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POLÍTICAS
Mayor control y dependencia de la Seguridad Social

Las mutuas, obligadas a reducir más el absentismo laboral


El Consejo de Ministros aprobó hoy el Real Decreto de gestión de la incapacidad temporal (bajas médicas de todos los trabajadores) y el proyecto de ley definitivo de mutuas. Estas entidades, que ingresan al año casi 10.000 millones de euros, pasarán a estar más controladas por la Seguridad Social, y para ahorrar más de 511 millones anuales a esta tendrán mayor capacidad de intervenir en las bajas médicas por enfermedad común, con el objetivo de reducir el absentismo laboral injustificado.
Redacción 18 de julio de 2014 Enviar a un amigo
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La medida se aprueba tras reiterados anuncios y la publicación de las supuestas irregularidades en la gestión de fondos públicos realizada por FREMAP, cuando la patronal CEOE ha reiterado su solicitud de destinar parte de los excedentes de las mutuas de accidentes de trabajo a rebajar las cotizaciones sociales, y en el marco de nuevas previsiones para internas y externas para acelerar la sustitución de cotizaciones por subidas del IVA o reducciones de gasto (la llamada devaluación social).

FREMAP es la Mutua con mayor implantación hasta ahora en España,  pues en 2013 suponía el 25,39% del sector, con 392.846 empresas asociadas, 3.786.360 trabajadores protegidos y 2.376 millones de € de cuotas gestionadas. Pero en breve puede ser superada por Corporación Mutua, resultante de la integración de Cesma, Ibermutuamur, Mac, MC Mutual, Mutua Gallega, Mutualia, Solimat y Unión de Mutuas. Con ella y FREMAP, completan el mapa de principales mutuas españolas  Suma Intermutual (Mutua Montañesa, Maz, Umivale, Mutua Navarra y Egarsat), Asepeyo, Mutua Universal, Activa Mutua, Fraternidad, Mutua Balear y Mutua Intercomarcal.

Presentación del nuevo plan de control

Al presentar hoy el plan integral para reformar las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y de gestión de la incapacidad temporal, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que esta norma "da seguridad jurídica al marco regulador de las mutuas, que llevaba desde 1966 sin actualizar". La medida pretende reforzar el control sobre los fondos que gestionan las mutuas y extremar los controles sobre ellas, ya que son entidades privadas que gestionan recursos y prestaciones públicas.

Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha explicado que la futura ley pretende mejorar la gobernanza de las mutuas para que sean transparentes a la hora de gestionar los recursos públicos. En este sentido, las retribuciones del personal directivo serán claras, y se prohíbe expresamente a los altos cargos celebrar contratos de la mutua con sus empresas o con aquellas en las que ellos o sus familiares tengan participaciones superiores al 10%.

La ministra ha señalado que los excedentes se reintegrarán al Sistema de Seguridad Social para el pago de las prestaciones. También se destinarán a nuevas actividades de I+D+i en las mejoras de tratamientos terapéuticos y de rehabilitaciones de patologías originadas en los accidentes de trabajo o para la recolocación de personas con algún tipo de discapacidad.

La futura ley también mejora la eficacia y transparencia en la gestión de la Incapacidad Temporal. Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social podrán actuar desde el primer día de la baja laboral y cuando consideren que el beneficiario puede trabajar podrán formular propuestas motivadas de alta médica. La inspección médica de los Servicios Públicos de Salud comunicará a la mutua y al Instituto Nacional de la Seguridad social, en un plazo máximo de cinco días hábiles, frente a los 15 actuales, si estima o deniega la propuesta. Fátima Báñez ha aclarado que "el alta médica siempre la dará un médico" y se comunicará tanto a la empresa como al trabajador.

