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Una ley agrada a las 4 grandes de renovables, otra a Naturgy

Medidas para abaratar la factura eléctrica hasta un 15% en 5 años tras subir otro 45,4% solo en mayo

La vicepresidenta Ribera tras el Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros aprobó este martes dos proyectos de ley para abaratar la factura eléctrica hasta un 15% en 5 años tras subir otro 45,4% solo en mayo, horas después de entrar en vigor un nuevo sistema de facturación que no reducirá costos para los usuarios, según éstos. La ley que impulsa la electrificación de la economía es defendida por Iberdrola, Endesa y EDP, principales receptores de los llamados "beneficios caídos del cielo". La ley para corregir ese "dividendo"la defiende Naturgy.
Redacción 2 de junio de 2021 Enviar a un amigo
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Ambas regulaciones dividen a toda la industria y al mundo académico tras ella, por influencia de la fractura originada por el primer proyecto en el oligopolio electrico, que hace medio año llevó a Naturgy a abandonar la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), formada en 2018 por EDP, Endesa, Iberdrola Naturgy y Viesgo a partir de la patronal eléctrica Unesa, que nació 74 años antes. Ese primer proyecto de ley consiste en crear un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que adicionalmente a la reforma entrada este unes en vigor extraerá del recibo de la luz los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore) y trasladarlos progresivamente a todos los sectores energéticos, con el fin de promover la electrificación de la economia española, junto a la italiana la más dependiente en Europa de combustibles fósiles, aun muy utilizados en los transportes y la calefacción.

Aelec ha liderado en defensa de ese proyecto de ley antes de aprobarlo ayer el Gobierno un manifiesto que urge el citado Fondo y afirma que “la Comisión de Expertos para la Transición Energética, formada por representantes de todo el abanico de partidos políticos y de la academia, ya propuso repartir la financiación de los apoyos a las energías renovables entre todo el consumo energético y abordar una ambiciosa reforma fiscal para que impuestos y cargos de las distintas energías estén alineados con el objetivo de la descarbonización”.

El Fondo tiene como triple objetivo, “evitar subidas en el precio de la electricidad; dar señales claras de electrificación de la economía y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permita movilizar las inversiones necesarias en los próximos años”. Para avanzar en la transición energética dice que es necesario enviar señales de precios adecuadas a inversores y consumidores a través de un nuevo sistema de financiación de los costes regulados, pues “los compromisos adquiridos por España en su Plan Integrado de Energía y Clima ante la UE requieren de una profunda transformación en los procesos de producción y consumo de energía, donde las energías renovables y la descarbonización del transporte y del calor y frío cobran especial protagonismo” y cree que el citado Fondo “tendrá un efecto positivo sobre hogares y empresas de servicios, generando importantes ahorros en su factura eléctrica e introduciendo señales progresivas para que los consumidores se electrifiquen, lo que aceleraría la descarbonización de los usos energéticos tanto en el transporte- impulsando el vehículo eléctrico- como en los hogares, como por ejemplo a través de la bomba de calor”.

En línea con la parte del oligopolio electrico más dependientes de renovables y especialmente del agua o la nuclear, la Asociación Española de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos de Alta y Media Tensión (AFBEL) respalda ese manifiesto y reclama «corresponsabilidad en los objetivos del cambio climático».

Por el contrario, han contraatacado las patronales de empresas muy intensivas en energías menos renovables. Reunidas en la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, caso de Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento) y Unesid (siderurgia,  han  asegurado que la creación del FNSSE “supondría un coste energético adicional acumulado para la Industria de 2.650 millones de euros” y puede “agravar la situación de la industria española y poner en riesgo su futuro”, antes de añadir que la citada industria “ha perdido, desde la crisis económica de 2008, casi un 30 % del tejido productivo y un 20 % del empleo”.

