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POLÍTICAS
El Gobierno amplía presupuesto para "errores"

Subestiman méritos de estudios al adjudicar estancos antes de la liberalización


La sala 3ª del Tribunal Supremo tiene previsto votar y fallar este martes 9 de diciembre uno de los contencioso-administrativo más polémicos y largos de los muchos generados el anterior sistemas de adjudicación de estancos por concurso, antes de que el 2013 pasaran a ser subastados. Entre las irregularidades analizadas figura la de dar casi la misma valoración por estudios a una persona con bachiller y a otra con dos títulos universitarios, además cerrar el local de este para abrir con barreras.
Redacción 9 de diciembre de 2014 Enviar a un amigo
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Este pleito fue iniciado hace doce años y recuerda las amplias secuelas dejadas en el sector por el modelo de adjudicación previo a los dos últimos: la entrega directa a las familias de víctimas de la guerra civil. Pero de los tres la adjudicación por concurso vigente hasta el 2013 es el que generó más pleitos. El último Consejo de Ministros tuvo que dedicar 300.000 euros a atender la responsabilidad de la Administración en uno de esos contenciosos, si bien el debatido este martes tiene mayor importancia, según informa Confilegal. 

El pleito, en el que actúa de ponente la magistrada María Isabel Perelló Domenech, fue iniciado el año 2002 por la familia Bermejo Meseguer, tradicional en el sector. Su padre era estanquero y hermano de Justo Bermejo, capellán de Paracuellos del Jarama (capítulo de la guerra civil que provocó numerosas adjudicaciones de estancos) y desde 1995 Vicario Episcopal para el clero de Madrid, en cuyo cargo realizó el año 2008 unas declaraciones emitidas por El Intermedio (La Sexta) que provocaron la indignación de  colectivos de Lesbianas y Gays por considerarlas homófonas. Don Justo tiene al menos dos sobrinos estanqueros: Inmaculada en Chueca e Ignacio en Tres Cantos. Un tercer hermano de ambos (Francisco José) optó el año 2000 a otra expendeduría. Al no conseguirla, promovió diversos recursos que fueron secundados por su socio Gumersindo Fernández.  

El recurso de ambos logró eco en el Ministerio de Economía y Hacienda siendo titular Rodrigo Rato, a pesar de que el Comisionado del Mercado de Tabacos emitió informe contrario al mismo y autorizó la apertura del estanco ganador. Ante ello, Bermejo Meseguer y Gumersindo Fernández tuvieron que recurrieron también al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este les dio sólo parcialmente la razón. Pero el Tribunal Supremo revocó la concesión y la Administración ordenó el cierre de la expendeduría hasta entonces regentada por la familia Matías Campano.  

Entonces fue esta familia la que recurrió a la Justicia para defender que la expendeduría cerrada tras siete años de funcionamiento tenía muchos más méritos que la finalmente ganadora del pleito,  abierta el año 2010 en otro local cuyo valor comercial era la mitad del anterior, tenía notorias barreras arquitectónicas (ver las denuncias de irregularidades en la prensa local) y ni siquiera estaba en la calle principal como decía y aparentaba, entre otras irregularidades. Fue entonces cuanto alegó entre otras irregularidades que la Administración había recibido dado casi la misma valoración por estudios a una persona con bachiller y a otra con dos títulos universitarios, además cerrar el local de este último aspirante (sin barreras a discapacitados) para abrir otro con una pendiente del 60% y con la mitad de valor comercial, según puede observarse en la foto.

 A la izquierda, acceso al estanco antes abierto y ahora cerrado (Avenida Viñuelas 20). A derecha, local del nuevo estanco en Tres Cantos (calle del Vado 1), "con barreras similares" según los tribunales 

Previamente, la familia afectada por el cierre pidió por escrito al Ayuntamiento de Tres Cantos que negara la  licencia de apertura del nuevo estanco. Pero el consistorio, entonces presidido por José Folgado, número dos de Rodrigo Rato en Hacienda cuando Economía aceptó el primer recurso de los sobrinos del obispo Bermejo, convocó con carácter de urgencia una Comisión de Obras para incluir en el Plan E la realización de una rampa de casi 20 metros de longitud para el acceso directo hasta lo que sería la nueva expendeduría de Tabacos (ver información entonces publicada por EL MUNDO). Así esta pudo abrir sin problemas de acceso para discapacitados, con un coste para el erario publico de casi 50.000 euros. 

En el largo pleito tanto la Administración como los estanqueros finalmente ganadores del concurso y los tribunales han mantenido que los dos locales en litigio tenían similares barreras arquitectónicas, cuando en la foto adjunta puede observarse que el local afectado por el cierre del 2009 tenía acceso libre y directo desde la calzada y los aparcamientos de vehículos situados al borde de la misma. En cambio, la rampa de acceso al nuevo estanco gracias a las obras ordenadas por el Ayuntamiento de Tres Cantos sustituyeron una pendiente del 60% por otra con menos del 10%, el máximo tolerado por las normas urbanísticas, también vigentes en el año 2002 de la primera adjudicación del estanco y en el 2009 de su revocación y apertura del nuevo. 

No obstante estas obras del Ayuntamiento, que conectan la puerta principal del nuevo estanco con una parada de autobús, la nueva expendeduría tiene menos de la mitad de los clientes y de las ventas que tenía la anterior  cerrada por decisión de la Administración y de los tribunales. El Estanco anterior llego a tener unas ventas anuales de tres millones de euros, pero el Comisionado del Mercado de Tabacos no ha publicado las del nuevo. 

Por un pleito similar donde la Administración y los tribunales cerraron un local en Zaragoza para abrir otro por cambio de la concesión, el Consejo de Ministros del pasado viernes (último de noviembre) tuvo que autorizar destinar más de 300.000 euros a indemnizar al afectado a quien finalmente dio la razón el Tribunal Supremo, según la cual el daño se origina por el actuar de la Administración, y no por actuaciones jurisdiccionales que son consecuencia de aquel actuar.

 Para evitar este tipo de conflictos en las decisiones de la Administración, cambiantes según ambos casos, una reforma aprobada por el Gobierno en el año 2012 establece que los estancos se adjudicarán mediante subasta en vez de hacerlo por concurso. Esta reforma tiene efectos desde enero del 2013 y vigencia indefinida, tras introducir diferentes modificaciones en la Ley 13/1998, de  4 de mayo, de ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria. Para ello, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, Disposición Final Quinta, modificó la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria, cuyo articulo primero indica que “el acceso a la titularidad de una expendeduría se realizará previa convocatoria de un procedimiento de  subasta, en la  que se adjudicará al mejor precio ofertado”. 


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