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Se identificada como garantía de la calidad en el empleo

Inspección de Trabajo inicia su Plan 2018-2020 tras aflorar 519.056 empleos irregulares como en UAM

Manifestación de becarios de la UAM, que los usaba para sustituir empleos propios

La Inspección de Trabajo ha puesto en marcha su Plan Estratégico 2018-2020, tras aflorar desde finales de 2012 hasta 519.056 empleos irregulares o sin derechos, como los 376 becarios de prácticas externas que usaba la propia Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en un centenar de servicios para sustituir a trabajadores en bibliotecas, atención al alumno, etc. La Inspección se reorganiza en torno a un nuevo Organismo Estatal, identificado por el Gobierno como garantía de la calidad en el empleo.
Redacción 12 de abril de 2018 Enviar a un amigo
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La Inspección de Trabajo, tras visitar más de 30 servicios de la UAM, denunció a finales del año pasado la utilización de al menos 376 estudiantes en prácticas fraudulentamente para realizar sin contrato tareas propiamente laborales, reclamando de momento 308.000 € en concepto de deudas por cuotas a la Seguridad.  En la información difundida por el Ministerio de Empleo este viernes tras evaluar los resultados de las inspecciones relizadas desde 2012 no aparecen las empresas o centros afectados, por lo que se ignora si dicha evaluación incluye universidades como la UAM, que según informó eldiario.es (medio que reveló falsedades en el máster dela presidenta de la Comunidad de Madrid)  tenía becarios en casi un centenar de servicios, desde las diferentes bibliotecas del campus hasta el archivo central, pasando por atención a la diversidad, el observatorio astronómico, centros culturales, de estudios, decanatos, aulas de informática, servicios de atención al alumno, etc. Los 376 becarios UAM motivo de a sanción eran mayoría entre todas las 598 prácticas externas asignadas por esta universidad durante el curso 2015/2016 objeto de investigación, según CC.OO.

Ahora, al ponerse en marcha el nuevo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sí dice pese a no revelar nombres de afectados que, "desde 2012 y hasta el pasado mes de febrero de 2018 se han aflorado 519.056 empleos irregulares, que eran empleos sin derechos; se han detectado más de 7.029 empresas ficticias sin actividad real, creadas con el único objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones; y se ha logrado la conversión de más de más de 359.191 contratos indebidamente temporales en contratos indefinidos. El impacto económico global estimado es de 21.198 millones de euros.

Ejes organizativos del Plan

El Plan Estratégico 2018-2020, que se enmarca en la Agenda integral para la calidad del empleo del Gobierno, se estructura en 4 ejes -organización, calidad en el servicio, eficacia en la actuación y asistencia y mediación- y fija 12 objetivos y 100 líneas de actuación para los próximos años.
El Plan refuerza el control de la contratación temporal injustificada, de la contratación a tiempo parcial y de los contratos formativos.

Además, para asegurar el cumplimiento de las normas de igualdad y no discriminación, será prioritario actuar en el ámbito de discriminación por género, se lanzarán campañas específicas, incluyendo las referidas a los planes de igualdad en las empresas, y se potenciará la supervisión de la brecha salarial y de la negociación colectiva para evitar cláusulas discriminatorias.

Otras líneas de actuación previstas en el Plan Estratégico son el mayor control de las horas trabajadas y del tiempo de trabajo, el refuerzo de actuaciones en relación con subcontratas y empresas multiservicio, la puesta en marcha de nuevas unidades de Inspección especializadas en prevención de riesgos laborales, la supervisión de la economía de plataformas y actuaciones específicas en relación con falsos autónomos,  becarios y prácticas no laborales y formación para el empleo.

Esta nueva estrategia de la Inspección incide en aquellos aspectos que han dado buenos resultados en los últimos años y que se han convertido en elementos vertebradores de la propia institución: la inversión en capital humano, el fortalecimiento del marco institucional y el uso intensivo de las nuevas tecnologías.

Así, el Plan contempla diversas actuaciones para dotarse de unos recursos humanos suficientes en número, altamente cualificados y especializados en materias concretas. En este sentido, se prevé la continuación de los esfuerzos por mejorar la dotación de las plantillas, el despliegue de los nuevos Subinspectores Laborales de la Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo y la potenciación de la Escuela de Inspección.

