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POLÍTICAS
CSIC integra a 3 organismos tras engrosar el poder Elsevier

Impulso e integración de la Ciencia junto a anuncios de subvenciones desde Moncloa ante el 4-M

La portavoz Montero introduce en la rueda de prensa al ministro de Ciencia, Duque

El Gobierno anunció este martes más dinero para dependencia (otros 283 millones), impulso de Ciencia y Administración electrónica y 0,6 millones para identificar víctimas inhumadas en el Valle de los Caídos. También facilitar el voto por correo en las elecciones del 4-M de Madrid (por las que deja su vicepresidencia Pablo Iglesias y la toma Yolanda Díaz como ministra y nueva líder de Podemos) y mejorar las autovías AP-2 y AP-7 en Cataluña con con 541 millones y la primeras en Aragón con otros
Redacción 31 de marzo de 2021 Enviar a un amigo
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 La CRUE achaca ahora a los recortes el incumplimiento general en las plantillas de las universidades
 Duque y Castells anuncian las reformas con garantías de la carrera investigadora y el Estatuto PDI

El anuncio de más dinero para dependencia desde La Moncloa tras el Consejo de Ministros se produce después de que gestores del sector denunciaran hace dos semanas la bajada en la atención a la dependencia en 2020, cuando las muertes por COVID redujeron listas de espera. Asimismo, el Consejo de Ministros analizó en esa última reunión en presencia del vicepresidente Iglesias, quien se despidió del Gobierno desde Twitter porque concurre como candidato de Unidas Podemos a las elecciones madrileñas del 4 de mayo con la esperanza de presidir un Gobierno de izuquierdas en la Comunidad de Madrid y de que Yolánda Díaz presida en el futuro el de España según declaró después, el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, para crear una carrera investigadora atractiva y estable, impulsar la transferencia del conocimiento y mejorar la gobernanza del sistema español en la materia. Este anuncio se hace después de que los rectores de universdades CRUE achacaron ahora a los recortes el incumplimiento general en las plantillas de las universidades.Previamente,  Duque y Castells anunciaron el pasado septiembre más garantías de la carrera investigadora y el Estatuto PDI y el reciente informe el informe 'Científicas en Cifras 2021' mostró un aumento de la mujer en las administraciones públicas, no tanto en universidades ni en las empresas aunque España bajó a país 18°en equidad de género, mejorada con la COVID en el mundo desarrollado y latino.

Igualmente, junto a la reforma de la Ley de la Ciencia se anuncia la integración en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de otros tres de los organismos sectoriales de I+D+I pública (Instituto Geominero de España, IGME; Instituto Español de Oceanografía, IEO, e Instituto Nacional de Investigación y del Tecnología Agraria y Alimentaria,INIA), justo también a los pocos días de que los citados rectores y el CSIC consolidaron el oligopolio de Elsevier en España para "fomentar el acceso abierto", mientras los editores de ciencia intentan recuperar el oligopolio del negocio durante la COVID y casi la mitad de los artículos científicos están ya en acceso abierto y hacia 2040 lo estarán todos.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dijo en la rueda de prensa a la que asistió junto al ministro Duque, que una de las grandes prioridades del Ejecutivo es la apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación como motor del progreso económico y fuente del bienestar social. Añadió que la pandemia ha puesto de manifiesto que "la ciencia tiene que ocupar un lugar centro dentro de cada política que desarrolla el Gobierno, que es una política transversal".

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, Montero resaltó que los Presupuestos Generales del Estado asignan una financiación sin precedentes para actividades de investigación y desarrollo impulsados por los fondos de recuperación. "Tenemos que demostrar que queremos ser un país de ciencia, que deje a la siguiente generación más conocimiento y más competitividad", ha dicho.

