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INCLUSIÓN DIGITAL

El Corte Inglés, Amazon y el comercio electrónico


Redacción 29 de abril de 2018 Enviar a un amigo
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El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, lleva desde enero en campaña contra los grandes operadores internacionales del comercio electrónico, encarnados en el gigante Amazon. Comenzó el año levantando la voz en el Foro Económico de Davos (Suiza) y a partir de ese momento ha aprovechado cada ocasión en que se le ofrecía una tribuna para reclamar competencia “en igualdad de condiciones” y “reglas homogéneas” de juego para todos. “Los operadores on lineno están sujetos a restricciones de horarios comerciales ni de establecimiento, y su fiscalidad no se asemeja al marco en que nos movemos las empresas de distribución tradicionales”, se quejaba Dimas Gimeno en la Cámara de Comercio de Barcelona en marzo.

El mismo discurso repitió un mes más tarde en Madrid ante 200 directivos de la confederación que los agrupa. “No puede ser que nosotros paguemos impuestos cuando ellos no lo hacen, o que no se tenga en cuenta la cantidad de riqueza que generamos en un país”, planteó. Según la clasificación que elabora la feria de comercio electrónico y marketing digital eShow Barcelona, Amazon facturó en España 4.241,1 millones de euros en 2017, mientras que las ventas on line de El Corte Inglés se quedaron en 683,8 millones. Es decir, la compañía de Jeff Bezos multiplica por seis las que hace Dimas Gimeno por internet. Si Amazon consiguió el año pasado 53 millones de pedidos en España, El Corte Inglés sólo gestionó 3,7 millones.

Se entiende, pues, la preocupación por el futuro del presidente del hasta ahora gigante español de la distribución –con el permiso de Mercadona–: la cuota de mercado de los operadores on line alcanza el 5% en España, pero en los próximos tres años se duplicará.  Y en otros países de la UE ya es del 15%, según las previsiones que el propio Dimas Gimeno ofreció en Barcelona.

De ahí también que El Corte Inglés esté cubriendo todos los frentes. Lo mismo ofrece a los pequeños comercios salir a la búsqueda de “puntos en común que permitan consolidar la posición y aumentar la competitividad” de todo el sector, como propone al enemigo una “vía de colaboración” para crear una plataforma europea que agrupe a operadores convencionales y tecnológicos, al estilo de como ha hecho Google con Walmart en Estados Unidos o el mismo Corte Inglés con Samsung para compras con móvil y con Alipay –el sistema de pago de Alibaba– para sus clientes chinos.

Todo el sector se siente amenazado

“El comercio electrónico es la cuestión que más inquieta al sector, sin distinción de formatos”, explica José Guerrero, secretario general de la Confederación Española de Comercio (CEC), que agrupa a 450.000 minoristas. Así que aceptan el puente que les tiende Dimas Gimeno. “Si Anged [la patronal de las mayores cadenas de distribución] nos plantea alguna estrategia común, la analizaremos con ánimo de colaborar”, concede, más allá de la batalla que han mantenido históricamente pequeños y grandes minoristas. La CEC no quiere hacer sangre con sus competidores, aunque reconoce entre dientes que ahora Amazon está aplicando a los grandes distribuidores casi la misma medicina que éstos hicieron tragarse a los pequeños comercios en su día.

Dimas Gimeno se queja de que Amazon puede vender las 24 horas y las tiendas físicas no pueden permanecer abiertas siempre. Hay que recordar que las grandes superficies han conseguido extender la liberalización de los horarios comerciales y la apertura en domingos y festivos, frente a los reparos del pequeño comercio, incapaz de competir manteniendo abiertas las puertas de las tiendas casi los 365 días del año y casi a cualquier hora.

Además, los operadores on line están por encima de las fronteras, venden desde otros países y carecen de tiendas físicas, por lo que no les afectan las restricciones de establecimiento –licencias de apertura, impuestos– que sí sufren las cadenas tradicionales. También las tiendas pequeñas.

