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POLÍTICAS
Valencia yMadrid centran con Bárcenasla financiación ilegal

Más corrupción tras multiplicar por 6,3 los detenidos en 5 años


Los detenidos por corrupción se multiplicaron un 6,3 en cinco años, según anunció el ministro de interior, Jorge Fernández Díaz, poco antes de mostrar su extrañeza porque se centren en el PP. Este partido topa aún con mayor multiplicador en la cantidad y calidad de los casos que le afectan. Además de otros muchos y de tener implicadas a personalidades como Rato o Barberà, la propia organización aparecía implicada en borrado de ordenadores de Bárcenas y ahora en otra financiación ilegal.
Redacción 23 de febrero de 2016 Enviar a un amigo
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El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau fue detenido este lunes y puesto en libertad tras permanecer varias horas detenido por la Guardia Civil, en el marco de una operación por un supuesto delito de cohecho civil en la que también fue detenido el responsable de Viajes Transvia, Urbano Catalán, mientras EL PAÍS destaca que la Fiscalía y la Guardia Civil creen que el PP nacional tuvo constancia de la financiación supuestamente ilegal del partido en la Comunidad Valenciana. El diario señala que los investigadores mantienen que el PP regional actuó en conjunto como una "organización criminal" en las tres provincias valencianas que habría generado hasta cinco cajas b. El expresidente de la Generalitat Francisco Camps compareció para exculpar a  Rita Barberà y lanzar otro "estoy indignado, harto", sin llegar al "hasta los cojones" de su colega vizcaíno ante el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, quien pedía serenidad a la junta directiva del PP ayer,  días después de conocerse nuevas revelaciones sobre la financiación del PP en Madrid tras el caso Púnica en Madrid, que Adif admite al juez que pagó 31 millones de más por unas obras del AVE o las nuevas incidencias de los casos de Rato.

El exvicepresidente del Gobierno, expresidente de Bankia y ex director gerente del FMI Rodrigo Rato declaró por tercera vez ante el juez que indaga el origen de su patrimonio, sobre la pieza aparte abierta por el juez tras detectar movimientos de fondos en el extranjero a través de una serie de empresas. Además comparecieron otros tres investigados, entre ellos su abogado y supuesto testaferro, Domingo Plazas, y el ejecutivo del banco de inversión Lazard, Pedro Pasquín, y dos testigos. La jornada duró siete horas y se cerró sin medidas cautelares. Según el informe incluido en el sumario que recogen los diarios, la Oficina Antifraude (ONIF) apunta que Rodrigo Rato, su hermana María de los Ángeles y una cuñada de ambos habrían recibido 1,32 millones de euros a través de una naviera, además de otros pagos "cuyo origen y destino está por determinar". La ONIF considera que la sociedad Naviera del Pilar SL, controlada por la familia de Rato, descapitalizada entre 2010 y 2013, es una sociedad opaca dedicada a canalizar los fondos de "origen desconocido".Con ese motivo se ha sabido también que el entramado empresarial vinculado a Rato dispone de medio centenar de cuentas repartidas en Suiza, Reino Unido, Mónaco, Estados Unidos, Francia, Luxemburgo y Gibraltar y depósitos en Alemania, Australia, Brasil, Italia, Países Bajos, Suazilandia y Dominica, en los que se han detectado "movimientos de divisas" efectuados por personas relacionadas con su familia y con la de su exmujer, Ángeles Alarcó, por un importe superior a los 12 millones entre 2009 y 2014. La ONIF señala que "no existe actividad internacional empresarial" en las compañías de Rato y se aprecia "tráfico de divisas con territorios de riesgo fiscal alto".