Entre los objetivos de la reforma de la ley de la Ciencia el Ejecutivo destaca lograr una carrera científica atractiva y estable

Pedro Duque durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El ministro Pedro Duque afirmó que la situación de los científicos en España es anómala con respecto al resto de países punteros en ciencia porque no cuentan con estabilidad laboral hasta después de cumplir los 40 años.Por ello, el primer objetivo de la reforma es conseguir que los investigadores tengan una carrera atractiva, predecible y estable, que permita atraer y retener el talento. El Gobierno propone la creación de un modelo de contratación tipo 'tenure track', utilizado en Estados Unidos, Canadá, y ocho países europeos, que consiste en una contratación fija sujeta a una evaluación externa objetiva y transparente. Con este modelo, ha indicado el ministro, la entrada al sistema garantizará la igualdad de oportunidades y que se premie el talento y la dedicación real.

Duque agregó que el Ejecutivo introducirá un sistema para atraer talento temprano mediante ayudas de consolidación científica destinadas a iniciar nuevos proyectos de investigación.

Innovación basada en el conocimiento

Según el ministro, se mejorarán los incentivos al personal científico para que sus investigaciones lleguen a la sociedad, se facilitará la gestión directa de sociedades 'start-ups' derivadas de resultados de investigación y se orientará a las oficinas de transferencia de conocimiento existentes en los centros de investigación hacia el mercado, el tejido productivo y la producción de riqueza. Este anuncio coincide con el reciente apoyo de Banco de Sabadell y la Comisión Europea a más emprendimientos sociales pro gruposvulnerables y para contribuir a cerrar la creciente brecha educativa, dos de las prioridades de un fondo de capital riesgo de mayor impacto para starups.

Duque indicó que España se sitúa en el puesto 30 mundial en solicitud de patentes por habitante, aunque, en realidad, la producción científica está entre los puestos 20 y 12: Tenemos ahí mucho recorrido que mejorar en transferencia de conocimiento, dijo el ministro. Y efectivamente desde el sector privado se cuestiona de forma creciente tanto la escasa protección real que presta el sistema internacional y nacional de patentes ante las prácticas de abusos de los oligopolios que lo circundan, evidenciadas especialmente durante la pandemia en el sector farmacéutico pero anteriormente muy presente en otros como el bancario y el de los grandes gigantes digitales y medios de pago, todos los cuales aplican por ejemplo en la actualidad sistemas de seguridad mediante códigos flotantes como el registrado hace 13 años en la Oficina Española de Patentes y luego en la Internacional sin que ninguna de las grandes empresas que hoy lo explotan pagaran nada por esa patente pese a que en 2008 se le reconocieron docena y media de innovaciones al respecto, entre ellas la de generación de esos códigos automáticamente  mediante un algoritmo, como hoy hacen todas las grandes digitales y otras empresas bancarias y de pagos.

La anunciada Ley de la Ciencia tambiénn retende mejorar la gobernanza del sistema español de Ciencia

La futura ley también tiene como finalidad mejorar la gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, con nuevos programas complementarios del Gobierno con las comunidades autónomas para financiar y realizar acciones de I+D+I conjuntas y estratégicas.

Pedro Duque avanzó que se contemplan, asimismo, reformas normativas para fomentar la creación de centros e infraestructuras de investigación entre el Estado y las comunidades, y la agilización administrativa para nuevos proyectos de infraestructuras de investigación.

Asi se reorganizarán e integrarán en el CSIC otros 3  Organismos Públicos de Investigación

El Gobierno aprobó adicionalmente la integración del Instituto Geominero de España (IGME), del Instituto Español de Oceanografía (IEO), del Instituto Nacional de Investigación y del Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El ministro argumentó que, con la absorción, estos centros multiplicarán sus capacidades organizativas y de gestión administrativa científica y técnica: "Se aumenta así la capacidad de asesoramiento experto en materias clave para el país". Según Duque, con las reformas impulsadas en el área de las ciencias, España tiene la oportunidad de convertirse en un país puntero en ciencia e innovación, que deje a la siguiente generación un futuro mejor, más eficiencia en sus empresas y en el tejido productivo.

