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Temor a que enmascare abusos

La apuesta de cada vez más empresas por la semana de 4 días añade presión sobre la reforma laboral

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

El goteo de firmas que se abonan a la implantación de una semana laboral de 4 días en sus convenios colectivos amenaza con trastocar los planes del Gobierno para ganar tiempo y que esta cuestión no entre en la reforma laboral para este otoño.
Redacción 9 de septiembre de 2021 Enviar a un amigo
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A la vuelta del verano, cada vez son más empresas, y de mayor tamaño, las que firman convenios en las que recogen la posibilidad de aplicar una jornada semanal de 32 horas.

Aunque, más allá de los titulares, la propuesta tiene truco –conlleva una reducción de sueldo equivalente a la reducción de horas trabajadas, o sólo se aplica a ciertos puestos– que contribuyen a difuminar las expectativas.

La idea de la jornada de 4 días ha cobrado fuerza tras la pandemia debido a la caída de las horas trabajadas. Según los últimos datos de la EPA, la jornada efectiva trabajada para un asalariado se sitúa en 32,4 horas semanales, aunque en el mismo periodo del año anterior llegó a los 26,6 euros. Loa únicos que superan la jornada de 40 horas son los autónomos.

Y aunque estos datos no tienen que ver con la realidad de cada empresa, sí son un indicador de la percepción social que avala este debate, impulsado por el teletrabajo y unos nuevos modelos de organización de las tareas más flexibles y liberados del presentismo.
 

Pero igual que España tardó 8 años en desarrollar una regulación específica del teletrabajo, parece que los tiempos que maneja el Gobierno apuntan a actuar cuando esta jornada se haya convertido en una realidad, antes que preventivamente.

Esto es porque existen bastantes dudas sobre cómo se aplicarán estos acuerdos. Aunque surgen de la negociación colectiva, los laboralistas advierten de la posibilidad de que se utilicen como fórmulas para enmascarar ajustes de costes laborales.
 
Distancias con el plan Errejón

El Gobierno ha firmado un acuerdo con Mas País para desarrollar un programa piloto sobre la posibilidad de aplicar la jornada de 4 días con la totalidad de sueldo, con apoyo público a través de un complemento de reducción de jornada. De hecho, este estudio, con un valor de 50 millones de euros ya estaría recogido en los Presupuestos para el próximo año que se presentarán este mes.

Existen dudas entre los laboralistas sobre esta fórmula, que incluso guarda semejanzas con un ERTE de reducción de jornada. Pese a ello, el acuerdo entre el partido de Iñigo Errejón ha sido con el Ministerio de Industria, no el de Trabajo, dirigido por su ex correligionaria y actual líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz.

De hecho, en su momento Díaz criticó el plan de Más País por ser "demasiado rígida". 

Cuestiones políticas al margen, el objetivo de Díaz es que esta cuestión no se aborde en la reforma laboral, ya que la existencia de estos acuerdos ha sido reducida –aunque bien publicitada– y está perfectamente recogida en el esquema actual de la negociación colectiva.

Trabajo prefiere que la nueva reforma se centre en las figuras contractuales, con el objeto de reducir la temporalidad. En el diseño de la nueva legislación ya hay un frente importante centrado en la negociación colectiva: recuperar la prioridad de los convenios sectoriales sobre los de empresa, recuperar la ultraactividad y reformular los descuelgues introducida en la reforma laboral de 2012.

Aunque su eficacia puede parecer moderada en número –los convenios de empresas y los descuelgues siguen siendo una minoría–, el consenso entre los analistas económicos, incluidos los del Gobierno, es que la mera existencia de estas medidas sí han contribuido a dinamizar y agilizar la adaptación de la negociación colectiva.

El melón de la negociación colectiva

Hasta el punto de que la declarada intención del Gobierno de derogar estos ámbitos ha levantado la suspicacia de Bruselas, que ha pedido información al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que no quiere abrir más frentes en una negociación que se antoja compleja.

La encendida defensa que los sindicatos, en especial UGT, y el interés mediático que despierta la posibilidad de la jornada de 4 horas a la que se han sumado empresas como Telefónica y Desigual, hace temer que esto ocurra, y los sindicatos exijan una regulación de esta fórmula para evitar posibles abusos –incluyendo los ERTEs encubiertos–.  

Tampoco tranquilizan a ciertos sectores del Ejecutivo y analistas del diálogo social los desencuentros que presiden las negociaciones que retoman su actividad estas semanas, sobre todo tras el fracaso para pactar una subida el Salario Mínimo Interprofesional.

Desde el punto de vista de las empresas, abrir el debate sobre una regulación específica sobre la jornada de cuatro días, además de innecesario, sería contraproducente –como hemos dicho la negociación colectiva actual ya permite esta posibilidad–, y podría complicar la propia implantación de una medida para la que nuestro tejido productivo no está tan preparado.  
 

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