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Se acreditará experiencia laboral a personas sin título

De 2000 millones para educación a recibir por las autonomías en septiembre al 5% del PIB prometido

Pedro Sánchez durante la rueda de prensa.Moncloa

El Gobierno ha cambiado este fin de semana los criterios de reparto de los 16.000 millones anunciados en transferencias a las comunidades autónomas para favorecer la educación. Esta recibirá del Estado 2.000 millones en septiembre. Con ello y lo anunciado para becas se inicia el camino hacia el 5% de PIB prometido en 2025, lo que requerirá elevar la inversión anual educativa en unos 7.000 millones de euros para volver a ese nivel que tenía en el año 2.009 al empezar la anterior crisis.
Redacción 7 de junio de 2020 Enviar a un amigo
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El reparto de este nuevo fondo para Educación se efectuará entre las comunidades autónomas así, una vez que lo apruebe el próximo Consejo de Ministros: el 80% según la población de 0-16 años y el 20%, de 16 a 24 años.

El retorno al 5% del PIB de inversión anual en euducación es lo que anuncia en su punto 2.1.10.el texto íntegro del Programa de coalición pactado por PSOE y Unidas Podemos. Pero para ello se necesitará elevar los presupuestos anuales en unos 7.000 millones de euros, que ahora rondan los 50.000 millones de euros entre el  gasto público y el de los hogares, cuyo gasto educativo creció un 45% en la década de crisis, al elevar su total desde los 8.753 millones de euros en 2007 a los12.356 millones contabilizados en 2017, ultimo del que hay cifras completas.

Incrementaremos los recursos públicos destinados a la educación y becas. hasta situar la inversión educativa en España en un 5% del PIB en el año 2025. Se apoyará a las comunidades autónomas para que progresivamente se produzca una reducción de las ratios en todos los niveles educativos. Así lo textualmente el programa de coalición. El pasado 20 de mayo se anunciaba que el presupuesto de becas del próximo curso crecerá para ello en 386 millones (un 22%), a lo que este fin de semana se ha sumado el anuncio de los 2.000 millones a Educación en septiembre.

En efecto, las últimas cifras completas sobre los presupuestos liquidados por administraciones públicas y hagares en educación revelan que desde los recortes de 2009 hasta los del 2014 se redujo el gasto público educativo en  9.106 millones de euros  (desde el 4.99% al 4,32% del PIB). Pero como indican tambien las cifras detalladas luego se recuperaron solo las cifras nominales de gasto público educativo, pues la elevación de este en unos 4.500 millones hasta el 2017 no impidió que en términos reales o relativos a la cuota de PIB este siguiera bajando en los años de recuperación económica impulsada por el Banco Central Europeo hasta el 4,25% del PIB.



Con la nueva propuesta del Gobierno para los 16.000 millones anunciados desde el inicio de la pandemia en transferencias a las autonomías y que se aprobarán el próximo martes por el Consejo de Ministros, el reparto quedaría de la siguiente forma: los 9.000 millones para Sanidad se pagarían en dos tramos, uno de 6.000 millones a repartir en julio y los 3.000 millones restantes, se repartirían en noviembre; los 2.000 millones para Educación se transferirían en septiembre y los 5.000 millones para compensar la caída de ingresos, a partir de diciembre.

El planteamiento de reparto original que realizó el Gobierno para este fondo era distintos y contemplaba 10.000 millones para Sanidad en dos tramos, uno de 6.000 millones y otro de 4.000; 1.000 millones para un fondo social y otros 5.000 millones para la caída de ingresos por la menor actividad económica.Para esos 6.000 millones iniciales planteaba que los ingresos en UCI que había registrado cada autonomía pesarían el 35% y los hospitalizados, otro 25%. Es decir, el 60% en total, mientras que los casos de covid-19 confirmados por PCR significarían un 20% y el otro 20% restante, el dato de población. Hacienda aceptó que los PCR realizados que iban a contar no fueran solamente los que hubieran dado positivo, sino los que se hubieran realizado.

En cuanto al segundo tramo sanitario que se preveía de 4.000 millones, Hacienda propuso que la población sería el criterio que tuviera más relevancia y pesara el 40%; los ingresos en UCI, un 30%; las hospitalizaciones supondrían un 20% y los positivos confirmados por PCR, el 10% restante.Sin embargo, fuentes autonómicas aseguran que los nuevos criterios de reparto favorecerán que tenga más peso el criterio poblacional.

Con el reparto final de lkos 16.000 millones anunciados de transferencias a las comunidades aurtónomas, 9.000 millones se destinarán a gastos sanitarios; 2.000 millones a un fondo de Educación y otros 5.000 millones a compensar la caída de ingresos derivada del parón económico. Pero de estos últimos, 800 millones servirán para compensar la disminución de la facturación de los servicios de transporte, como metro, cercanías o autobuses interurbanos.

Pata el fondo destoinado a Sanidad, habrá un primer tramo de 6.000 millones de tal forma que la población protegida equivalente pasa de pesar un 20% a un 35%, y en el segundo de 3.000 millones, el peso poblacional pasaría del 40% al 45%.El fondo sanitario será de 2.000 millones y surgen de una reorganización de la propuesta inicial de reparto del fondo no reembolsable. Así, se aportan a ese fondo 1.000 millones que originalmente se iban a destinar a Sanidad y otros 1.000 millones del fondo social que también estaba previsto.

Hacia el 5% del PIB, según Celaá, y certificaciones  por experiencia en FP para los no titulados

"Si España quiere crecer y erradicar la pobreza, la solución pasa por no recortar en educación. Por invertir en educación, porque la educación es una inversión, no un gasto", decía el jueves la ministra de Celaá en el Senado, donde reiteró el compromiso de incrementar su financiación hasta alcanzar el 5% del PIB en 2025.