Según la referencia del Gobierno, estos tres organismos públicos mantendrán su nombre y actividades y tendrán la categoría de 'Centro Nacional'.Tras las dificultades de gestión técnica y científica que han sufrido en los últimos años, estos OPIs verán multiplicadas sus capacidades organizativas y de actuación, aprovechando el régimen jurídico más flexible del CSIC y sus mayores capacidades para la gestión administrativa, científica y técnica. Esta integración está amparada por la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que contempla la reorganización de los OPIs para que cumplan con los principios de eficacia, eficiencia, calidad, coordinación, rendición de cuentas y cooperación con el resto de los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.Tras la integración, que impulsará significativamente la capacidad de asesoramiento experto en materias clave para el país, en especial en lo referido a política pesquera, agroalimentación o transición ecológica, el CSIC contará con una plantilla de más de 12.500 personas y un presupuesto anual de más de 1.100 millones de euros.

Más financiación para el sistema de dependencia

María Jesús Montero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Ejecutivo ha aprobado la distribución entre las comunidades autónomas de 283 millones de euros para financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Los fondos se corresponden con el llamado 'Nivel Acordado', una partida suprimida en 2012, que hace referencia al número de personas que se incorporan al sistema de dependencia. Junto a la recuperación de esta medida, el Gobierno también ha elevado una media del 17% las cuantías del Nivel Mínimo, que atañe a las transferencias que el Estado hace a las comunidades por cada persona dependiente atendida.

"Es un doble mecanismo para impulsar que, cuantas más personas se incorporen al sistema, mejor financiación haya, para el pago de los servicios que se prestan en residencias de mayores, atención domiciliaria y unidades de día", ha explicado Montero.

Otros fines que se persiguen son la reducción de listas de espera y la mejora tanto de las prestaciones como de las condiciones de los trabajadores del sector.

En conjunto, este año aumentará la financiación en 600 millones de euros, lo que supone un aumento del 43% en la aportación que hace el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Nuevo impulso a la Administración electrónica

El Consejo de Ministros aprobó el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que entrará en vigor el próximo 2 de abril

Montero ha afirmado que esta nueva norma servirá para mejorar la eficiencia y transparencia de las administraciones, haciéndolas más accesibles y con ello, permitiendo a la ciudadanía hacer sus trámites vía electrónica de forma segura, ágil y sin desplazamientos innecesarios. Para ello, ha dicho Montero, será necesario disponer de servicios digitales amigables y accesibles, para que la navegación por las páginas webs y sedes electrónicas sea intuitiva.

Asimismo, se pretende mejorar la relación electrónica a nivel interno en la Administración General del Estado, y la interadministrativa entre esta y el resto de administraciones autonómicas y locales. Según la referencia oficial, el Decreto que aprobará el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos aborda la regulación global y unitaria del funcionamiento del sector público por medios electrónicos tanto en el ámbito interno de las Administraciones como en las relaciones interadministrativas y con los ciudadanos y empresas.

El  Decreto unifica en un mismo Reglamento el desarrollo de todos los aspectos relacionados con la actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos previstos en las dos leyes de cabecera en esta materia (la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público). Con ello, se logra una importante labor de sistematización y ordenación, con un notable esfuerzo de simplificación de conceptos técnicamente complejos.

El Reglamento profundiza en el objetivo de contar con una Administración Pública digital, moderna, accesible y personalizada a las necesidades de los distintos colectivos sociales. Este Real Decreto consolida la normativa relativa a servicios electrónicos a la ciudadanía y empresas, e impulsa el uso y los beneficios de la digitalización en la Administración.

Por ejemplo, facilitará el avance para que la ciudadanía no tenga que volver a aportar información de la que ya disponga la propia Administración, que pueda consultar las notificaciones en una dirección de notificaciones única y que pueda acceder a un punto único de información a través del PAGe (Punto de Acceso General electrónico).

Otra promesa de que con la nueva Administración electrónica la ciudadanía no perderá tiempo e trámites ni tendrá que volver a aportar información, en estos términos:

El Reglamento dota a España del marco regulatorio imprescindible para afrontar los grandes desafíos que plantean la evolución de tecnologías disruptivas, su aplicación a la gestión de la información y la ejecución de políticas públicas, los nuevos modelos de relación de ciudadanos y empresas con las Administraciones Públicas y la reutilización eficiente de la información.

