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EMPRESAS Y RSC
Evaluadas 16 grandes empresas alimentarias sin carne mechá

Casi la mitad de las mayores agroalimentarias españolas suspenden incluso al comunicar su RSC

Ilustración de portada del dossier de EsF sobre la RSC en la industria alimentaria, otoño 2019

De las 16 grandes empresas agroalimentarias españolas evaluadas para una investigación de Economistas sin Fronteras tras el escándalo de la carne "La Mechá", 7 suspenden incluso al comunicar a la sociedad sus acciones de responsabilidad social corporativa (RSC). Danone, Calvo, Capsa, Pascual, Anecoop, Campofrío, Bonarea, Coren y Pescanova aprueban. Pero casi todas presentan deficiencias en alguno de los 4 criterios, sobre todo transparencia.Pescanova aprueba tras arruinar a miles de accionistas.
Redacción 26 de septiembre de 2019 Enviar a un amigo
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Horas después de ser detenidas este martes cinco personas por el escándalo de la carne ‘La Mechá" (el dueño de Magrudis, dos de sus hijos, un cuñado y otra persona), Economistas sin Fronteras (EsF), cuyo consejo editorial es coordinado por José Ángel Moreno, acaba de dedicar el número 35 de sus Dossieres a la RSC en la industria alimentaria, donde 15 investigadores de 4 universidades evaluann distintas facetas, entre ellas la de la propia RSC puesta como principal objetivo de la empresa por presidentes y CEOs de las 181 mayores multinacionales norteamericanas al comprometerse públicamente a priorizar la RSC más que los beneficios de sus accionistas.

A partir de un indicador compuesto basado en otros relativos a la comunicación de la RSC que realizan las propias empresas, no en valoraciones ajenas a esas acciones comunicativas en favor de la propia reputación, los resultados muestran una clara diferencia entre unas empresas y otras, siendo DANONE (83%) la mejor valorada, seguida muy cerca por CALVO y CAPSA, ambas por encima del 70%. Estas empresas ofrecen una buena comunicación de sus acciones de RSC, obteniendo valoraciones buenas o aceptables en los cinco temas evaluados. Con indicadores de RSC superiores al 60% están PASCUAL, ANECOOP y CAMPOFRIO, y por encima del 50%, BONAREA, PESCANOVA y COREN. Las siete empresas restantes presentan un balance muy negativo en sus compromisos sociales y medioambientales, o por lo menos, en su comunicación. Analizando los datos por los cuatro subsectores seleccionados con respecto a los diferentes grupos de indicadores, destaca la industria láctea, que se coloca líder en todos los grupos (Mujeres, Cambio Climático, Nutrición y Salud y Transparencia), excepto en Trabajadores, en el que que es superada por la industria del pescado. 

En cada uno de cinco citados subapartados, 7 de las empresas evaluadas tambien suspenden en trato a los trabajadores, 9 de las 16 en la igualdad de mujeres, 8 en cambio climático, y otras 9 en transparencia, si bien en este último hay 4 más que quedan con un aprobado raspado. 

La evaluacion de 16 grandes empresas alimentarias españolas ha sido realizada por l@s investigador@s Yaiza Quevedo y Silverio Alarcón, de la Universidad Politécnica de Madrid, a partir de cinco temas de relevancia para la RSC de una empresa, basados en la Norma ISO 26000 (Trabajadores, Mujeres, Cambio Climático, Transparencia, Nutrición y Salud). Los cuatro primeros proceceden de la metodología de evaluación de los estudios internacionales de Oxfam, a los que se añadió «Nutrición y Salud» debido a que la industria de alimentación y bebidas tiene un gran poder e influye de manera directa en la salud de los consumidores.



