Sí, España ha sido el país que ha sufrido un mayor recorte –del 6,2% al 4,6%– en sus previsiones de otoño para 2021 por parte de la Comisión Europea, Pero ese no es el verdadero problema. Tampoco lo es que hayamos pasado del tercer mayor crecimiento estimado para 2021 al decimoséptimo.
Ni que también seamos el segundo país que más ha bajado en las previsiones para 2022 (al 5,5%) respecto a las estimaciones de verano (6,3%), cuando un recorte similar sólo se ha dado en economías que han mejorado sus resultados para este mismo año.
El problema es todo ello y algo más: la pérdida de credibilidad de nuestra recuperación. A nadie se le escapa, que este recorte viene tras la revisión por parte del INE de los datos de PIB del segundo trimestre y el decepcionante panorama adelantado del tercero.
Con las previsiones de Bruselas, es difícil que prácticamente nadie, salvo el Gobierno, mantenga que España crecerá por encima del 5% este año. Esta misma mañana, antes de conocer los datos de Eurostat, Axesor recortaba al 4,4% su previsión.
En unas semanas conoceremos la estimación del Banco de España y tendremos completo un panel de previsiones que contradicen las bases de los Presupuestos Generales del Estado que se están debatiendo estos días en las Cortes.
Pero más preocupante es que alguien en Europa se acuerde de que la crisis de deuda de 2010, que trajo la austeridad, los rescates y los hombres de negro, empezó porque Grecia falseó sus contabilidad nacional.
No estamos en un caso ni remotamente parecido, por supuesto, pero ese precedente existe y hace que una variación de las previsiones sea algo que va mucho más allá del cuadro macroeconómico.
La ceremonia de la confusión
Bruselas quiere salir de esta #crisis sin recortes y sin los errores de hace una década, pero para eso necesita exigir que los países cumplan y no den sorpresas ni con los datos con unas reformas y compromisos imprescindibles.
Como la cuarta economía europea por tamaño y población, estamos en el punto de mira y no se van a tolerar errores ni desvíos. Lo cual añade presión a la reforma de pensiones y laboral, ambas en su recta final.
Y nuestro Gobierno empieza a mandar señales.
Ayer hizo correr ríos de tinta un documento técnico firmado por España y la Comisión en el que se recordaba el compromiso del Gobierno de ampliar –según el ministro Escrivá para seleccionar los mejores años– el periodo de cómputo de las pensiones.
Una medida que no es nueva pero fue explicada a medias ya en su momento que ha vuelto a ser noticias. Pero el Ejecutivo, tan ágil en para otras cuestiones, no ha dado explicaciones hasta el día siguiente. Tras lograr portadas casi todos los medios y un incendio en las redes sociales.
A lo que saben de cómo se cocinan las negociaciones con Bruselas, no les sorprende. Estos titulares, fuera de España, tienen una lectura muy diferente: venden la imagen de un Gobierno dispuesto a hacer loque haga falta, “caiga quien caiga”.
Pero Bruselas, que ya escarmentó con la crisis de deuda, tampoco quiere unilateralidades.
En el caso español, el ejemplo claro es la reforma de pensiones del PP no llegó a aplicarse en su extensión, precisamente para salvar unos Presupuestos, los de 2018 –que, recordemos, llegaron a sobrevivir casi dos años al Gobierno de Mariano Rajoy–.
Las discrepancias sobre la reforma laboral han avivado ese recuerdo, seguramente. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, fue protagonista involuntario del choque entre PSOE y Unidas Podemos como contamos en Ibercampus.
Pero la Comisión Europea no negocia con partidos, sino con países. Y a los países nos exige seriedad.
