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POLÍTICAS
El Gobierno busca optimizar la solución de controversias

Abaratar la luz de familias y empresas y bajar la litigiosidad incrementada por el COVID, objetivos

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero,

La bajada del precio de la luz beneficiará a todos los consumidores, en especial a los hogares con menos ingresos. El Ejecutivo también impulsará, en el sistema público de justicia, los mecanismos de solución de controversias previos a la vía judicial, la optimización de los recursos y su digitalización. El Consejo de Ministros inició este 15 de diciembre los trámites para crear el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSS) .
Redacción / actualizada 22 de diciembre 2020 15 de diciembre de 2020 Enviar a un amigo
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Con el triple objetivo de evitar subidas en el precio de la electricidad, garantizar la solvencia del sistema eléctrico y avanzar en la transición energética, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero,  explicó que el futuro fondo asumirá la parte de los costes fijos asociados al recibo de la luz, el denominado RECORE, es decir, el régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos. En la actualidad, este coste lo abonan los consumidores particulares y las empresas.

Montero ha avanzado que todas las empresas que vendan energía asumirán esos costes haciendo aportaciones al nuevo fondo en función de sus ventas. De esta manera "no saldrán del bolsillo de los consumidores de electricidad". Para los sectores con menor capacidad de adaptación al nuevo sistema, se prevén bonificaciones y exenciones.

La implantación del mecanismo se realizará de forma progresiva en cinco años y su impacto será positivo para los consumidores domésticos, que reducirán su factura eléctrica al menos un 13%, según ha avanzado la ministra: "De no crearse el fondo, los costes fijos del recibo de la luz para estos consumidores podrían incrementarse en un 10%, lo que supondría una subida media de la factura de entorno al 6,5% al año, algo intolerable para este Gobierno".

María Jesús Montero ha añadido que la medida beneficiará a los hogares más vulnerables y expuestos a la pobreza energética, que suelen tener un consumo más elevado de electricidad en proporción a su renta; a las pequeñas y medianas instalaciones, y a los pequeños promotores de renovables, a los que el déficit de ingresos del sistema les supone grandes dificultades para acometer nuevas inversiones.

Además, a juicio de la ministra, otorgará confianza en el sistema eléctrico y "afianzará a España como un país serio y solvente en el que invertir en nuevos proyectos de renovables o ligados a la transición energética, con lo que ello conlleva en el mantenimiento de la actividad y el empleo".

Estatuto de los consumidores electrointensivos

María Jesús Montero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Gobierno ha aprobado el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, que dota a las empresas para las que el coste del suministro eléctrico resulta crítico de un marco normativo con instrumentos que les proporcionarán estabilidad, seguridad y certidumbre en el precio de la energía y mejorará su competitividad internacional.

Montero ha señalado que la medida beneficiará a 612 empresas, de más de 60 actividades industriales y a unos 330.000 trabajadores. Junto a las Ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2 y al Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, el estatuto supondrá un apoyo permanente para esta industria.

El Estatuto impone obligaciones y compromisos a las empresas en los ámbitos de la eficiencia energética, I+D+i y sustitución de fuentes contaminantes. Igualmente, las compañías tendrán que comprometerse a mantener la actividad productiva durante un periodo de al menos tres años a partir de la fecha de concesión. El Ministerio de Industria certificará la condición de consumidor electrointensivo a instancia de la empresa interesada.

La ministra ha afirmado que "a medida que se incorporen al sistema eléctrico las nuevas plantas renovables, bajará el precio de la luz en España y se equiparará al resto de países europeos".

Nueva Ley de Eficiencia Procesal para reducir la litigiosidad, parte de la Estrategia Justicia 2030

Juan Carlos Campo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de eficiencia procesal del servicio público de justicia, que se completará en el primer semestre de 2021 con la mejora de la eficiencia organizativa y digital.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado que el objetivo del Gobierno es abordar la "inaplazable modernización de la administración de justicia", poniendo al ciudadano "en el centro de toda gestión" y facilitándole su acceso a un sistema ágil que permita que el derecho constitucional a una tutela judicial efectiva "sea cada vez más real".

Campo ha explicado que es fundamental reducir la litigiosidad, que ha aumentado a consecuencia de la pandemia por el COVID-19 pero que ya era antes muy elevada, con la consiguiente dilatación de los tiempos de resolución: "Solo en el año 2019 entraron en nuestros juzgados y tribunales 6,2 millones de asuntos nuevos, de los que se pudo dar respuesta a 3 millones".

Con este objetivo, uno de los ejes principales de la nueva ley es el refuerzo de los medios adecuados de solución de controversias -como el tercero neutral, la conciliación, el arbitraje o la mediación- que permitan acometer las situaciones de conflicto sin tener que llegar hasta los tribunales de justicia. Su utilización se fomentará a través de incentivos fiscales y en materia de costas, con unidades de asesoramiento a la ciudadanía y con medidas como que el intento de negociación tenga categoría de requisito de procedibilidad, de modo que, si no se lleva a cabo previamente, no se dará curso a una demanda en los ámbitos civiles y mercantiles.

Si, gracias a estos mecanismos, se lograra que uno de cada cuatro asuntos no llegara a los tribunales, se descargaría al sistema judicial de más de medio millón de asuntos y se ahorrarían 380 millones de euros "que se podrían recanalizar en otros ámbitos", ha dicho el ministro.