La ministra también ha destacado que el Proyecto de Ley mantiene la prestación por cese de actividad de los autónomos como voluntaria y se elimina la obligatoriedad de las contingencias profesionales. Para que los autónomos puedan pedir el cese de actividad cuando aleguen motivos económicos, las pérdidas tendrán que ser del 10%; no del 30% como en la actualidad.  La norma contempla la modificación de la periodicidad de los partes de confirmación de baja en función de la duración de la misma estimada por el médico. Hasta cinco días de baja, se podrá expedir el parte de baja y de alta en la misma visita médica; entre 5 y 30, cada 14 días; entre 31 y 60, cada 28 días y en procesos de larga duración, más de 61 días, la confirmación se expedirá cada 35 días.

La ministra ha resaltado que esta medida favorecerá que los trabajadores o sus familiares no tendrán que desplazarse al centro de salud cada 7 días para recoger los partes y favorecerá que la empresa reduzca sus cargas administrativas. Pero las mutuas podrán realizar el seguimiento de la prestación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común desde el primer día de la baja y formular, como ocurre actualmente, una propuesta de alta médica "motivada".

En el anteproyecto de ley de mutuas que aprobó el Gobierno en diciembre pasado y que ahora volvió al Consejo de Ministros como proyecto de ley -con algunos cambios respecto a lo inicialmente planteado- se establece el cambio de la denominación actual de estas entidades ( mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), que pasarán a llamarse mutuas de la Seguridad Social. La razón de esta modificación, según alega el Gobierno, es que su ámbito de gestión va más allá de las prestaciones derivadas de las contingencias profesionales.

La norma contempla además que las retribuciones de los altos cargos de estas entidades se adaptarán a las correspondientes del sector público y facilita la colaboración entre comunidades autónomas y mutuas para que las primeras puedan utilizar los recursos "ociosos" de las segundas en beneficio de los usuarios del Sistema Nacional de Salud. Según Empleo, actualmente no se utilizan el 40% de los recursos de las mutuas .

Las mutuas son asociaciones de empresarios, sin ánimo de lucro, cuyo objeto exclusivo es la colaboración en la gestión de la Seguridad Social. Concretamente, se ocupan de la gestión de las contingencias profesionales de casi 13 millones de trabajadores, las contingencias comunes de más de 11 millones y el cese de actividad de casi 600.000 autónomos. En 2012 ingresaron más de 5.300 millones de euros en concepto de cuotas por contingencias profesionales, más de 3.000 millones por contingencias comunes, y más de 131 millones por cese de actividad.

Ahorro de tiempo y trámites en las bajas médicas

Asimismo, el Real Decreto sobre Incapacidad Temporal (IT), cuyo objetivo es avanzar en la mejora de la gestión y seguimiento de los procesos de IT y simplificar al máximo los trámites, sustituye el actual sistema de expedición de los partes médicos de confirmación -de periodicidad semanal- por otro basado en la distinción de cuatro grupos de procesos, en atención a su duración prevista, con distinta periodicidad en la expedición de los indicados partes.

A tal fin, se tomará como referencia una tabla orientativa de duración estimada de la IT del trabajador en función de su patología, edad, la repercusión de la dolencia que causó la incapacidad sobre su puesto de trabajo, etc. Esta información no es vinculante, sino de naturaleza informativa. En la práctica esto se traduce el médico irá dando cita en función de las tablas orientativas establecidas.

Según Empleo, esta medida ahorrará tiempo a los trabajadores y familiares, ya que sólo acudirán a su médico de atención primaria a recoger el parte de confirmación por IT cuando sea necesario, y simplifica la burocracia de los Servicios Públicos de Salud, haciendo que el seguimiento de la IT sea un proceso menos gravoso.

En esta línea de ahorro de trámites, se plantea suprimir el informe médico de maternidad cuando la madre inicia la baja y que ahora se exige para que pueda comenzar a disfrutar de su tiempo de descanso y de la prestación. La acreditación del nacimiento del hijo -partos naturales- se conocerá mediante la conexión informática de bases de datos con el Registro Civil, con lo que el requisito del informe desaparece.

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