante o un iluso; y el Sr. Mas dice ser economista, además de político. Es obvio que la nueva moneda de Cataluña podría ser el euro, el dólar, el bolívar venezolano o cualquier otra que su sector exterior sea capaz de generar en cantidad suficiente; pero la cuestión reside en que la moneda ancla seria una divisa (una moneda extranjera) que Cataluña no podría controlar al no participar en sus órganos de gobierno. Ni tan siquiera tendría la posibilidad de firmar un acuerdo monetario con la UE –se opondrían muchos Estados miembros- como sí lo han hecho los miniestados europeos no comunitarios (Andorra, Mónaco, San Merino y el Vaticano) que usan el euro como moneda, pero que tampoco deciden nada. Lo que realmente estaba anunciando Mas con la continuidad del euro tras la independencia –sin duda, sin pretenderlo- es que a Cataluña le espera un corralito (¿y también un paraíso fiscal al estilo del de esos miniestados o de Gibraltar?). No deja de ser curioso e incongruente, que un nacionalista renuncie de antemano -y a cambio de nada- a uno de los signos de identidad más destacados de un Estado: su moneda.

 Todo esto deben conocerlo los catalanes con absoluta claridad para que puedan decidir conscientes y responsablemente sobre su futuro. Explicarles además qué será de sus pensiones, hoy ya con un grave déficit en Cataluña; con su deuda pública -ésta sí, denominada en euros-, que seria  impagable con una moneda depreciada; con el hoy pujante aeropuerto del Prat al verse excluido del espacio de Schengen, etc. Y suma y sigue.

           Ante asunto tan trascendental es sorprende la cortina de silencio de la vanguardia catalana, otrora tan activa y hoy tan adormecida. ¿Tanta influencia ha ejercido en su conciencia el pujolismo y sus seguidores, que se ha vuelto independentistas de la noche a la mañana? ¿No tienen nada que decir los intelectuales? ¿Y los sindicatos, también están comprados? ¿Y los empresarios, los verdaderos propulsores del pacto fiscal? ¿Y los aproximadamente 200 funcionarios de origen catalán que trabajan en las instituciones de la UE? Todos callan, salvo unos pocos prestigiosos intelectuales con amplia experiencia internacional que han alzado su voz (F. de Carreras, F. Granell, J. Muns, etc). El pueblo catalán se pronunciará en las urnas y después vendrá la negociación con el Estado.

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