Ante esa división de la industria, el Gobierno intenta agradar a la parte del oligopolio eléctrico que recibe los beneficios caídos del cielo lanzando el Fondo para la Sostenibilidad del Sistema, pero al mismo tiempo corrige el dividendo con una retención superior a los 1.000 millones de euros

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, dijo tras el Consejo de Ministros que el impacto acumulado de las dos medidas presentadas hoy, cuando estén plenamente efectivas, supondrá una reducción del 15% de la factura de los consumidores domésticos e industriales.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) para impulsar la electrificación de la economía, asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico, aportar certidumbre a las inversiones y conseguir reducir la factura de hogares y empresas.Este fondo, que se implantará de forma gradual en cinco años, permitirá financiar y redistribuir los costes fijos de fomento de las energías renovables, cogeneración de alta eficiencia y valorización energética de los residuos, un coste que ahora está solo asociado al sector eléctrico.

Teresa Ribera ha afirmado que el Ejecutivo quiere que "todos los vectores energéticos, incluidos gas y petróleo, contribuyan al despegue histórico de las energías renovables y al apoyo de la cogeneración" en función del volumen de energía que vendan al mercado y de manera ordenada. Con este objetivo, ha añadido, la norma incluye exenciones para los consumidores que puedan tener más complicada la adaptación: gasóleo agrícola, gasóleo profesional y gas en sectores industriales expuestos a la competencia internacional.

La ministra ha indicado que con estas medidas, que se incorporarán de manera progresiva, se acelerarán los beneficios a los consumidores, impulsando el autoconsumo y los techos solares, la eficiencia de la industria, el sector residencial y el institucional, el almacenamiento y las pequeñas instalaciones industriales.

Reducción del coste de la transición energética y otras medidas

El Gobierno también ha analizado hoy el anteproyecto de ley para corregir el dividendo que reciben las centrales no emisoras como consecuencia de los costes del CO2 en el mercado de derechos de emisión y actuar así sobre el elevado precio de la factura eléctrica de las últimas semanas, derivado de la alta cotización de los derechos de emisión el mercado comunitario.

La norma establece una minoración de la retribución de las centrales no emisoras puestas en funcionamiento antes de 2005, cuando entró en vigor el sistema de comercio de derechos de emisión. El objetivo de la propuesta es que una parte del dividendo de carbono pueda beneficiar a todos los consumidores reduciendo el coste de la transición energética.

En este sentido, la vicepresidenta cuarta ha explicado que la iniciativa facilita el acceso de los consumidores al dividendo de carbono que hoy es retribuido íntegramente a las compañías eléctricas. El Gobierno estima que la medida provocará un descenso del precio de la factura eléctrica próximo al 4,8% para los consumidores domésticos y de un 1,5% para la gran industria.

Teresa Ribera ha añadido que tanto los inversores anteriores a 2005 como los posteriores saben que tienen un margen de crecimiento importante en un sistema "estable y solvente", que ofrece cobertura a los consumidores, genera una reducción de sus facturas y contribuye a que la planta de energías renovables crezca en más de 600 gigas nuevos desde ahora hasta 2030.

La iniciativa, ha proseguido la vicepresidenta, mantiene todas las vías abiertas para que cualquiera pueda producir y vender electricidad en España, acudiendo al mercado eléctrico, a la contratación bilateral o a los sistemas de subasta.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha destinado 2,5 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas para colaborar en la financiación de los costes derivados de la tramitación del bono social térmico.

Nueva regulación del sector pesquero marítimo

Luis Planas durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosFoto: Pool Moncloa/Fernando CalvoEl Gobierno ha analizado el anteproyecto de Ley de pesca sostenible e investigación pesquera, el primero de los tres con los que pretende adecuar la legislación vigente a los nuevos retos ambientales, sociales y económicos del sector, y avanzar en su modernización, transparencia y seguridad jurídica. Las próximas normas serán sobre inspección y control, vinculada a la aprobación del Reglamento comunitario sobre esta misma materia, y digitalización, ordenación y comercialización de los productos pesqueros.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado la importancia de esta actualización global para un sector que tiene 30.000 empleos directos y otros 30.000 en la industria de transformación, y que genera, desde el punto de vista económico, más de 15.000 millones de euros anuales. Actualmente hay en España 8.850 buques de pesca -8.000 en activo, según datos de 2020-, de los que el 95% faenan en caladero nacional y el resto en aguas comunitarias o terceros países, bajo acuerdos internacionales. De estas últimas proceden dos tercios de las capturas.