En torno a la dimisión de Aguirre en Madrid

Otros dos casos han rodeado la dimisiñon de Esperanza Aguirre al frente del PP madrileño.
Así, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco interrogó el pasado lunes a David Colomer, directivo de la empresa Arena Media, que firmó un megacontrato publicitario por 5,5, millones de euros en 2014 con el Canal de Isabel II, según EL PAÍS buscando en las adjudicaciones de este organismo público del Gobierno de Madrid pruebas de la financiación irregular del PP regional.El rotativo detalla que las preguntas del juez fueron muy similares a las que formuló en su momento a Salvador Victoria, consejero madrileño de Presidencia entre 2012 y 2015, responsable durante ese periodo del Canal y uno de los imputados por el caso Púnica.El Canal de Isabel II pagó "facturación ficticia" a las empresas del imputado en la trama Púnica Alejandro de Pedro, Eico y Madiva, por sus trabajos en Internet para mejorar la imagen de cargos de la Comunidad de Madrid, como su expresidente Ignacio González. Así se desprende de la declaración que Adrián de Pedro, hermano de Alejandro, prestó ante la Guardia Civil en octubre de 2014, según consta en el sumario del caso, cuyo secreto ha sido levantado en parte por el instructor, Eloy Velasco.Adrián de Pedro declaró ante el juez que los pagos no se hacían a través de la multinacional Indra, como se apuntó en un principio. Guadalupe Caballero, empleada de las empresas de De Pedro, señaló al juez que su jefe le pidió que anotara a la deuda con la Comunidad de Madrid que se habían abonado 14.000 euros. En esa comparecencia, señaló que la deuda que las empresas de De Pedro tenía con la Comunidad de Madrid, de 140.000 euros, "la iba a pagar el Canal de Isabel II".Por su parte, el juez Velasco señaló en un auto del pasado 25 de junio que los pagos ordenados por el entonces consejero de Presidencia Salvador Vitoria con dinero en efectivo por parte de las empresas Canal de Isabel II, Indra o el empresario Sergio Ortega, lo eran "sin aparente contraprestación, pero en función al cargo público que ostentaba en la Comunidad de Madrid".

Marjaliza tenía 18 cuentas en Suiza, y Granados otra.
El sumario del caso refleja que el presunto cerebro de la trama, David Marjaliza, y su mujer Adela Cubas disponían de 18 cuentas abiertas en Suiza a su nombre o al de tres empresas vinculadas a ellos, mientras que el matrimonio formado por el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados y Nieves Alarcón abrieron un depósito en BNP Paribas. Presumiblemente dicha cuenta fue cancelada en 2007, pero transfirieron los fondos, por importe de 1,7 millones de euros, a otro depósito abierto en Suiza en la entidad UBS a nombre de la sociedad costarricense Droz&co, cuyo beneficiario era David Marjaliza.La mayor parte de los fondos se remitieron después a una cuenta creada ad hoc en Singapur a nombre de la sociedad Millena Trading Pte Lt, desde la que 4,2 millones retornaron a España para quedar ingresados en una sucursal de Valdemoro, "amparándose en una pretendida operación de exportación de obras de arte". La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que la operación de venta de obras es "ficticia" y permitió a Marjaliza "blanquear más de cuatro millones de euros y colocar parte de su patrimonio en la forma de obras de arte en un depósito franco fuera del país".Por otro lado, los suegros de Francisco Granados guardaban en un maletín cerca de un millón de euros, divididos entre 1.630 billetes de quinientos y otros centenares por valor de doscientos y cien euros, según consta en el acta de entrada y registro de su domicilio de Valdemoro que se produjo el 18 de diciembre de 2015. En otro orden de cosas, el juez Castro requirió ayer a la Audiencia Nacional la agenda de Francisco Granados en la que se fundamentan las últimas actuaciones del caso Púnica, por si contuviera datos sobre el presunto fraude en la adjudicación del hospital Son Espases de Palma de Mallorca. Castro reclama también "cuanta documentación guarde relación" con las obras de reforma que se realizaron en la sede del PP de la calle Génova.

​La corrupción en el balance del Ministerio de Interior


En 2015 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Autonómicas) investigaron a 18.463 personas y a 445 grupos de crimen organizado de los que 274 fueron totalmente desarticulados (62%) y 158 fueron parcialmente desarticulados (35%), en cuyo total aparecen los casos de corrupción y fraude. El 80% de estos grupos tiene un tiempo de actividad inferior a 3 años, el 68% está compuesto por personas de más de una nacionalidad y el 19% solamente por españoles. Además, el 65% de los grupos presenta actividad internacional y el 60% fue detectado a lo largo del año 2015. Al  presentar este balance, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, destacó que se ha actuado de una manera total o parcial contra el 97% de los grupos, "lo que muestra la gran eficacia policial de lucha contra este fenómeno así como la desarticulación total del 62% de estos grupos".

