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INCLUSIÓN FINANCIERA
Se limita a recopilar medidas vigentes

El plan de inclusión del Gobierno español excluye las finanzas y la educación sobre ellas


El plan de inclusión 2014-2017 aprobado este viernes por el Consejo de Ministros ha recogido como crítica más generalizada la de que es una compilación de viejas medidas ya vigentes y dirigidas a los colectivos más vulnerables, a las que se suman las políticas públicas de rentas, como pensiones y desempleo. De las medidas innovadoras que ya han lanzado otros muchos países este plan excluye acciones de inclusión financiera, pese a presentarse como fruto de un amplio consenso social.
Redacción 16 de diciembre de 2013 Enviar a un amigo
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Las críticas al plan surgieron en las primeras horas de aprobarse por el Gobierno y van desde la  Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales hasta el diario EL PAÍS o el digital HISPANIDAD, coincidentes en que el Gobierno se ha limitado a recopilar medidas ya en marcha, hasta el punto de que dicen que presenta un plan que ya existe. Pero tampoco ha recogido realmente muchas de las medidas existentes, pues Ibercampus ha constatado que no hace referencia alguna a las medidas de inclusión financiera que tanto preocupan tras cinco años de la actual crisis a organismos internacionales como el G-20, la OCDE, el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial de Davos, incluso a grupos trasnacionales como por ejemplo la Fundación de Bill y Melinda Gates.

Gran parte de esos planes de inclusión financiera surgidos tras la actual crisis centran sus esfuerzos en la educación e integración financiera de la población, a la que ni siquiera hace referencia el plan presentado ayer, pese a que España es uno de los más de 50 países que a partir del 2008 tomó algunas medidas en este frente. Este plan educativo español lo encabezan el Banco de España y la Comisión del Mercado de Valores, aunque es objeto de numerosas críticas de expertos y organizaciones sociales.  

EL PAÍS titula que el Gobierno presenta un plan que ya existe, pues la iniciativa recopila medidas contra la pobreza ya en marcha, sin que apenas haya novedades sobre atención infantil y a los sin techo. El digital HISPANIDAD va más allá y dice que se limita a sumar el efecto futuro de partidas ya vigentes que totalizar 135.000 millones de euros hasta el 2017, por parte de de multitud de departamentos –sanidad, educación, vivienda, etc,- para presentarlo como la gran aportación para acabar con la pobreza. 

Sin embargo, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ve "inviable" el nuevo Plan de Inclusión Social 2014-2017, y su gerente dice que falta una "auténtica política estratégica de Estado", tras el "desmantelamiento" de la red básica de servicios de ámbito local. Su presidente, José Manuel Ramírez, ha declarado que el plan del Gobierno es una "compilación de viejas medidas" dirigidas a los colectivos más vulnerables y la intención del Gobierno es ofrecer "ventajas sociales" a colectivos marginales y específicos, cuando, "es una obviedad" que una franja "importantísima" de la clase media española ha entrado en situación técnica de pobreza, pues según Eurostat España ha experimentado desde 2008 un incremento de la tasa de pobreza y exclusión de 3,7 puntos porcentuales, alcanzando los 13,1 millones de personas en 2012, mientras que en ese mismo intervalo de tiempo, esta tasa subió en el conjunto de la Unión Europea 1,1 puntos. A su juicio, esta política tiene que estar orientada a "salvaguardar" los derechos básicos sociales, "repensando" la redistribución de la riqueza mediante una política fiscal "justa" y con una transferencia de servicios "eficaces y eficientes" a la población que mitiguen la fractura social.


Ramírez alerta de que el plan hace referencia a la importancia de la actuación de las entidades locales prestadoras de servicios sociales, a través del mantenimiento del Plan Concertado de Prestaciones Básicas, "sistemáticamente abandonado por la Administración Central" y "sobrecargando" así los presupuestos autonómicos y locales. "Resulta paradójico plantear ese discurso en el mismo momento en que se consagra el desmantelamiento de la red básica de servicios sociales de ámbito local gracias al Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que considera competencias impropias de estas administraciones", añade. Precisamente la Asociación  Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales otorgó el pasado mes de octubre el premio Corazón de Piedra a la ministra Ana  Mato  Adrover, porque en menos de dos años se ha cargado las políticas sociales básicas con recortes acusados y de una crueldad inaudita.

