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POLÍTICAS
Cambios en el IRPF para los no residentes

El Gobierno agiliza la acreditación de competencias profesionales y aclara el recibo de la luz

La portavoz del Gobierno, tras el Consejo de Ministros, con la prensa

El Gobierno intento aclarar tras el Consejo de Ministros de este martes la metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico para fomentar el ahorro y la eficiencia energéticos, que entraran en vigor el 1 de junio. También reformó el Impuesto Sobre Sociedades y el Impuesto de la Renta de No Residentes para atajar la elusión fiscal. Además, ha agilizado la acreditación de competencias profesionales, lo que favorecerá a más de tres millones de personas.
Redacción 9 de marzo de 2021 Enviar a un amigo
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El Consejo de Ministros ha establecido la metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico (recuadro de abajo). Junto a los peajes -fijados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)-, los cargos componen la parte regulada de la factura de la luz de todos los usuarios, que se suma al coste de la energía consumida y hacen el recibo de la luz español de los más caros de la Unión Europea, mientras los periodistas económicos  protestan porque Iberdrola, Endesa y Red Eléctrica obstaculizan informar. Los cargos financian el régimen especial de energías renovables, la cobertura del déficit de años anteriores y la compensación del sobrecoste de la generación en territorios no peninsulares.

La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, explicó que el Real Decreto aprobado sume la misma estructura tarifaria, por niveles de tensión, que la fijada por la CNMC, donde crecen conflictos de interés y puertas giratorias, aportando simplicidad y coherencia al sistema. Los nuevos peajes y cargos, ha precisado, entrarán en vigor el próximo 1 de junio para que todas las empresas tengan tiempo de prepararse para poder implementarlo.

La combinación de ambos permitirá que la factura eléctrica tenga un mayor componente variable: el coste total dependerá en mayor medida de la energía consumida, lo que hará que las medidas de ahorro y eficiencia repercutan más en el recibo del consumidor.

Montero concretó que los consumidores con menos de 15 kilovatios (kW) de potencia contratada -que son la mayoría de los usuarios domésticos y pymes-, el 75% de los cargos se calculará en base a su consumo energético y el 25% restante será de término fijo, en función de su potencia contratada. La nueva norma solo fija la metodología de los cargos; su cuantía se establecerá por orden ministerial, cuyo proyecto se encuentra en audiencia pública hasta el 18 de marzo.

Lucha contra la elusión fiscal

María Jesús Montero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros ha modificado el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto de la Renta de No Residentes al trasponer una directiva de la Unión Europea contra la elusión fiscal.La norma se refiere a las «asimetrías híbridas», que son aquellas que pueden darse entre un contribuyente situado en España y una entidad vinculada a este que se encuentra localizada en otro país cuando las propias entidades o las operaciones que realizan tienen una calificación fiscal distinta en España y en el otro país. El objetivo es evitar que se produzca una deducción del gasto en España si el correspondiente ingreso no tributa en otro país, la doble deducción del mismo gasto y otros supuestos que permitan utilizar estas estructuras como mecanismo de erosión de la base imponible y de traslado de beneficios.

María Jesús Montero aseguró que la medida "no persigue incrementar la recaudación tributaria sino prevenir conductas que puedan dar lugar a una disminución mediante elusión fiscal". Además, ha dicho, permitirá avanzar a un sistema "más justo, redistributivo y progresivo para que cada cual pague según su capacidad y reciba según su necesidad".

Así explica Moncloa la agilización de la acreditación de competencias profesionales
El Gobierno ha acordado abrir un procedimiento de carácter permanente para evaluar y acreditar las competencias profesionalesque una persona haya adquirido a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, según informó la portavoz, recordando que casi de la mitad de la población activa española no tiene un reconocimiento formal de sus competencias profesionales, a pesar de desempeñar su actividad laboral a diario. En los últimos 10 años, ha añadido, solo se acreditaron las de 300.000 trabajadores.
Con la medida impulsada, el Ministerio de Educación y Formación Profesional prevé acreditar las competencias de más de tres millones de personas hasta 2024. Cualquier persona podrá solicitar su acreditación siempre y cuando justifique al menos tres años de trabajo en la competencia que quiere acreditar o un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los 15 años previos a la presentación de la solicitud.
Montero subrayó que el sistema de acreditación será acumulable para que el beneficiario pueda obtener el título de Formación Profesional o certificado de profesionalidad referido a las unidades de competencias reconocidas.