Respecto a sus principales actividades, el 28% de estos grupos se dedicaba al tráfico de cocaína (123), el 21% al tráfico de hachís (95), el 16% al robo con fuerza (69), el 11% a la comisión de estafas (48), el 8% al robo con violencia o intimidación (34), el 6% a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (25), el 5% al tráfico de drogas sintéticas (23), el 5% al blanqueo de capitales (21) y el 4% al tráfico de heroína (18). Hay que señalar que algunos de estos grupos delictivos son multiactivos y desarrollan más de una actividad criminal.

Patrimonio y drogas incautados en 2015

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han incautado un total de 1.657 vehículos, 153 embarcaciones, 10 aeronaves, 309 armas de fuego, 433 armas blancas, 899 ordenadores, 6.455 teléfonos móviles, 169 inmuebles y 26,5 millones de euros. El valor mínimo estimado del total de los bienes incautados al crimen organizado exceptuando las drogas asciende a 128.717.000 euros. Respecto a las drogas aprehendidas a estos grupos, se han incautado 17.584 kilos de cocaína -que representa el 80% de total de cocaína incautada en España-, 190.882 kilos de hachís -que supone alrededor del 50% del total de hachís incautado en España-, 173 kilos de heroína y 145 kilos de speed. Con respecto al año anterior, las incautaciones de cocaína y de hachís se han incrementado un 8% y las de heroína más del 20%.

Las cantidades incautadas en 2015 por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas representan respecto del hachís, el 70% de lo incautado en toda la Unión Europea y el  23% en todo el mundo.  Y respecto a la cocaína, las aprehensiones en la pasada Legislatura representan el 43% de cocaína intervenida en la UE y el 5% a nivel mundial.Además, el total de la cocaína intervenida tanto en alta mar como en puertos y aeropuertos representa alrededor del 62% del total de cocaína incautada en España. En este sentido, Jorge Fernández Díaz ha afirmado que "España es, sin duda, el muro de contención del tráfico ilícito de drogas".

En la X Legislatura se han investigado, por tener algún tipo de relación con la criminalidad organizada, a más de 69.000 personas, y resultaron detenidas 25.000 personas. A lo largo de estos cuatro años el número de investigados ha ido aumentando desde los 16.642 en el año 2012 hasta llegar a los 18.436 el año pasado, en 2015. En cuanto al número de detenidos, las cifras se han mantenido en alrededor de los 6.000 por año, en concreto, de los 6.460 en el año 2012 a un total de 5.936 en el año 2015.Desde la creación en octubre de 2014 del Centro e Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), se han detectado más de 250 coincidencias entre personas vinculadas principalmente con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales con el terrorismo yihadista.

Actuación de los grupos de crimen organizados por provincias

La actividad del crimen organizado en España se concentra principalmente en Madrid y Barcelona, en la costa mediterránea y en la costa gallega, aunque estos grupos no limitan sus actuaciones en una sola provincia.

Además de Madrid y Barcelona (en color rojo) también destacan otras provincias como Valencia, Alicante, Málaga y Cádiz (en color naranja) seguidas por Sevilla y Murcia (en color amarillo) y A Coruña, Pontevedra, Toledo, Granada y Tarragona (en color azul), entre otras.

 

Lucha contra la corrupción en España - Balance de la X Legislatura

Desde 2010 se ha producido un incremento lineal del número de detenidos, sólo roto por el notable aumento de detenidos del año 2014 con un total de 2.743. Si en 2010 se produjeron 389 detenciones por corrupción en España, en 2015 hubo un total de 2.442 detenidos.

Lo mismo ocurre con el total de hechos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España. Hay un incremento de las investigaciones que en 2010 eran 366 y en 2015 han superado las 1.000, en concreto, 1.108. (Ver gráfica)

 

En este marco, el ministro del Interior ha subrayado que la actuación del Gobierno "ha sido contundente y determinada contra la corrupción en nuestro país durante la pasada Legislatura".

Casi 40 diferentes tipologías delictivas vinculadas con la corrupción

Durante la X Legislatura, se han detectado en España casi 40 diferentes tipologías delictivas vinculadas con la corrupción. La tipología más frecuente que pasa desapercibida cuando hablamos de corrupción son los fraudes contra la Seguridad Social -que representan el 16,3% del total-, junto con los fraudes a la hacienda pública (el 8,1%), afectan al conjunto de los ciudadanos aunque no seamos conscientes de ello.

