El último caso del contrato de Sanidad de 10 de enero de 2021 por 925.000 euros para dotar 25 respiradores adjudicado a Prhoinsa S.A, cuyo administrador participa en 4 sociedades con la madre de Ayuso, añade nuevos indicios de corrupción en la Comunidad de Madrid, denunciados públicamente este jueves incluso por el líder del PP, Pablo Casado, a raíz del previo contrato de 1 de abril de 2020 por 1,5 millones de euros con Priviet Sportive con participación del hermano. Ello situó a la presidente de la Comunidad de Madrid y el movimiento de quienes la apoyan al borde de la sanción personal del PP y la división o fractura de este, descartada el fin de semana por Casado, tras lo cual este lunes la prensa conservadora (ABC, El Mundo y La Razón) se aleja del líder del PP y se aproxima más a Ayuso, aunque ésta descartó salir de Madrid, no así el gallego Rajoy. Pierden así posiciones para liderar el PP tanto la principal rival interna de Casado como éste. Pero dispone a los seguidores de Ayuso a engrosar aún más el crecimiento de la ultraderecha, que acaba de reafirmar sus avances territoriales en Castilla y León, comunidad donde en las elecciones regionales de hace 10 días sustituyó a Ciudadanos como la llave para mantener el Gobierno del PP en esa Comunidad y este lunes Vox además de vicepresidente pedía derogar políticas feministas y de Memoria Histórica, si el PSOE como parece no se abstiene. Más Madrid y el PSOE han llevado a la Fiscalía el contrato, del que Ayuso ha reconocido que su hermano recibió 55.850 euros sin su intervención y del que una comunicación “anónima” alertó la portavoz de Más Madrid ( Mónica García) mediante 10 SMS pasados por ella a El País:
Los otros tres casos que presentan a Ayuso como enemiga de lo público habían sido denunciados previamente en numerosos medios y afectan a las dos competencias autonómicas de mayor impacto social, la educación y su sanidad, aunque se extienden a otros campos como el de la información y desinformación (ahí por ejemplo las críticas a su comparecencia de prensa del martes sin preguntas y casi limitada a que según su hermano no es ilegal el contrato público de adjudicación por la Comunidad de Madrid que le proporcionó 280.000 euros) o el deterioro y control político de Telemadrid, que llegó a ser la tercera cadena y actualmente es la séptima en audiencia con apenas un 3,6% de cuota (tras 15,2% de Telecinco, 14,8% de Antena 3, 12,5% de La Sexta, 7,9% de la 1 de RTVE, 5,8% de Cuatro, 3,7% de la 2 de RTVE).
Esas otras denuncias que se suman ahora a la del propio PP han procedido en especial y principalmente los últimos días del portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento madrileño, el profesor jubilado Agustín Moreno, uno de los socios del fracasado proyecto periodístico Cuartopoder.es y ex dirigente de CCOO, cuyas denuncias indican lo que sigue:
La universidad privada número 13 de Madrid llega, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, llega tras numerosas irregularidades y consolida la posición de Madrid como centro de la mitad de todas las privadas de España
Mientras las universidades madrileñas están en situación de práctica quiebra económica, por la ausencia de un marco estable de financiación y la falta de inversión en infraestructuras científicas y tecnológicas que la modernicen, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en vez de abordar los temas prioritarios de la Universidad pública (financiación, becas, investigación, personal…), sigue asfixiándola financieramente y propicia la creación de nuevas universidades privadas…… según detalla en en Público el citado diputado con su artículo Ayuso, un chiringuito no es una Universidad. La última, es la conversión de un centro (ESNE) adscrito a la Universidad Camilo José Cela, en una «universidad» privada (UDIT) a través de un proyecto de ley en lectura única. Se llama Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología.
Este es el contexto que ofrece: Madrid tiene la mitad de todas las universidades privadas de España. Estos son los datos: la última universidad pública de Madrid (URJC) se creó hace 25 años. Desde 2019 hasta hoy se han aprobado cinco universidades privadas promovidas por la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, el Opus Dei, la Banca y el Grupo Planeta.
Desde el punto de vista formal, su tramitación se ha realizado con unas prisas sospechosas. Ayuso la impulsó en el último consejo de Gobierno en vísperas de las elecciones autonómicas (27 de abril de 2021). Se ha aprobado el proyecto de ley en el consejo de Gobierno del 26 de enero de 2022 utilizando el «índice rojo», es decir, fuera del orden del día para que pasara subrepticiamente. Se acompaña de 60 documentos (1.600 páginas) que no han estado a disposición de los grupos parlamentarios hasta el 8 de febrero, a pesar de haberlos exigido hasta por registro. Este oscurantismo es para aprobarla con la menor trasparencia y participación posible. Es un acto arbitrario que supera los límites de la discrecionalidad administrativa.