Por otro lado, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social responde a un modelo de configuración único en nuestro país, en la medida en que sus funcionarios ejercen competencias estatales y autonómicas en el marco de una única actuación inspectora. Este modelo ha sido reconocido nacional e internacionalmente por su eficiencia y sus beneficios para el ciudadano, que puede acudir a una única institución para obtener respuesta integral a distintas cuestiones relativas a su relación laboral. La consolidación de este modelo requiere un sistema de gobernanza más compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y en definitiva, dotarse de una mayor flexibilidad en la dirección y gestión de la institución. A ello responde la configuración de la Inspección como un Organismo Autónomo.

Igualmente, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha hecho, según también  el Ministerio del que depend, una apuesta decidida por la utilización de nuevas tecnologías como medio para aumentar su eficacia. El refuerzo de la cooperación administrativa permite un mayor intercambio de datos y de información y la utilización de tecnología de grandes bases de datos (big data) y de herramientas avanzadas de evaluación y gestión inspectora, favoreciendo una mejor planificación de la actividad inspectora,  mayor eficacia y mejores resultados.

Evaluación del Plan de lucha contra el fraude 

El nuevo Plan incluye una evaluación del Plan de Lucha contra el Fraude, aprobado por el Consejo de Ministros en 2012. El notable incremento en los efectivos de la Inspección de Trabajo -desde 2012 y con el desarrollo de las Ofertas Públicas de Empleo en marcha se habrán incorporado una cifra de hasta 845 nuevos Inspectores y Subinspectores- y una coordinación más intensa en la lucha contra el fraude entre la Inspección de Trabajo, otros organismos de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas han mejorado la eficacia de las actuaciones inspectoras.

Desde 2012 y hasta el pasado mes de febrero de 2018 se han aflorado 519.056 empleos irregulares, que según resalta el Ministerio eran empleos sin derechos; "se han detectado más de 7.029 empresas ficticias sin actividad real, creadas con el único objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones; y se ha logrado la conversión de más de más de 359.191 contratos indebidamente temporales en contratos indefinidos. El impacto económico global estimado es de 21.198 millones de euros",asegura el Ministerio.

Organismo Estatal de Inspección 

Asimismo, a propuesta conjunta con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, se ha aprobado un Real Decreto que pone en marcha a la vez una estructura organizativa nueva, el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.Se trata de una norma que desarrolla la Ley ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que fue aprobada durante la pasada legislatura con un elevado nivel de consenso parlamentario y con las Comunidades Autónomas.

La piedra angular del nuevo modelo organizativo de la Inspección de Trabajo establecido por dicha Ley era la transformación de la actual Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en un Organismo Autónomo de nueva creación, el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyos Estatutos han sido aprobados por este Real Decreto.

La creación del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social permite configurar a ésta como un servicio común a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas, que presta servicios a cada una de las administraciones en función de las materias sociolaborales de su competencia. El nuevo organismo permitirá, según declaró elGobierno al aprobarlo, una mayor implicación en la Inspección de Trabajo de las Comunidades Autónomas -forman parte de su Consejo Rector- y de las organizaciones empresariales y de los sindicatos.

El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social será además el encargado del despliegue y de la completa ejecución del Plan Estratégico 2018-2020.
El Organismo integrará a todo el personal que hasta ahora presta servicios en la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, unos 3.000 empleados públicos entre Inspectores, Subinspectores y personal de apoyo. Asimismo, estará desplegado en las 17 Comunidades Autónomas, en todas las provincias españolas, y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Dentro del Organismo se crea la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, que permitirá una colaboración institucional más intensa con las comunidades autónomas y con otros organismos implicados (Agencia Estatal de Administración Tributaria, Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, Fiscalía General del Estado, Juzgados y Tribunales).

Además, la Oficina Nacional será el organismo español de enlace con la Plataforma Europea contra el trabajo no declarado en el ámbito de la Unión Europea que ha entrado en funcionamiento en mayo de 2016.

Para la elaboración del Plan y los Estatutos se ha contado con la participación de las comunidades autónomas. Asimismo, el texto se ha presentado a los interlocutores sociales, y se ha debatido en la Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La aprobación del Plan Estratégico y la entrada en funcionamiento del nuevo Organismo permitirán hacer de la Inspección de Trabajo una estructura administrativa mejor organizada, relacionada de una forma más directa con las comunidades autónomas y con los interlocutores sociales y, sobre todo, más capacitada para ofrecer un servicio público de calidad a las empresas y a los trabajadores.

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