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POLÍTICAS
Tras el uso electoral del presupuesto el gasto queda cerrado

Europa urge recortes estructurales por 10.000 millones y Rajoy pasa la pelota a las autonomías


La Unión Europea intervendrá por segunda vez España tras el rescate bancario de 2012 tras sancionarla el próximo 27 de julio con una multa y la congelación de 1.100 millones de euros en fondos europeos por el incumplimiento de los objetivos de déficit. Bruselas exigirá también un ajuste estructural (sin tener en cuenta el ciclo) muy superior al previsto: 10.000 millones hasta 2017, un presupuesto austero y exámenes trimestrales que condicionarán la próxima legislatura.
Redacción 17 de julio de 2016 Enviar a un amigo
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Tras el uso electoral  sospechado por Bruselas y antes denunciado por oposición y prensa del presupuesto de ingresos y de gastos ante las elecciones del 20 de diciembre y luego del 26 de julio por parte del Gobierno, ahora el Ejecutivo de Rajoy ya ha tenido que anunciar este sábado que los presupuestos del 2916 quedaran cerrados a efectos de gastos desde este mismo mes, aunque pasando la pelota del problema a las autonomías. Lo hizo horas antes de que el diario EL PAÍS anuncuara en su portada la sanción y consiguiente intervención de la política presupuestaria española, reiteradamente negadas los últimos meses por el Gobierno y sobre todos por sus ministros Guindos y Montoro. 

El primer análisis europeo llegará en octubre, con el proyecto de Presupuestos, y ahí tendrá que haber los nuevos recortes concretos que el equipo de Rajoy centra en las autonomías, por lo que podrían afectar de nuevo a educación y sanidad tras haberse encarecido estas mas de un 20% para las familias desd el 2011.

Así las cosas, las promesas de rebajas de impuestos realizadas por Mariano Rajoy quedarán comprometidas. Bruselas reclamará un déficit del 3,9% este año y del 2,5% en 2017. La violación de los compromisos fiscales pone de hecho a la economía española bajo tutela de la UE, que de momento no encuentra un interlocutor en La Moncloa, insiste EL PAÍS. La inestabilidad política en España amenaza además con complicar el nuevo curso en unas instituciones europeas atenazadas por el Brexit, el terrorismo, la crisis bancaria italiana, la crisis migratoria y el ascenso de los populismos. "Europa no está en el debate, en las negociaciones para formar Gobierno; pero las reglas fiscales condicionarán el próximo año", avisan fuentes europeas.

Bruselas tomará las riendas de la política económica, con una nueva senda fiscal que requiere un presupuesto austero en otoño y exámenes trimestrales para controlar que, esta vez sí, el Gobierno aprueba medidas efectivas. Ese es el problema: no hay Gobierno aún, medio año después del 20-D. Y España “necesita un Ejecutivo capaz de presentar una corrección presupuestaria convincente”, según fuentes europeas.

La UE concluyó esta semana que España no tomó, deliberadamente, medidas para cuadrar las cuentas. Y Bruselas según EL PAÍS presentará una propuesta de sanción el 27 de julio, tras recibir con escepticismo las alegaciones españolas. Madrid pretende sacar 2.500 millones de la lucha contra el fraude y el menor pago de intereses, y anuncia como medida estrella un endurecimiento del impuesto de sociedades: 6.000 millones más. Pero el ministro Luis de Guindos también juró y perjuró en 2015 que cumpliría los objetivos de déficit. La Comisión no se fía: demasiadas promesas rotas. Bruselas sabe que la reforma de sociedades es un enjuague contable. Quiere más. Y con las reglas en la mano tiene poderío para exigir más.

Las sanciones serán simbólicas: una “multa benevolente”, según fuentes diplomáticas, y la congelación de 1.100 millones en fondos europeos, según fuentes comunitarias. Pero lo esencial será la fijación de una nueva senda fiscal, con un año extra y un nuevo tijeretazo a la vista. Bruselas reclamará un déficit del 3,9% este año (algo menos duro que la anterior cifra) y del 2,5% en 2017 (idéntico a la anterior).

Esa suavización es solo aparente: la Comisión exigirá un ajuste estructural (sin contar con los efectos del ciclo expansivo) de 10.000 millones, según las fuentes consultadas; eso son 2.000 millones más que hace tres meses por la caída de la recaudación. Bruselas puede incluso especificar las medidas de ajuste, pero la Comisión se decanta por no explicitar los recortes para dejar algo de margen al próximo Ejecutivo en el diseño de las cuentas públicas. Lo que sí queda claro es que España no tiene margen para nuevas aventuras de rebajas de impuestos como las prometidas por Mariano Rajoy en campaña. Cada tres meses habrá un informe con las medidas efectivas aprobadas: el primer análisis llegará en octubre, con el proyecto de Presupuestos, y ahí tiene que haber ya recortes contantes y sonantes. Suspender esos exámenes trimestrales puede acarrear multas aún mayores, y un control más férreo.