Añade Moreno que el fondo del asunto es que el proyecto no cumple los requisitos y condiciones mínimas de lo que debe ser una Universidad. Y en concreto lo que establece el RD 640/2021: actividad docente e investigadora, transferencia de conocimientos, disponibilidad y características de instalaciones y equipamientos, y al menos tres áreas de conocimiento. Hay cinco informes desfavorables (NOTA 1), entre ellos el del Ministerio de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria (24-9-2018), el de Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid por unanimidad (18-2-2019), el de la anterior Consejería de Ciencia de Madrid y los de la Fundación para el Conocimiento Madri+d. Después de la salida del consejero Sicilia de Ciencia y Universidades, se cambió el informe a positivo.
En dos meses, la Abogacía General de la CAM, pasó de un informe desfavorable a otro favorable. El 11 de enero de 2022 se sometió al dictamen de la Abogacía General que el procedimiento al que se pueda acoger la creación de esta universidad sea el RD 420/2015 no el RD 640/2021. Algo que aprobó la Abogacía en su informe del 19 de enero de 2022, para burlar las exigencias del RD 620/2021 y que se aplique una norma más laxa. No obstante, el RD 640 es claro en cuanto a la exigencia del cumplimiento de los requisitos en él establecidos para la autorización de universidades por las CCAA después de la entrada en vigor de la norma. Así, en la Disposición transitoria primera en su párrafo segundo, dice: «Las universidades y centros ya creados o reconocidos, pero aún no autorizados, dispondrán de hasta cinco años desde la concesión de la autorización para que puedan adaptarse a los nuevos requisitos establecidos». Sólo las universidades ya reconocidas tienen cinco años para adaptarse.
Una simple escuela de diseño se convierte en universidad sin tener masa crítica suficiente de alumnado y profesores. Hablamos de 1.600 alumnos y un número de profesores con pocos títulos de doctor, que no cumplen los requisitos legales de contratos a tiempo completo y dedicación investigadora. Se imparten materias propias y equiparables a un centro de Formación Profesional (diseño gráfico, multimedia, audiovisual, videojuegos, moda, interiores…). Tiene un edificio de 2.000 metros2, menor que cualquier facultad de una universidad pequeña.
Aprobar como universidad un centro así, devalúa el sistema universitario que debe ser un espacio de conocimiento y saber frente a un modelo de universidad de pelotazo y títulos fáciles para quien pueda pagarlos. Dicho de otra manera, las titulaciones universitarias madrileñas valdrán cada vez menos. Una pensión es una pensión y no puede tener la consideración de un hotel de cinco estrellas.
Detrás de esta operación hay un proyecto de determinadas personas de la Consejería de Educación, como la viceconsejera de Política Educativa, Rocío Albert López-Ibor. Rocío Albert, firma la memoria del proyecto y ha sido miembro del Consejo Académico Asesor de ESNE. Por cierto, también ha sido consejera de Aval Madrid. Todo parece un poco turbio. La Mesa de la Asamblea de Madrid ha rechazado varias preguntas de respuesta oral en Pleno y en Comisión de Educación sobre algo elemental: ¿qué relación profesional y laboral ha tenido la viceconsejera con ESNE y sus fundaciones? ¿ha recibido algún tipo de emolumento? Porque no parece que exista ningún código ético para los altos cargos.
Hay una serie de apoyos que dan vergüenza ajena. Desde expresidentes de la CAM, como Gallardón y Leguina, que han realizado una ruta de entrevistas con diferentes consejeros, ministerio y rectores de universidad para vender el proyecto, supongo que de forma altruista por su amor a la universidad. La apoya Aznar y Faes. Hay cartas de empresas y fundaciones como la de McDonald. Bastantes lo hacen con un modelo-tipo de carta que apunta a una campaña de compra de apoyos políticos para compensar la falta de méritos académicos. Estas prácticas no son habituales y tiene un penetrante aroma a juego de lobbistas.
Pero, sobre todo, lo que hay detrás es un tremendo pelotazo de plusvalía por una decisión legislativa, que puede llegar a los 50 millones de euros, al pasar de ser poco más que una academia a tener la consideración de universidad y recalificarse de forma brutal ante los fondos de inversión que están aterrizando en nuestro sistema universitario y educativo.