La referencia el Consejo de Ministros amplia así la información:

El Real Decreto establece la apertura de un procedimiento de carácter permanente para la evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, o de vías no formales de formación, y que afecta a todos los sectores productivos.
El texto, que modifica el Real Decreto 1224/2009, determina que las administraciones competentes mantendrán este proceso continuo para que cualquier persona pueda solicitar cuando lo necesite la acreditación de las competencias profesionales adquiridas en el ámbito laboral, dando respuesta así a un derecho básico de los trabajadores y las trabajadoras.
Esta es una de las actuaciones recogidas en el Plan de Modernización de la Formación Profesional con mayor impacto en la población activa, ya que pone fin a las limitaciones del método existente que ralentizaba enormemente el proceso de acreditación de competencias a través de convocatorias concretas referidas a una o varias cualificaciones.
Con un presupuesto inicial de casi 852,5 millones de euros, el ministerio de Educación y Formación Profesional acreditará las competencias de más de tres millones de personas en cuatro años. Con el procedimiento vigente hasta ahora, solo se habían acreditado las competencias de 300.000 trabajadores en 10 años.
Cabe recordar que casi la mitad de la población activa española, el 48%, no dispone de un reconocimiento formal de sus competencias profesionales, a pesar de desempeñar su actividad laboral a diario, lo que reduce sus posibilidades formativas y laborales.
Sistema de acreditación acumulable
Este procedimiento permanente tendrá como referencia la totalidad de las unidades de competencia profesional incluidas en la oferta de Formación Profesional vinculada al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.
El sistema de acreditación será acumulable para que el beneficiario pueda completar la formación que le lleve a la obtención del correspondiente título de Formación Profesional o certificado de profesionalidad.
El proceso se iniciará con una primera etapa de asesoramiento dirigida por un asesor o asesora que realizará un informe orientativo sobre el aspirante. A continuación, tendrá lugar la fase de evaluación a través del análisis del informe señalado, de la documentación aportada por el candidato y de diferentes métodos que permitan comprobar las competencias adquiridas en el lugar de trabajo. Finalmente, los resultados se transferirán a un registro de carácter estatal.
En cuanto a los requisitos, los candidatos deberán justificar al menos tres años de trabajo en el desarrollo de la competencia que desea acreditar, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas, en los 15 años previos a la presentación de la solicitud. Para las unidades de competencia de nivel I, aquellas que recogen un conjunto reducido de actividades laborales relativamente sencillas, con conocimientos teóricos y capacidades prácticas limitadas, se requerirán dos años de experiencia con un mínimo de 1.200 horas trabajadas.
Los centros que imparten enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo, los centros integrados de FP y los Centros de Referencia Nacional serán los autorizados para llevar a cabo estas actividades. Además, la administración competente podrá determinar otras sedes que cedan sus instalaciones y servicios para ello.
Esta transformación está en línea con las estrategias de empleo de la Unión Europea orientadas a la cualificación de la población activa con el fin de facilitar la empleabilidad, la movilidad, la cohesión social, la equidad y el aprendizaje a lo largo de la vida.

'Plan Corresponsables' para favorecer la conciliación familiar

María Jesús Montero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Corresponsables, dotado con 190 millones de euros para construir una red pública de servicios y cuidados dirigidos a niños menores de 14 años y apoyar así la conciliación de las familias.

La ministra Montero ha afirmado que el plan es el resultado del "diálogo fructífero" entre el Ministerio de Igualdad y las comunidades y ciudades autónomas. Tiene una consideración especial con la España vaciada, con el fin de que las regiones con mayor dispersión de población y las zonas rurales tengan recursos suficientes para implantarlo.

