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POLÍTICAS
Los jueces critican la reforma

El Gobierno quiere limitar la Justicia Universal


El Gobierno quiere atar en corto a la Justicia Universal para evitar problemas diplomáticos con países como China. Algunos miembros de la Audiencia Nacional han respondido irritados ante la propuesta y han argumentado que "es una barbaridad" y que "el gobierno fulmina la jurisdicción universal por una cuestión de pura conveniencia", explica a El País uno de los magistrado. En concreto, el PP persigue reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar los delitos cometidos fuera del país.
Marga Peñafiel 28 de enero de 2014 Enviar a un amigo
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La propuesta parlamentaria del PP supondría acabar con las investigaciones que la Audiencia Nacional ha estado haciendo sobre temas como genocidio, torturas, trata de blancas o piratería que se han cometido en el extranjero. Entre estos delitos también se encuentra la instrucción a la cúpula del Partido Comunista China por el genocidio del Tibet o el de Guatemala

No se archivarán cuando el supuesto autor delito o la víctima tenga nacionalidad española o sea residente. En los casos de genocidio, lesa humanidad y desaparición forzosa, también se podrá actuar contra ciudadanos extranjeros que se encuentren circunstancialmente en España. Sin embargo, la reforma expres que quienen llevar a cabo especifica que es necesaria una querella de la fiscalía o de un agraviado si se quiere realizar una investigación internacional.

Cuando los jueces o del países donde supuestamente se ha realizado el delito no quieran o no puedan actuar, los magistrados españoles tienen el derecho de ejercer la justicia universal, aunque la Sala Segunda del Tribuenal Supremo la que deberá determinar si se da esta dejación de funciones.

Una magistrada consultada por El País sostiene que la reforma se trata de una “medida oportunista” para contentar a las autoridades chinas y preservar las relaciones comerciales entre los dos países. “Pero el juez lo que tiene que hacer es atenerse escrupulosamente a la ley”, recuerda. Otro magistrado, en este caso instructor, medita la posibilidad de, a medida que se vea obligado a cerrar causas, plantear cuestiones de inconstitucionalidad al entender que archivar los casos supondría incumplir los tratados internacionales que vinculan a España y que, según la Constitución, forman parte del ordenamiento interno.

¿Qué casos quedarán sin investigar?

Muerte del periodista Couso. Los responsables directos de la muerte de Couso fueron los militares estadounidenses que, el 8 de abril de 2003, dispararon un carro de combate contra el hotel Palestina de Bagdad, donde se alojaban los profeisonales de la comunicación. El Pentágono no ha tenido encuenta las observaciones del juez Santiago Pedraz para que, tanto dichos militares como sus superiores, sean detenidos e interrogados.

Torturas de Guantánamo. Al mismo fin está abocada la investigación por torturas en el campo de prisioneros de Guantánamo. La proposición del PP no solo exige que “la víctima tuviera la nacionalidad española en el momento de la comisión de los hechos” —requisito que cumpliría uno de los denunciantes, el ceutí Hamed Abderramán— sino también que “la persona a la que se impute la comisión del delito” esté en España, lo que no sucede con los mandos militares que dirigían la prisión ilegal creada por EE UU en Cuba.

Avión de la CIA. En el caso de los vuelos de la CIA no hay ninguna víctima española, pero sí el presunto tránsito por territorio español (el aeropuerto de Palma de Mallorca) del avión en el que fue transportado un ciudadano europeo (el alemán Jaled El Masri) objeto de una detención ilegal.

Los paladines de la Justicia Universal

El Grupo Socialista votará encontra de la propuesta de recortar la justicia universal a los magistrados españoles. Así lo ha indicado Oscar López, quien apunta que es la primera vez en dos años que Rajoy deja al grupo parlamentario la iniciativa legislativa y lo hace, dijo, "para que el asunto no tenga que pasar los trámites (de un proyecto de ley)" ante el Consejo de Estado o el CGPJ.

Amnistía Internacional es otro de los detractores de que se limite la Jusiticia Universal. En su página web, explica que "dado que el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas son crímenes contra el derecho internacional, todos los Estados tienen la obligación de investigarlos y juzgarlos en sus tribunales nacionales".

Igualmente, expresan que "habida cuenta de que la impunidad existe principalmente cuando las autoridades del país en el que se han cometido los delitos no actúan, es importante que los sistemas de justicia civil y penal de todos los demás países puedan intervenir para juzgar dichos delitos en nombre de la comunidad internacional y conceder reparaciones a las víctimas".

Así, "Amnistía Internacional aboga por que todos los gobiernos faculten a sus tribunales nacionales para que asuman esta importante función promulgando y aplicando legislación que prevea el principio de jurisdicción universal. Esta legislación deberá permitir a las autoridades nacionales investigar y procesar a toda persona sospechosa, con independencia del lugar en el que se haya perpetrado el delito o de la nacionalidad de la persona acusada o de la víctima, así como conceder reparaciones a ésta y a sus familiares".







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