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ECONOMÍA
El ministro anuncia que este julio empezará la negociación

Catalá ofrece unificar los procesos judiciales, limitarlos a dos años y con presunción de inocencia

El ministro Català durante su intervención en la UIMP de Santander

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, propiso este lunes en Santander un pacto entre todos los agentes para tener una Justicia Penal en la que la presunción de inocencia "sea un valor fundamental". También anunció que este mismo mes de julio se celebrará una Conferencia Sectorial de Justicia para dar "pasos firmes" en la decisión política de promover un sistema de gestión procesal "común" que esté vigente "en un tiempo razonable, dos años", y en todo el territorio, en vez de los 8 actuales.
Redacción 11 de julio de 2017 Enviar a un amigo
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Además de abogar respecto a la presunción de inocencia para que las demandas sociales y del mundo del Derecho "deberían mover la conciencia" de los políticos, el ministro de Justicia, durante su intervención este lunes en dos encuentros de la UIMP, en Santander, también ha defendido la necesidad de "simplificar el árbol tan complejo del ordenamiento jurídico y que este mismo mes de julio se pueda celebrar una Conferencia Sectorial de Justicia en la que se den "pasos firmes" en la decisión política de promover un sistema de gestión procesal "común" que está vigente "en un tiempo razonable, dos años" y para toda España.

De esta forma, Catalá defiende la necesidad de que haya un solo sistema de gestión en lugar de los ocho actuales -el estatal más los de siete comunidades autónomas-, porque, "con al máximo respeto", los siete sistemas autonómicos "multiplican" los gastos y suponen que haya un "sistema fragmentado e incompatible". Por este motivo, además de reconocer que "sin duda hacen falta más recursos y buenas herramientas de gestión", opina que "no tiene ningún sentido" tener estos ocho sistemas diferentes.

Por ello, defiende un sistema único para "superar la fragmentación" e "incorporar herramientas que facilitarán notablemente el trabajo de todos los profesionales", como la traducción simultánea con transcripción escrita de cualquier declaración en cualquier idioma. Finalmente, ha reivindicado que en la actualidad tres de cada cuatro nuevos puestos de trabajo son indefinidos" y que "gran parte del mérito" de que el actual momento de "intensa recuperación económica" lo tiene Justicia por la "confianza" y "certidumbre" que generar para solucionar "problemas" que puedan surgir en materia turística o de inversión y oportunidades de negocio en nuestro país. 

Pacto pese a la falta de mayorías sólidas

El ministro,  recientemente reprobado por toda la oposición, opina que a pesar de que España tiene por delante "un tiempo político difícil" en el que no hay "mayorías sólidas" en el Congreso de los Diputados, el sector de la Justicia "demanda reformas importantes", tal y como ha señalado en su intervención esta mañana en el encuentro 'Presunción de inocencia y juicios paralelos' en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander. Por este motivo, aboga por que los partidos políticos sean "capaces" de crear espacios de diálogo y hacer "reformas necesarias", debido al "compromiso" que debe haber, en su opinión, con la resolución "en tiempos mucho más cortos" de los procesos judiciales o para "fortalecer" la posición del juez de garantías y enjuiciamiento. 

"Tenemos mucho trabajo por delante", ha vaticinado Catalá, quien espera que se pueda crear en España "un entorno de garantías procesales propio de un Estado de Derecho y de una sociedad democrática" del siglo XXI. Y, ha añadido, una de "las mejores formas" de fortalecer la presunción de inocencia es precisamente "la celeridad de la Justicia para que los derechos ciudadanos no estén sometidos a incertidumbre" por la dilatación de los procesos penales. 

A este respecto, ha asegurado que para poder atender "adecuadamente" la carga de trabajo de la Justicia y mantener el "compromiso", la Justicia no sólo debe estar dotada con "elementos de calidad", sino que tiene que haber "celeridad". Y también ha hecho referencia al "equilibrio" que debe haber entre el derecho al horno de las personas investigadas o acusadas con el derecho a la información porque, en su opinión, el primero "no puede estar descompensado". 

