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POLÍTICAS
Ven la actitud del Gobierno como fracaso anticorrupción

Alarma entre expertos en cumplimiento legal al levantarse el rigor en el reparto de ayudas europeas

Comentario público del vicepresidente y expresidente de la Asociación Mundial de Cumplimiento

"Siento esto como un auténtico FRACASO de los modelos de prevención de la corrupción y una nueva y REFORZADA oportunidad para que la CORRUPCIÓN siga entre nosotros",decía este miércoles ante el borrador del Decreto Ley para modernizar la administración publica y ejecutar el plan de reparto de ayudas europeas el vicepresidente de la Asociación Mundial de Cumplimiento legal.Su opinión era avalada en LinkedIn por diversos expertos, entre ellos el presidente de la Agencia Anticorrupción de Baleares
Redacción /Actualizada 26 Noviembre 12 horas 26 de noviembre de 2020 Enviar a un amigo
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Se trata del borrador de Decreto-Ley cuyo texto integro publicó este martes por la mañana Ibercampus.es y que también difundieron La SER y Vozpopuli. Además de no prever incentivos en favor de las empresas con mejores indicadores de cumplimiento legal y RSC, o desincentivos para las incumplidoras, la norma relaja los controles en materia de contratación pública y concesión de subvenciones, con el objetivo de agilizar la tramitación de los fondos europeos. Una laxitud según resaltaba este miércoles Vozpopuli que afectará especialmente a los contratos de menos de 200.000 euros en los que no será siquiera requisito que la empresa beneficiaria demuestre su solvencia.

La alarma llega cuando la corrupción y el fraude vuelven a ganar posiciones entre las incrementadas preocupaciones de los españoles ante la pantedemia de COVID, según el último barómetro del Centro de Invesigaciones Sociológicas (CIS), pues como ya dijeron los ministros de justicia del G20 hace un mes la corrupción es ya con la pandemia "la mayor amenaza" de economias y sostenibilidad . En este sondeo español  preocupan al 20,5%,cuando en la anterior encuesta figuraba en decimocuarto puesto, con tan solo un 3,6% de menciones. No obstante, cabe recordar que también esa preocupación empezó a ganar fuerza tras la generación de los efectos de la anterior crisis económica, despues del inicio de los recortes presupuestarios de 2010. En marzo de 2013 llegó a ser el segundo problema para los españoles, solo superado por el paro, y el 44,5% lo incluía entre los tres primeros problemas.

Sin embargo, desde hace años, España aparece como suspensa en contratación pública con una de las peores notas de toda la Unión Europea, además de liderar las prácticas de corrupción en Europa, mientras sus denunciantes y alertadores de corrupción tienen que manifestarse ante el Congreso de Diputados por falta de atención en los programas electorales, en un contexto donde hasta el Rey emérito es objeto de reiterados escándalos de corrupción e inclumplimiento legal y el cómo las empresas del AVE le corrompieron empaña la información debida en RSC de todas, pues las mayores empresas IBEX35 se resisten a informar de cómo cumplen en corrupción, impuestos y derechos ajenos. Por eso, desde que se crearon, las 7 agencias anticorrupción autonómicas han constatado en diversas ocasiones la falta de un plan nacional y de protección de denuncias, la última vez en su reunión de diciembre de 2018 con participación de la AVA valenciana, la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), la de las Islas Baleares, la consejería de Cuentas de Galicia, la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid (muy activa junto a la AVA valeniana en el anterior gobierno municipal),y la Oficinapara la Transparencia y las Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona.

Opiniones de los expertos en cumplimiento legal

Iván Martínez López, presidente antes de ser vicepresidente Internacional en World Compliance Association, que tiene convocada la primera cumbre latinoamericana de integridad empresarial, centrada en la administración pública,  empezaba así su comentario ante un texto legal de más de 70 páginasParece una BROMA de MAL GUSTO! #compliance (...)Se sigue confundiendo la VELOCIDAD con la TRANSPARENCIA y la PREVENCIÓN, lo que está en cuestión en mi opinión es si es FALTA DE VOLUNTAD o FALTA DE CAPACIDAD. Su comentario en Linkedin fue este miércoles recomendado por el Director Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleare, Jaime Far , entre otras más de 60 personas, la mayoría expertos en cumplimiento legal de empresas, consultoras o universidades. 

Uno de ellos, Juan Carlos Galindo, experto en Prevención de Blanqueo Capitales y perito en delitos económicos, secundaba así el anterior comentario: Sin lugar a dudas, querido Ivan, falta voluntad y mucha. Nuestro políticos conocen de primera mano cómo hay que hacer las cosas bien, están muy bien informados. En ocasiones por la sociedad civil ( organizaciones como en las que somos miembros tú y yo) y en otras por medios propios. NO PUEDEN DECIR...NO LO SABIA. Lo que nos lleva a pensar, sin dudarlo, es que lo hacen a sabiendas (premeditación y alevosía), rozando la prevaricacion. Malos tiempos para la dignidad política, el buen gobierno y la lucha contra la corrupcion.

