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INCLUSIÓN DIGITAL
Según Mar España, directora de la Agencia de Protección

Alegar protección de datos no obstaculizará las denuncias de corrupción (90.000 millones de coste)


"No consentiremos que se obstaculice una investigación alegando protección de datos", afirma Mar España tras la aprobación preliminar de la nueva directiva comunitaria que tiene como objetivo proteger a los denunciantes.Esta es la principal novedad que aporta el digital de abogados LegalToday de la jornada sobre protección de los denunciantes organizada por la CNMC, que ya el año 2015 cifraba en 90.000 millones las pérdidas de los españoles por irregularidades y corrupción en contratos públicos
Redacción 28 de abril de 2019 Enviar a un amigo
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Foto del evento en la CNMC. LegalToday
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Mar España fue clara durante su intervención del pasado miércoles, 13 de marzo, en el debate dedicado a hablar sobre la situación de los denunciantes de casos de corrupción en España celebrado en la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en Madrid, según recuerda el digital "por y para abogados" LegalToday en una información de Yolanda del Valle: "La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se compromete a ofrecer todo su apoyo a los denunciantes de casos de corrupción cuando se investigue una denuncia. Exigiremos que se pueda acceder a toda la información pertinente que requieran las autoridades competentes sin que nadie pueda objetar que no es posible facilitar ‘esa información' por temas de protección de datos", afirmó respondiendo a una pregunta de uno de los asistentes, entre los que se encontraban denunciantes de casos de corrupción que habían acudido al evento.

Dejaba claro así que la protección de datos no será en ningún caso algo tras lo que puedan escudarse quienes no quieran colaborar con la Fiscalía Anticorrupción en el curso de una investigación por corrupción. "La protección de datos no será en ningún caso algo tras lo que puedan escudarse quienes no quieran colaborar con la Fiscalía Anticorrupción", afirma Mar España, directora de la AEPD.

El debate, que reunió a expertos y denunciantes para analizar la situación de desamparo y falta de protección que sufren en España los denunciantes de corrupción, contó con la intervención destacada de Hervé Falciani, el ingeniero de sistemas francoitaliano que denunció en 2008 a 130.000 presuntos evasores fiscales - conocida como la ‘Lista Falciani' - tras extraer información de la sucursal suiza del HSBC en la que trabajaba, y Ana Garrido, testigo protegido en la investigación de la trama Gürtel que facilitó información al exjuez Baltasar Garzón sobre las irregularidades que se estaban cometiendo en el Ayuntamiento de Boardilla del Monte (Madrid) cuando trabajaba en este consistorio como técnico de Juventud hace más de una década.

Las intervenciones de estos dos destacados ponentes sirvieron de preámbulo a un acto en el que participaron representantes de instituciones públicas y privadas españolas que están aunando esfuerzos para conseguir que los alertadores de fraudes e infracciones, tanto en el sector público como en el privado, tengan garantías de que no van a sufrir acoso ni represalias por colaborar con la Justica en la investigación de casos de corrupción.

Directiva comunitaria


Ana Garrido escuchando a Hervé Falciani en la CNMC.

La celebración de este acto tuvo lugar un día después de que la UE anunciara la adopción de medidas preliminares para proteger a los denunciantes de fraude y corrupción prohibiendo expresamente represalias contra ellos como el despido, la degradación de su puesto de trabajo o la intimidación. Asimismo, la UE anunció que esta protección se hará extensible a los facilitadores de información, los periodistas de investigación y los familiares de los denunciantes.                 

Es importante destacar que solo diez países de la UE - Francia, Irlanda, Italia, Hungría, Lituania, Malta, Países Bajos, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido - ofrecen actualmente una protección legal completa a quienes denuncian, mientras que en el resto de países europeos esta protección es parcial o está limitada a sectores o a categorías de trabajadores específicas.

Las nuevas normas pactadas, que deberán ser acordadas formalmente por los Veintiocho y la Eurocámara en los próximos meses, garantizarán que en toda la UE se proteja a los denunciantes de casos de corrupción y se les ofrezca canales de denuncia, así como apoyo legal, financiero y psicológico, sin coste alguno, además de protección en procedimientos judiciales.

Simona Levi, fundadora de Xnet, plataforma que aglutina a activistas que trabajan por los derechos digitales, la democracia en red y la libertad de expresión, y que participó en la elaboración del borrador de esta directiva comunitaria como organización independiente, afirmó que el hecho de que el denunciante pueda denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción, o las autoridades competentes, y que no tengan que hacerlo necesariamente dentro de su propia organización, es una pequeña victoria; pero esto no evita que los alertadores se sientan desprotegidos".

La activista digital aseguró durante su intervención que "la directiva comunitaria ha sido manoseada por muchos lobbies europeos" y que han presentado una enmienda a la directiva que incide en "la importancia de proteger los derechos de los denunciantes y de borrar las huellas digitales de estas personas para normalizar sus vidas".