Asimismo, hay que destacar también los delitos de cohecho que suponen el 12,5%, la prevaricación administrativa con el 9,8%, la malversación con el 8,2% y los delitos societarios que representan el 4,6%, entre otros.

A lo largo de la X Legislatura, los fraudes a la Seguridad Social representaron un total de 530 delitos, el blanqueo de capitales sumó un total de 138 delitos, los delitos por cohecho (407), la prevaricación administrativa (320 delitos), los fraudes contra la hacienda pública que registraron un total de 263 delitos y los delitos societarios con un total de 151, entre otros.

Lucha contra el fraude en España en 2015

La Policía Nacional y la Guardia Civil han investigado en 2015 a 6.488 empresas, se ha propuesto para infracción a 2.057 empresas, han sido detectadas 847 empresas ficticias, se han inspeccionado 11.424 centros de trabajo, se han detectado 4.616 infracciones administrativas a la Ley de Extranjería en España y finalmente el fraude detectado en 2015 en euros ha superado los 79 millones.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz ha explicado que en la lucha contra el fraude participan otros ministerios como el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Fernández Díaz ha subrayado que el Gobierno y el Ministerio del Interior han combatido el fraude "con contundencia y determinación" desde el comienzo de la pasada Legislatura, y ha agradecido y felicitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "que han desplegado toda su capacidad para hacer de nuestro país, un lugar más seguro, una labor, que sin ninguna duda, vamos a continuar sin descanso". 

Los delitos relacionados con la corrupción se han disparado de forma alarmante a lo largo y ancho del territorio nacional. Afortunadamente, las investigaciones abiertas en los últimos cuatro años para neutralizar esta lacra social y política, también. Así se desprende de las 2.442 detenciones practicadas durante 2015 por este motivo. Ello supone que en el transcurso del pasado año fueron arrestadas cada día 7 individuos. Los datos hablan por sí solos porque los detenidos por corrupción se multiplicaron por más de seis en cinco años. A cada español, el saqueo de los delincuentes de guante blanco les ha costado, en un año, alrededor de 800 euros.

Cohecho, prevaricación...

El mismo día en que se levantaba el secreto de sumario del caso Púnica, poniendo al descubierto nuevos escándalos, el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ofreció un balance del crimen organizado y de la lucha contra la corrupción durante la X Legislatura, utilizando también 2010 como referente. Aunque habría que matizar que no solo se incluyen actos de depravación llevados a cabo en las administraciones públicas y en el ámbito de la política, sino también en el sector de la empresa privada. Desde el año 2010, las Fuerzas de Seguridad han detenido a un total de 8.321 personas y han iniciado 4.091 investigaciones relacionadas con esta modalidad delictiva. 

Según los datos aportados por Fernández Díaz, y que han sido coordinados por investigadores del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), durante 2015 se conocieron 1.108 hechos delictivos relacionados con la corrupción. Un dato que contrasta con los 366 detectados en 2010. El incremento es inquietante

Entre las operaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional, Guardia Civil y Policías autonómicas durante la X Legislatura, destacan, por su número, las relacionadas con los delitos contra la Seguridad Social. Ascendieron a 530, lo que supone un 16,3 por ciento. Además, fueron detectados 407 casos de cohecho, un 12,5 por ciento; 320 relacionados con la prevaricación administrativa, es decir, un 9,8 por ciento; Los delitos conocidos de malversación se contabilizaron en 266, lo que supone un 8,2 por ciento y los realizados contra la Hacienda Pública, 263, esto es, un 8,1 por ciento.

Las Fuerzas de Seguridad conocieron también 174 casos vinculados a la falsedad en subvenciones, lo que representa un 5,3 por ciento. Y 151 sobre delitos societarios, es decir, un 4,6 por ciento. Además, se registraron 77 hechos de prevaricación urbanística, un 2,4 por ciento. Los otros 844 casos corresponden a otras tipologías delictivas. En total, Interior alude a 40 diferentes tipologías vinculadas con la corrupción. 