Tres objetivos: sostenibilidad, seguridad y conocimiento

Planas ha afirmado que la futura ley supone un avance para la sostenibilidad desde los puntos de vista ambiental, económica y social, para garantizar el mantenimiento de los recursos que permiten la actividad, hacerla rentable para los pescadores y asegurar el futuro de los pueblos y comunidades a lo largo de los casi ocho mil kilómetros de litoral español.

Asimismo, proporciona transparencia y seguridad jurídica adaptando la normativa española a la europea, por ejemplo, en la utilización de cuotas y de los Totales Admisibles de Capturas (TACs), su gestión y posibilidad de transmisión.

Un tercer aspecto hace referencia a la ciencia y a la política de la actividad pesquera. "Sin conocimiento científico, no se puede hacer una pesca sostenible", ha señalado Planas, que se ha referido, entre otros aspectos, a la necesidad de conocer el estado biológico de los stocks y su vinculación con la actividad extractiva. El ministro ha alabado la labor fundamental del Instituto Español de Oceanografía y de los tres buques de investigación pesquera del Ministerio y de uno de formación que gestiona la Armada, que se verá reforzada gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El ministro, ha destacado, como novedad, la regulación de la extracción de recursos marinos vivos, denominados nuevos recursos genéticos pesqueros, que serán claves para la alimentación en el futuro y que deberán cumplir con los mismos criterios de sostenibilidad establecidos para los demás recursos.

Planas también ha adelantado que su departamento también está trabajando en la creación de un registro oficial para distinguir entre la pesca profesional y la recreativa, y delimitar la práctica de esta última, que también, ha dicho, afecta a los recursos marinos.

Situación de la pandemia y ritmo de vacunación

María Jesús Montero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosFoto: Pool Moncloa/Fernando CalvoEl Gobierno ha evaluado la situación de la pandemia de COVID-19, que presenta una ralentización de los contagios y una reducción muy significativa del número de fallecidos.

María Jesús Montero ha avanzado que esta semana se alcanzará el objetivo de que 10 millones de ciudadanos estén vacunados con la pauta completa y cerca del 40% de la población tenga administrada, al menos, una dosis.

La campaña de vacunación, ha manifestado la portavoz, además de reducir la gravedad de los casos, acompaña a la recuperación de la economía: "Si la situación sanitaria se controla, si tenemos controlado el número de contagios y de personas que acuden a nuestros centros hospitalarios, nuestra economía tiene importantes bases y una gran resiliencia para recuperarse de forma rápida".

En este sentido, Montero ha recordado que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pronosticó ayer que España es el país de la eurozona que más crecerá en 2021. También ha señalado que el déficit del Estado se redujo en abril por primera vez desde que comenzó la pandemia, que la afiliación a la Seguridad Social aumentará en más de 200.000 cotizantes y que cerca de 100.000 trabajadores que estaban en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se han reincorporado a sus puestos de trabajo. "Estamos ante cifras muy positivas porque estamos recuperando el nivel de afiliados previo a la pandemia solo en un año y tres meses", ha remarcado.

Limitaciones de entrada a España

El Gobierno ha prorrogado por novena vez las limitaciones de entrada a España por vía aérea desde Brasil y Sudáfrica para limitar la propagación del COVID-19. La medida estará en vigor desde las 00:00 horas del 8 de junio hasta las 00:00 horas del 22 de junio (hora peninsular en ambos casos).