Versión del Gobierno

La versión del Gobierno es que, por primera vez, se incorpora un objetivo transversal de lucha contra la pobreza infantil, y habrá un Fondo Extraordinario de diecisiete millones de euros íntegramente dedicado a la atención a las necesidades básicas de los menores. Tambien resalta que el Plan cuenta con 240 medidas y se articula en tres objetivos estratégicos (Empleo, Sistema de Prestaciones y Servicios Básicos), además de un apartado específico de atención a todos los grupos que pueden encontrarse en riesgo de exclusión; que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pondrá en marcha la primera Estrategia Nacional para Personas sin Hogar, para coordinar eficazmente la atención y la intervención de las 23.000 personas que se encuentran en esta situación, y qu el Plan de Urgencia Social, en colaboración con el Tercer Sector, cubrirá las necesidades básicas de personas en situación de extrema necesidad.

En la nota de prensa dada tras el Consejo de Ministros de este viernes, el Gobierno dice que "pretende dar respuesta a las necesidades sociales, mejorando la eficacia de nuestro sistema de protección y dirigiéndolo a las personas más vulnerables". para reiterar que el Plan se ha elaborado en colaboración con Ministerios, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y, de manera especial, con el Tercer Sector de Acción Social, como un instrumento integrador de todas las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España que, a la vez, da respuesta al compromiso de la Estrategia Europa 2020 de reducir entre 1,4 y 1,5 millones el número de personas en riesgo de sufrir esta situación.

La nota del Gobierno afirma que se trata del primer Plan de Inclusión de cuantos se han puesto en marcha en España que responde únicamente al compromiso político del Gobierno y no a un mandato de la Unión Europea, para luego indicar que es el primero que se presenta desde el Plan 2008-2010 y cuenta con una estimación presupuestaria de unos 136.600 millones de euros para cuatro años. Ello supone más de 93 millones de euros al día para ayudar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Tres ejes estratégicos

El Plan, según el mismo resumen del Gobierno, parte de una radiografía completa y actualizada de las situaciones de pobreza y exclusión en España. Es evidente que la crisis ha repercutido en la capacidad económica de muchas familias, por lo que el Gobierno ha considerado necesario contar con este instrumento. Se ha articulado en 240 medidas, divididas en tres ejes estratégicos y un apartado específico dirigido a los grupos de población más vulnerables.  Los tres ejes son el empleo, la garantía de rentas mínimas y unos servicios básicos de calidad, especialmente para las personas con dificultades económicas:

  • Impulso de la inclusión a través del empleo.

Este primer eje figura orientado, entre otras cosas, a la colaboración entre los servicios públicos de empleo y los servicios sociales.

Para los jóvenes ya se han marcha la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y, en este marco, se pondrá en marcha un Portal Único de Empleo. Para los mayores de 45 años se reforzarán los programas de reciclaje profesional.

Además, se consolidará la iniciativa Empresas Por una Sociedad Libre de Violencia de Género, a la que ya se han adherido 34 empresas y con la que han conseguido un empleo 477 mujeres.

  • Garantía de un sistema de prestaciones económicas para las personas más vulnerables.

En este contexto, se dará continuidad y se adaptará el programa PREPARA, que se mantendrá automáticamente en períodos de seis meses hasta que el desempleo baje del 20 por 100. Además, está prevista la reorganización de las prestaciones no contributivas para mejorar evitar lagunas de cobertura, con una mayor coordinación de la información para incrementar su eficacia.

  • Compromiso con los servicios básicos, enfocados a la población más desfavorecida.

En el ámbito de la educación, entre otras medidas, se impulsará la creación de planes de atención a la diversidad en centros educativos; también la progresiva incorporación de la FP Dual, una medida también enmarcada en el eje del Empleo. El Plan propone incluir en los baremos de admisión en las escuelas de primer ciclo de Educación Infantil la valoración del riesgo de exclusión social.

En el de la Sanidad, se seguirán garantizando los medicamentos de manera gratuita a los parados de larga duración y otros colectivos con bajos ingresos, como los perceptores de rentas mínimas de inserción. Además, el Ministerio trabaja en un Espacio Sociosanitario Común, que mejorará la coordinación de los servicios sanitarios y sociales.

