domingo,29 mayo 2022
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Pone a disposición de los Estados el Fondo Social

Bruselas propone cinco acciones en pro a la libre circulación de ciudadanos

Redacción
La responsabilidad conjunta de los Estados miembros y de las instituciones de la UE en la defensa de los derechos de los ciudadanos a vivir y trabajar en un Estado miembro distinto del propio queda subrayada en un documento de estrategia que acaba de adoptar la Comisión Europea. Con el fin de apoyar la acción de los Estados miembros, el documento expone cinco acciones concretas para reforzar el derecho a la libre circulación y ayudar a los Estados miembros a aprovechar las ventajas que aporta.

Aclara los derechos de los ciudadanos de la UE a la libre circulación y al acceso a las prestaciones sociales, y aborda las inquietudes de algunos Estados miembros por las dificultades que los flujos migratorios pueden representar para los entes locales.

"La libre circulación es un derecho fundamental y constituye el núcleo de la ciudadanía de la UE. Más de dos tercios de los europeos afirman que la libre circulación es beneficiosa para su país. Hemos de reforzarla y protegerla", ha declarado Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión Europea, responsable de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía.

"Soy consciente de las preocupaciones de algunos Estados miembros sobre posibles abusos en cuanto a los flujos de movilidad. Los abusos debilitan la libre circulación. La Comisión Europea está dispuesta a prestar ayuda a los Estados miembros para hacer frente a este problema. Por ello presenta hoy cinco acciones que ayudarán a los Estados miembros a responder a posibles casos de abuso y a utilizar más eficazmente los fondos de la UE para la inclusión social. Trabajemos juntos por el derecho a la libre circulación. Así lo esperan los ciudadanos europeos", ha insistido

László Andor, Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, ha declarado: "La Comisión está comprometida con que los ciudadanos de la UE puedan, en la práctica, ejercer sus derechos de trabajar y residir en cualquier país de la UE. Los Estados miembros y la UE debemos colaborar para garantizar que las normas sobre libre circulación sigan aportando las máximas ventajas para los ciudadanos y para la economía. La Comisión reconoce los problemas que, a escala local, puede generar una afluencia súbita de personas de otros países de la UE en una zona geográfica determinada, en materia de educación, de vivienda y de infraestructuras. Por ello, está dispuesta a trabajar con los Estados miembros y ayudar a las autoridades, municipales y de otro tipo, a recurrir al Fondo Social Europeo en toda su extensión".

Más de catorce millones de ciudadanos de la UE residen en otro Estado miembro: la libre circulación —la posibilidad de vivir, trabajar y estudiar en cualquier lugar de la Unión— es el derecho de la UE más apreciado por sus ciudadanos. Los trabajadores de la UE han venido beneficiándose de este derecho desde los albores de la Unión Europea, pues este principio fue consagrado en el primero de los Tratados de Roma de 1957.

La libre circulación de los ciudadanos es un componente integral del mercado único y un elemento clave de su éxito: estimula el crecimiento económico al permitir que las personas viajen, compren y trabajen más allá de las fronteras, y que las empresas busquen personal en reservas más amplias de talentos. La movilidad laboral entre Estados miembros contribuye a abordar los desajustes entre capacidades y puestos de trabajo en un contexto de importantes desequilibrios en los mercados de trabajo de la UE y de una población que envejece.

Prevenir los abusos.

La CE analiza el impacto de esta movilidad en los sistemas de protección social de los Estados miembros de acogida. Hay datos concluyentes de que la mayoría de los ciudadanos de la UE que se desplazan a otro Estado miembro lo hacen para trabajar. Es más probable que desempeñen una actividad económica y se acojan menos a la protección social que los nacionales. De hecho, el porcentaje de estos ciudadanos migrantes que reciben prestaciones sociales es relativamente bajo, comparado con los del propio Estado miembro y los no nacionales de la UE. En la mayoría de los Estados miembros, estos ciudadanos que ejercen la movilidad son contribuyentes netos al sistema de protección social del país de acogida.

El documento explica los derechos y obligaciones que los ciudadanos de la UE tienen en virtud del Derecho de la UE. Aclara las condiciones que deben cumplirse para tener derecho a la libre circulación, a la asistencia social y a las prestaciones de seguridad social. Teniendo en cuenta las dificultades que han surgido en algunos Estados miembros, también explica las salvaguardias frente a los abusos, el fraude y el error. Resume asimismo los instrumentos de inclusión social de que disponen los Estados miembros y los ayuntamientos en algunos casos particulares de afluencia de migrantes.

En respuesta a las preocupaciones de algunos Estados miembros por la aplicación práctica de la libre circulación, la Comisión establece cinco acciones para ayudar a las autoridades nacionales y locales a:

  1. Oponerse a los matrimonios de conveniencia: La Comisión ayudará a las autoridades nacionales a aplicar la normativa de la UE que les permita actuar contra posibles abusos del derecho de libre circulación, preparando un manual sobre los matrimonios de conveniencia.
  2. Aplicar las normas de la UE para la coordinación de la seguridad social: La Comisión trabaja en estrecho contacto con los Estados miembros para aclarar la prueba de residencia habitual, establecida en la normativa sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (Reglamento (CE) nº 883/2004), en una guía práctica que aparecerá a finales de 2013. Los criterios estrictos de esta prueba garantizan que los ciudadanos que no ejercen una actividad profesional en otro Estado miembro solo pueden tener acceso en él a la seguridad social cuando han trasladado verdaderamente su centro de interés a dicho Estado (por ejemplo, si su familia reside ahí).
  3. Abordar la cuestión de la integración social: Se ayudará a los Estados miembros a utilizar más eficazmente el Fondo Social Europeo para abordar la integración social. A partir del 1 de enero de 2014, al menos el 20 % de la asignación del FSE se dedicará a promover la inclusión social y combatir la pobreza en cada Estado miembro.
  4. Promover el intercambio de las mejores prácticas entre las autoridades locales: La Comisión ayudará a las autoridades locales a compartir el conocimiento alcanzado en Europa para hacer frente de mejor manera a las dificultades que encuentra la inclusión social. A finales de 2013 presentará una evaluación de impacto de la libre circulación en seis grandes ciudades. En febrero de 2014 convocará un encuentro de alcaldes para debatir sobre dichas dificultades y compartir las mejores prácticas.
  5. Garantizar la aplicación práctica de la normativa sobre la libre circulación: La Comisión también creará para finales de 2014, en cooperación con los Estados miembros, un módulo de formación en línea para ayudar al personal de las autoridades locales a comprender plenamente y aplicar los derechos de libre circulación de los ciudadanos de la UE. Actualmente, el 47 % de estos dice que los problemas que se les plantean cuando se van a vivir a otro Estado miembro provienen de que los funcionarios de las administraciones locales no están suficientemente familiarizados con tales derechos.

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