Meses complicados

Sin Gobierno por el momento, EL PAÍS dice que vienen meses complicados para España en Europa, aunque el debate europeo brille por su ausencia en las negociaciones entre partidos. Los riesgos se acumulan en el continente: el contagio financiero y político del Brexit está siendo contenido, pero la corrección fiscal forzada en el sur aumentará los riesgos políticos en España y Portugal, incluso en Francia —con elecciones en 2017— e Italia, con una peligrosa crisis bancaria y una potencial crisis política en función del resultado del referéndum constitucional en otoño.

El Banco Central Europeo está en plena refriega con Alemania, mientras La crisis de seguridad vuelve con las amenazas islamistas del atentado de Noza y golpe de Estado en Tirquia que siembran dudas sobre la crisis migratoria y las sanciones a Rusia pueden exponer divisiones de los socios. Sin Ejecutivo, España carece de voz. Y difícilmente puede influir en lo que más le afecta: el procedimiento de infracción. España cuenta con una baza: el fuerte crecimiento no se ha detenido pese a la falta de Gobierno. Pero, sin Ejecutivo, con un paro elevado y la persistente vulnerabilidad fiscal, España se expone a un cruce de virus que puede llegar en otoño con líos en Italia, Portugal y las secuelas del Brexit.

El pinchazo inmobiliario le costó a España un rescate bancario. El pinchazo fiscal y la falta de Gobierno le van a costar una suerte de segundo programa: de nuevo bajo tutela europea, los compromisos con Bruselas condicionarán la próxima legislatura.

El Gobierno adelanta el cierre contablemente 2016 a 20 de julio

En este contexto de negociación con Bruselas por el déficit, el Gobierno ha decidido adelantar el cierre contable al miércoles 20 de julio, según publica el BOE, cuatro meses antes de lo que era habitual. Eso significa que la Administración central no iniciará ningún nuevo gasto salvo aquel que se apruebe en el Consejo de Ministros o esté recogido en la ley. La orden no afecta a pagos como salarios, pensiones, prestaciones de desempleo, luz, agua, contratos de limpieza y seguridad o deuda. "Los compromisos ya asumidos se podrán abonar hasta el 30 de diciembre", subraya Hacienda.


Fachada del Ministerio de Hacuenda y Administraciones Públicas, junto a Plaza del Sol en Madrid 

El Boletín Oficial del Estado publico este sábado la Orden Ministerial por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2016 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias, tanto en la Administración General del Estado, como en los Organismos Autónomos del Estado, Agencias Estatales y otros Organismos públicos.

La práctica habitual es que la Orden de Cierre regule las fechas máximas en las que pueden llevarse a cabo las distintas actuaciones de gasto con el fin de ordenar el cierre del ejercicio. Para ello, se viene estableciendo como fecha máxima en la que se pueden iniciar las actuaciones de gasto los primeros días de noviembre, con el fin de que el gasto pueda ser comprometido y ejecutado, completándose el procedimiento dentro del ejercicio. No obstante, el Gobierno en funciones ha decido este año adelantar a finales del mes de julio el cierre del presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias con el objetivo de hacer efectivos los compromisos adquiridos con la Comisión Europea de cara a asegurar el cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria.

Con esta iniciativa, el Gobierno en funciones realiza un esfuerzo adicional de control del gasto público en su ámbito de actuación, a pesar de que la Administración Central cumplió el año pasado con el objetivo de Déficit Público. Esta decisión hará que los distintos ministerios no incurran en gastos que no son prioritarios y servirá para seguir avanzando en la consolidación fiscal.

El Gobierno considera que es muy importante limitar el gasto público de todas las Administraciones Públicas en los próximos meses para conseguir unos ahorros que pueden ser decisivos para cumplir con los Objetivos de Estabilidad. Eso mismo fue lo que ya hizo el pasado mes de abril, cuando decidió dar un paso al frente en su ámbito de actuación, y aprobó un acuerdo de no disponibilidad de créditos en el Presupuesto del Estado para 2016 por importe de 2.000 millones de euros.

La orden publicada este sábado establece que a partir del 20 de julio, cuatro meses antes de lo que es habitual, la Administración del Estado no podrá iniciar nuevos gastos, a excepción de aquellos que se deriven del cumplimiento de normas legales o reglamentarias (entre las que se incluyen, por ejemplo, pensiones y desempleo), los autorizados o aprobados por Consejo de Ministros, así como los gastos de personal o deuda pública, entre otros.

Iniciado el procedimiento de gasto, el 29 de julio será la fecha máxima en que la Administración podrá remitir a la Intervención para su fiscalización los compromisos de gasto con un tercero. Este adelanto en la fecha máxima en que la Administración puede iniciar y comprometer gastos no afecta al pago de los compromisos ya asumidos hasta la fecha, que podrán realizarse hasta el 30 de diciembre. De esta forma, la orden no va a generar facturas pendientes de pago, ya que actúa sobre las fases iniciales del gasto, impidiendo que surjan compromisos o que se realicen prestaciones de los cuales pudieran derivarse posteriormente deudas para la Administración.


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