Su entrada en vigor, el próximo 2 de abril, eliminará definitivamente la superposición de regímenes jurídicos distintos y facilitará a ciudadanos, empresas y administraciones el desarrollo reglamentario básico en un solo texto, contribuyendo con ello a la seguridad jurídica, que es uno de los objetivos de la norma.

Con la aprobación de este Reglamento se cumple una de las medidas para la transformación digital del sector público incluida en la Agenda España Digital 2025 y con una de la reformas que se contemplan en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia para el primer semestre del año.

España cuenta con una posición muy favorable para abordar la transformación digital y, en lo que concierne a la Administración electrónica, está situada entre los países más avanzados de la Unión Europea, gracias al esfuerzo continuado de las Administraciones Públicas, según refleja el informe DESI de la Comisión Europea.

Principales objetivos

Este reglamento tiene cuatro objetivos principales. En primer lugar, mejorar la eficiencia de la Administración electrónica. Para ello, se facilita el derecho de los ciudadanos a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas; la obligatoriedad de relación electrónica de las personas jurídicas y de algunas categorías de personas físicas; y la tramitación electrónica de los procedimientos como actuación habitual de las Administraciones Públicas.

Las Administraciones contarán con un archivo electrónico de expedientes que correspondan a procedimientos finalizados y todas las notificaciones se realizarán por medios electrónicos salvo que se trate de personas físicas no obligadas a ser notificadas electrónicamente.

El segundo objetivo es que tanto el funcionamiento electrónico interno de la administración como las relaciones de las Administraciones Públicas entre sí se realice electrónicamente. Esto implica la interoperabilidad como principio básico, determinar las condiciones e instrumentos de creación de sedes electrónicas, así como los supuestos de utilización de los sistemas de firma de sello o código seguro de verificación, y los propios sistemas de firma electrónica.

El tercer objetivo es el de incrementar la transparencia de la actuación administrativa y la participación de las personas en la Administración Electrónica. Así, se desarrolla el funcionamiento del Punto de Acceso General electrónico (PAGe), y la Carpeta Ciudadana en el Sector Público Estatal. También se regula el contenido y los servicios mínimos a prestar por las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas y el funcionamiento de los registros electrónicos.

En cuarto lugar, se busca disponer de servicios digitales fácilmente utilizables y accesibles de modo que se pueda conseguir que la relación del interesado con la Administración sea fácil, intuitiva y efectiva cuando use el canal electrónico.

Impactos positivos

El Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos incrementará la seguridad jurídica, así como la predictibilidad de la actuación de las Administraciones Públicas, contribuyendo a mejorar el servicio a los ciudadanos, la imagen institucional de España y la confianza.

El Real Decreto favorece también la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, dado que los medios electrónicos proporcionan una vía alternativa de comunicación con la Administración.

Asimismo, se refuerza la defensa de derechos individuales. Es el caso del derecho a un acceso rápido, eficaz y eficiente a los servicios públicos a través de los medios electrónicos; el de disponer de unos servicios web de calidad que sean útiles y satisfagan sus necesidades; el de recibir una información transparente y veraz; y, al mismo tiempo, el derecho a preservar la privacidad de los ciudadanos y sus datos personales.

El Reglamento tiene, además, un impacto ambiental positivo al reducir la huella de carbono de la tramitación tradicional en la que se emplea masivamente el papel, la impresión láser y la logística. Frente a esta tramitación tradicional, el presente Real Decreto propone eliminar el papel para la mayoría de los procesos administrativos, algo que permite eliminar la impresión y los procesos logísticos y su consiguiente impacto ambiental.

Regulación de biocarburantes

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto para el fomento de uso de energías limpias y reducción de la huella de carbono, mediante el que se regulan los objetivos de venta o consumo de biocarburantes para los años 2021 y 2022.

La norma obliga a que las ventas de biocarburantes sean, este año, de un 9,5% sobre el total de combustibles consumidos en España, y un 10% el año que viene. El objetivo final, en consonancia con lo establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, es llegar a una cuota mínima de energía renovable en el transporte del 28% en 2030, para favorecer la reducción de gases efecto invernadero asociadas a este sector.