Ahora Gimeno hace valer también su “proximidad” al clientefrente a Amazon. “Estamos a menos de dos horas de casi toda la población española”, presume el presidente de El Corte Inglés de sus establecimientos en el centro de las principales ciudades –“Ofrecemos cercanía”–, al tiempo que Anged promete “experiencias de compra” en las tiendas físicas de sus asociados –Carrefour, Ikea, Fnac, Cortefiel, Eroski, Media Market–.

Impuestos mínimos

El presidente de El Corte Inglés también protesta por los impuestos mínimos que paga Amazon. Pese a sus millonarios beneficios, El Corte Inglés disfruta de las mismas exenciones y deducciones que benefician a las mayores compañías en el impuesto de sociedades. En 2016 pagó al fisco 15,48 millones de euros, un 8,7% de sus beneficios. Ese ejercicio ha sido el primero desde 2011 en que la compañía presidida por Dimas Gimeno ha hecho un ingreso a Hacienda por este concepto. Aunque en todo este tiempo no dejó de ganar dinero, el líder nacional de la distribución no tributó por sus beneficios durante cinco años consecutivos, al tiempo que Hacienda le devolvía un total de 343,33 millones de euros gracias a deducciones y compensaciones de pérdidas de años anteriores.

En unas polémicas declaraciones el año pasado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sorprendió a muchos criticando que las grandes empresas tributen en España a un tipo efectivo de sólo el 7%, mientras que las pymes soporten una carga del 18%. Unas cifras que coinciden con las que suele airear el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).

Claro que, en comparación, Amazon, al igual que otros gigantes tecnológicos transnacionales como Google, Facebook o Apple, pagan aún menos impuestos, y no sólo en España sino también en toda Europa. Tan escandalosamente escasos que Bruselas lleva ya un tiempo empeñada en conseguir que tributen por sus multimillonarios beneficios allí donde se producen. La última propuesta es un impuesto del 3% sobre las ganancias, que apoyan España, Alemania, Francia e Italia. Además, la UE no ha dudado en reclamarle a Amazon los 250 millones de euros en ventajas fiscales ilegales obtenidas por el gigante gracias a los acuerdos que firmó con Luxemburgo. Allí es donde está radicada Amazon EU Sarl. Según destacó la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, esos pactos permiten a la empresa de Bezos pagar cuatro veces menos impuestos que el resto de las empresas.

En España, la empresa declara que en 2017 pagó cuatro millones de euros por el impuesto de sociedades, el triple que un año antes –1,17 millones–. Pero casi cuatro veces menos de lo que abonó en 2016 El Corte Inglés. Lo hizo a través de las cuatro sociedades con que cuenta en el país: Amazon Spain Services, Amazon Spain Fulfillment, Amazon Web Services y Amazon Online Spain. “Amazon paga todos los impuestos que se requieren en cada país donde opera”, explica la compañía. “Los beneficios se han mantenido bajos debido a las fuertes inversiones y al hecho de que el comercio minorista es una actividad altamente competitiva y de bajo margen”, añade en la respuesta que Amazon facilita a este periódico cuando se le pregunta por las declaraciones de Dimas Gimeno durante los últimos meses, la misma que ha venido repitiendo cada vez que un medio de comunicación le ha pedido un comentario. El gigante on line cifra en 500 millones el dinero que ha invertido en España desde 2011, pero no proporciona ni su volumen de facturación ni la cifra de sus “bajos” beneficios.

Precarización laboral

Aunque Gimeno no habló de ellas, Amazon también le ha ganado la partida en la flexibilización, o precarización, de las condiciones de trabajo de sus plantillas. El gigante de Bezos vivió el pasado marzo su primera huelga en España, que los trabajadores estudian extender al resto de Europa. Protestan porque la multinacional quiere aplicarles un convenio colectivo que rebaja sus actuales condiciones. En represalia por la huelga, aseguran los sindicatos convocantes, la empresa se ha deshecho este mes de 100 empleados temporales. Amazon cifra en 1.600 el número de sus trabajadores fijos y en 10.000 los empleos indirectos que genera. Pero no precisa cuántos temporales tiene. Los contrata a través de ETT y encadenan contratos semana tras semana para mover paquetes en sus almacenes. Amazon cuenta con seis centros logísticos en Madrid y Barcelona, así como un centro de desarrollo de software y otro de apoyo a las pymes europeas.