El segundo eje de la ley lo conforman la optimización de los recursos y la agilización de los procesos de forma eficiente, eficaz y con plena seguridad jurídica. Así, se potencian las sentencias orales en todos los órdenes jurisdiccionales y se extiende el uso de mecanismos para la gestión de litigios masivos como el procedimiento testigo y la extensión de efectos en la litigación en masas. También se amplía, en el ámbito civil, el juicio verbal, y se establece un nuevo recurso de casación civil.

La transformación digital, ha señalado el ministro, deberá intensificarse para evitar desplazamientos innecesarios a sedes judiciales, lo que permitirá proteger la salud y ahorrar costes. Para ello, se regulan sistemas de identificación y autentificación, se generaliza la celebración de vistas y declaraciones por videoconferencia, y se establece, como novedad, un registro electrónico de apoderamientos apud acta que permitirá su otorgamiento telemático.

Juan Carlos Campo ha afirmado que este proyecto de ley es una más de las iniciativas de mejora que el Gobierno está adoptando como parte de la Entre ellas, ha repasado, el Plan de Choque para apoyar la gestión en los juzgados de lo social, de lo mercantil y de lo contencioso-administrativo durante la pandemia, la aprobación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID en el ámbito de justicia, o la creación de 33 nuevas unidades judiciales.

Nuevo Plan de Emergencias del Estado y Plan Estadístico Nacional

El Ejecutivo ha aprobado el Plan General de Emergencias del Estado (PLEGEM) cuyo objetivo es mejorar la coordinación de las administraciones que participan en el Sistema Nacional de Protección Civil e integrarlo en el Sistema de Seguridad Nacional. El PLEGEM simplificará los órganos de gestión de emergencias, la ordenación de las redes de comunicaciones del Estado y permitirá atender emergencias inespecíficas y de naturaleza multirriesgo.

La portavoz ha señalado que, por primera vez, se integran todos los planes de emergencias estatales y autonómicos. Como principal novedad, el plan contempla la creación de un Mecanismo Nacional de Respuesta en Emergencias para movilizar todos los recursos del Sistema entre comunidades autónomas en situaciones que no se hayan declarado de interés nacional.


Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estadístico Nacional 2021-2024, que potencia el uso de las nuevas tecnologías y el big data con el fin de incrementar la calidad de las estadísticas y su nivel de detalle.

María Jesús Montero ha indicado que el plan establece las líneas estratégicas y las actuaciones que deben realizar los servicios estadísticos de la Administración General del Estado y contribuye a la toma de decisiones del Gobierno y de otros ámbitos académicos o especializados.

53 millones para el Sistema de acogida y 30 a Cruz Roja

El Ejecutivo ha destinado 53 millones de euros para cubrir las necesidades del sistema de acogida de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional.

Por otra parte, ha concedido una subvención de 30 millones de euros a Cruz Roja Española por la gestión de diversos recursos de acogida en las Islas Canarias.

Además, ha declarado de emergencia las obras para la instalación de campamentos provisionales para personas migrantes dentro del Plan Canarias.

La ministra ha destacado que estas iniciativas contribuirán a mejorar el funcionamiento del sistema de acogida, que afronta el incremento de llegadas de inmigrantes a Canarias y la situación de pandemia, que impide que sean devueltos a sus países de origen por el cierre de fronteras.

El Gobierno ha acordado la declaración de Línea de Navegación de Interés Público a la conexión marítima Melilla-Motril-Melilla, para garantizar una adecuada conectividad marítima de Melilla con la península.

La portavoz ha informado de que, debido a los efectos negativos de la pandemia, las empresas que venían prestando este servicio comunicaron su imposibilidad de continuar con la labor si no recibían una contraprestación. El Gobierno tramitó entonces un contrato de emergencia para salvaguardar la ruta, que ahora se consolida con esta declaración.

Asuntos de actualidad

María Jesús Montero y Juan Carlos Campo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

María Jesús Montero ha celebrado que se haya llegado a la recta final de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado con la apertura del plazo de presentación de enmiendas parciales en el Senado, tras haberse celebrado ayer el debate de totalidad. Montero ha señalado que, tras su aprobación definitiva, una vez entren en vigor el 1 de enero, "contaremos con la herramienta indispensable para el impulso económico de nuestro país y para canalizar la importante cuantía de fondos europeos que contemplan".

La portavoz también se ha referido a la comparecencia mañana, ante el Pleno del Congreso, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar sobre los acuerdos de los últimos Consejos Europeos, especialmente los alcanzados la pasada semana para el desbloqueo de los fondos del mecanismo de recuperación y el presupuesto europeo para los próximos siete años: "Estamos hablando de una cantidad inédita, del mayor paquete de estímulo financiero que se ha puesto a disposición de los países a través del presupuesto de la Unión Europea, 1,8 billones de euros". Mediante el mecanismo 'Next Generation EU', ha recordado, llegarán a España 140.000 millones para reactivar la economía y modernizarla.

El presidente también expondrá mañana en la Cámara baja las gestiones relacionadas con la pandemia del COVID-19 durante el vigente estado de alarma. Al respecto, Montero ha indicado que el Gobierno espera que las primeras vacunas lleguen a España a principios de año, y ha reiterado la necesidad de que, entretanto, no se baje la guardia y se sigan atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.


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