Sin embargo, los resultados de este apartado de "Nutrición y Salud" son justo los contrarios que en Transparencia, donde las puntuaciones son más bajas en general para todas las empresas. Todas ellas obtienen en este nuevo criterio algo de puntuación. Cuatro empresas (DANONE, CAMPOFRÍO, CAPSA y CALVO) consiguen alcanzar el 100% de la puntuación, lo que significa un compromiso absoluto por la preocupación sobre la salud de los consumidores y empleados y el fomento de una vida activa y saludable, además de invertir en la innovación de productos más saludables, ya sea reduciendo grasas o azucares. Asimismo, EL POZO, PASCUAL, PESCANOVA alcanzan el 85,7, y  COREN, ANECOOP, un 71,4%, mientras que suspenden BONAREA, LACTALIS, ARC, con el 42,8%; JEALSA con sólo un 28,5% y en la cola quedan AMC, NUFRI, FRINSA con el mínimo de 14,2%.

Por el contrario, en Transparencia, las puntuaciones son más bajas en comparación no solo con el indicado criterio de Nutrición, sino con otros grupos. La empresa Luis Calvo Sanz se coloca en primera posición, aunque ya no con el 100%, sono con el 75%, con una diferencia de más de 12 puntos respecto a las siguientes (CAPSA y ANECOOP), que sacan 62,5%.Justo en el aprobado raspado (5%) quedan CAMPOFRÍO, BONAREA, DANONE (cuya comunicación sobre RSC la ha convertido en lider mundial al respecto) y PASCUAL. Y suspenden por poco transparentes COREN (37,5%), NUFRI, PESCANOVA (apenas 25%), bajo nivel que incluso reducen a la mitad LACTALIS, AMC, ARC, JEALSA (12,5%), mientras que EL POZO y FRINSA consiguen un 0 absoluto.

En el criterio "Cambio climático", DANONE vuelve a ser la líder con otro 100%), junto con PASCUAL, con el 100% de la puntuación. Estos datos son muy positivos, ya que muestran un compromiso hacia la mejora del abastecimiento de agua y energía y la reducción de emisiones de gases contaminantes por parte de las empresas.BONAREA, COREN y  CAPSA ARC y LACTALIS obtienen el 85,7%, mientras que ANECOOP y CALVO quedan en e 71,4% y CAMPOFRÍO el 50%, mientras que vuelven a suspender JEALSA, FRINSA (ambas con 28,5%), AMC, PESCANOVA (14,3%), EL POZO y NUFRI 0 LACTALIS incluso quedan en la mitad de este ultimo nivel (14,3%), y con el cero absoluto cierran el ranking LACTALIS y ARC.


Evolución del consumo de energía primanria por el sector agroalimentario español
Por último, en los dos criterios más estrictamente sociales (condiciones laborales e incorporación de la mujer) la clasificación vuelve a ser muy distinta, como sucedio al contrastar Nutrición y Salud con Transparencia. La líder en puntuación de las diferentes empresas en el grupo Trabajadores ( la que mejor comunicación proporciona sobre ellos) es ahora PESCANOVA, con el 92,3%,seguida muy próxima de CALVO (84,6%), ambas de la industria pesquera, si bien en este caso ninguna empresa logra alcanzar el 100% de la puntuación. DANONE, pese a su indicado liderazgo en lo medioambientan y en igualdad femenina como veremos, queda en lo laboral con 76,9%, seguida por PASCUAL, CAPSA, ANECOOP y JEALSA (las cuatro con 61,5%) y  CAMPOFRÍO, BONAREA (ambas con 53,8%). E incluso suspenden COREN (46,1%) FRINSA ((38,4%) EL POZO, AMC y ARC( las tres con apenas 15,3%) y LACTALIS (7,7%).
NUFRI es la única empresa que no consigue ningún punto en este apartado de RSC.