El plan se fundamenta en tres ejes: la creación de una bolsa de cuidados a domicilio o en lugares públicos convenientemente habilitados, el fomento del empleo mediante bolsas de trabajo con perfiles profesionales adecuados y la dignificación del trabajo de cuidados mediante la certificación de la experiencia de cuidado no profesional, que facilitará el tránsito al cuidado profesional.

La portavoz ha avanzado que se establecerán criterios de renta para al acceso al servicio y las familias monoparentales, las víctimas de violencia de género o machista y las mujeres mayores de 45 años tendrán una atención preferente.

Eficiencia energética en explotaciones agropecuarias

El Gobierno destinará 30 millones de euros para realizar actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias con el fin de mejorar la competitividad del sector, la utilización de las energías renovables y la reducción de las emisiones de CO2, contribuyendo así al cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

La portavoz ha señalado que las ayudas cubrirán hasta el 30% del coste necesario para la ejecución de los proyectos que cada empresa ponga en marcha y las actuaciones elegibles tendrán que lograr reducir el consumo de energía final del 10%.

6 de octubre, 'Día del Cine Español'

El Consejo de Ministros ha declarado el día 6 de octubre como 'Día del Cine Español' con el objetivo de reconocer el papel de los cineastas y su influencia en la vida cultural y social, así como el valor patrimonial de nuestro cine.

María Jesús Montero ha destacado que en la coyuntura actual, fruto de la pandemia, es indispensable reconocer e impulsar la industria del cine y el motor que representa la industria cinematográfica en España.

Otros acuerdos

María Jesús Montero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros ha autorizado al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas realizar dos nuevas operaciones de respaldo público temporal solicitadas por la empresa Duro Felguera y la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas S.A., afectadas por la pandemia.

Además, el Gobierno ha extendido hasta el 30 de marzo la aplicación de las restricciones de entrada a España de vuelos directos y buques desde Reino Unido, y los vuelos desde Brasil y Sudáfrica. El objetivo de la medida es contener la progresión del COVID-19 y reformar los sistemas sanitarios.

El Ejecutivo también ha modificado el funcionamiento del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas para que este órgano consultivo sea más operativo y tenga una composición más equilibrada.

Por otra parte, el Gabinete ha aprobado un nuevo Reglamento de Asistencia Jurídica gratuita que deroga y sustituye al vigente desde 2003. La nueva norma promueve la igualdad de acceso a la justicia para aquellas personas que acrediten insuficientes recursos para litigar.

Asuntos de actualidad

María Jesús Montero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Al inicio de su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz ha señalado que más de 4 millones de personas ya han recibido la primera dosis de las vacunas contra el COVID-19, y 1,3 millones las dos: "Esta semana hemos llegado a que el número de personas vacunadas con la primera dosis sea superior al número de personas contagiadas".

Por otra parte, Montero ha agradecido el "enorme sentido de la responsabilidad demostrada por el movimiento feminista en las manifestaciones convocadas ayer en formatos distintos al tradicional de salida a la calle de forma masiva. "Creo que pone en valor el compromiso del feminismo con la vigilancia de la salud y el bienestar de los ciudadanos".

María Jesús Montero también ha anunciado que el próximo viernes se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el paquete de ayudas de 11.000 millones de euros destinado a pymes y autónomos anunciados por el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados el pasado 24 de febrero.

Así se intenta aclarar el recibo de la luz

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establece la metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico que, junto a los peajes del sistema -fijados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)-, componen la parte regulada de la factura de electricidad de todos los usuarios, que se suma al coste de energía consumida. La metodología que aprueba este Real Decreto se aplicará para la determinación de los cargos que entran en vigor el 1 de junio.