En Vivienda, el Plan contempla el apoyo a las familias con dificultades en el pago de la hipoteca. La Ley de protección a los deudores hipotecarios ya prevé la suspensión inmediata y por dos años de los desahucios a las familias en situación de especial riesgo de exclusión. Además, se consolidará el Fondo Social de Viviendas propiedad de las entidades de crédito destinadas a ofrecer cobertura a quienes hayan sido desalojados de su vivienda habitual por el impago de la hipoteca.

En Nuevas Tecnologías se pondrá en marcha el Plan de Inclusión Digital y Empleabilidad, para dar acceso a Internet y a las TIC a las personas con pocos recursos.

Pobreza infantil

Este Plan de Inclusión el primero que incorpora un objetivo transversal de lucha contra la pobreza infantil.

En este sentido, también por primera vez, el Gobierno cuenta con un Fondo Extraordinario de diecisiete millones de euros, íntegramente dedicado a luchar contra la pobreza infantil.

Para evitar que los niños se vean perjudicados por las dificultades económicas de las familias, está previsto reforzar la atención a los hogares con hijos en situación de privación material severa, a través de los servicios sociales. No se hará sólo con este Fondo, sino que ya se ha puesto en marcha, junto con las entidades sociales, un Plan de Urgencia Social, dotado para este año con veinte millones de euros, que está orientado a atender las situaciones de extrema necesidad de las familias, en especial las que tienen hijos menores.

Además, también junto con las entidades del Tercer Sector, se han aprobado numerosos proyectos financiados con cargo al IRPF orientados a la protección de los derechos de la infancia, prevención del maltrato infantil y para menores en dificultades, así como actuaciones para reforzar la ayuda a sus familias. En esta convocatoria han sido prioritarios, contarán con 25,6 millones de euros y está previsto que se mantengan.

Asimismo, se va a gestionar el Fondo Europeo de Ayuda a los Más Desfavorecidos, que facilita alimentos a las familias que los necesitan y que cuenta ya con cuarenta millones de euros sólo para el primer semestre de 2014

Por otra parte, se garantizará que la pobreza no sea la única justificación para una declaración de desamparo de los menores, con lo que se dará prioridad a la permanencia en la familia de origen.

También se reforzará el Fondo de Garantía de Pago de Alimentos a niños de familias vulnerables, cuando estén reconocidos en resolución judicial y se produzcan impagos.

Grupos vulnerables

A diferencia de los Planes anteriores, que se centraban en pocos colectivos, como los inmigrantes, el Plan de Inclusión aprobado hoy incorpora un apartado específico dirigido a la atención de los grupos más vulnerables: personas con discapacidad, mayores, en situación de dependencia, víctimas de la violencia de género, población gitana, víctimas de discriminación, reclusos o ex reclusos y personas sin hogar.

Para la atención de estas últimas, en el marco de este proyecto, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad diseñará y podrá en marcha la primera Estrategia Integral Nacional para Personas sin Hogar.

Se trata de un colectivo de alrededor de veintitrés mil personas en España, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística. La Estrategia será una herramienta para articular las políticas de prevención de estas situaciones y de atención a quien las sufre y, con ella, asegurar sus derechos y su dignidad, así como una adecuada atención en todas las Comunidades Autónomas.

La Estrategia, inédita en nuestro país, ya es una realidad en países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal, Suecia, Noruega, etcétera. Entre las medidas que incluirá destacan:

  1. Programas para establecer equipos multidisciplinares ambulantes de atención sociosanitaria en la calle, en colaboración con el Tercer Sector.
  2. Dispositivos de acogida en período de convalecencia para personas sin hogar con alta hospitalaria.
  3. Alojamiento temporal a personas sin hogar con el fin de prevenir o paliar su deterioro físico y sus problemas de salud, especialmente en casos de enfermedad mental o adicción al alcohol o drogas.

Colaboración con el tercer sector

La colaboración con el Tercer Sector de Acción Social es uno de los pilares en los que se asienta este Plan de Inclusión. No sólo ha colaborado en su elaboración, sino que muchos de los proyectos contemplados se llevarán a cabo de manera conjunta. Por tanto, desde el Gobierno se ha querido apoyar a estas organizaciones adquiriendo una serie de compromisos. En particular, elaborar una Ley del Tercer Sector y una nueva Ley Nacional del Voluntariado, que reconozca la importante labor de las personas que realizan este trabajo altruista.


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