Las consecuencias de estas decisiones son un evidente deterioro del bien común, al dañar de forma clara a las universidades públicas de Madrid y devaluar la calidad de los títulos universitarios. También puede provocar un efecto llamada, al abrir la puerta a otras operaciones similares con centros de poca monta y operaciones especulativas de los fondos de inversión, al bajar el listón de las condiciones para el reconocimiento y creación de universidades.
El tema es tan escandaloso, que los rectores de la Universidades madrileñas tendrían que fijar una posición pública de rechazo. Hay un evidente conflicto de intereses, al no cumplirse el RD 620/2021, cuyo objetivo fundamental es evitar la transformación de academias en universidades degradando el sistema universitario español. Por ello, el Ministerio de Universidades debería intervenir para hacer cumplir la afirmación del ministro Joan Subirats de que «los chiringuitos no pueden ser universidades». Está en juego el prestigio de la Universidad española, frente a las pompas de jabón.
La Ley Maestra de Libertad de Elección educativa” llega para confrontar con el Gobierno central, mientras Madrid está a la cabeza de Europa en segregación educativa, ataca la igualdad de oportunidades y pone en riesgo la cohesión social
La llamada “ley Maestra de libertad de elección educativa”, impulsada por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, no es otra cosa que un nuevo asalto a la educación pública, según denunció previamente Agustín Moreno varios días antes. De ahí la necesidad de tomar conciencia plena de lo que está en juego para evitar que se produzca un daño irreparable a lo público. Llamar “maestra” a la ley Ayuso para la segregación educativa, es el disfraz de la mentira y un insulto a los docentes. Veamos.
Es una ley para confrontar con el Gobierno central. Isabel Díaz Ayuso utiliza la ley para insistir en su estrategia política de colisionar con Pedro Sánchez para ser referente en la batalla que libra por el poder en su partido y en el ámbito estatal. Así, aunque no lo haga la LOMLOE, ella se inventa que ataca a la educación concertada, a los centros de educación especial y al castellano. La campaña de falacias que lanzaron para justificar esta ley, nada tienen que ver con la realidad, pero conocen bien aquello de que una mentira mil veces repetida acaba pareciendo una verdad.
No aborda los problemas de la educación madrileña. Los rasgos que definen la situación son los siguientes: mísera inversión educativa, campeones en segregación escolar, privatización galopante y resultados mediocres. Estos son los datos: Madrid invierte un 2,5 % del PIB en educación, que es la mitad de la media de España; siendo la comunidad autónoma más rica, es la de menor gasto público por alumno con 4.503 euros, frente 5.579 de media en España y a 9.298 del País Vasco. Es la segunda comunidad que da más dinero a la concertada y donde las familias gastan más en educación, un 72% más que la media nacional. Ni siquiera recupera los recortes de 1.724 millones habidos desde 2009.
Madrid está a la cabeza de Europa en segregación educativa y ello es un ataque a la igualdad de oportunidades y pone en riesgo la cohesión social. El proceso de privatización hace que en la comunidad de Madrid la educación pública tenga un peso un 15% menor que la media estatal y un 40% menor que el de los grandes países europeos; en Madrid capital, la derecha está convirtiendo la educación pública en algo subsidiario de lo privado (40%-60%). Los últimos resultados en pruebas internacionales (PISA) están empezando a reflejar la mediocridad del modelo de Madrid con fuertes caídas en Ciencias y en Matemáticas y que tiene que ver con la segregación, con la doble red de centros. Algo tiene que salir mal, cuando se primar la red privada, se concentran recursos en la concertada y se recortan en la pública.
La ley Ayuso no habla de doblar la inversión educativa, ni de garantizar con carácter general una educación en aulas inclusivas y centros ordinarios que respeten la diversidad, ni de reforzar la equidad y la igualdad de oportunidades. Tampoco se propone reducir ratios de alumnado, mejorar la atención a la diversidad, trabajar la convivencia y el bienestar del alumnado, ni evaluar un programa bilingüe cada vez más cuestionado por las familias, el profesorado, el alumnado y el sentido común.
El objetivo buscado de la ley es segregar y privatizar. Por ello se aumenta, en los Presupuestos de la Comunidad para 2022, la partida destinada a conciertos y cheques escolares hasta los 1.315 millones. Y se complementa con el acuerdo PP-Vox con más cheques escolares: son 62,5 M que se deberían dedicar a fortalecer la educación pública y que se destinan a financiar a las clases altas y medias los centros privados y concertados.
