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EMPLEO Y FORMACIÓN
Se tramitará como Ley para incorporar aportaciones sociales

´Luz verde´ del Congreso a la Reforma de la Formación Profesional


El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el Real Decreto-Ley para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, norma que se tramitará como proyecto de Ley para incorporar las aportaciones de todos los grupos parlamentarios. La ministra dijo que ha habido un amplio diálogo con CC.OO., UGT, CEOE, Cepyme, pero estas niegan amplios consensos, aunque todavía pueden añadir aportaciones en trámite parlamentario de la norma.
Redacción 24 de abril de 2015 Enviar a un amigo
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Según la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el nuevo modelo contribuirá a la creación de empleo estable y de calidad, a la competitividad empresarial y a la promoción profesional de los trabajadores. El nuevo modelo sitúa en el centro del sistema de formación a los trabajadores y las empresas y se introduce la cuenta-formación para acreditar la formación de los trabajadores durante toda su vida laboral.

La ministra destacó que la norma tiene como objetivos estratégicos favorecer la creación de empleo estable y de calidad, contribuir a la competitividad empresarial, garantizar el derecho a la formación laboral y ofrecer garantías de empleabilidad y promoción profesional de los trabajadores.

"España debe competir en talento y no en bajos salarios, y para conseguirlo una formación de calidad es indispensable", ha señalado Báñez, quien ha explicado que la norma profundiza en la nueva cultura del empleo en la que nuestro país está inmersa, garantizando el derecho a la formación permanente introducido en la reforma laboral de 2012.

La ministra ha recalcado que el impacto de la formación sobre las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo es un elemento que convierte  esta norma en una reforma estructural de presente y de futuro en nuestro país.

En este sentido, ha recordado que, según la Comisión Europea, entre los años 2013 y 2025 se crearán más de diecinueve millones de empleos de alta cualificación, mientras las oportunidades caerán en los de cualificación media y baja.

Además, ha recalcado que la formación condiciona las oportunidades de los trabajadores para optar a empleos con salarios más elevados.

Según el Gobierno, la reforma ha sido fruto de un amplio proceso de diálogo y participación con los agentes sociales que comienza en el Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, de 29 de julio de 2014, firmado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los interlocutores sociales (CC.OO., UGT, CEOE, Cepyme). 

Añade el Ministerio que en este acuerdo se puso de manifiesto el papel prioritario de la formación en el contexto de recuperación pero, también, la necesidad de culminar la transformación del sistema.

La ministra ha recordado que el modelo de formación profesional vigente hasta hoy, y consolidado en España a lo largo de los últimos 20 años, ha permitido la formación de muchos trabajadores.

El número de trabajadores formados y el de empresas han experimentado un aumento exponencial durante la vigencia del actual sistema, pasando de los 200.000 en 1992 a los 4 millones que se están formando en la actualidad.

No obstante, el sistema adolecía de importantes debilidades. Por eso, Báñez ha recordado que desde febrero de 2012 se ha avanzado en la transformación progresiva del sistema.

Así, el Informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a la gestión de 2010 ha reclamado la necesaria evolución y mejora del modelo al establecer claras recomendaciones, muchas de las cuales se recogieron ya en la convocatoria de formación de 2014.

El nuevo enfoque del modelo sitúa en el centro de la reforma del sistema a los trabajadores, ya sean ocupados o desempleados temporalmente, y a las empresas para conseguir el nivel óptimo de eficacia, competitividad y también de transparencia.

Este nuevo modelo será de aplicación a todas las Administraciones Públicas en todo el territorio nacional, y los interlocutores sociales seguirán teniendo un papel trascendente, relevante, sobre todo en lo que es la planificación y la programación de la formación.

Cuenta-formación para trabajadores

El nuevo modelo introduce un escenario de planificación plurianual, inexistente hasta el momento, para que la formación pueda ser una variable continua a lo largo de toda la vida laboral del trabajador.

Así, se implantará la cuenta-formación, estableciendo una cuenta asociada a cada trabajador, como está asociado el número de la Seguridad Social, que le acompañe durante toda su vida laboral y donde se certificará toda y cada una de las actividades de formación que haya realizado a lo largo de su vida profesional.

Se apostará por la tele-formación como un instrumento que puede dotar al sistema de mayor eficacia y flexibilidad, y se fomentará en las empresas de tamaño pequeño o mediano, donde la cultura de la formación continua tiene menor presencia.

En la gestión de formación de oferta, los recursos se someterán a concurrencia competitiva en un cien por cien. De esta manera, los centros accederán a esas convocatorias de formación, bien por la Administración General del Estado, bien por las Comunidades Autónomas, en igualdad de condiciones.

En el ámbito de la formación para desempleados, se introduce el cheque-formación, gracias al cual una persona desempleada podrá elegir libremente el lugar donde se quiere formar. Será la Administración la que pague luego esa formación al centro de forma directa.

Otro cambio destacable en materia de formación subvencionada, es que a partir de ahora sólo se podrá anticipar, antes de iniciar la formación, un 25 por 100 de los fondos a los centros de formación.

Tolerancia cero contra el fraude

Por otra parte, se establece un proceso de evaluación permanente, basado en principio de "tolerancia cero" contra el fraude. "Garantizaremos que cada euro que va a formación se dedique a formación", ha remarcado Báñez.

Para ello, se constituye una unidad especial de inspección dentro del ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y se elevan las sanciones. Así, aquellas empresas que no utilicen adecuadamente los fondos recibidos no podrán volver a recibir recursos del sistema de formación en cinco años.

Además, habrá un sistema integrado de información entre Comunidades Autónomas y Gobierno para evaluar en tiempo real el sistema de formación y sus resultados.

"Más transparencia, más control, más calidad, evaluación permanente y, lo más importante, trabajadores mejor formados, que tendrán mayores posibilidades de tener una carrera profesional en mejores condiciones, y empresas más competitivas" ha resumido la ministra.


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