En el año 2012 España evitó el hundimiento del sistema financiero con un crédito de cien mil millones de euros que negoció con la Troika ( Banco Central Europeo – BCE – ,Comisión Europea -CE – y Fondo Monetario Internacional -FMI -). Utilizó cuarenta y un mil millones , pero en la zona de penumbra, allí donde se funden la jerga financiera y la jerga fiscal, aderezó otros cuarenta y un mil millones avalados por el Estado para reforzar el capital de las principales entidades. Hizo lo mismo que Italia – que no solicitó rescate alguno -, que Portugal y que Grecia.
Ahora la Comisión Europea recela. Este alto organismo comunitario ha iniciado una investigación preliminar para determinar si los avales que ha concedido España a los activos fiscales diferidos ( Deferred Tax Assets, DTA por sus siglas en inglés ) de la banca con el fin de que computen como capital de máxima calidad constituyen ayudas públicas ilegales. La petición de información de Bruselas, que por ahora no es una investigación formal, afecta además a Grecia, Italia y Portugal, que también utilizan este tipo de incentivos fiscales. Según fuentes cercanas al proceso, la lupa se cierne esta vez en la selectividad. Es decir, si los Estados permitieron la utilización de los DTA exclusivamente a las entidades financieras o también a otras empresas privadas. Aunque varios países de la Unión Europea ( UE ) como Alemania o Francia sí han utilizado los DTA en el pasado, la Comisión resalta ahora que son los cuatro países del sur de la UE los únicos que los siguen utilizando como beneficio fiscal. Sin embargo otros países tienen fórmulas fiscales equivalentes.
Las entidades financieras más afectadas, entre las cotizadas, serían Bankia y Sabadell, aunque también deberían captar nuevo capital para cumplir los requisitos de solvencia Liberbank y Caixabank. Por el contrario, los dos grandes, Popular y Bankinter, se mantendrían por encima de los mínimos, aunque sus ratios serían muy inferiores a los que exhiben en la actualidad. Sin embrago el mayor perjuicio se daría entre las entidades no cotizadas, encabezadas por Abanca ( donde prácticamente el 100% del capital son créditos fiscales ) y BMN. Si después de la investigación de la CE las garantías estatales concedidas a los DTA se consideran ayudas de Estado ilegales, las entidades citadas quedarían por debajo del 7% de capital mínimo exigido por la legislación actual, al que el BCE ha añadido un punto porcentual para la mayoría de las entidades. Para reponerlo tendrían que captar recursos o, si no son capaces, ser rescatados con dinero público.
¿ Qué son y de dónde vienen los DTA?
Los DTA son créditos contra la Hacienda pública procedentes de las fuertes provisiones realizadas en los años de la crisis para sanear la exposición inmobiliaria y las aportaciones a planes de pensiones ( que no son gastos deducibles en el Impuesto de Sociedades ), y se restarán de los impuestos que pagarán las entidades en los próximos años. Ahora bien, eso depende de que la entidad tenga beneficios en el futuro para pagar todos esos impuestos, por lo que las normas de solvencia de Basilea III obligan a restarlos del capital. Para evitarlo, los distintos Gobiernos nacionales incluido el español ( éste lo hizo mediante un real decreto-ley a finales de noviembre de 2013 ) garantizaron su recuperación integra aunque no se alcance ese nivel de beneficios. Y esto es lo que cuestiona ahora la CE.
El sector tiene un total de 40.800 millones en DTA. Bankia posee unos 5.500 millones en su balance, que suponen el 6’2 de sus activos ponderados por riesgo ( APR, el denominador de la ratio de solvencia ). Aunque el Sabadell tiene menos DTA en términos absolutos, 5.300 millones, su impacto es mayor, del 7’1% de su activo. Un porcentaje que coincide con el de Liberbank, pese a que sólo tiene 1.200 millones de créditos fiscales, dado que su balance es mucho menor. Caixabank tiene 4.700 millones, el 3’4% de sus APR, un nivel muy inferior pero que también le obligaría a captar capital para mantener sus niveles de solvencia. Banco de Santander tiene 5.700 millones de DTA, pero su impacto es mucho menor dado el enorme tamaño de su activo. Popular, pese a ser el banco cuyo nivel de capital está más cuestionado por el mercado, lo tiene de mejor “ calidad “, ya que estos activos sólo suponen el 2’2% de sus APR. Bankinter es quien mejor sale en la foto, ya que no tiene DTA puesto que apenas poseía activos tóxicos que sanear. La anulación de los DTA sería dramática para Abanca y BMN. La primera asegura en su memoria que tiene unos DTA en balance de 2.576 millones, prácticamente la totalidad de un core capital (CET 1) de 2.660 millones, según la medición del BCE en los test de estrés. La segunda entidad tiene créditos fiscales de 2000 de los 2.200 millones escasos de capital de primera calidad.
Incertidumbre relativa
La patronal bancaria AEB no hizo comentarios sobre la investigación que lleva a cabo Bruselas. Fuentes del sector, no obstante, precisaron que la contabilización de los DTA pasó los filtros de la Autoridad Bancaria Europea ( EBA ) y del BCE , que los incluyeron como parte del capital de las entidades examinadas en las pruebas de solvencia. Para el consejero-delegado de Bankia, José Sevilla, la investigación de la CE tiene un componente “ más político que económico “ y en su entidad se muestran “ muy tranquilos “. Para el Gobierno – que trató de hacer pasar el rescate del sector como un simple “ préstamo en condiciones favorables “ y para la banca el respaldo a las entidades era fundamental. Por eso realizó auténticas maniobras de prestidigitación incluso con la reforma fiscal. Así, redujo el Impuesto de Sociedades al 25% en dos años para las empresas excepto para la banca. La medida se presentó como una especie de castigo a los bancos, pero, en realidad, suponía otro espaldarazo. Si la rebaja de impuestos hubiera afectado a los bancos, el recálculo de los activos fiscales habría arañado a las entidades 6.400 millones de euros, según cálculos del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha.
“ Aunque los activos fiscales no se negociaron, formaron parte del rescate del sector financiero “ asegura Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor de Hacienda somos todos . “ Si Bruselas declarara ilegales esos activos, las consecuencias podrían ser dramáticas para la mayoría de los bancos, que tendrían que ampliar capital. Al final supondría restricción del crédito “.
Oscuros avales públicos
Por su parte Carlos Sanchez Mato ( ATTAC ) considera que , efectivamente, los créditos fiscales que autorizó el Gobierno “son ayudas de Estado con todas las letras “ y fueron diseñados “ como una chapuza en toda regla “. Para el economista Carmelo Tajadura, los créditos “ algún componente de ayudas de Estado tienen “, aunque duda de que Bruselas cuestione ahora el sistema porque sería “ emborronar el sistema bancario “.
Incluso ex-altos cargos del Banco de España como Raimundo Poveda consideran los DTAs "Oscuros avales públicos". Dice que no fueron contabilizados como tales avales públicos para poder así cumplir con las normas regulatorias de Basilea III que vinculan los recursos propios de los bancos con su endeudamiento como medida de solvencia. Normas mucho más rigurosas que las de Basilea II, impuestas para intentar evitar los rescates públicos, aunque dejaron puntos débiles al mantener sistemas de ponderaciones de algunos riesgos de Basilea II. Y de ahí que los bancos habrían explotado esas posibilidades.