El incremento de los casos detectados se traduce en un considerable aumento de los individuos detenidos por estas prácticas perversas. A partir de 2010 se ha registrado un incremento lineal del número de arrestados. Solo interrumpido por el importante aumento de detenidos que hubo en 2014, un total de 2.743. Es decir, se ha multiplicado prácticamente por siete el número de arrestados habidos en 2010: 389. Ya en 2015 descendieron ligeramente -2.442- con respecto al año anterior. Estos datos llevaron al ministro del Interior a asegurar ayer que «la actuación del Gobierno contra la corrupción durante la pasada legislatura ha sido contundente y determinada». 

«Funciona muy bien el modelo español, siempre se puede mejorar, pero otra cosa es desmantelarlo o controlar políticamente a quienes quieren luchar contra la corrupción», comentó al ser preguntado sobre la propuesta de Podemos de crear una Secretaría de Estado para perseguir delitos de corrupción controlada por Pablo Iglesias.

«Las Fuerzas de Seguridad actúan con independencia y sin hacer acepción entre personas», aseguró Fernández Díaz, ya que las investigaciones alcanzan a la mayoría de los partidos, incluyendo al del Gobierno.Cohecho, prevaricación... 

Otros casos de fraude y corrupción

Otros casos de fraude y corrupción no centrados en el PP han ofrecido detalles estos últimos días. La Guardia Civil ha citado a declarar como investigados a varios dirigentes de PSPV, Compromís y Esquerra Unida (EU) de la Diputación de Valencia que formaron parte del consejo de administración de Imelsa, empresa pública que está siendo investigada por el presunto cobro de comisiones ilegales. Los próximos 23 y 24 de febrero están citados los vicepresidentes tercero, Emili Altur, de Compromís, y cuarto, Rosa Pérez, de EU, además del exportavoz socialista de la corporación, José Manuel Orengo, y el asesor Raúl Pardos (PSPV).El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, y la vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís, Mònica Oltra, informaron que estos nuevos citados para declarar serán apartados cautelarmente de sus cargos institucionales y orgánicos. Por su parte, EU aseguró que tiene "la absoluta seguridad" de que su diputada provincial "no ha cometido ninguna irregularidad". Rosa Pérez aseguró que no va a dejar sus funciones.

Asimismo, el exsecretario de Eventos de la Comunidad Valenciana Luis Lobón, declaró ante la Audiencia de Palma que el exconseller de Economía, Gerardo Camps, le ordenó reunirse con Diego Torres para que el socio de Iñaki Urdangarin le presentará el foro con el que el Instituto Nóos ingresó 3,1 millones de euros públicos. Los hechos relativos a la Comunidad Valenciana han centrado la séptima jornada del juicio de Nóos, en el que están acusados la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y otras 15 personas, con la declaración, antes de Lobón, de los exdirectores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, José Manuel Aguilar y Jorge Vela, y la que fuera jefa de gestión de la entidad, Elisa Maldonado.El exsecretario de Eventos, que afronta una petición de condena de entre 8 y 11 años de prisión por presuntos delitos continuados de malversación, prevaricación, falsedad y fraude de la administración, detalló ante el tribunal que Camps le dijo que recibiera "a esta persona" (Torres) porque tenía una propuesta, para estudiar si se podía hacer y si era "interesante".Sobre la presentación de Torres, explicó que "no era que viene cualquier y con cualquier cosa y con cualquier palabrería" y que aportó un listado de posibles participantes. "Me quedé impresionado de que se había contactado con personas muy importantes del deporte", añadió. Lobón recordó que el conseller Camps supo que se iba a llevar a cabo el patrocinio del Valencia Summit porque él le informó al respecto antes de que el consejo de administración lo aprobara, en uno de los despachos que celebraba habitualmente con su superior.Tanto Aguilar como Vela enmarcaron la decisión de acoger el foro Valencia Summit en un momento en el que la ciudad había sido elegida para la 32 edición de la America´s Cup, y recalcaron que hubo un "control absoluto" del gasto realizado por el Instituto Nóos para organizar las cumbres.