Por último, DANONE muestra ser la empresa con mayor compromiso con la igualdad de género, aumento de oportunidades para las mujeres en altos cargos e igualdad de salarios (88,8%). Pero en este grupo aparecen cuatro empresas que no obtienen ningún punto. Quedan en un 0 sobre 100 EL POZO, LACTALIS, ARC y NUFRI. Entre ambos extremos, aprueban CALVO con un 66,6% y  CAMPOFRÍO, BONAREA, CAPSA, ANECOOP y nuevasmente PESCANOVA, con 55,5%. Y tambien suspenden junto a las 4 puntuadas con 0 otras 5: COREN y PASCUAL con 33,3%, FRINSA con 22,2% y  AMC y JEALSA con 11,1%

Evaluaciones previas internacionales

En 2019, una evaluación previa de Oxfam puso el foco en siete grandes compañías agroindustriales que dominan los suministros agrícolas y que son los principales proveedores de las anteriores diez grandes empresas de alimentación y bebidas: Archer Daniels Midland (ADM), Barry Callebaut, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, Olam y Wilmar, que ocupan un lugar intermedio en la cadena de valor y son fundamentales para que aumente la transparencia de todo el proceso, desde el productor al consumidor. Los temas evaluados en ese caso se redujeron a cinco: mujeres, tierra, clima, pequeños productores y transparencia. Los resultados muestran que las siete deben acometer importantes esfuerzos para mejorar sus compromisos sociales y ambientales. El tema con mayores puntaciones en las siete empresas es clima, seguido de tierra. Los peores, pequeños productores y transparencia. Las empresas mejor valoradas son Olam y Cargill, y las peores, Bunge y Louis Dreyfus. Oxfam resalta la necesidad de que estos siete grandes agronegocios fortalezcan sus políticas de sostenibilidad y derechos humanos y las hagan extensivas a sus propios proveedores . Y confía en que así lo hagan, igual que mejoraron las diez grandes alimentarias de 2013 a 2016.

En efecto, la campaña «Tras la Marca» de Oxfam evaluó en 2013 a las diez empresas más grandes del mundo pertenecientes a la industria de alimentación y bebidas sobre sus políticas de suministro Associated British Foods (ABF), Coca-Cola, Danone, General Mills, Kellogg, Mars, Mondelez International (antes Kraft Foods), Nestlé, PepsiCo y Unilever. Los temas analizados fueron condiciones de los trabajadores, mujeres en la empresa, agricultores, transparencia, abastecimiento de agua, condiciones del terreno que utilizan para abastecerse y respuesta al cambio climático. Cada indicador corresponde a una pregunta, la cual podía ser respondida por sí o no. Elaboraron un mapa con cada tema y sus respectivos indicadores y recopilaron información de manera transparente, es decir, los datos que cada empresa tenía publicados en su respectiva página web. En función de los indicadores (preguntas) que formaban parte de cada tema, se calculó el porcentaje total, sumando únicamente las respuestas afirmativas. Hoffman (2013) concluye que las acciones de RSC diseñadas por estas empresas no abordan las causas principales del hambre y de la pobreza de sus suministradores. Las principales deficiencias son: escasa transparencia, que impide verificar sus declaraciones en cuanto a responsabilidad social y sostenibilidad; no existe preocupación por proteger a las comunidades locales del acaparamiento de tierras y de agua, de la explotación y de los bajos precios que reciben; no toman suficientes medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. En 2013, Nestlé, Unilever y Coca-Cola son las mejor clasificadas, mientras que los peores resultados fueron para ABF, Kellogg y General Mills (Hoffman, 2013).

Una vez evaluadas las diez empresas, Oxfam envió los resultados a todas ellas, dándoles la opción de mejorar los puntos más débiles que presentaban. Muchas de ellas adoptaron medidas en este sentido. En 2016 se reevaluaron con la misma metodología y los resultados mostraron mejoras en todas ellas en sus compromisos sociales y medioambientales respecto a sus políticas de suministro agrícola y la forma de comunicar su RSC (Sahan, 2016). A la cabeza vuelven a figurar Unilever, Nestlé y Coca-Cola, con sustanciales mejoras desde 2013, sobre todo la primera. En cuarta posición está Kellogg, que presenta el mayor crecimiento en los indicadores. Las últimas posiciones vuelven a ser para ABF y General Mills, además de Danone (Sahan, 2016). El reto que lanzó Oxfam en 2016 es que estas diez grandes empresas transmitieran estas prácticas a sus proveedores y desencadenasen una mayor conciencia social y medioambiental a lo largo de toda la cadena. De esta forma, se podría conseguir un sistema alimentario más sostenible que apoyase a mujeres y pequeños agricultores y abordase la conservación de tierras, la deforestación y las emisiones de gases.


