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EMPRESAS Y RSC
También el expresidente de Indra y presidente de PRISA

Imputadas las dos expresidentas de Madrid y otras 41 personas por financiación de tres campañas PP

El PP expresa su respeto a las decisiones judiciales sobre Aguirre y Cifuentes, pero apela a la presunción de inocencia. Eldiario.es

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por presunta financiación irregular del PP regional en las campañas electorales 2007, 2008 y 2011, dentro del caso Púnica, donde ha incluido a otros 41 investigados, entre ellos el expresidente de la empresa Indra, Javier Monzón, actual presidente de PRISA por Banco Santander.Las citaciones van desde el 9 de septiembre hasta el 18 de octubre.
Redacción 3 de septiembre de 2019 Enviar a un amigo
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Los informes de la Guardia Civil que han llevado a la investigación de las dos expresidentas del PP de Madrid y primeras autoridades regionales de su educacion y sanidad, entre otras instituciones, aportan indicios de la asistencia a reuniones clave con responsables de empresas como Indra, a la que por la etapa de Javier Monzón Anticorrupción pidió 1,4 millones por sus pagos a la caja B del PP, o su conocimiento de pagos a través de la Fundación Fundescam.El reglamento del Consejo de Administración de Prisa, empresa propietaria del diario más leído y de la radio más escuchada y que cuenta también entre otros accionistas con Telefónica, Amber y CaixaBank, dice que “todo consejero deberá informar a la sociedad (…) en el caso de que fuera llamado como investigado, resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral en una causa penal por cualquier delito y del acaecimiento de cualesquiera otros hitos procesales relevantes en dichas causas”.

La investigación se inició en 2014 tras el hallazgo de una agenda del ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, considerado el cabecilla de la trama Púnica, en la que pueden leerse unas siglas junto a determinadas cantidades de dinero. Se investiga si estas letras pertenecen a presuntos donantes del PP regional que habrían sufragado las campañas electorales a cambio de adjudicaciones públicas, algo que este investigado siempre ha negado.Hace justo un mes, las fiscales Anticorrupción Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez presentaron un escrito de 75 páginas al juez solicitando las imputaciones. 

El auto del magistrado García Castellón arruina la fábula de las "ranas", al situar a Aguirre como principal responsable y a Ignacio González y Granados como meros "ejecutores" de las órdenes de la expresidenta, aunque el expresidente González y el excicepresidente Granados ( de quienes Aguirre dijo que eran de los pocos altos cargos que le habían salido “ranas”) también serán investigados. Los jueces ya investigan así 15 años de gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid: subvenciones fraudulentas y amaño de contratos, destaca el diario.es, uno de los digitales junto a Infolibre.es que han denunciado numerosas irregularidades también en el caso Púnica y en AvalMadrid de la sucesora de Cifuentes y anterior empleada de Aguirre, la actual presidenta del PP con los votos de Ciudadanos y Vox, Isabel Díaz Ayuso. 

Fortalecer y vigorizar su figura política

Ahora, el juez decide imputar a Aguirre porque la investigación arroja "indicios racionales" de que sería "quien ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad". "Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad", apunta. 

Según expone el juez en el auto de imputación, al llegar Aguirre al Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2003, los dirigentes conservadores "fijaron una estrategia para obtener fuentes de financiación para el partido, amparándose en diversas partidas del presupuesto, en principio con fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público desde las licitaciones de las consejerías de la Comunidad y adjudicar, en connivencia con determinadas proveedores de confianza, la licitación de determinados contratos de suministros".

Esos proveedores "venían colaborando con la Comunidad de Madrid, bajo la expectativa de ver consolidada o mejorada su condición se confabulan con los primeros para desviar fondos para financiar las campañas electorales", argumenta el magistrado.

Así, "el plan implicó en el desvío del dinero público a los consejeros que se avinieron a ello. Fue en una reunión a principios del año 2004 en la sede de la Presidencia del Gobierno de Madrid, cuando se presentó a los consejeros" al empresario Horacio Mercado y "el nuevo logo de la Comunidad diseñado por el mismo", el cual proclamaba Madrid la suma de todos.

A esa reunión, que estuvo presidida por Aguirre, asistieron también sus asesores de gabinete, así como Ignacio GonzálezFrancisco Granados y Alberto López Viejo, el exconsejero Manuel Lamela y la ex directora general de Medios, Isabel Gallego.

En ese concierto formado tras la formación de gobierno tuvieron una "intervención relevante" el exgerente del partido Beltrán Gutiérrez, González y Granados, en quienes la expresidenta madrileña "se apoyó para que ejecutasen sus decisiones".