En tercer lugar, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró la sede del Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) en Madrid en una operación contra el blanqueo de capitales en la que han sido detenidos cinco directivos, entre ellos el director de la sucursal, todos ellos de nacionalidad china.El ICBC es la mayor entidad financiera de China y supuestamente habría utilizado su sucursal de Madrid, donde se instaló hace cuatro años, para blanquear el dinero de las organizaciones chinas dedicadas a diferentes actividades delictivas, como el contrabando o la explotación laboral. Los investigadores calculan que a través del banco se podrían haber enviado a China más de 40 millones de euros que eludieron los controles de la Agencia Tributaria.La operación está vinculada a otra llevada a cabo el año pasado - la llamada operación Snake - en la que se detuvo a 30 personas y que implicaba a chinos afincados en España y varios agentes de aduanas habilitados para el control de mercancías en puntos fronterizos. Esta red introducía en España artículos procedentes de China por los que no pagaba aranceles, gracias a la connivencia con los agentes de aduanas que permitían introducir contenedores y falsear el contenido de las mercancías para no pagar al fisco español. Además, recaudaba dinero de varios bazares chinos, que blanqueaba a través del ICBC mediante un entramado de sociedades instrumentales y testaferros. También ofrecían a empresarios la posibilidad de blanquear sus activos y cobraba distintas comisiones por ello. La organización podría estar implicada en delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y contra los derechos de los trabajadores.El ICBC es el banco más grande del mundo en términos de valor de mercado y cuenta con más de 150 millones de clientes particulares y 2,5 millones de clientes corporativos. En España cuenta con otra sede en Barcelona, que por el momento no ha sido registrada.

Por último, el juez de instrucción número 2 de Majadahonda ha dictado prisión sin fianza para los cuatro principales implicados en el fraude de las clínicas Vitaldent: el fundador y propietario, Ernesto Colman - al que la Fiscalía acusa de ser el máximo responsable de la "organización criminal" -; el vicepresidente, Bartolomé Conte, Julio Nicolás Sisinni y Javier Arteaga, a los que acusa de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa, apropiación indebida, delito contable y organización criminal. También ha dictado prisión sin fianza para Yolanda Copete y Óscar Arteaga, acusados de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.La juez considera probado que el propietario, junto con los otros detenidos, habían diseñado un "complejo sistema defraudatorio hacia los franquiciadores, clientes y pacientes y la propia Hacienda" y la organización había generado una "ingente cantidad de dinero opaco procedente de una contabilidad B", así como un sistema informático ad hoc para esta doble contabilidad. Según el auto de prisión, la cúpula de Vitaldent recibía cada año 17,2 millones de euros en "negro" de las 146 clínicas propias. Cada clínica tenía que pagar en efectivo a la matriz el 10% de la franquicia acordada y se ha detectado también facturación irregular de IVA.Colman llegó a defraudar más de 120.000 euros a Hacienda en tres ejercicios. En 2013 y 2014 facturó hasta 456 millones de euros en Luxemburgo, a través de su conglomerado empresarial y consiguió que el fisco luxemburgués le devolviera 2,4 millones. Según señala EL ECONOMISTA, Colman logró que Hacienda devolviera a su firma patrimonial y cabecera de su entramado empresarial en España un total de 1,13 millones entre 2011 y 2013, "mientras vaciaba el negocio y se llevaba su patrimonio a Luxemburgo".En los registros efectuados, la policía se ha incautado de 1.200.000 euros en efectivo, así como numerosos relojes de lujo, 36 coches de alta gama y un avión valorado en un millón de euros.Por su parte, la portavoz de Vitaldent, Ana Caspistegui, garantizó a todos los pacientes la continuidad de todos los tratamientos y que la actividad de las clínicas dentales "funciona perfectamente", "al margen" del proceso judicial abierto contra la cúpula de la empresa. "Vamos a participar activamente con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos", aseguró.Ayer la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) remitió cartas a varias Consejerías de Sanidad en las que pide que se investigue de oficio a las clínicas Vitaldent para garantizar que los clientes reciben su tratamiento o la devolución del dinero en caso de fallos en el servicio, así como para garantizar las condiciones en las que las clínicas prestan sus servicios.


 


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Gana fuerza la idea de que los anticuerpos del COVID no garantizan inmunidad ante la reinfección
En confinamiento, la desigualdad se magnifica
España, segundo país de la UE donde más creció la desigualdad de rentas durante la crisis
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