Las instalaciones de Nueva Pescanova en Chapela con nuevos logos de la compañía.
Pescanova, la empresa cuya acción llegó a pasar en sus libros de 26 a 0 euros y ahora lidera el ranking en condiciones laborales 

El caso de empresa PESCANOSA es muy ilustrativo del contraste entre la RSC, la reputación de la empresa  (antes de su quiebra daba becas internacionales de periodismo y medio marino con la agencia pública de noticias Efe) y su comportamiento real en cada momento. Entronca además con la actual polémica sobre el futuro de la empresa generada este mes de agosto por los presidentes y/o CEOs de las 200 mayores multinacionales norteamericanas (la Business Rountable),  a propósito de si el objetivo de la empresa debe ser el beneficio de sus accionistas (como declaraba hasta ahora la BRT) o por el contrario el conjunto de sus grupos de interés, incluidos también especialmente por su importancia numérica los consumidores y los trabajadores.

Su plantitilla es de 11 000 empleados en todo el mundo (está presernte en más de una veintena de países de los cinco continentes y vende en más de 80 países), pero que generó enormes pérdidas años pasados a sus accionistas a partir de 2013 con motivo de la quiebra y las irregularidades contables por las cuales unas acciones que antes capitalizaban 170 millones de euros pasaron a valer menos de un millón, mientras que el valor contable declarado por cada acción era de 26 euros en 2011 y pasó directamente a O, por lo que recientemente los tribunales se ocuparon de la cúpula, encabezada por Manuel Fernández de Sousa, expresidente y que sigue siendo el principal accionista individual junto al fondo estadounidense Broadbill (que compró su participación de Damm y de Fidelity llegando a pagar solamente tres céntimos por título) de una sociedad en pérdidas (6.000 euros en negativo al cierre del 2018).

El expresidente y principal accionista individual está acusado de nueve delitos en la sección 4 de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que a finales de 2018 llegó a imponer además a la sociedad una fianza de 348 millones de euros, así como una responsabilidad subsidiaria compartida por otras mercantiles de 600 millones.

Desde que empezaron a trascender los problemas cada acción quedó congelada en los 5,91 euros en marzo del 2013 y más de cinco años despues ha pasado a 0,48 euros tras divirse la empresa en dos el año 2015: la parte productiva, ahora en manos de la banca acreedora liderada por ABANCA, con el nombre Nueva Pescanova, y una sociedad de cartera sin actividad en manos de los accionistas originales, llamada vieja Pescanova y que quedó reducida a manejar un 1,6% de Nueva Pescanova

La causa que investiga el colapso de Pescanova SA pasó a principios de este año 2019 a la Audiencia Nacional desde el Juzgado de Instrucción, casi seis años después del arranque de las investigaciones, entonces con Pablo Ruz al frente de las mismas. El magistrado que lo relevó, José de la Mata, ha elevado las actuaciones a la sala de enjuiciamiento, que será la encargada de dirimir si los 19 acusados deberán cumplir las penas a las que se enfrentan y que, en caso del expresidente de la pesquera, Manuel Fernández de Sousa, ascienden a treinta años de cárcel.

