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ECONOMÍA
Manual práctico de fiscalidad de la propiedad inmobiliaria

El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, obsoleto,según los economistas colegiados españoles


Al presentar el "Manual práctico de fiscalidad de la propiedad inmobiliaria", editado por la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, abogó por la revisión global de los tributos ligados a la construcción de vivienda, pues "la fiscalidad inmobiliaria –que incluye desde la adquisición del suelo hasta la transmisión de la vivienda, pasando por la construcción de la misma– es excesiva y provoca un encarecimiento final de costes".
Redacción 15 de junio de 2020 Enviar a un amigo
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 Manual práctico fiscalidad de la propiedad inmobiliaria (Tamaño: 3,2 Mb.)
Organizada por el Consejo General de Economistas y el Col.legi d´Economistes de Catalunya, hoy se ha llevado a cabo la presentación del Manual práctico de fiscalidad de la propiedad inmobiliaria, que ha sido editado por la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona –y en cuya elaboración ha participado Jaume Menéndez, vocal del Consejo Directivo del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas–. Dicho manual tiene por objeto aproximar de una manera práctica y directa a los lectores interesados en la materia la problemática tributaria de las propiedades inmobiliarias, a fin de que la puedan visionar y ejecutar de una manera segura y eficiente, dada la maraña fiscal que grava la vivienda en nuestro país desde los ámbitos estatal, autonómico y local. En este manual también se realiza un estudio sobre los costes fiscales asociados a la adquisición, uso y alquiler de viviendas, que pone en evidencia que el 17% del precio que paga un comprador por la adquisición de vivienda corresponden a impuestos.

Tras la presentación del manual, a cargo de los autores –los economistas Jaume Menéndez y Carolina Mateo–, se ha desarrollado un debate de coyuntura sobre COVID-19 y mercado de la vivienda, en el que, además del presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, han participado Joan Ràfols, presidente de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona; Miquel Morell, miembro del Grupo de Trabajo de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Consejo General de Economistas, y Anton Gasol, decano del Col.legi d´Economistes de Catalunya.

Durante el debate, Valentín Pich, en representación del Consejo General de Economistas,  ha advertido del peligro que puede suponer subir los impuestos que recaen sobre los bienes inmuebles. En concreto, Pich ha señalado que “actualmente existe una sobreimposición en relación a los inmuebles, que hace que un mismo bien sea objeto de gravamen por varios tributos, como es el Impuesto sobre la Renta, sobre el Patrimonio o el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y solo por el hecho de tenerlo en propiedad”. Además, según Pich, “cuando se transmiten los inmuebles se grava de nuevo con diferentes figuras impositivas, que son objeto de recaudación por las diferentes administraciones públicas, tributos estos que, en algunas ocasiones, se han puesto incluso en entredicho desde hace tiempo, como es el caso del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”.

COVID-19 y mercado de la vivienda

Los intervinientes en el debate sobre COVID-19 y mercado de la vivienda han coincidido en señalar la necesidad de “implementar una política de vivienda a largo plazo” y han manifestado que “la propiedad de vivienda se ha convertido en un bien de lujo porque anualmente hay que pagar varios impuestos y esto supone una sobreimposición no justificada sobre un mismo bien”.

En este sentido, el presidente de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Joan Ràfols, ha señalado que “nos encontramos con el fin de conseguir una mayor equidad fiscal, ante la necesidad de racionalizar la estructura fiscal aplicable a los inmuebles dada la presión y dispersión tributaria desencadenada por la potestad tributaria desarrollada en los tres niveles de gobierno, estatal, autonómico y local”. Por ello, según Ràfols, “resulta chocante que, a día de hoy, se mantenga inalterable este diseño impositivo, y que las modificaciones introducidas olviden sus efectos en los mercados de bienes inmuebles”.

Por su parte, Miquel Morell, miembro del Grupo de Trabajo de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Consejo General de Economistas, ha señalado que “con el estallido de la burbuja inmobiliaria en el año 2007, la renta bruta familiar de las familias se vio seriamente castigada, junto con un retroceso del índice de Gini (índice que mide la distribución de la riqueza entre los ciudadanos); es decir, entramos en un escenario de mayor desigualdad y menores rentas”. Según Morell, “este escenario socioeconómico no se había revertido por completo antes de la irrupción de la pandemia (marzo 2020), con lo cual, no afrontamos esta crisis económico-sanitaria con los mejores mimbres; por tanto, es clave, para sostener el mercado de la vivienda, sostener la RBFD (renta bruta familiar disponible)”.

Por último, el decano del Col.legi d´Economistes de Catalunya, Anton Gasol, ha hecho hincapié en “la necesidad de incluir la vivienda dentro de los componentes del estado del bienestar, ya que la necesidad de residencia es esencial y fundamental para la persona humana de cara a su bienestar”. Según Gasol, “en un escenario económico de tipos de interés bajos, las administraciones públicas deberían plantearse seriamente tener un papel más activo en la promoción directa de vivienda asequible, con la finalidad de aumentar el parque público de vivienda. A este respecto, se ha expresado también Miquel Morell, quien  ha señalado que “a día de hoy, las políticas de vivienda no se han reflejado en los presupuestos públicos (los presupuestos destinados a los Planes Estatales de Vivienda son un claro ejemplo de dotación económica insuficiente) y, si consideramos la educación, la sanidad y la vivienda como los tres principales pilares del estado del bienestar, el gasto público en vivienda es ridículo comparado con el resto”. Para Morell, “la vivienda asequible debe reflejarse en los presupuestos públicos, y las administraciones deben tener el papel activo que hoy no tienen en el incremento del parque público de vivienda asequible”.
 

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