Catalá ha reivindicado que las partidas presupuestarias para el Ministerio de Justicia han aumentado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2017 y confía en que en 2018 "continúe la senda" en el mismo sentido. "Seguimos invirtiendo, seguimos aposando por la dotación de profesionales adecuados", ha reivindicado, al tiempo que ha hecho referencia a la convocatoria de cien nuevas plazas judiciales cada año o a la tasa de reposición "del cien por cien" de los profesionales de la Administración de Justicia. Precisamente, en materia de tener más recursos para la Justicia, Catalá "confía" en que este mes de julio se pueda realizar una propuesta para mediante la presentación de un Real Decreto en el Consejo de Ministros, presentar septiembre un Real Decreto para crear nuevos juzgados en todo el país, pero ha aclarado que por el momento "no se ha cerrado el número absoluto global de juzgados". 

Demandas de los colegios de economistas

Desde el lunes 10 al miércoles 12 de julio, ambos incluidos, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo se celebra el curso Implicaciones del funcionamiento de la Justicia en la Economía, tras el informe realizado a finales de diciembre pasado por los colegios de economistas y el Consejo General donde piden un Pacto por la Justicia que aborde la reorganización de juzgados y tribunales con criterios de eficiencia y la posible convergencia con Europa en aspectos como la tasa de litigiosidad, gasto público per cápita, etc. 

Los economistas presentaron a mediados de diciembre pasado un estudio bajo el título de Implicaciones económicas del funcionamiento de la Justicia en España con diversos cuadros y gráficos explicativos. En el mismo abogan por un Pacto por la Justicia que aborde la reorganización de juzgados y tribunales con criterios de eficiencia y la posible convergencia con Europa en aspectos como la tasa de litigiosidad, gasto público per cápita asignado a los tribunales, recursos financieros y marco normativo, porque España invierte en general la mitad en Justicia y la percepción de los españoles sobre el funcionamiento de la justicia es menos favorable que la del resto de los ciudadanos europeos, pese a obtener resultados a nivel europeo en algunos  de los indicadores más importantes que se emplean para medir la eficiencia del funcionamiento de la Justicia.

Dirigido por Pascual Fernández, Decano del Colegio de Economistas de Madrid, con la ayuda como secretario de Victoriano Martín, Catedrático de Historia e Instituciones Económicas Universidad Rey Juan Carlos, participan además las siguientes personalidades:

  • Alfred Albiol, Presidente de REFOR y Vicedecano del Colegio de Economistas de Cataluña
  • María Luisa Bautista Olivenza, 
    Socia de Alhos Abogados y Economistas
  • José María Campos, 
    CEOE
  • José María Casado Raigón, 
    Decano del Colegio de Economistas de Córdoba
  • Carlos del Álamo, 
    Presidente del Instituto de Ingeniería de España 
  • Fernando García Andrés,  
    Decano del Colegio de Economistas de Cantabria
  • Juan Francisco Garnica Martín, 
    Presidente Sección 15 Audiencia Provincial de Barcelona
  • Irene Garrido, 
    Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa
  • Carlos Martínez de Marigorta, 
    Juez de lo Mercantil
  • Juan Sebastián Mora Sanguinetti, 
    Presidente de la Asociación de Economistas de España
  • José Ramón Navarro Miranda, 
    Presidente de la Audiencia Nacional
  • Andrés Ollero, Magistrado del Tribunal Constitucional 
  • Victoria Ortega, Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española
  • Valentí Pich, Presidente del Consejo General de Economistas
  • Ana Plaza Arregui, Secretaria General de la CEOE
  • Juan Carlos Robles Díaz, Vicepresidente del REFOR y Presidente del Consejo Andaluz de Economistas
  • Ignacio San Juan Minchero, Presidente del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Cantabria
  • Antonio Sánchez-Pedreño, Presidente de la Cámara de Arbitraje de Madrid
  • Santiago Senent Martínez, Magistrado especialista de lo Mercantil
  • Manuel José Silva Sánchez, Consejero Electivo del Consejo de Estado

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