Será la sección cuarta de la Sala de lo Penal la encargada de hacerlo, la misma que dictó la sentencia condenatoria por las tarjetas black y que llevó a prisión al antaño todopoderoso exvicepresidente del Gobierno con el PP de Aznar y ministro de Economía y luego gerente del Fondo Monetario Internacional,Rodrigo Rato. Este paso no supone, eso sí, el fin de todas las pesquisas que rodean el caso. "Hay algunas cuestiones aún en el juzgado, como piezas de responsabilidad civil aún no cerradas o piezas separadas que investigan el dinero de las cuentas de Andorra", apuntaron fuentes judiciales a la periodista Lara Graña, jefa de Economía en Faro de Vigo. En este último procedimiento el magistrado De la Mata ha imputado a los dos hijos y la esposa de Sousa por un presunto delito de blanqueo de capitales; los 3,5 millones localizados en cuentas a su nombre han sido ya embargados.

Sintesis de las aportaciones de los 15 investigadores de Economistas sin Fronteras

Cada día se exige un mayor esfuerzo a los agentes económicos participantes en el sector para que adapten sus estrategias y actuaciones al medio socioeconómico en el que se desenvuelven y adopten las nuevas tecnologías de información y comunicación. En la actualidad de los países desarrollados, existe además un nuevo reto, la seguridad sanitaria alimentaria. Es lógico pensar que todos los productos alimentarios deben salir al mercado con las debidas garantías higiénicas sanitarias y por consiguiente esto debe ser el denominador común, que no puede ser objeto de estrategias específicas empresariales. Sin embargo, no siempre sucede así. Véase el caso actual de intoxicación por carne mechada en la zona principalmente de Andalucía (196 casos y 3 fallecimientos a día 30 de agosto de 2019), provocando la falta de confianza de los consumidores finales hacia las instituciones oficiales y el mundo científico, hecho inexistente hace unas décadas. Es por ello que la gestión de la cadena alimentaria debe incorporar este nuevo elemento en su agenda de actuaciones. A esto hay que añadirle el aumento de la conciencia ambiental y la creciente demanda de productos y servicios ambientales, que ha aumentado el interés en la sostenibilidad ambiental (popularmente conocida como «verde») entre los gerentes corporativos y los empresarios y ha tomado una especial importancia en el sector alimentario. Este es el resumen del dossier realizado por Economistas sin Fronteras (EsF) sobre la RSC en la industria alimentaria, según Sonia Benito Hernández Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Universidad Politécnica de Madrid:

"Así pues, incluimos en este trabajo una descripción de la problemática de la seguridad alimentaria y trabajos sobre la gestión interna de la cadena de valor de los principales agentes del sector alimentario: sus empresas más representativas. Así, en el primer artículo que se presenta, escrito por los investigadores Alberto Sanz-Cobeña, Eduardo Aguilera, Juan Infante-Amate, Luis Lassaletta, Pablo Pinero e Ivanka Puigdueta (tod@s investigador@s de la Universidad Politécnica de Madrid), se hace especial hincapié en los desequilibrios socio-ambientales del sistema agroalimentario español, describiendo de forma minuciosa la composición del sector y los impactos que se dan en el entorno debido al modelo actual de producción. También se apuntan una serie de escenarios alternativos, así como propuestas paliativas y preventivas para conseguir reducir el impacto negativo de la producción actual a nivel ambiental y social, analizando también para ello el consumo responsable.

El segundo artículo que compone el dossier, titulado «La responsabilidad social corporativa en las grandes empresas alimentarias», elaborado por los investigadores Yaiza Quevedo y Silverio Alarcón (Universidad Politécnica de Madrid),, se centra más en cómo las empresas alimentarias pueden incluir la gestión de la responsabilidad social corporativa. Para ello, propone tres iniciativas: por una parte, los esfuerzos de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), ya que en su portal se encuentran numerosos informes y balances basados en la transparencia, la igualdad social y el respeto por el medio ambiente. La segunda iniciativa, es la campaña «Behind the Brands» («Tras la Marca») de Oxfam, realizada en 2013, la cual analiza el compromiso con la RSC por parte de las grandes empresas mundiales de alimentación y bebidas y constituye el punto de partida para mejorar sus compromisos. Y por último, se presentan los primeros resultados de una evaluación de RSC a 16 grandes empresas españolas de alimentación.