Asimismo se prolongan, desde las 00:00 horas del 13 de junio hasta las 24 horas del 26 de junio, las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas que lleguen en vuelo desde cualquier aeropuerto situado en la República de la India a cualquier aeropuerto situado en España, con o sin escalas intermedias.

Calidad y financiación del servicio postal

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que su objetivo es consolidar el nivel de calidad del servicio de Correos y Telégrafos, "fundamental para la vertebración del territorio y para asegurar la igualdad efectiva de todos los ciudadanos con independencia de la situación geográfica o de la situación social".

Esta empresa pública cuenta con más de 54.000 empleados. El Plan contempla aspectos como la extensión mínima de la red postal, el sistema de control y las penalizaciones por el incumplimiento de objetivos de calidad, así como la evaluación del coste del servicio y los criterios para determinar la contribución del Estado a su financiación, con el fin de asegurar un horizonte financiero estable y facilitar su modernización.

Préstamo a la Tesorería de la Seguridad Social

El Gobierno ha aprobado la concesión de un préstamo de 13.830 millones de euros del Estado a la Tesorería de la Seguridad Social. Esta transferencia ya estaba consignada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 y refleja el compromiso del Gobierno por hacer sostenible este subsector, "tan importante para los ciudadanos por su relación con las pensiones o con la incapacidad temporal", ha afirmado Montero.

En los meses de junio y noviembre, la Seguridad Social abona conjuntamente la nómina ordinaria y extraordinaria de las pensiones. Este desembolso supone en torno a 20.000 millones de euros, lo que puede generar tensiones de liquidez al Sistema, y más aún tras las medidas excepcionales adoptadas como consecuencia de la pandemia. El importe del préstamo se destinará íntegramente al pago de las obligaciones de la Seguridad Social y a posibilitar su equilibrio presupuestario.

Subvenciones a programas de atención humanitaria

Foto: Pool Moncloa/Fernando CalvoEl Ejecutivo ha concedido subvenciones a Cruz Roja Española, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y ACCEM por un importe de 87,5, 47,5 y 30,5 millones de euros, respectivamente. Estas tres entidades gestionan el 80 % de los recursos de los Programas de Atención Humanitaria y Protección Internacional.

Montero ha señalado que estos importes financiarán actuaciones dirigidas a atender a personas inmigrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por deterioro físico y carencia de apoyos sociales, familiares y medios económicos. En el caso de las personas solicitantes de Protección Internacional, permitirán además desarrollar itinerarios tanto de integración en España como de inserción laboral individualizados.

Además, el Gobierno ha concedido una subvención directa de 27 millones de euros a Cruz Roja Española para reforzar, en Canarias y Melilla, actuaciones de emergencia en la acogida, traslado y acompañamiento a personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad.

Sevilla, sede de la Eurocopa 2020

El Consejo de Ministros ha otorgado las garantías solicitadas por la UEFA a la ciudad de Sevilla para ejercer como sede de partidos de la Eurocopa 2020, aplazada a este año por la emergencia sanitaria. Entre estas garantías se incluye apoyo a la organización, facilidades aduaneras, agilidad para expedir visados para personal acreditado o incentivos de carácter fiscal.

El Gobierno, ha explicado la portavoz, ya había hecho este trámite para los partidos que se iban a disfrutar en Bilbao pero, tras el cambio de sede a Sevilla decidido por UEFA, la organización solicitó esta confirmación.

La portavoz del Ejecutivo ha avanzado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará el jueves a Libia para mostrar el apoyo de España al proceso político que vive ese país tras el alto el fuego de agosto de 2020. "España apuesta por la paz, por la estabilidad y por la prosperidad en Libia, un país que considera clave en la relación con su Vecindad Sur".Preguntada por las relaciones con Marruecos, María Jesús Montero ha transmitido que España tiene la "mejor actitud constructiva" y desea que se restablezcan las buenas relaciones, tanto de vecindad como comerciales, que siempre han mantenido ambos países.


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