Otro de los comentarios, en este caso de Jorge Rguez, consultor de Formación en el Grupo Editorial Tirant lo Blanch especializado en temas jurídicos, indicaba: El #trilerismo" se ha apoderado de muchas políticas y pocos paises en Europa se salvan... No hay voluntad para ser honestos y dejar de llenarse los bolsillos propios y/o de los q al salir se los llenen. Es un problema de BASE cultural fundamentalmente...Se referían esas opiniones a que, según el citado Decreto-Ley, todos los contratos y acuerdos que se vayan a financiar con cargo a los 140.000 millones del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea se podrán tramitar de forma urgente, lo que supone una reducción generalizada de todos los plazos del procedimiento.

Para los contratos de obras de menos de 200.000 euros y los contratos de suministros y servicios de menos de 100.000, las empresas no tendrán que demostrar su solvencia. "Les podrá ser de aplicación la tramitación prevista en el apartado 6 del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público", dice el borrador de Decreto-Ley.

Ese apartado 6 recoge que "el plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratos" y que "se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional".

Los contratos de obras de menos de 5,3 millones de euros y los de suministros y servicios inferiores a 138.999 se tramitarán con un procedimiento abierto simplificado ordinario.

Laxitud del Decreoto-Ley también en las subvenciones

La norma también aprobaría medidas en materia de gestión de subvenciones, a las que hay en su borrador 53 referencias: Se simplifica la tramitación de subvenciones relacionadas con el uso de fondos europeos, previéndose la posible utilización del procedimiento de urgencia, cuando razones de interés público lo aconsejen, al tiempo que se eliminan requisitos de informes y autorizaciones preceptivas.Se establece que las convocatorias de las subvenciones relacionadas con el uso de estos fondos incorporen la regulación de las bases de concesión de las mismas, simplificando los requisitos internos para su aprobación, así como la documentación a presentar por los posibles beneficiarios. Tmbién prevé la posibilidad de otorgar subvenciones de concurrencia no competitiva, al tiempo que se simplifica la documentación que tienen que presentar los beneficiarios de las subvenciones para justificar la aplicación de las mismas.

Por un lado, se podrán tramitar por procedimiento de urgencia y se eliminan requisitos de informes y autorizaciones preceptivas y, por otro, el Gobierno se guarda la posibilidad de conceder subvenciones sin concurso:Se prevé la posibilidad de otorgar Subvenciones de concurrencia no competitiva, con cargo al Fondo de Recuperación, para aquellas subvenciones cuyo objetivo sea financiar actuaciones o situaciones concretas que no requieran de valoración comparativa con otras propuestas, admite. Éstas se concederán por orden de llegada.

Hasta la fecha, según el artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en el que se aprobó el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las empresas que recibieran subvenciones de más de 60.000 euros tenían que presentar una cuenta justificativa en la que detallaran que cumplían con las condiciones impuestas en la subvención, indicaran las actividades realizadas y los resultados obtenidos. 

Debían incluir además, información sobre los gastos e inversiones de la actividad, con identificacióndel acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago, etc., que luego serían revisadas por el órgano concedente.

Sin embargo, con este nuevo Decreto-Ley, se eleva ese umbral de 60.000 a 100.000 euros, lo que supone que todas las subvenciones por menos de esa cuantía no tendrán que presentar esta cuenta. 

El control de facturas y deudas, tamnbién relajado

El artículo 67 del borrador del Decreto-Ley relaja también las condiciones que deben cumplir las empresas beneficiarias de las subvenciones. Por ejemplo, "las bases reguladoras (de la subvención de turno) podrán eximir de la obligación de presentar aquellas facturas que tengan un importe inferior a 3.000 euros".

Además, aunque hasta la fecha para subvenciones de más de 3.000 euros las empresas tenían que demostrar estar al corriente de pagos a Hacienda y a la Seguridad Social, ahora ese umbral se ha elevado hasta los 10.000 euros. "Se eleva hasta 10.000 euros el límite de 3.000 euros para tener que acreditar cumplimiento de obligaciones tributarias y con Seguridad Social", recoge el borrador, y también se relajan los requisitos de las memorias económicas.

"Para los supuestos en que las solicitudes deban venir acompañadas de memorias económicas, se flexibilizarán los compromisos plasmados en las mismas, en el sentido de que se permitan compensaciones entre los conceptos presupuestados, siempre que se dirijan a alcanzar el fin de la subvención", añaden.


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