El tercer trabajo, escrito por la investigadora Cristina López-Cózar Navarro (Universidad Politécnica de Madrid), sobre el cooperativismo como referente del emprendimiento social en la industria agroalimentaria, resalta y explica la importancia del cooperativismo como fórmula empresarial que fomenta prácticas responsables. El movimiento cooperativo lleva más de un siglo adoptando un comportamiento responsable y actuando conforme a unos principios y unos valores comprometidos con la sociedad. Se presenta en este trabajo como una forma para fomentar el emprendimiento responsable, en el cual prevalece la creación de valor social sobre la maximización de beneficio.

El cuarto estudio, elaborado por la investigadora Teresa Briz de Felipe (Universidad Politécnica de Madrid), versa sobre la distribución responsable y sostenible en el sector alimentario. El sector alimentario es un sector estratégico en cualquier economía: por lo tanto, la sostenibilidad es esencial y las innovaciones tecnológicas y los cambios experimentados en los proveedores y clientes serán los factores claves que definan el modelo más sostenible. Las innovaciones técnicas y las TIC están provocando fuertes reestructuraciones en cuanto a información disponible por todos los actores y aparece la figura del consumidor-ciudadano que basa sus compras en otros factores además de los económicos, como la ética o el medio ambiente. En este trabajo se hace una descripción y un análisis de todos estos conceptos, que como consumidores que somos todos nos serán muy interesantes.

El quinto artículo presentado aquí lleva por título «Trazabilidad, transparencia y tecnologías de registro distribuido en la cadena de suministro» y ha sido elaborado por el investigador Pablo Esteban Sánchez (Universidad Europea de Madrid). Relacionado con el trabajo anterior, éste se centra más en la tecnología aplicada en la cadena de valor. En concreto, la tecnología de Blockchain, aún en fase de experimentación, tiene gran potencial en la gestión y control de la trazabilidad de las cadenas de suministro y combinada además con las tecnologías de sensores y etiquetado (RFID, NFC, códigos QR, códigos genéticos…) permitirá registrar la trazabilidad de forma transparente, segura y abierta. Los usuarios podrán así tener acceso a la lectura de los procesos y la trazabilidad detrás de los productos que compran, contribuyendo a una mayor eficiencia en la gestión y control del fraude alimentario, aportando transparencia, seguridad y confianza para el consumidor.

El sexto trabajo cierra la parte de revisión científica del tema como no podía ser de otra manera que con una temática tan actual como es la economía circular en la industria alimentaria, a cargo de los investigadores Tiziana Priede Bergamini e Ivan Hilliard (ambos tambien investigadores de la Universidad Europea de Madrid). En este estudio, explican la problemática de la reutilización de residuos en la industria alimentaria. El sistema actual de producción lineal en este sector genera importantes problemas medioambientes, sociales y económicos, tales como el desperdicio de grandes cantidades de comida, la emisión de gases de efecto invernadero, la obesidad y la malnutrición. Una economía circular alimentaria ofrece soluciones a todos estos problemas y genera oportunidades para crear un sistema más sostenible e inclusivo.

Por último, para cerrar el dossier, se incluye un estudio de caso, presentado por Joseba Gotzon Martín Rivera, de Labore Bilbo: «Labore Bilbo: una iniciativa de soberanía alimentaria en la ciudad». El proyecto se cristaliza principalmente en una tienda física que oferta productos de cercanía, de temporada, agroecológicos y producidos de manera justa socialmente hablando. No sólo es un proyecto basado en una tienda supermercado, también desarrolla socialmente actividades o colabora con iniciativas que trabajen en un cambio de mentalidad sobre los consumos. Finalmente, no puedo terminar esta presentación sin explicitar mi agradecimento en primer lugar a todos los autores de los trabajos, por su aportación desinteresada, y también a Economistas sin Fronteras, por darnos la oportunidad de contribuir a mejorar la sociedad con lo que sabemos hacer: investigar y escribir".

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