La Formación Profesional (FP), que con la creación de una Secretaría General propia entra en una nueva etapa, es una de las grandes prioridades del Ministerio de Educación y de Formación Profesional (MEFP) que dirige Isabel Celaá, según ha recordado la ministra en su comparecencia ante la Comisión del Senado.
En este sentido, el MEFP impulsará la acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral entre los trabajadores sin titulación.
En la Comisión, y tras recordar las más de 70 medidas puestas en marcha por el Ministerio durante la crisis de la pandemia y detalladas hace dos semanas en la Comisión del Congreso, Celaá ha repasado los "ejes del proceso de modernización que el MEFP está impulsando desde que comenzó esta legislatura y que la emergencia educativa exige acelerar y profundizar, no ralentizar ni paralizar".

web todofp.esEl Ministerio lleva dos años trabajando en la modernización de la FP, que ahora cobra un nuevo impulso para avanzar hacia una formación moderna y europea, que articule la formación profesional del sistema educativo y la formación profesional para el empleo.
"Enfrentarse a los graves desajustes que presenta España por la falta de profesionales formados y la alta tasa de desempleo supone principalmente lograr cualificar y recualificar a las personas en los llamados 'niveles intermedios'", ha recordado Celaá. En 2025, el 49% de los puestos de trabajo requerirá un nivel de cualificación medio. Hoy solo un 24% de la población activa española cuenta con dicho nivel.
Así, el Ministerio se propone mejorar el nivel de cualificación e impulsar y facilitar los procedimientos de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral entre los trabajadores sin titulación. A ello se añadirá un procedimiento nuevo para el reconocimiento de las competencias básicas entre la población activa que no las tenga acreditadas por titulación. Y se realizarán ofertas de formación profesional específicas ajustadas a las necesidades de las personas adultas.
La modernización de la FP incluye también la incorporación de nuevas especialidades en el catálogo de titulaciones y el impulso de la orientación profesional. Constituye un verdadero "desafío de Estado" que requiere de la colaboración con empresas, interlocutores sociales y entidades y organismos del tercer sector para lograr conjuntamente que la FP sea uno de los pilares dela reconstrucción social y económica y de la empleabilidad.
La profesión docente, clave de una educación de calidad
cartel del proyecto de leyLa política del profesorado, cuya dedicación y esfuerzo ha sido esencial durante la pandemia, será también "uno de los ejes fundamentales de este Gobierno", ha asegurado la ministra.
El proyecto de ley orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), actualmente en trámite parlamentario, establece el compromiso de presentar, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley, una propuesta normativa que regule la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente. A su vez, la mejora de la formación práctica de los futuros profesores será una de las metas de la revisión de los planes de estudio, que ya se ha iniciado.
La ministra se ha comprometido también a seguir trabajando con las comunidades autónomas para continuar reduciendo las altas tasas de interinidad, a pesar de que la pandemia ha provocado el aplazamiento de la convocatoria de empleo público. En 2019, la interinidad ya disminuyó del 29,4% al 23,3%, y el MEFP seguirá trabajando para acercarse a finales de la legislatura a la tasa objetivo del 8%.
Otro ámbito prioritario es el de actualizar los aprendizajes en un currículo moderno, por competencias, centrado en los aprendizajes, con el objetivo de disminuir los índices de abandono escolar temprano. El propósito es promover una educación integradora en todas las etapas, con un currículo menos memorístico y enciclopédico que garantice los aprendizajes fundamentales.
El impulso de la universalización progresiva de la educación de 0 a 3 años es otra prioridad. En esta etapa, esencial porque sienta una base sólida para el aprendizaje a lo largo de la vida, están escolarizados actualmente tan solo el 39,6% de los niños y niñas. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, se presentará un plan de ocho años de duración para la extensión del primer ciclo de educación infantil, dando prioridad al alumnado en situación de riesgo de pobreza y de exclusión social.
Digitalización de la educación
web de todofp.esLa digitalización de la educación es otro ámbito prioritario, siguiendo la base establecida por el Plan de digitalización y desarrollo de la competencia digital en Educación y Formación Profesional, con una visión transversal e integral. Asimismo, el MEFP firmará un convenio con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para desarrollar un programa de cooperación territorial para dedicar conjuntamente recursos a la digitalización, contando además con financiación europea. En FP, se hará una clara apuesta por las titulaciones y contenidos asociados a las tecnologías de nueva generación.
Garantizar la equidad del sistema de becas y de ayudas al estudio es el sexto ámbito prioritario. La ministra ha recordado la reciente presentación, junto al Ministerio de Universidades, de la reforma de este sistema, que le devuelve su carácter de derecho subjetivo. El Gobierno incrementará en 386 millones de euros la cifra destinada a becas, lo que supone un aumento del 22% en la inversión para el curso 2020-2021, el mayor incremento en una década.
Una ley abierta a acuerdos
El proyecto de ley LOMLOE recoge los principales consensos resultantes de las 83 comparecencias en las Subcomisión del Congreso. Asimismo, el MEFP recibió en la consulta previa a su aprobación más de 43.000 comunicaciones y 100 aportaciones de organizaciones educativas, comunidades autónomas y consejos escolares autonómicos. Igualmente, en el seno del Consejo Escolar del Estado se presentaron, debatieron y votaron una a una más de 550 enmiendas, ha recordado la ministra, quien ha querido subrayar su voluntad de "tender la mano a acuerdos en asuntos donde la educación española se juega su futuro, ya que en educación son más los puntos de unión que las discrepancias".
 

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