Lo más negativo de la ley según también el diputado Moreno son los siguientes puntos: a) No garantiza la educación inclusiva y sin discriminación de todas las personas con discapacidad, al plantear distintas modalidades de escolarización que segregan al clasificar al alumnado. Con ello contraviene la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España en 2007; b) Los conciertos económicos a empresas privadas que están en contra la coeducación y que segregan por sexo; supone pagar decena de millones de euros de dinero público a colegios del Opus Dei y otros grupos ultrarreligiosos; c) El blindaje de la red privada-concertada, que no es gratuita y discrimina al alumnado de familias con bajo nivel socioeconómico o con dificultades. Tampoco asegura la participación de las familias y el profesorado; d) El regalo de suelo público a empresas privadas para que hagan negocio educativo; hay que recordar que, en la etapa de Aguirre y Granados, se produjo un escándalo de corrupción ya que se cobraban 900.000 euros por colegio concertado, tal y como se acredita en la Operación Púnica; e) La publicación de ránquines de los centros educativos con los resultados de las pruebas externas.
Su tramitación ha sido un atropello parlamentario en la Asamblea de Madrid al no cumplir los mínimos de cualquier procedimiento democrático. No se puede pretender zanjar la ley, en Ponencia y en Comisión, obligando a presentar en pocos minutos decenas de enmiendas de cada grupo y que se voten en bloque. Se ha negado el debate y de la posibilidad de defender 117 enmiendas de los tres grupos parlamentarios progresistas. Hay que recordar que son enmiendas elaboradas de común acuerdo con las organizaciones más representativas de la comunidad educativa, que no dan crédito a lo sucedido. Todo ha sido todo un paripé antidemocrático. Es un hecho que PP y Vox tienen mayoría para sacar adelante sus acuerdos, pero no tienen patente de corso para saltarse los consensos, los procedimientos ni la democracia. Las formas son tan importantes como los contenidos y hay que respetarlas.
El portavoz de UP en la Asamblea de Madrid concluía ese articulo: La ley Ayuso será aprobada por la derecha y ultraderecha porque tienen más votos, pero no porque tengan más razones que los que defendemos un modelo educativo desde el bien común. Sabemos que hemos ganado porque ni nos han engañado con su nombre ni nos han convencido con su modelo contrario a la igualdad. Es una ley sectaria, sin consenso, impuesta con métodos autoritarios. Leyes de quita y pon. Por ello, nos comprometemos públicamente a derogarla en el futuro, igual que se ha hecho con la ley Wert. Lo conseguiremos, antes o después, y Ayuso será recordada como una enemiga de la educación pública.
Proposición no de ley de los grupos progresista de Madrid para promover la salud mental de todos los niños, niñas y adolescentes tras los dos centenares de casos de autolesiones y conductas suicidas en el primer bimestre de este curso
Los directores de institutos de Madrid (ADIMAD) han puesto encima de la mesa una situación dramática que se está produciendo en los centros educativos: en el primer trimestre del curso 2021-2022 se han detectado dos centenares de casos de autolesiones y conductas suicidas, tantos como en todo el curso pasado. Reflejan la parte más dramática de los numerosos casos de ansiedad y estrés que sufre el alumnado, tras el confinamiento, dice un articulo previo de Agustín Moreno y la pedagoga y orientadora Pilar Lucía López Ahorrar en educación no previene los suicidios.
El suicido se está revelando como un grave problema en el seno de nuestra sociedad, hasta el punto de que las cifras de víctimas -3.941 en España en 2020, y 373 en la Comunidad de Madrid, superan la terrible estadística de muertes por accidente de tráfico (1.463). Aunque son los varones mayores de edad los que más se quitan la vida, crece el número de mujeres, y aparecen con fuerza en las estadísticas los menores de 15 años (14 suicidios en 2020, el doble que en 2019)
Un informe de Unicef de 2019 (NOTA 1), alertaba de que dos de cada diez adolescentes españoles de entre 10 y 19 años padecen problemas de salud mental. Es un fenómeno multicausal e influyen las desigualdades sociales, las bajas expectativas de futuro, la desesperanza y frustración o situaciones de acoso y vulnerabilidad por los discursos de odio. Pero una causa notable es la enorme presión académica a la que se ven sometidos y la falta de atención personalizada y el necesario acompañamiento. Esto también provoca estrés, ansiedad y deterioro de su salud.