Canales de denuncia

En relación a los canales de denuncia, la UE prevé la creación de mecanismos internos en las propias organizaciones y también externos, dirigiendo la denuncia a las autoridades nacionales y de la UE competentes, aunque se tratará de privilegiar el canal de denuncias interno con respecto al externo.  

En este sentido, Hervé Falciani puntualizó que, para los denunciantes, "es importante buscar apoyos y establecer estrategias" para evitar represalias, e indicó que "para proteger a los denunciantes la denuncia se podría hacer a través de un ‘intermediario' para ocultar así su identidad". Esta fue su propuesta frente al planteamiento adoptado por la UE.

Ana Garrido, por su parte, reconoció que "esas represalias se sufren también en el entorno más inmediato mediante la introducción de ‘topos' que te siguen, que te vigilan, además de ver cómo te hacen de lado tus compañeros de trabajo, o que pierdes apoyos entre familiares y amigos".

Con respecto a si la denuncia debe de hacerse por cauces interno o externos, aseguró que "uno de los mayores errores de los denunciantes es denunciar por cauces internos, porque normalmente tu jefe está implicado en los hechos que denuncias y se pueden destruir pruebas antes de que empiece la investigación", y afirmó "estar muy contenta por el acuerdo adoptado ayer en la UE que hace posible que se pueda denunciar a través de la Fiscalía Anticorrupción o los medios de comunicación".

Finalmente, consideró "un éxito que se haya acordado multar a quien ejerza represalias contra los denunciantes, así como que tengan que probar que los hechos denunciados son falsos".

Por su parte, Mar España aseguró que "desde la AEPD se ha dado un paso adelante decisivo para proteger a los denunciantes de casos de corrupción, admitiendo denuncias anónimas y a través de canales externos, no solo internos", y añadió que está convencida de que "los denunciantes gozan ahora de mayor protección en nuestro país que hace unos meses".

Manuel Villoria Mendieta, que intervino a continuación en nombre de Transparencia Internacional España como miembro de su Comité Directivo, añadió que "España es de los países de Europa que más rechaza la corrupción, aunque los denunciantes en nuestro país no cuentan con ningún ‘beneficio' como ocurre en otros países de nuestro entorno, sino más bien con todo lo contrario. En este contexto, continuó, "hay que ser muy valiente y confiar en nuestras instituciones para dar el paso de denunciar".

Con respecto a la nueva directiva europea, afirmó que se tendrá que adaptar a las circunstancias de nuestro país definiendo con claridad quién puede denunciar, qué se puede denunciar, y qué implica proteger los derechos de los denunciantes. "Todo esto va a exigir muchos medios y recursos del Estado - puntualizó - por lo que la idea de tener agencias externalizadas que investiguen las denuncias parece la más factible".

Joan Llinares Gómez, director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción creada en la Comunitat Valenciana en 2016, aseguró que "los preceptos que recoge la nueva directiva europea ya fueron planteados en la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción celebrada en Nueva York en 2003", y aseguró que en España, que ratificó este documento en 2006, "hace falta un cambio cultural que normalice las denuncias de casos de corrupción como pasa en otros países".

El director de la agencia de lucha contra la corrupción valencia afirmó que, en la actualidad, tienen "dieciséis personas protegidas de un total de veintitrés expedientes de denuncias abiertos" y aseguró que, a pesar de tratarse de un organismo independiente que solo rinde cuentas ante el Parlamento autonómico y la ciudadanía, "nos encontramos muchas veces con la resistencia de las Administraciones Públicas a facilitar información cuando se inicia una investigación por un caso de corrupción".

Con respecto a la protección de los denunciantes, afirmó que "la agencia valenciana vela en sus estatutos por proteger los derechos de los denunciantes y que tiene potestad sancionadora de hasta 400.000€ para quien ‘perturbe' la vida de los alertadores de casos de corrupción".

Por su parte, Alba Lema Dapena, presidenta del ‘Comité de imparcialidad, independencia e integridad' de la World Compliance Association, afirmó que "el 75% de los españoles considera que la corrupción forma parte de la cultura empresarial de este país" y que "este dato resulta muy preocupante". Asimismo, añadió que "los españoles pensamos que los casos de corrupción en las altas esferas no son perseguidos porque la cúpula política hace uso de su poder para ‘aplastar' a los denunciantes".

En ese sentido, María de la Torre Rodríguez, Compliance Officer y DPO en Grupo Masmovil y miembro de la Junta Directiva de CUMPLEN, afirmó que "el denunciante en España necesita una compensación que no es necesariamente económica, como ocurre en otros países europeos, sino sencillamente el que se sienta protegido y a salvo de represalias".

Finalmente, Juan Ignacio Ruíz Zorrilla, secretario general del Instituto Oficiales de Cumplimiento (IOC), aseguró que "la mejor manera de proteger a los denunciantes es establecer canales de denuncias que funcionen bien, independientemente de la legislación vigente", y abogó por la autorregulación asegurando que "lo más adecuado es que las denuncias se investiguen internamente en cada organización".


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