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Este viernes quedó visto para sentencia el contencioso entre Iberdrola y Bankia, por el que la eléctrica reclama a la entidad 12,4 millones por las pérdidas registradas tras su participación en la salida a Bolsa, en la que invirtió 70 millones, el 5,8% de toda la colocación. Otros grandes grupos como Villar Mir y Meliá han reclamado en los tribunales 20 y 1 millones por la fallida salida a bolsa de Bankia. Hay medio centenar de demandas de inversores institucionales atraídos por el exvice Rato.
Redacción 11 de marzo de 2017 Enviar a un amigo
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La clave jurídica del litigio radica sobre el folleto publicado por Bankia para atraer inversores minoristas e institucionales a la operación, aunque en la operación pudo haber otro tipo de objetivos ajenos a la búsqueda de beneficios económicos inmediatos, como las influencias estratégicas y políticas, más difíciles de enjuiciar. 

La eléctrica argumenta que las cifras publicadas en este documento eran «engañosas», en línea con la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2016 que condenó al banco a devolver lo depositado a los inversores minoristas (más de 200.000 en total) por las «graves inexactitudes» reflejadas en el folleto.

No obstante me Bankia alegó ante el juez que Iberdrola acudió a la Oferta Pública de Suscripción en calidad de "socio" y "por razones estratégicas", que van más allá de la pura rentabilidad económicacomo la financiación de 800 millones que la entidad había concedido en créditos y préstamos a la eléctrica o en virtud de la participación accionarial del 5% que mantenía a través de su matriz BFA en el capital de Iberdrola. 

Sin embargo, la 
operación le salió cara a la eléctrica, que dilapidó en pérdidas 12,4 millones de euros tras desvelarse el agujero contable del banco y la falsedad del folleto redactado por la entidad financiera para atraer inversores.

El director financiero de Iberdrola, José Sainz Armada, explicó que la inversión se hizo por "criterios económicos", ya que la acción "salía barata" y buscando la "rentabilidad" de "multiplicar por cinco los beneficios en años, con un crecimiento medio de los resultados del 30%", basándose en la información del folleto de la OPS - que el grupo energético considera "engañosa" - y "alguna información de los bancos colocadores". Según el perito de Bankia, los folletos "no van dirigidos" a las grandes empresas, "que tienen equipos para contar con información que los minoristas desconocen".

Al ser preguntado por el abogado de Bankia si la eléctrica recibió presiones políticas o del Banco de España para respaldar la salida a Bolsa, Sainz Armada respondió: "No me consta que llamase nadie, no me consta que hubiera llamadas".

Detrás de este cruce de argumentos ante la justicia parecen estar las relaciones  que apoyan el denunciado oligopolio eléctrico, que perjudica a los consumidores sin apenas beneficiar en los últimos 25 años a los cientos de miles de accionistas del sector, y el liderazgo en el mismo de Iberdrola, una de las empresas acusada de tener mayores puertas giratorias. Y no solo los beneficios que obtuvo Ignacio Galán para mantenerse en el poder en Iberdrola de las cajas gobernadas por personas afines al PP. El economista Jorge Fabra Utray, presidente entre 1988 y 1997 de Red Eléctrica de España (empresa privada en los recientes años del PP presidida por el ex mano derecha de Rato José Folgado), mantiene que las  grandes eléctricas deben a los consumidores casi 3.000 millones de euros pagados demás a partir de 1997, deuda que prescribirá en el 2021 sin que lo haya reclamado ningún gobierno, y  además obtienen anualmente otro tanto de "beneficios caídos del cielo" (por el uso de agua y energía nuclear en la producción eléctrica). 

Fabra acaba de alinearse en el debate interno del PSOE a favor de Pedro Sánchez, por entender entre otras cosas que su programa encara el que la regulación de los mercados eléctricos es muy inadecuada para España, al en generar una inflación de los costes eléctricos para los consumidores que drena las rentas de las familias y la competitividad de las empresas.  Recuerda Fabra con este motivo que la conferencia política del PSOE celebrada en noviembre de 2013 aprobó una propuesta regulatoria que aportaba soluciones solventes al ineficiente funcionamiento del mercado de la electricidad, aunque denuncia que hoy está metida en un cajón guardando el sueño de los justos. "Hoy sí creo que el proyecto Somos socialistas sacaría del cajón la propuesta y la pondría sobre la mesa… junto con tantas otras propuestas progresistas que este PSOE mantiene a buen recaudo… ¿Por falta de coraje? ¿Por falta de convicción?", escribe. 
 


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