jueves,18 agosto 2022
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La Generalitat se opone a recortes y a financiar el español

Becas y enseñanza del castellano, entre los escollos para el acuerdo final de Mas y Rajoy

Redacción
La educación y la cultura figura entre los escollos para el acuerdo entre los presidentes del Gobierno y de la Generalitat. Es voluntad del primero atender las 23 propuestas del catalán, y ha ordenado a los ministerios que avalúen las 23 propuestas de Mas. Pero entre las más difíciles figura la de financiar el coste de escolarización en castellano en un centro privado, calculado por el Ministerio de Educación en 6.057€ por alumno, no tanto el recorte de 20 millones en becas universitarias.

Aunque tras la reunión entre ambos el pasado 30 de julio en Moncloa la prensa daba como ausente la educación y la cultura entre las 23 propuestas de Mas, un total de siete de esas reivindicaciones aparecen en las 6 últimas medidas, recogidas en los puntos 17 a 23. La principal y más difícíl de atender según fuentes gubernamentales es la de suprimir el decreto de amplicación de la LOMCE para financiar el coste del castellano. Las otras hacen referencia a deducr el IVA a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, el incumplimiento de los compromisos con Catalunya en materia cultural, el recorte de 20 millones becas universitarias, los centros especiales de trabajo y finalmente también el recorte unilateral en fondos para el Programa de Desarrollo Rural. 

“Según datos del Departament d’Ensenyament de la Generalitat,  más del 95% de la población de 15 años y más declara entender, hablar, leer y escribir el castellano. En relación al grado de conocimiento de la lengua catalana, la entiende el 94,3%, la habla el 80,4%, la lee el 82,4% y la escribe el 60,4%.Por lo tanto”, dice el punto educativo más polémico del documento de Mas, “en primer lugar es necesario mantener el modelo lingüístico previsto en el Estatut d’Autonomia de Catalunya y en la Ley de Educación de Catalunya. La enseñanza en lengua castellana está garantizada por ley, a través de atención individualizada, dentro del aula, cuando así lo solicitan los padres.En segundo lugar, se requiere la anulación del Real Decreto (de aplicación de la disposición 38 de la LOMCE) por el cual se obliga a la Generalitat a financiar el coste de escolarización en castellano en un centro privado (calculado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 6.057€ por alumno) descontándolo de las transferencias que recibe Catalunya”. 

En cuanto a la reducción de las becas por parte del Ministerio de Educación, el mismo documento catalán dice que “implica un recorte de 20 millones de euros de las becas para estudiantes catalanes que sólo representan el 10,9% del total de estudiantes becados a nivel estatal.Además se ha producido un retraso considerable en el pago de las becas a los estudiantes catalanes siendo éstos los últimos en cobrar de todas las Comunidades Autónomas”.

Medios catalanes han resaltado que, con tal de sortear el problema de la consulta soberanista,  Rajoy está dispuesto a estudiar y llegar a acuerdos con la Generalitat en aquellos puntos del documento con 23 propuestas que el presidente catalán, Artur Mas, le entregó el día 30 en la Moncloa, siempre que supongan el mantenimiento de los servicios públicos o su mejora. Las disponibilidades presupuestarias, y que las peticiones sean consideradas hechas en razón, son los dos criterios clave que guiarán la respuesta del Ejecutivo a Mas. Para ello, Rajoy ha trasladado las propuestas a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y esta a los distintos ministerios afectados, para que sean evaluadas y analizada su posible viabilidad.

Rajoy, según fuentes del Gobierno, no quiere que el documento quede olvidado en un cajón, pero tampoco tiene excesiva prisa, porque quiere evitar que cualquier acuerdo sobre alguno de los asuntos planteados pueda interpretarse como una concesión en un intento de que no se celebre la consulta soberanista que Mas tiene previsto convocar el 9 de noviembre. Uno de los apartados en los que el Ejecutivo considera que podría haber resultados concretos a corto plazo podría ser el ámbito de las infraestructuras. Por el contrario, existe menos posibilidad de acuerdo en relación a las peticiones en el ámbito educativo, como la anulación del decreto de aplicación de la Lomce. Tampoco parece muy probable que en una negociación bilateral se pueda llegar a un acuerdos en relación a la solicitud de que el objetivo de déficit pase del 0,7% al 1,7, ya que una decisión de este tipo afecta a todas las comunidades autónomas.

La Generalitat espera que los Presupuestos Generales del Estado reflejen la receptividad mostrada el pasado 30 de julio en La Moncloa, según informa hoy EL PAÍS. Al respecto, el coordinador general de CDC, Josep Rull, indicó que si bien "hay una actitud muy cerrada respecto a la consulta y a ofrecer algo nuevo e interesante a Cataluña", esperan con "cierta expectativa" negociar cuestiones que afectan "al día a día de la gente". Mas presentó a Rajoy 23 reclamaciones centradas en el ámbito económico, infraestructuras y en materia social y cultural.

Mientras aproximan posiciones Rajoy y Mas, la posible suspensión de la consulta tensa la relación entre el Govern y ERC.

La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, admitió ayer que la consulta soberanista, que en principio debe celebrarse el 9 de noviembre, puede quedar aplazada si el Tribunal Constitucional suspende la ley catalana de consultas. "Yo trabajo por este 9 de noviembre, y si no, habrá otro 9 de noviembre", dijo en una entrevista en Rac1. Al respecto, resaltó que "un impedimento jurídico no mata el anhelo de Cataluña de votar, lo aplaza". Ortega consideró que ningún partido catalán pedirá al Govern "actuar al margen de la legalidad" y sacar a la calle las urnas de la consulta si la convocatoria es recurrida por el Constitucional. De inmediato, el portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, replicó a Ortega que la voluntad del pueblo catalán expresada democráticamente "pesa mucho más" que las decisiones del Tribunal Constitucional y alertó de un posible "divorcio" en la sociedad. Por su parte, el diputado de ERC Joan Tardá, acusó en a Ortega de pretender "desmovilizar" a los ciudadanos con vistas a la manifestación de la Diada, y dijo tener la sensación de que el Govern "ha decidido suicidarse".Formaciones como Iniciativa y la Cup que también suscribieron la consulta criticaron las dudas de la vicepresidenta. Por el contrario, la portavoz del PSC, Esther Niubó, consideró que se trata de una "posición sensata", aunque dijo no "fiarse" de las palabras de Ortega. Mientras, el PP catalán, por boca de Andrea Levy entiende que las palabras de Ortega no representan un cambio importante.En otro orden de cosas, EL PAÍS informa que los organizadores de la marcha de la Diada intentan aumentar las inscripciones ante la bajada de apuntados.

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