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España viola el derecho a la vivienda, denuncia la ONU por el caso de una familia desahuciada


Expertos de ONU han denunciado que España viola derechos a la vivienda. Emitieron su dictamen tras examinar la denuncia presentada por una pareja que fue desahuciada por orden judicial en Madrid en 2013, conjuntamente con sus hijos, de uno y tres años de edad. En 2012, la pareja dejó de percibir el subsidio de desempleo y no pudo pagar la renta mensual de alquiler. En su dictamen, el Comité lanzó su juicio pese a que la orden judicial de desahucio era legal.
Armengol Mbá 7 de julio de 2017 Enviar a un amigo
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España violó el derecho a la vivienda de una familia con hijos menores, que fue desahuciada en el 2013 de la habitación en la que vivían en Madrid sin que se les proporcionara vivienda alternativa. Así lo han concluido expertos independientes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

La denuncia ante esta instancia de la ONU fue presentada por Mohamed Ben Djazia Bourmouz, de nacionalidad española, y Naouel Bellili, de nacionalidad argelina, en su nombre y en el de sus hijos menores de edad, ambos españoles.

En su dictamen, publicado este miércoles, que no tiene carácter vinculante, el comité determina que, pese a que la orden judicial de desahucio era legal, las autoridades no habían tomado todas las medidas necesarias para proporcionar a la familia una vivienda alternativa.

Los expertos de la ONU instan a España, Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), a tomar todas las medidas necesarias para ayudar a esta familia a obtener una vivienda adecuada, así como a otorgarle una indemnización por la violación de sus derechos.

El comité determina igualmente que España debe formular y aplicar un plan integral que garantice el derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos recursos.

Mohamed Ben Djazia Bourmouz vivía en una habitación alquilada en un piso de Madrid desde el 15 de julio de 1998 y cuando, en el 2009, se casó con Bellili, esta se trasladó a la habitación, donde continuaron viviendo después del nacimiento de sus dos hijos.

FALTA DE POLÍTICAS SOCIALES

Los afectados pagaban regularmente la renta mensual de alquiler y, debido a sus bajos ingresos, desde 1999 Ben Djazia solicitó al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) una vivienda pública. El denunciante percibió un subsidio mensual de desempleo hasta el 21 de junio del 2012, pero al no tener ingresos, no pudieron pagar el alquiler de la habitación en los siguientes meses.

En noviembre del 2012, la arrendadora presentó una demanda de juicio verbal de desahucio por expiración del plazo fijado en el contrato y, en marzo del 2013, Ben Djazia solicitó una renta mínima de inserción (RMI) a la Comunidad de Madrid.

En mayo de ese año un juzgado declaró que el contrato de arrendamiento había concluido por expiración del plazo contractual, y ordenó el desalojo de la familia. La familia fue finalmente desalojada en octubre del 2013, tras una suspensión del desahucio por un mes debido a la oposición de algunos vecinos y miembros de organizaciones sociales.

La presidenta del Comité de la ONU, Virginia Bras Gomes, afirma que este caso muestra hasta qué punto una alta tasa de desempleo, la falta de políticas sociales adecuadas y una insuficiente coordinación entre los organismos públicos competentes, "están en la raíz de violaciones a los derechos humanos".

El miembro del Comité Rodrigo Uprimny señaló que la decisión reafirma que todas las personas, incluidas aquellas que viven en régimen de alquiler, tienen el derecho a una vivienda y que los Estados deben garantizar que los desahucios no den lugar a situaciones en las que los afectados se queden sin un techo. "Corresponde al Estado afectado demostrar que a pesar de que tomó todas las medidas necesarias, no le fue posible otorgar a la persona desahuciada una vivienda alternativa", indica.


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