Esta situación se ha agravado desde el año 2020 con la pandemia de covid-19. El duro confinamiento, las clases online, la pérdida de contacto y de socialización han dado lugar a la aparición de nuevas patologías. También se han agudizado problemas de salud mental previamente existentes, especialmente en aquellos alumnos afectados por situaciones de privación económica, afectiva y social o de exclusión.
Esta realidad obliga a abordar este tema, teniendo claro un principio básico: el bienestar y la salud de toda persona abarca su equilibrio físico, psicológico y social, como establece la Organización Mundial de la Salud. También, que las etapas de la infancia y adolescencia, son cruciales en el desarrollo de una persona. Los niños y adolescentes pasan gran parte de su tiempo en los centros educativos por lo que se debe aprovechar su horario escolar para desarrollar programas de bienestar emocional.
La vuelta a la educación presencial no ha mejorado la situación ni ha disminuido los riesgos. Ha sido temerario volver a ratios de 30-33 alumnos en la ESO y 35-38 en Bachillerato, sin profesorado de refuerzo (apenas un profesor por centro) que impiden los desdobles y refuerzos, sin fortalecer los Departamentos de Orientación para atender a la diversidad de más de 300 institutos en Madrid. Esta visión cicatera, y de recortes en educación en la comunidad autónoma más rica y que menos invierte, tiene consecuencias en la calidad educativa y en la dificultad para proteger y mejorar el bienestar emocional del alumnado. Ésta es la clave, crear un ambiente de convivencia y un clima de cuidados.
El ámbito educativo es un lugar estratégico para desarrollar acciones de prevención, detección de los problemas de salud mental. En muchos casos son los profesores tutores los que observan los primeros síntomas en su alumnado: falta de concentración, dolores de estómago, bajada de notas, ausencia o aislamiento. Pero con los horarios repletos no existe tiempo de atención personalizada para su seguimiento y coordinación con las familias. La falta de más profesionales en los departamentos de orientación y de técnicos de servicios comunitarios empeora esta situación. El abordaje de los problemas clínicos de salud mental debe hacerse en el ámbito sanitario. Es urgente reforzar los psicólogos y psiquiatras infanto-juveniles en los centros públicos de salud, que actualmente no pueden atender la gran demanda que existe.
Recientemente, la Consejería de Educación ha anunciado medidas (NOTA 2) para abordar esta problemática, que parece más una operación propagandística que una inversión seria en prevención y protección del alumnado. Se anuncia la creación de un equipo especializado externo para asesorar a los centros. ¿De qué estamos hablando, cuando el problema es de desbordamiento del profesorado y los equipos directivos por la falta de recursos? ¿Qué trozo de psicólogo le toca a cada uno de los 330 institutos públicos y el total de 3.256 centros educativos que hay en Madrid? No es cuestión de consultoría, envío de materiales o pase de sociogramas informáticos.
Los grupos parlamentarios progresistas hemos propuesto una Proposición No de Ley unitaria en la Asamblea de Madrid con medidas como las siguientes:
– Reforzar los Departamentos de Orientación (mínimo de dos orientadores por instituto), Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica y los de Atención Temprana.
– Bajar las ratios en los centros educativos de la Comunidad de Madrid a partir del curso 22/23 y reforzar las plantillas.
– Creación de la figura del Coordinador/a de Bienestar en los centros educativos, tal y como establece la Ley Orgánica 8/2021, que podría recaer en el perfil profesional de los PTSC.
– Desarrollar programas de convivencia basados en la participación activa del alumnado (alumnos mediadores y ayudantes, grupos de acogida) y de las familias.
– Formación del profesorado en desarrollo emocional y en prevención de conductas de riesgo y fortalecimiento de la acción tutorial con apoyo externo de expertos.
– Aumentar las plazas en Centros Educativos Terapéuticos, así como en las Unidades de Adolescentes en hospitales.
– Reforzar y ampliar la red de equipos multiprofesionales especializados en salud mental infanto-juvenil integrados en los Centros de Salud Mental Comunitarios.
– Coordinación de los centros educativos con Servicios Sociales de los ayuntamientos.
En resumen, se trata de promover la salud mental de todos los niños, niñas y adolescentes. El cuidado previene el suicidio en la escuela. Para ello, hacen falta recursos porque el coste más elevado es no invertir lo suficiente en prevención.
- https://www.unicef.es/el-estado-mundial-de-la-infancia
- https://gacetinmadrid.com/2022/02/01/madrid-estrena-un-equipo-especializado-para-prevenir-y-mejorar-la-atencion-socioemocional-en-colegios-e-institutos/
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