Esta norma no fija los cargos concretos, propuestos por un proyecto de orden ministerial que se encuentra sometido a audiencia pública hasta el próximo 18 de marzo, sino el método para su cálculo, paso previo y preceptivo en cumplimiento de la normativa comunitaria.
Para aportar simplicidad y coherencia al sistema, el Real Decreto asume la misma estructura tarifaria, por niveles de tensión, que la fijada por la CNMC en su metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad. También se utilizan los mismos componentes de facturación y se ha optado por una estructura de cargos con discriminación horaria, empleando para ello el mismo diseño de periodos que el propuesto por la Comisión para los peajes.
Lo más reseñable de esta estructura tarifaria, fijada inicialmente por la CNMC y reproducida en el Real Decreto, es que todos los consumidores con una potencia contratada inferior a 15 kW -la mayoría de usuarios domésticos y pymes- pasarán a tener tres periodos de facturación diferenciados.
El texto también adapta la figura del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) a la nueva estructura de peajes y cargos, y establece el mandato de actualizar este cambio en la factura mediante resolución (en audiencia pública hasta el próximo 18 de marzo), así como de adecuar los precios unitarios que financian los pagos por capacidad mediante orden ministerial (en audiencia pública hasta el próximo 18 de marzo).
Fomento del ahorro y la eficiencia
La combinación de los nuevos peajes, establecidos por la Circular 3/2020 de la CNMC, y los nuevos cargos, marcados por este Real Decreto y por la orden ministerial que fija su cuantía, permitirá que la nueva factura eléctrica tenga un mayor componente variable -dependiente de la energía consumida-, lo que fomenta el ahorro y la eficiencia energética y permite que las medidas en este sentido tengan un mayor impacto en el recibo del usuario.
Así, en los consumidores con menos de 15kW de potencia contratada -la mayoría de los usuarios domésticos y pymes-, el 75% de los cargos se calculará en base a su consumo energético -parte variable-, y el 25% restante será de término fijo, en función de su potencia contratada.
Con ello se promueve el autoconsumo, que reduce la demanda de energía procedente de la red, o el despliegue de infraestructuras de recarga rápida de vehículos eléctricos. Además, beneficiará a los consumos que tengan un componente estacional, como los destinados al riego o los del sector turístico.
No obstante, para lograr un equilibrio con otras prioridades de política energética, se mantiene una parte fija de los cargos. De esta forma permanece el incentivo para la electrificación de usos finales de energía, lo que fomenta, por ejemplo, el uso de bombas de calor, que podrían resultar más baratas y más limpias que otras opciones basadas en combustibles fósiles, o la recarga doméstica de vehículos eléctricos.
Marco más seguro, predecible y estable
En enero de 2019, en cumplimiento con el marco regulatorio de la Unión Europea, el Consejo de Ministros estableció un nuevo reparto competencial entre el Gobierno y el regulador del mercado interno de la electricidad, la CNMC, para garantizar su total independencia.
En cumplimiento del nuevo marco regulatorio, que otorga seguridad jurídica, predictibilidad y estabilidad a los ciudadanos y a los agentes del sector eléctrico, los peajes de acceso del sector eléctrico -la parte regulada del recibo de la luz- pasaron a ser sustituidos por dos conceptos: los peajes de transporte y distribución, cuya determinación corresponde a la CNMC y para los que ya ha publicado una circular con su estructura y metodología de cálculo, y los cargos del sistema, que ha de fijar el Gobierno. Este Real Decreto configura la estructura y metodología para hacerlo.
Con los peajes, el consumidor eléctrico cubre los costes del uso de las redes de transporte y distribución de la energía eléctrica. Los cargos, por otro lado, agrupan otros costes del sistema como pueden ser la financiación de las energías renovables y la cogeneración, la financiación del déficit de ejercicios pasados y el 50% de los sobrecostes que supone la generación eléctrica en territorios no peninsulares, dada su condición de insularidad.
La metodología que establece el Real Decreto se basa en los principios de política energética -entre ellos, los de objetividad, transparencia y no discriminación- y, en términos generales, mantiene el porcentaje equivalente de coste que, hasta el momento, asumían los consumidores por estos conceptos. De este modo, se evita generar efectos redistributivos entre consumidores de distintos niveles de tensión como consecuencia de la nueva metodología.
 

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