Durante la inauguración de la I Cumbre Joven Unión Europea – América Latina – Caribe que se celebra hasta el domingo en la localidad madrileña de Fuenlabrada, Aído manifestó que esta Ley supondrá una «mejora, de manera clara de la situación actual de los jóvenes investigadores españoles y un paso adelante de cara a la investigación» en España.
La futura ley pretende adaptar el sistema de Ciencia y Tecnología a las circunstancias actuales de España, que cuenta con un mayor volumen de investigadores –seis veces más que en 1986–, y de fondos dedicados a la I+D+i –14 veces más que en 1986–.
En concreto, contempla una serie de cambios en la carrera científica, diseñada en base a méritos y de carácter «estable y previsible» según Ciencia, para retener y atraer talento científico, por lo que contempla un contrato de acceso para investigadores postdoctorales que incorporarse al sistema público de I+D.
Por otro lado, la nueva ley facilitará la creación de un sistema de I+D «más eficiente y eficaz» con la creación de una Agencia de financiación que dotará de «mayor autonomía flexibilidad y agilidad a la actividad científica y, al mismo tiempo, garantizará el máximo control sobre la gestión de los fondos públicos», según explicó la vicepresidenta de la Vega.
En el ámbito de la cooperación público privada, la futura normativa persigue profundizar y complementar lo previsto en la Ley de Economía Sostenible con fines científicos y tecnológicos. Por ello, se establecen mecanismos para mejorar la cooperación y la coordinación entre las distintas administraciones, al crear un modelo de gobernanza que incluye instrumentos de coordinación a través de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y del Consejo de Política Científica y Tecnológica para maximizar la producción científica de todos los sistemas de I+D, evitando duplicidades.
Comité español de ética
Además, entre otras novedades, está prevista la creación del Comité Español de Ética de la Investigación, un órgano que se ocupará de la ética profesional en la investigación científica y técnica y de los conflictos de intereses entre las actividades públicas y privadas.
Asimismo, incluye una serie de medidas que deberán adoptar los agentes de financiación para promocionar los centros y unidades de excelencia con el objetivo de lograr un modelo capaz de incentivar a los grupos de investigadores con los mejores resultados científicos.
La Ley también apuesta por la difusión universal del conocimiento científico y su apertura a la sociedad, según el Ejecutivo. En este sentido, contempla que las administraciones públicas tengan por ley el deber de fomentar actividades para mejorar el acceso de la sociedad a la ciencia.
Por último, se prevé la posibilidad de llevar a cabo convenios de colaboración que permitan la realización conjunta de proyectos y actuaciones de investigación científica, desarrollo e innovación, creación o financiación de centros, formación de personal, acciones de divulgación y uso compartido de inmuebles, instalaciones y medios materiales, entre otros aspectos.
