miércoles,27 octubre 2021
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Bajan las pensiones y saltan alertas de su hucha y el déficit

Redacción
La pensión de los nuevos jubilados sufre su primera caída desde 2005, destaca EL PAÍS, mientras el Gobierno busca alternativas al agotamiento de la hucha de las pensiones y gasta 1.200 millones menos de lo previsto en prestaciones por desempleo (EL ECONOMISTA) y el FMI alerta sobre el incremento del déficit autonómico en periodos electorales (ABC)

 

 

Los trabajadores que se jubilaron en 2016 lo hicieron con una pensión media de 1.332,37 euros mensuales, 10 euros menos que los jubilados del año anterior, según informa EL PAÍS, que destaca que se trata de la primera bajada desde 2005. No obstante, esta pequeña caída se limita a las pensiones de jubilación. Si se tiene en cuenta todo el sistema (incluyendo también las pensiones de viudedad, incapacidad y otras), la prestación media de los nuevos pensionistas sube de 1.049,6 euros a 1.062,36. También bajó la cuantía media de las prestaciones por incapacidad permanente. Sin embargo, el incremento de las nuevas pensiones de viudedad, de 656 a 696 euros mensuales evitó la caída de la prestación media de las nuevas altas en el sistema de la Seguridad Social, que subieron hasta los 1.062,36 euros, 13 más que en 2015. Este extremo junto al mayor número de pensionistas sigue tirando al alza

La bajada de las pensiones que cobran los nuevos jubilados no ha reducido la prestación de todos los retirados del mercado laboral, tanto en 2016 como en años anteriores, cuya paga media ha subido a 1.054,7 euros, debido a que quienes fallecen cobraban menos (963,3 euros). Según explica EL PAÍS, la reducción de la prestación de los nuevos jubilados está muy vinculada a la destrucción de empleo durante la crisis, ya que quienes se han ido al paro en los últimos años de su vida laboral difícilmente han vuelto a trabajar y las jubilaciones se calculan tomando en cuenta lo cotizado en los últimos 19 años activos.

El Gobierno baraja pagar con deuda la paga extra de la pensiones

Según EL ECONOMISTA, la delicada situación por la que atraviesa la Seguridad Social apremia al Gobierno a tomar una decisión sobre si opta por agotar este año el Fondo de Reserva de las pensiones con el que viene abonando las pagas extras de las pensiones, o solo utiliza una pequeña parte de esa hucha y emite deuda para completar los pagos en julio y diciembre. Las fuentes consultadas por el diario económico admiten que se trata de una decisión política, en la que están involucrados sobre todos los ministerios de Empleo y de Hacienda. Con los tipos de interés en mínimos, la lógica financiera parece recomendar que se emita deuda ya este año y se ingrese el cupón de los últimos títulos alojados ahora en el fondo. Además, existe consenso con sindicatos y empresarios para que la medida que se adopte sea mixta: sacar del fondo el mínimo que permite la ley, sin agotarlo, y costear el resto de la partida de pensiones con emisión de deuda. El Ejecutivo quiere tomar la decisión con el consenso político en la Comisión del Pacto de Toledo.

El Gobierno gastó 1.200 millones menos de lo previsto en pagar las prestaciones por desempleo a lo largo del año 2016, según informa EL ECONOMISTA. En concreto, los abonos totales a cargo del Servicio Público de Empleo ascendieron a 18.636 millones de euros frente a los 19.820 millones que el Ministerio que dirige Fátima Báñez había estimado como necesarios para sufragar las prestaciones. Así, la factura por desempleo se redujo casi un 10% respecto al año anterior y cae ya un 42% desde 2010, cuando el Estado dedicó más de 32.000 millones a afrontar una tasa de paro que se situaba por encima del 20%, por primera vez desde los años 90.

Entre los factores que explican la reducción de la factura de las prestaciones por desempleo se encuentran la caída en más de 541.700 personas del número de parados, ahora en 3,7 millones; pero también, según EL ECONOMISTA, la enorme desprotección en la que se encuentran muchas de las personas en situación de desempleo. Con una tasa de cobertura que en diciembre se situó en el 56,6%, hay 1,62 millones de parados que han agotado su derecho a cobrar una prestación.

El Fondo Monetario Internacional alerta del gasto autonómico

El Fondo Monetario Internacional alerta una vez más, en su último informe sobre la economía española, sobre el incumplimiento del objetivo de déficit por parte de las comunidades autónomas, y en esta ocasión pone el objetivo sobre los gastos de los gobiernos regionales en vísperas de elecciones. "Como conjeturábamos, la frecuencia de incumplimiento parece incrementarse durante los años de elecciones autonómicas y generales entre comunidades alineadas políticamente con el Gobierno central, con fuertes preferencias regionalistas", concluye el informe del organismo internacional, del que hoy se hace eco ABC. Según el FMI, desde 2003 a 2015 siempre que hubo elecciones se incrementaron los incumplimientos, al margen de quién gobernara o de si había crisis o no

El FMI detecta dos problemas: la falta de control del Ministerio de Hacienda sobre las administraciones y el propio sistema de financiación autonómico, que supone en sí "un riesgo para cumplir". Como ya hizo hace unos meses la Comisión Europea, el organismo que preside Christine Lagarde denuncia la "aplicación limitada" de la Ley de Estabilidad y pide más rigor para asegurar que "durante las elecciones, especialmente en época de bonanza" se cumpla el objetivo de déficit. Si las administraciones no corrigen la situación, el FMI abre la puerta a ir "escalando a mecanismos correctivos y coercitivos", es decir, multas e incluso la intervención del Ministerio de Hacienda sobre comunidades y ayuntamientos.

Pese a que el FMI elogia las reformas puestas en marcha por el Gobierno, entre ellas la Ley de Estabilidad aprobada en 2012, también denuncia que el déficit no solo no bajó sino que aumentó del 2% al 2,4% entre 2014 y 2015, año en el que el Ejecutivo redujo los impuestos. El organismo internacional reclama una "estrategia fiscal creíble" a largo plazo y pide subir el IVA y el impuesto a los hidrocarburos. Asimismo, advierte de que si España volviera a entrar en recesión, el paro subiría al 22% en 2018 y la deuda pública escalaría al 110% del PIB. Reclama también que el nuevo sistema de financiación tenga fondos de ahorro para épocas de vacas flacas, sea más transparente, que haya más igualdad en los servicios públicos entre regiones y que las CCAA puedan recaudar más pero también que rindan cuentas.

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