Cifuentes, imputada por la cafetería de la asamblea

En el caso de Cifuentes, la imputación obedece al contrato de Servicio de Cafetería de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco. La expresidenta participó en el comité de expertos que, según explica el auto del juez, "valoró de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor" de la empresa de Arturo Fernández.

"No les importó que su participación en el comité de expertos conculcase la legalidad vigente, ya que Cristina Cifuentes también presidía la mesa de contratación" que dio luz verde a aquel informe con su propio voto a favor, conforme señala el auto, en el que se incide en que se siguió el mismo patrón cuando se volvió a adjudicar el servicio a la empresa de Arturo Fernández en 2011.

Recuerda que además, Cifuentes era Patrona de Fundescam en el año 2007, cuando se efectuaron las donaciones por el investigado Arturo Fernández, y formó parte del comité regional de campaña del PP de Madrid en aquellas autonómicas.

González y otros cuatro exconsejeros

Por otra parte, el juez también ha citado el 17 de octubre al expresidente Ignacio González, quien ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional por la presunta financiación ilegal del partido, en el marco del caso Lezo, y tras la unión de las piezas de ambas causas sobre la contabilidad B.

El magistrado atiende así a la petición que le había formulado hace justo un mes la Fiscalía Anticorrupción, que solicitaba la imputación de los tres expresidentes en esta pieza de Púnica, así como de otra treintena de personas entre las que se encuentran los exconsejeros madrileños Borja Sarasola (1 de octubre), Manuel LamelaJuan José Güemes (los dos el 14 de octubre) y Gádor Ongil (17 de octubre).

Por su parte, el expresidente de IndraJavier Monzón, y la propia empresa en calidad de persona jurídica también han sido citados como investigados, como pedía Anticorrupción, concretamente el 4 de octubre, según el listado de la providencia, en el cual figura el ex vicepresidente ejecutivo, Santiago Roura, quien acudirá el 30 de septiembre, y el exdirectivo Vicente Gil Ortega, quien está citado el 18 de septiembre.

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón define la actuación de la multinacional tecnológica, uno de los gigantes del IBEX:  "Un instrumento de desvío de fondos públicos" de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), la segunda empresa pública del Gobierno regional que manejó presupuestos anuales por más de 150 millones de euros en los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. 

Indra, apunta el auto, es uno de los principales proveedores de ICM, que resultó beneficiado en las adjudicaciones del ente público con más de 15 millones de euros y "parte singular en el concierto urdido por dirigentes del PP madrileño para utilizar las arcas públicas de la entidad ICM como fuente de ingresos del partido".


Aparte de los investigados ya mencionados, el 12 de septiembre declaran Yann Barlerin, ex director financiero de GDF Suez Energie Services, y el tercer teniente de alcalde por el PP de Torrejón de Velasco en 2015, Raúl Huerta Quiroga.

El 16 de septiembre están citados el exviceconsejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alejandro Halfter; Germán Rasilla, ex alto cargo de la Viceconsejería de Infraestructuras Sanitaria; la funcionaria Rosario Jimenez; Almudena Pérez Hernando, exdirectora del Servicio Madrileño de Salud; y Carlos Rivero, consejero delegado de Gedesma, la empresa de gestión y desarrollo de medio ambiente de la Comunidad de Madrid.

Al día siguiente, 17 de septiembre, acudirán a la Audiencia Nacional, también como investigados, Alfonso Granados, hermano del exconsejero y principal imputado en esta causa; Esperanza Carvajal, de Gedesma; Aurelio García de Sola, expresidente de Madrid Network; Álvaro de Arrezana; los empresarios Juan Miguel Madoz y José Luis Rojas; Francisco Lobo, ex secretario general técnico de la Consejería de Sanidad; la publicista Celia Caño; y Carlos Holemans, de la agencia de publicidad El Laboratorio.

El día 18, están citados el exdirector de la Agencia Informática y de Comunicación de la Comunidad (ICM), Silvano Corujo; Vicente Gil Ortega; Victoria Cristóbal Araujo; Antonio González Jiménez; José María Díaz Retama; Manuel Herrera Álvarez, y Eugenio José Rey Conde. Mientras que el 19 acudirán a declarar Gustavo Muñiz Fernández, los empresarios José Luis Ulibarri y Carlos Contreras,Miguel Jiménez Laso, Belén Ortuzar Abando, Santiago Fabregat Carrascosa y Ana Laguia.

El día 25 están citados el investigador José Miguel Alonso Gómez; el exdircom de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Pablo Sola Carmona; y el ex director comercial de EsRadio, Javier Rodríguez Monasterio.

La lista incluye la declaración de unperjudicado, Gerardo Jimeno, de la consultora Ósmosis XXI, el 11 de septiembre.

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