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EMPRESAS Y RSC
Urgen proceso accesible a PYMES y auditable por ciudadanos

Unas 30 ONGs crean "Open Generation EU" para evitar que los fondos europeos vayan a oligopolios

Escultura con el símbolo del euro en la sede del BCE en Frankfurt. Reuters

La plataforma Open Generation EU se ha creado con apoyo de 27 organizaciones sociales como Intermón Oxfam, Ecologistas en Acción, Xnet, Political Watch y Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), entre otras, para exigir un proceso "auditable para la ciudadanía" contra la "opacidad" en los fondos europeos, a fin de que no queden en manos de grandes empresas. Critica que el Congreso no haya votado todavía las enmiendas de la oposición para reformar el real decreto que rige el Plan de Recuperación.
Redacción 13 de mayo de 2021 Enviar a un amigo
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Es necesario un proceso que garantice los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación de acceso, dotándolo de las herramientas legales y órganos institucionales y fiscalizadores necesarios, en un proceso accesible para grandes y pequeños (PYMES, autónomos, agentes de la economía social…) y auditable para la ciudadanía, declara la plataforma Open Generation EU, presentada este miércoles.Los promotores son Estudiantes del Posgrado en Tecnopolítica y Derechos en la era DigitalObservatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) e Instituto de Derechos Humanos de Catalunya (IDHC) y entre los colaboradores figuran también Access Info EuropeObservatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL),  Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP)Asociación Española de Acreditación de la Transparencia (ACREDITRA),  Colegi oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV)Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)Federación de Periodistas de España (FAPE)Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP),  Iniciativa Barcelona Open DataObservatorio de RSC y Sociedad Española de Documentación e Información (SEDIC). Asimismo, en una entrevista de La Marea ......

Casi al mismo tiempo, tres Ministerios presentaban su plan de reparto (Educación, Universidades e Investigación y Ciencia)  y surgían numerosas voces para pedir participar en los esperados 140.000 millones de euros. Entre ellas, destacamos en otras informaciones  la de los economistas auditores del Consejo General de Colegios de Economistas reunidos con la presidenta de la AIREF para pedir participar en su auditoría, los rectores de universidades públicas y privadas de la CRUE criticaban la desatención de sus propuestas y la ausencia de cambios estructurales, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pedía una asignación directa del 15% a las entidades locales, el presidente gallego Feijoó Feijóo insistía en su defensa de que las grandes empresas diseñen las inversiones. Igualmente, y se conocía que la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) han nombrado al exembajador de España en Reino Unido Carlos Bastarreche como nuevo asesor externo para promover la canalización de las ayudas. Igualmente, con pocas horas de diferencia Iberdrola se ofrecía a movilizar 30.000 millones con 175 proyectos, Hispasat anunciaba que trabaja en 17 propuestas y diversas entidades de empresa familiarpedían más participaciónm como Amefmur, Aefa e Iverfa reunidas con el Banco Sabadell.

Queremos poder saber para quién van esos fondos, para qué y poder fiscalizar si se están cumpliendo los objetivos fijados en el Plan [de Recuperación y Resiliencia, declaraba Sandra Vicente, una de las portavoces de la plataforma Open Generation EU, denunciando la falta de recursos en organismos de control, como por ejemplo la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon); que únicamente cuenta con 12 trabajadores para supervisar toda la contratación pública derivada de la llegada de esos 142.000 millones. 

Atención al Consejo de Estado y al Congreso

En este sentido, las ponentes han recordado que el Consejo de Estado hizo público un informe en que aseguraba que había claras carencias en las garantías de control y transparencia en la ley que regulará la gestión y adjudicación de los fondos. Por ello han instado al Gobierno a dotar de más recursos al portal de transparencia y a los tribunales del contencioso administrativo, ante posibles denuncias por vulneración de los criterios de asignación de dichos fondos. "Es muchísimo dinero, nos van a pedir un montón de reformas a cambio y es la última oportunidad para acometer la transformación social, ecológica y económica", ha añadido Emma Avilés, otra de las portavoces. 

Las portavoces de Open Generation EU han alertado del riesgo de que parte de la gestión de los fondos europeos acabe recayendo sobre consultoras privadas, derivando así una parte importante de recursos públicos para costear dichos servicios. Un ejemplo de ello, tal como han expuesto, es la licitación de 1,5 millones de euros que publicitó el pasado 5 de mayo la Administración Ayuso para que, en tan solo dos días, las consultoras postularán para asesorar a la Comunidad de Madrid en la gestión de los fondos de la UE. "Si estos fondos son para modernizar la administración pública, ¿por qué lo externalizamos a consultoras privadas", se ha preguntado Avilés. 

Open Generation EU se ha presentado en sociedad este miércoles, aunque lleva trabajando con diferentes grupos políticos en el Congreso durante los últimos meses para introducir enmiendas y modificar el real decreto aprobado por el Ejecutivo que regirá la gobernanza de los fondos. A razón de ello, Más País y CUP ya han registrado sus enmiendas; mientras ERC, Bildu y C’s les han trasladado que harán lo propio con las suyas en breve. 