Los biocarburantes, ha explicado Montero, son una solución puente hasta que la movilidad eléctrica sea realmente una alternativa sostenible a los vehículos de combustión.

Exhumación e identificación de víctimas en el Valle de los Caídos

María Jesús Montero y Pedro Duque durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Gobierno subvencionará con 665.000 euros los trabajos de exhumación e identificación de los restos de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista enterrados en la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y que hayan sido reclamados por sus familiares.

Los restos de más de 33.000 víctimas, provenientes de casi todas las provincias de España, fueron trasladados desde 1959 para ser inhumados en las criptas del Valle de los Caídos.

Las obras para acceder a estas criptas, que fueron tapiadas y permanecen cerradas desde el momento de la finalización de las inhumaciones, no supondrán ninguna modificación urbanística y se centrarán en asegurar las condiciones de dignidad y respeto propios de un cementerio, la reparación y dignificación de los osarios, y la seguridad y salud de las personas y operarios que accederán a las mismas.

Montero ha recordado, asimismo, que ayer se constituyó la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática en la que se aprobó el reparto a las comunidades autónomas de 3 millones de euros para la búsqueda, identificación y dignificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de salud de Galicia

El Gobierno ha acordado interponer recurso de inconstitucionalidad contra el apartado 5 de la Ley de Galicia 8/2021, que modifica la ley de salud autonómica, por considerar que establece medidas preventivas sobre salud pública que restringen y limitan derechos fundamentales.

María Jesús Montero ha explicado la norma contempla, entre otras, medidas de control sobre personas enfermas que incluyen aislamiento en domicilio o internamiento en centros hospitalarios, o la obligación de someterse a determinadas medidas de prevención como la vacunación obligatoria. Los derechos fundamentales, ha recordado, solo se pueden regular en una ley orgánica que, por tanto, solo puede ser dictada por el legislador estatal.

La interposición del recurso se ha decidido con el aval del dictamen del Consejo de Estado y su presentación conllevará la suspensión del apartado recurrido hasta que el Tribunal Constitucional decida después, en un máximo de cinco meses, ratificarla o levantarla.

Reconocimiento a la sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana

Las Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana han sido declaradas, por acuerdo del Consejo de Ministros, como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Este movimiento registra 550 Sociedades Musicales federadas, con más de 1.100 bandas de música, 200.000 socios y socias y 60.000 alumnos. María Jesús Montero ha destacado su carácter único en el mundo como "fenómeno de asociación en el territorio y herramienta fundamental para la convivencia intergeneracional y entre diferentes estratos de la sociedad".

Asuntos de actualidad

COVID-19

María Jesús Montero y Pedro Duque durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

La portavoz del Gobierno ha manifestado su preocupación por la evolución de la pandemia, con una incidencia acumulada semanal de contagios en aumento, y ha insistido en la necesidad de intensificar las medidas de prevención y afrontar con responsabilidad individual la movilidad y las interacciones sociales, especialmente en esta Semana Santa: "Todos tenemos ganas de dejar atrás las restricciones, pero no hemos llegado a esta fase de relajación y no podemos permitirnos ningún tipo de descuido".

Montero ha informado de que ayer se distribuyó entre las comunidades autónomas más de un millón de dosis de vacunas y ha confiado en que, en abril, se pueda generar un punto de inflexión al triplicarse el número de las que están por llegar.

Cambios en el Ejecutivo

La ministra ha adelantado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará a conocer hoy la remodelación del Ejecutivo, causada por la salida del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, para concurrir a las elecciones autonómicas en Madrid.

Montero ha señalado que en la reunión del Consejo de Ministros, la última a la que ha asistido Iglesias, el presidente le ha mostrado "el reconocimiento, el afecto y el agradecimiento por la labor realizada".

Asociados a estos cambios, Montero ha avanzado los nombramientos, aprobados en Consejo de Ministros, de nuevos altos cargos, como varios secretarios de Estado ylos delegados del Gobierno en Andalucía, Galicia y Madrid.


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