La crisis, que aumentó el paro y, por tanto, hundió el consumo, golpeó también a El Corte Inglés, que reaccionó, junto al resto del sector, recortando las condiciones de trabajo de su plantilla. El convenio del sector aprobado en 2013 congeló salarios, aumentó jornadas laborales, eliminó el pago del trabajo obligatorio en domingos y festivos, redujo comisiones de venta… El malestar se tradujo en una cuantiosa pérdida de plantilla: si se retrotrae hasta 2010 alcanza los 11.000 trabajadores. En 2017 ejecutó un plan de bajas voluntarias que supuso la salida de 1.340 empleados de más de 58 años. Según CCOO, en todo el sector de grandes almacenes la pérdida de trabajadores ha sido de 70.000 personas entre 2013 y 2016.

En este tiempo también ha reducido El Corte Inglés su porcentajede empleo indefinido, que llegó a ser del 94% en 2012 y 2013, y ahora se encuentra en el 88%. Por el contrario, ha crecido el porcentaje de sus trabajadores a tiempo parcial, que alcanzó un mínimo del 27% en 2009 y en 2014 se elevó hasta el 32% –la empresa ha dejado de publicar los dos últimos ejercicios en su informe de responsabilidad social corporativa el porcentaje de trabajadores a jornada completa–. Atendiendo a la plantilla media con empleo a tiempo completo, ésta se ha recortado en un 9,2% desde 2011 hasta 2016: 8.180 trabajadores menos.

Rajoy y Bruselas, al rescate


El caso es que, tras la penúltima intervención de Dimas Gimeno, Mariano Rajoy pareció echarle un capote al sector en plena ofensiva contra Amazon. “Estamos trabajando en el seno de la UE y de la OCDE para tener un marco regulatorio eficaz y justoque se adapte a la era digital. Por ello, nos hemos comprometido a trabajar conjuntamente para que todas las empresas compitan en igualdad de condiciones”, adelantó el presidente en el World Retail Congress en Madrid.

“Los gobiernos y los políticos han sufrido una especie de síndrome de Estocolmo con Amazon, les han abierto las puertas y ahora ven la realidad de lo que significan estos marketplaces [el neologismo con que se conocen las plataformas tecnológicas donde, a modo de mercados virtuales, terceros pueden vender sus productos]”, se queja el dirigente de la CEC. Para José Guerrero, la cantidad que los Presupuestos del Estado dedica al comercio minorista es “ridícula” y “decepcionante”. Para que los pequeños comercios puedan aumentar su actividad en internet, éstos necesitan “más apoyo financiero para inversiones: ayudas, créditos, formación, jornadas de sensibilización…”, puesto que sus dificultades son mayores que las que deben afrontar las grandes cadenas. “Y no tenemos la sensación de que el Gobierno tenga la sensibilidad que sí muestra con el taxi, por ejemplo”, apunta el responsable patronal.

Pero no sólo Rajoy parece estar en sintonía con las demandas de El Corte Inglés, sino también Bruselas. Anged acaba de difundir un informe de la Comisión Europea que, además de pedir una tributación “justa y efectiva” de la economía digital, critica el “impacto negativo” que tiene la “acumulación de regulaciones” sobre el sector y defiende “un entorno empresarial favorable”. Los hábitos de consumo han cambiado y las tiendas físicas tienen muchas más dificultades para adaptarse a ellos por culpa de las “restricciones” que sólo les afectan a ellas, y no a los operadores on line, explica el documento.

Entre ellas, la Comisión Europea cita las licencias de apertura, a veces condicionadas al tamaño del establecimiento o a determinadas zonas de las ciudades, los límites horarios, los calendarios de rebajas y los impuestos a los grandes centros comerciales. Así, España resultar ser el segundo país con más restricciones de funcionamiento para el comercio minorista, sólo por detrás de Francia, y el noveno con mayores limitaciones al establecimiento de nuevos negocios de este tipo. “Muchas de estas restricciones pueden justificarse por objetivos legítimos de las políticas públicas; sin embargo, su acumulación puede levantar barreras desproporcionadaspara los nuevos negocios y, por tanto, afectar negativamente a la productividad del sector”, argumenta la Comisión.

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