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Celaá niega intención de cerrar los centros de educación especial, por dar prioridad a la inclusión

imagen de laMoncloa.

La ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, ha declarado que el Gobierno no tiene intención alguna de cerrar los centros de educación especial, frente a lo que se ha rumoreado. Dijo que ello es así porque defiende como prioridad la de garantizar una educación inclusiva que conjugue la excelencia con la equidad.
Francisco Pinzón 9 de mayo de 2019 Enviar a un amigo
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La portavoz del Gobierno ha reiterado a las familias que el Gobierno no tiene ninguna intención de cerrar los centros de educación especial y ha recordado que el proyecto de Ley de Educación aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero recoge que las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a estos centros.

Celaá ha destacado que la educación debe perseguir las mismas metas para todos los alumnos y, para ello, es necesaria una educación flexible que tenga en cuenta las características, estilos y necesidades de cada alumno.

Así lo recoge la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad que España suscribió en 2008, al establecer que los Estados parte asegurarán un sistema de educación inclusiva en todos los niveles y la enseñanza a lo largo de la vida.

Aunque varias comunidades autónomas han desarrollado normas para impulsar este tipo de educación, aún no existe una norma estatal que traslade los requerimientos internacionales al conjunto del sistema educativo en un marco común.

En línea con las directrices internacionales, el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros fija un periodo de 10 años para desarrollar las medidas necesarias para extender la educación inclusiva en los centros escolares.

Según Celaá, la nueva ley de Educación podría ser aprobada por las Cortes el próximo curso y, a partir de ahí, el Gobierno elaboraría un Real Decreto que recogiera los compromisos necesarios para avanzar en educación inclusiva.

La ministra en funciones ha explicado los grandes ejes de actuación para conseguir este objetivo, como son asegurar una formación inicial sólida del profesorado que atienda a la diversidad, flexibilizar la organización escolar con una revisión integral del currículum, personalizar las evaluaciones y dotar a los centros escolares de recursos de accesibilidad y de profesionales expertos en inclusión.

Además, Celaá ha subrayado la importancia de reforzar los servicios de atención temprana que abarquen desde el nacimiento hasta la vida adulta, así como integrar a profesionales de los tres sectores: Educación, Sanidad y Servicios sociales.

La titular de Educación en funciones también ha destacado la necesidad de revisar los procedimientos de evaluación psicopedagógica que dan lugar al dictamen de escolarización y de reforzar la participación de las familias en todo el proceso. Para todo ello, según Celaá, hará falta un pacto serio y sólido de financiación que garantice recursos estables para dar una adecuada atención a todo el alumnado.

En palabras de la ministra en funciones, se trata de un proceso de cambio social y cultural que solo podrá llevarse a cabo mediante el diálogo y la colaboración con las familias, las organizaciones que las representan y con el resto de los sectores implicados.

En el debate también han intervenido Pedro del Río, director de Aleph-TEA, Inés de Araoz, responsable del departamento jurídico de Plena Inclusión España, y Macu Blanco, madre de un joven con discapacidad intelectual, alumno del colegio San Ignacio de Loyola.
 
 

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