No obstante, las portavoces han criticado que la Mesa del Congreso todavía no ha fijado fecha para la votación de dichas enmiendas para modificar las actuales reglas de gestión y gobernanza de los fondos europeos. Y alertan de que, de postergarse durante más tiempo dicha votación, la asignación e implementación de dichos fondos se realizará con un real decreto aprobado por el Gobierno, pero sin la supervisión de los grupos parlamentarios.

Enmiendas ciudadanas para mejorar la gestión de los fondos Next Generation EU y otros colaboradores de la nueva plataforma

La nueva plataforma ha presentado las siguientes emiendas al Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, elaboradas desde la sociedad civil, disponibles para la descarga aquí y que comparten los colaboradores de Open Generation EU, entre los que tambien figuran otras entidades principalmente catalanas como Ingeniería Sin Fronteras CatalunyaAsociación Andaluza para la Defensa de los Animaless (ASANDA)Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA)Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM)Associació d´Arxivers i Gestors de Documents Valencians (AVV)Fundación Global NatureFundación Hay DerechoGobiernoTransparente @TransparenteGobPolitical Watch (anteriormente CIECODE)RADA – Red de Abogados para la Defensa Ambiental, e Innovación Y Derechos Humanos (ihr.world).
  • MÁS RECURSOS => Para el Portal de Transparencia, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReSCon) y los Tribunales Contencioso-Administrativos.
    Más volumen de gestión debe suponer un aumento de control.
  • PUBLICIDAD ACTIVA => Para la Intervención General de la Administración del Estado, los Ministerios y Administraciones gestoras y la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). 
  • PORTAL ÚNICO => El Portal de Transparencia centralizará la información, garantizando su integridad y accesibilidad. 
  • SILENCIO POSITIVO Y EFECTO PRECEDENTE => En caso de no obtener respuesta a una petición de información sobre los fondos NEGU esta se entenderá estimada, y cuando se concedan las informaciones las Administraciones afectadas tendrán la obligación publicarlas automáticamente.

    Prima el interés público, el dinero es y la deuda será de toda la ciudadanía. En las Disposiciones Generales del RDL establecen que «la Administración Pública debe responder de modo ágil y eficaz(…), y sin disminuir sus obligaciones de control, salvaguardando el interés general».
  • ACCIÓN PÚBLICA => Instaurar la figura de la acción pública/popular para poder recurrir contratos públicos y subvenciones, sin coste adicional alguno.
    Porque cómo se gestiona el dinero, nos afecta a TODXS.
  • CONTRATACIÓN PÚBLICA => El RD se queda corto en materia de contratación. Desaprovecha la oportunidad de mejorar la Ley 9/2017 y profundizar en los criterios sociales de contratación, criterios de adjudicación (art.145 Ley 9/2017), las condiciones especiales de ejecución (art.202), así como la contratación por lotes (art.99).
  • CONTRATOS RESERVADOS = > Posibilidad de pensar un % de contratos reservados para PYMES, autónomos y economía social. Se propone que el decreto vaya más allá y establezca pliegos tipos y criterios sociales específicos de aplicación. Establece la aplicación de reserva del 10% recogida en la Disposición adicional 4ª de la LCSP 9/2017 para Centros Especiales de Empleo de Iniciativa social y a empresas de inserción reguladas. Establecer asimismo la reserva de un 10% de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a PYMES, autónomos y empresas de la economía social.
 
Modificaciones al articulado:
  • OBLIGATORIEDAD Y PUBLICIDAD DEL REGISTRO (art. 9,10 y11) => Será obligatorio registrarse para pedir PERTEs y la documentación aportada para tal fin será pública (siendo los requisitos para inscribirse comunes para todos los interesados).
    Porque prima el interés público al comercial cuando se trata de gestionar estos fondos históricos, tenemos derecho a saber quien lo hará.
  • PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL (art. 18) =>  En  los Foros que se creen y en la Comisión (propuestos por los Grupos Parlamentarios), siendo públicas y de libre acceso (en el «Diario de Sesiones» del Congreso) todas las reuniones.
  • INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO (art. 21) => Se elaboraran por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, y serán públicos.
    Porque tenemos derecho a saber cómo avanza la gestión.
  • DIGITALIZACIÓN (art. 35 y 36) => Reforzar la implantación e implementación de la contratación electrónica con la constitución de la Sección de “Contratación pública electrónica” del Comité de Cooperación, regulado en el art. 329.3.d de la LCSP.
    Dar prioridad y agilizar procesos para la unificación de los datos de la contratación pública en una única fuente de datos.
    No puede ser que unos fondos para digitalizar el país no se tramiten siguiendo sus objetivos.
  • EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL (art. 66) => Prevé la exención de EIA de categorías enteras de proyectos (financiados por el Instrumento Europeo de Recuperación y que reúnan una serie de requisitos) lo que resulta contrario al derecho comunitario. Se propone una enmienda de supresión del artículo 66 para adecuar el texto enmendado a la normativa y jurisprudencia comunitaria, que descarte la exclusión en bloque de proyectos de la EIA. Documento argumentativo y propositivo más amplio sobre esta supresión.

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